Demandas arregladas por servidumbre de paso, gran negocio en el estado
Como parte de las investigaciones abiertas por el caso de las demandas contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Sinaloa por derechos de servidumbre de paso, el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa (STJS) inició indagatorias contra 10 jueces locales, dos secretarios y un actuario presuntamente implicados en cobros millonarios fraudulentos a la paraestatal.
Hasta el momento sólo se han hecho públicos los nombres de tres jueces locales implicados en este asunto, quienes ya fueron suspendidos de sus funciones. Se trata de los jueces mixtos Ángel Romero Valenzuela, del municipio de Choix; Servando Murillo Cárdenas, de Elota, y José Raymundo Soto Conde, de Mocorito. Este último fue encarcelado a principios de noviembre.
De acuerdo con fuentes gubernamentales consultadas, la próxima semana el STJS sancionará a por lo menos otros siete jueces sinaloenses, como consecuencia de los presuntos actos ilícitos indagados por los fallos que permitieron cobrar sumas millonarias a la CFE.
Las demandas contra la CFE en Sinaloa por derechos de servidumbre de paso se han convertido en un negocio millonario para litigantes y particulares que son propietarios de los terrenos donde son instaladas las líneas de transmisión eléctrica.
Según consta en documentos ministeriales de la investigación que ha emprendido el gobierno federal en el rubro, en el estado de Sinaloa es donde se han disparado en forma extraordinaria dichos juicios contra la paraestatal, pues en menos de un lustro pasaron de ser casi inexistentes a contabilizarse por miles.
La investigación federal abarca un total de 2 mil 89 juicios, de los cuales mil 110 se encontraban radicados en tribunales agrarios federales y 979 en juzgados civiles del fuero común ubicados en Sinaloa.
En 2004 sólo se presentaron cuatro demandas para exigir indemnizaciones mayores a la empresa; al año siguiente, 197, y en 2006 la cifra ascendió a 308.
No obstante, todo cambió a partir de 2007, en el que el número de procedimientos subió a 2 mil 978.
Desde entonces, cada año han sido presentadas más de 2 mil demandas, y una revisión aleatoria ha concluido que son resueltas en un par de meses por los jueces locales en contra de la CFE y no son impugnadas por los abogados de la parte demandada.
La CFE ha tasado en mil 320 millones 724 mil 377 pesos el monto de las indemnizaciones que, de manera judicial, le ordenaron pagar de forma presuntamente fraudulenta.
Fuente: La Jornada
