Investiga la PGR a más de 100 personas en cinco estados, a través de 120 averiguaciones previas.
El fraude cometido a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se extiende a por lo menos cinco estados del país e involucra a más de 100 personas que son investigadas en 120 averiguaciones previas que integra la Procuraduría General de la República (PGR).
Funcionarios del gobierno revelaron también que entre los delitos que se investigan se encuentran los cometidos contra la administración de justicia, falsedad en declaraciones, uso de documentos falsos, encubrimiento, uso indebido de atribuciones y facultades, y cohecho.
El 22 de noviembre, en una conferencia conjunta entre PGR, CFE y la Secretaría de la Función Pública, revelaron que magistrados, jueces y secretarios de acuerdos, peritos y funcionarios de la paraestatal le habían causado un daño patrimonial por más de mil 320 millones de pesos, por el pago irregular de indemnizaciones por servidumbre de paso, en 232 juicios.
En esa ocasión sólo se precisó que eran 61 personas investigadas: 22 de CFE, 18 jueces locales y 21 peritos independientes, de los cuales sólo contra tres ubicados en Sinaloa ya se había iniciado el proceso penal.
Sin embargo, 24 HORAS confirmó que el número de personas a las que se investiga supera las 100 y que incluye a los dueños de los terrenos que fueron indemnizados por la CFE, empleados de la paraestatal, abogados litigantes que fungieron como sus representantes, jueces y peritos certificados por las autoridades, todos de cinco estados del país: Baja California, Sonora, Sinaloa, Veracruz y Chiapas, que son las mismas entidades en las que hasta ahora indaga la PGR.
La mecánica fue sencilla: algunos abogados del departamento jurídico de la CFE detectaron que podrían inflarse las indemnizaciones sin que pudiera detectarse de forma inmediata. De acuerdo con los expedientes que integra la PGR, los funcionarios contactaron a litigantes independientes para que representaran a los dueños de terrenos “afectados” por las obras de tendido eléctrico.
En algunos casos los peritos que se contrataron sostuvieron en sus dictámenes que los terrenos de particulares habían sido afectados, a pesar de que su estudio topográfico era falso, ya que no correspondía con la dimensión original del terreno y, en varios casos, las propiedades supuestamente afectadas eran federales.
Otro de los métodos aplicados fue que los peritos determinaron un valor de afectación dos y hasta 5 veces mayor al que realmente correspondía al valor de terreno.
En todos los casos, se inició un juicio para demandar a la CFE por el pago justo de indemnización por servidumbres de paso. A jueces o, en su caso secretarios de acuerdos, se les ofreció dinero a cambio de garantizar una resolución favorable al particular.
El trabajo de los abogados de la CFE fue no ofrecer pruebas para impedir los cobros excesivos, ni siquiera ofrecieron peritajes o los registros públicos de propiedad para determinar el valor de los terrenos. Mucho menos apelaron las resoluciones judiciales, por lo que las sentencias causaron estado y son inatacables.
Se convirtió en un negocio tal, que el número de juicios para reclamar este tipo de indemnizaciones se incrementó en 800% de 2006 a 2007.
La PGR investiga la colusión entre particulares, peritos, litigantes, funcionarios de CFE, magistrados, jueces y secretarios de acuerdos de los mismos juzgados que se beneficiaron con los cobros a la paraestatal.
El principio y los retrasos
La primera institución en detectar las irregularidades que funcionarios de la CFE estaban cometiendo fue la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a partir de las auditorías que realizaba cada año a la paraestatal.
Algunas de las irregularidades que se detectaron, por ejemplo, en la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2001 fue que en algunas obras no se integraron adecuadamente los expedientes de indemnización por servidumbre de paso, que es el pago por la afectación causada al propietario de un predio por el tendido eléctrico, lo que no debe ocurrir, porque para ejecutar cualquier trabajo de colocación de líneas de transmisión se deben tener liberados, en su totalidad, todos los derechos de vía.
La Auditoria también informó en los resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2002 que de los 538 expedientes de indemnización de la Zona Centro Bajío de CFE que fueron revisados, en 215 no contaron formalizó los contratos de derechos de vía ante notario público.
En ese mismo periodo, las residencias de obra de zona Centro Bajío y Centro Sur efectuaron pagos a indemnizados por el derecho de vía de las líneas de transmisión “Las Delicias-Querétaro Potencia” y “Agustín Millán-Volcán Gordo”, en dos casos se presentaron irregularidades: una por 2 millones 125 mil 600 pesos que se pagó al apoderado legal de un predio distinto al que fue indemnizado y por 366 mil 400 pesos que se entregaron a una persona distinta al propietario sin que acreditara ser su representante. En los dos casos la Auditoría sugirió iniciar los procedimientos administrativos contra los responsables y subsanar las irregularidades.
Fuente: 24 HORAS
