Pasar un retén, correr asustado o hacer un movimiento en falso frente a militares, marinos o policías federales, puede ser motivo para que las fuerzas de seguridad consideren a una persona como criminal y disparen a matar.
Estos son algunos de los patrones detectados por la Comisión Nacional de los Derechos humanos (CNDH) en homicidios de civiles y presuntos criminales cometidos por agentes federales, llamados también ejecuciones extrajudiciales.
De diciembre de 2006 a la fecha, la CNDH ha emitido 31 recomendaciones por ejecuciones extrajudiciales dirigidas a la Sedena, Marina y Secretaría de Seguridad Pública federal, principalmente, relacionadas con hechos que dejaron un saldo total de 47 civiles muertos. Dos de las recomendaciones se registraron en 2007, cinco en 2008, dos en 2009, ocho en 2010, y 14 en lo que va del año.
Según el derecho internacional humanitario, una ejecución extrajudicial se define como el homicidio de manera deliberada de una persona por parte de un servidor público que se apoya en la potestad de un Estado para justificar el crimen.
En una revisión a las recomendaciones, se encontró que en 15 casos las víctimas resultaron heridas por las fuerzas de seguridad y murieron sin atención médica y en 12 murieron en el instante, casi todas por no hacer alto en retenes o encontrarse en un supuesto fuego cruzado.
En otros cinco casos, las víctimas recibieron el tiro de gracia o les dispararon a menos de un metro de distancia. A tres, les dispararon por la espalda, otros cuatro fueron detenidos y después aparecieron muertos. A cuatro más los mataron a golpes porque "se les pasó la mano", mientras que otras cuatro personas murieron en un enfrentamiento con una granada arrojada por militares.
Como el caso de Juan Carlos Peña y Rocío Elías, trabajadores de maquila y padres de dos niñas, quienes en 2010 fueron abatidos en un fuego cruzado y rematados por militares con tiro de gracia, pese a que heridos y con las manos en alto solicitaron auxilio a los uniformados, en Anáhuac, Nuevo León.
El de Patricia Terroba, quien murió por la agresión de marinos que dispararon 53 veces a su automóvil en medio de un operativo contra Arturo Beltrán, y que impidieron a su familia buscar auxilio médico, en Cuernavaca. O el de Gregorio Bojórquez, quien tomaba un descanso en un cerro de Mocorito, Sinaloa, cuando asustado por la presencia de marinos corrió y fue baleado por la espalda, abandonado en el campo hasta morir desangrado.
En la mayoría de los casos, el organismo documentó la criminalización de las víctimas, el cambio de la versión de los hechos y la alteración de la escena del crimen, como en el homicidio de Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes del Tec de Monterrey, quienes murieron durante una balacera en marzo de 2010.
En el caso de Chan y Pérez, la Comisión registró que soldados y policías estatales acordaron recoger los casquillos disparados y sembrarles un arma.
"AR1 ordenó que todo el personal que hubiera disparado recogiera los casquillos (…) AR23 señaló que se percató que todos los elementos de las corporaciones se pusieron de acuerdo sobre cómo iban a arreglar las cosas, después lo llamó AR1 para hacer de su conocimiento la decisión que habían tomado en el sentido de poner un arma de fuego en el interior de la camioneta y tratar de justificar la agresión, además de que le iban a poner un anuncio que dijera que las víctimas pertenecían a un grupo delictivo y que por eso los habían ejecutado", dice la recomendación 59/2011.
Impunidad y criminalización
La Procuraduría General de la República ha reconocido en lo que va del sexenio 337 civiles inocentes muertos en el fuego cruzado, confundidos con maleantes o asesinados por no acatar retén u orden de "alto".
La CNDH ha documentado entre 2010 y 2011 la muerte de 150 "víctimas inocentes fallecidas en acciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno", que derivaron en recomendación o están en proceso de investigación, según un reporte entregado a petición de REFORMA.
La cifra de las ejecuciones reconocidas de manera oficial es mínima en relación a las 34 mil 612 personas muertas de diciembre 2006 a enero del 2011, lo cual refleja dos realidades, la impunidad sistemática y la criminalización a priori de las víctimas, sostiene Steven Dudley, co director de la organización "InSight Crimen Organizado en las Américas".
Para Dudley, la falta de investigación impide a la sociedad conocer la verdad sobre los homicidios y sus responsables; pero con esa ausencia, el Gobierno confirma el desinterés por evaluar los efectos de su estrategia contra el crimen organizado.
Recientemente, la organización Human Rights Watch reveló en su informe "Ni seguridad, ni derechos" que la PGR había iniciado 997 investigaciones por esas muertes y sólo en 22 casos había sentencia condenatoria. Además, cuestionó el discurso del Gobierno federal sobre que la mayoría de las personas que pierden la vida en hechos de violencia vinculados al narcotráfico son miembros de bandas de delincuencia organizada.
Con estos elementos, Froylán Enciso, doctorante en historia por la Universidad Estatal de Nueva York y co autor de la serie de ensayos "Los grandes problemas de México", de El Colegio de México, plantea la hipótesis de la creación del concepto del "enemigo" por parte del Estado Mexicano.
"El Estado crea un enemigo para legitimarse y hacernos creer que está haciendo algo, entonces el enemigo se vuelve abstracto y puede ser cualquiera, un estudiante, una ama de casa, un trabajador. Lo que se está creando al considerar delincuente a alguien por su aspecto y no por un proceso jurídico, es el discurso de los buenos contra los malos, entonces, bajo esa lógica, el enemigo puede ser cualquiera", alerta Enciso.
Ambos especialistas apuntan que cualquier criminal tiene derecho al debido proceso judicial -así lo señala el artículo 16 de la Constitución Mexicana y el 8 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos- y que el respeto a esta máxima es el sustento de la justicia.
"Una ejecución es la contradicción máxima en la que puede incurrir un gobierno, porque está actuando contra su propio fin, interés, que es defender el Estado de derecho, así lo deslegitima. La responsabilidad viene desde el Presidente Calderón que ha impulsado esta forma de entender la ley", señala Enciso.
"Es muy peligroso que avance la idea de que se puede matar a alguien porque alguien ha infringido la ley, eso quiere decir que está fallando el Estado de Derecho", advierte Dudley.
Fuente: Terra
