Las entidades que aportan más votos a la elección presidencial de este año presentan endeudamiento y tienen observaciones en sus respectivas cuentas públicas.
De acuerdo con el Instituto Federal Electoral (IFE), el Estado de México tiene el mayor número de electores, nueve millones 155 mil 396 electores.
Le siguen DF (7 millones 111 mil 118 electores); Veracruz (4 millones 875 mil 677); Jalisco (4 millones 711 mil 399); Puebla (3 millones 436 mil 519); Guanajuato (3 millones 425 mil 81); Nuevo León (2 millones 947 mil 532); Chiapas (2 millones 594 mil 44); Chihuahua (2 millones 382 mil 460) y Oaxaca (2 millones 322 mil 949).
Todas son clave para decidir los comicios de 2012, y representan casi 60% de la lista nominal.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que la deuda de los estados aumentó en 2011 a 391 mil millones de pesos. En el “granero” de los votos también se encuentran estados endeudados.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reportó a diciembre de 2011, que el DF aparece a la cabeza con 56 mil 232.2 millones de pesos de deuda pública.
En la lista sigue Nuevo León (38 mil 590.5 mdp); Estado de México (38 mil 195.9 mdp) y Veracruz (27 mil 938.1 mdp).
También registran endeudamiento Chihuahua (17 mil 318.6 millones de pesos); Chiapas (14 mil 225.9 mdp); Jalisco (24 mil 309 mdp); Puebla (9 mil 318.2 mdp); Guanajuato (8 mil 499.3 mdp) y Oaxaca (5 mil 360 mdp).
Estas entidades presentan irregularidades en el manejo de sus recursos.
En el Edomex, gobernado por Eruviel Ávila (PRI), la Auditoría que analiza la deuda pública de 2010, destacó la falta de cultura de evaluación.
“Algunos objetivos de los fondos y programas no se han cumplido a cabalidad”, señala el reporte.
- Facturas apócrifas
En el DF, gobernado por Marcelo Ebrard (PRD), en el rubro de recursos federales transferidos a esa entidad, se detectaron irregularidades en varios programas, sobre todo de salud, que de 95 facturas, 84 son apócrifas.
En Nuevo León, gobernado por el priísta Rodrigo Medina, la Auditoría detectó que en el gasto educativo no hay estructura orgánica establecida ni procedimientos que aclaren las funciones y responsabilidades de los servidores públicos que administran y controlan los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).
En Veracruz, gobernado por Javier Duarte (PRI), identificó que el Seguro Popular no tiene un código que regule el actuar de los trabajadores a cargo de la operación del mismo.
En Jalisco, gobernado por Emilio González (PAN), el FAEB presentó pagos indebidos a los comisionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
En Puebla, gobernada por Rafael Moreno Valle (PAN-PRD), en salud se reportaron compras directas, sin un dictamen para su justificación.
En Guanajuato, gobernado por Juan Manuel Oliva (PAN), la Auditoría encontró deficiencias en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados.
En ese mismo programa, el gobierno de Nuevo León tuvo sistemas de contabilidad “obsoletos”.
En Chiapas, gobernada por el aliancista Juan Sabines, el control interno para la gestión del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) es “deficiente”.
Chihuahua, gobernada por César Horacio Duarte (PRI), también presenta irregularidades en los mecanismos de control del Seguro Popular.
Y en Oaxaca, gobernada por el aliancista Gabino Cué, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, por ejemplo, no hay mecanismos para garantizar que los recursos se ejercerán en su totalidad en el mismo ejercicio en que están asignados.
Fuente: El Universal
