Se demostró que todo fue armado por una persecución política, dice abogado defensor
La PGR aún puede apelar de la decisión de tribunal federal, pero sería el último recurso
Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, logró que un tribunal federal cancelara la única orden de aprehensión que pesaba en su contra por un delito bancario que implica la supuesta disposición ilegal de 55 millones de dólares pertenecientes al gremio.
De acuerdo con el abogado Marco Antonio del Toro, representante legal de Gómez Urrutia, el primer tribunal unitario en materia penal de la ciudad de México notificó este martes que concedió la protección de la justicia federal para el efecto de que quede cancelada la medida cautelar.
Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) aún puede solicitar una revisión de este fallo, aunque sería la última instancia que le queda a la dependencia federal, y en caso de que se ratifique el amparo, Gómez Urrutia podrá regresar a territorio mexicano.
Del Toro precisó que Manuel Bárcena Villanueva, magistrado del primer tribunal unitario penal de la ciudad de México, le otorgó la protección de la justicia federal en la demanda de amparo 10/2012.
Gómez Urrutia lleva más de seis años exiliado en Canadá, ya que a nivel federal se libraron dos órdenes de captura, y tres en el fuero común por fraude, aunque todas las anteriores las libró mediante el amparo.
El delito que le imputan en esta última acusación es violación a la Ley de Instituciones de Crédito, y constituye el único expediente por el cual la PGR tramitó su extradición.
Napoleón está con un pie en México, pues ya se demostró que todo esto fue armado por una persecución política, dijo ayer el abogado defensor.
Otros triunfos en tribunales
Hace un mes, Héctor Félix Estrella, tesorero del sindicato minero, también ganó un amparo contra la captura por el mismo delito y en ese tribunal.
Esta última acusación contra Gómez Urrutia se remonta a agosto de 2008, cuando Silvia Carrasco, titular del juzgado primero de distrito de procesos penales federales, ordenó la aprehensión del líder por el delito de violación al artículo 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, por supuestamente disponer en forma ilegal de 55 millones de dólares de los mineros.
El delito fue consignado por la PGR en una modalidad grave, pues el propósito de la dependencia era que el líder minero no pudiera evitar ser encarcelado en caso de que pisara territorio mexicano, aunque en todo el sexenio calderonista nunca se logró extraditarlo a México.
El sindicato minero señaló que con la resolución del magistrado Bárcena Villanueva se resuelve que la última orden de aprehensión por supuesto delito bancario es inconstitucional, al igual que lo fueron las 10 órdenes anteriores, que ya fueron canceladas por ilegales.
Consideró que la sentencia es clara en resolver que esa orden de aprehensión dictada por el magistrado del sexto tribunal unitario contravino la Constitución y demuestra la absoluta ilegalidad, así como la persecución política contra el dirigente del gremio, además de que acredita que jamás cometió algún delito.
El sindicato recordó que en días pasados diversos medios de comunicación difundieron una tendenciosa noticia que señalaba que Gómez Urrutia tendría que enfrentar el proceso en prisión, como consecuencia de una resolución del magistrado del primer tribunal unitario en materia penal del primer circuito, dictada en el juicio de amparo 10/2012, lo cual es mentira.
Desde finales del sexenio del presidente Vicente Fox comenzaron las acusaciones penales contra Gómez Urrutia. Inicialmente se libraron tres órdenes de aprehensión por delitos de fraude en el fuero común, derivado del mismo dinero del fideicomiso de los trabajadores; sin embargo, todos esos casos los ganó en amparos y apelaciones ante tribunales federales.
Éste no es el primer fracaso de la PGR en el tema del sindicato minero, pues hace dos años los fiscales federales consiguieron una orden de aprehensión por lavado de dinero, pero Gómez Urrutia logró que los tribunales cancelaran esa acusación.
El recurso de revisión al que tiene derecho la PGR se desahogará ante un tribunal colegiado de circuito.
Fuente: La Jornada
