Se dio contrato directo a firma de NL
para “blindar” Cámara
La revisión de las principales oficinas de la Cámara de Diputados y la instalación de equipos antiespionaje costaron al erario dos millones 88 mil pesos.
La empresa regiomontana que realizó los trabajos, Security Network Systems, entre cuyos clientes se encuentra el Estado Mayor Presidencial, Pemex y Grupo Vitro, obtuvo el contrato sin licitación y se le eximió de presentar una fianza de garantía, dado que los servicios contratados involucraron el resguardo del Palacio Legislativo, y por tanto tuvo acceso a información de seguridad nacional.
A unos días de que concluya su gestión, el 30 de este mes, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a cargo de Guadalupe Acosta Naranjo, diputados del PRI exigieron cuentas.
Acosta se dijo dispuesto a informar hoy y dejó entrever que detrás de la exigencia hay una intencionalidad política. “Entiendo bien el mensaje político, (del) que usted es portavoz (…) no tengo problema en que se trate el tema”. Así, casi cuatro meses después del supuesto espionaje, sigue abierta una indagatoria de la Contraloría Interna, que señaló a tres empleados como probables responsables de obstruir las revisiones, realizadas 19 y 20 de enero. Pero no hay resultados definitivos, pues la indagación sigue en la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo al acta de la reunión extraordinaria de la Junta de Coordinación Política (jucopo), del 30 de enero, y mediante la cual se autorizaron pagos, contratación de servicios de consultoría, asesoría y análisis de seguridad física, electrónica en comunicaciones y de la información se hizo “de forma urgente”.
La revisión de las instalaciones ubicadas en los edificios B, E y H, en San Lázaro, y el blindaje con medidas de seguridad, tareas realizadas 19 y 20 de enero, se hizo para “asegurar y contar con certidumbre en su quehacer legislativo”.
Al siguiente mes, el 22 de febrero y con vencimiento el 15 de marzo, se suscribió el “convenio de reconocimiento de adeudo por servicios devengados” y se pactó secrecía.
“Los informes y soportes documentales generados, por considerarse de carácter confidencial e interés reservado, y de seguridad nacional, están bajo resguardo de la Presidencia de la mesa directiva y de la Jucopo”, establece.
Dos millones 88 mil pesos, ya con IVA, costó la revisión del site de Telefonía Central y ocho oficinas, entre las que están la oficina del titular de la Jucopo; la coordinación de la bancada del PRD y la Secretaría General de la Cámara.
Fuente: El Universal
