En la actualidad el tema a analizar no es cuánto gasta el Estado sino la forma en que se hace, señala el especialista John Scott
La manera en la que se asigna y ejerce un importante porcentaje del gasto público pone en riesgo la sustentabilidad del país, advierte el especialista John Scott.
El investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas señala que a pesar de que México gasta de acuerdo con sus necesidades, pues la mayor parte de su presupuesto se destina a los sectores salud y educación, muchos de esos recursos se asignan de manera incorrecta, lo que ocasiona que algunos programas sociales incrementen las desigualdades y profundicen las carencias.
"El gran reto hoy en día no es el tamaño del presupuesto... Si se ven los rubros de manera amplia, sí gastamos suficiente; el tema no es cuánto gastamos sino cómo lo gastamos", señala.
Scott, quien ha sido consultor de organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, indica que la limitada capacidad tributaria y la ineficacia para atender a través del presupuesto derechos y necesidades básicas de un amplio sector de la población es una mezcla riesgosa.
"En contraste con países como Brasil y Argentina, México tiene una capacidad fiscal históricamente limitada y tenemos recursos petroleros que también están en declive; un primer riesgo es la sustentabilidad porque si tú gastas sin crear la capacidad fiscal necesaria, acabas financiando gasto corriente con recursos petroleros, lo cual es una locura", sostiene.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado el pasado 15 de noviembre por la Cámara de Diputados, durante el ejercicio fiscal 2012 se ejercerán recursos por más de 3 billones 706 mil millones de pesos, es decir, 59 mil millones de pesos más que lo propuesto originalmente por la Secretaría de Hacienda.
Con más de 717 mil millones, Salud es el rubro con más recursos etiquetados. Le siguen Educación con un presupuesto de más de 542 mil millones de pesos; Desarrollo Social con 134 mil millones; Desarrollo Económico –que incluye programas para la generación de empleo– con cerca de 117 mil millones, y Seguridad Pública con 148 mil millones.
Aunque el sector Salud ejercerá el presupuesto más alto, una reducida proporción se destinará a la prestación de servicios.
Un ejemplo: de los más de 394 mil millones aprobados para el IMSS, 195 mil millones se gastarán en el pago de pensiones y jubilaciones. Esta cantidad es superior a los 158 mil millones de pesos que el Instituto destinará para garantizar la prestación de servicios a la población asegurada y equivalen al doble del presupuesto etiquetado para la Secretaría de Desarrollo Social.
Otro ejemplo de la deficiente distribución del gasto es la asignación que se hace a programas cuya efectividad está en duda.
Una muestra es el programa Proárbol, el cual absorberá 6 mil 453 millones de pesos, equivalentes al 14 por ciento del presupuesto de la Secretaría del Medio Ambiente, a pesar de que diversas auditorías han puesto sobre la mesa la ineficacia de esta estrategia.
A ello se suman las limitadas asignaciones que se realizan a programas diseñados para atender problemas que el propio gobierno federal califica como prioritarios.
Uno de ellos es el gasto destinado por la Procuraduría General de la República a la atención a víctimas. De los cerca de 15 mil millones de pesos que ejercerá esta dependencia, sólo 207 millones estarán dirigidos a la promoción de los derechos humanos y la atención de víctimas.
Para John Scott, son múltiples las causas por las que una importante parte del presupuesto se ejerce de manera ineficiente, entre ellas se encuentran la falta de criterios para seleccionar a los beneficiarios de las acciones de gobierno, las presiones de grupos de interés como sindicatos y el sector privado, la débil capacidad institucional para vigilar el uso de los recursos públicos y la falta de visión de los gobiernos federal y estatales para modificar asignaciones que históricamente han estado mal enfocadas, tales como los subsidios a las gasolinas.
El especialista sostiene que actualmente el país experimenta una fórmula riesgosa para el desarrollo del país, pues el gasto público no ha logrado reducir drásticamente las inequidades que existen entre diversos grupos de la población, la vulnerabilidad del país ante crisis económicas es alta y el crecimiento económico de las últimas dos décadas ha sido bajo.
En este sentido señala que eficientar la calidad del gasto y repensar la distribución del mismo es una condición necesaria para alcanzar la paz social.
"Si tu gasto limitado no logra reducir la desigualdad que tienes en oportunidades básicas en un país de muy alta desigualdad... el crecimiento económico ha sido relativamente bajo en los últimos 25 años y hemos sido vulnerables a crisis en años recientes, eso es un caldo de cultivo para el desorden social", advierte.
Fuente: Reforma
