Dicho crudamente no hay comparación entre el número de muertos en el remoto país de Costa de Marfil y México. Allá son 3 mil, aquí ya se perdió la cuenta, pero datos recientes los calculan en 50 mil.
La Corte Penal Internacional de La Haya encontró elementos suficientes para abrir una investigación y detener al ex presidente marfileño Laurent Gbagbo. Ayer martes, cuando asistía a una diligencia en un tribunal local, se hizo efectiva la orden de aprehensión de la Corte y tanto el ex presidente como su esposa fueron conducidos a La Haya, donde él será sometido a proceso. Organizaciones civiles marfileñas e internacionales, así como el nuevo gobierno, habían denunciado a Gbagbo de ser responsable de la muerte de 3 mil personas en la crisis poselectoral que se desencadenó hace ocho meses. También se le acusa de crímenes contra la economía (corrupción).
La orden de captura de la Corte es “ilegal” y “exacerbará los antagonismos entre las partes”, declaró Lucie Bourthoumieux, que representa a Gbagbo en París. El tribunal por ahora no ha hecho ningún comentario. “Mientras no haya decisión pública de los jueces, no podemos comentar las declaraciones del abogado”, indicó a la Agencia France Press, Fadi el-Abdallah, su portavoz. Los cargos contra el ex presidente consisten en crímenes contra la humanidad y de guerra. Volvamos a México.
Ernesto Cordero es el único de los tres aspirantes presidenciales panistas que ha saltado en defensa del presidente Calderón, a quien un grupo importante de ciudadanos ha denunciado ante la misma Corte. Hasta ayer a mediodía Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel habían guardado silencio, así como también la dirigencia de su partido. Cordero dijo que los promotores de la denuncia son unos “calumniadores”.
El ex secretario de Hacienda agregó que Calderón es el primer presidente que enfrenta con determinación a la delincuencia, buscando que los habitantes del país vivan en un entorno “democrático y de libertad”.
Consideró correcta la reacción del jefe del Ejecutivo de proceder legalmente contra quienes lo denunciaron. Se le preguntó si los activistas representados por el abogado Netzaí Sandoval deberían ser castigados. Primero se debe hacer una investigación, repuso, “y si en verdad calumniaron, bueno, que asuman las consecuencias”.
Fuente: La Jornada
