Se destapó uno de los casos de corrupción más grandes en la historia del país, que involucra desde valuadores de bienes raíces hasta jueces, pasando por abogados y funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. Juntos lograron un daño patrimonial para la empresa pública de mil 320 millones de pesos, cifra que podría elevarse junto con las investigaciones.
La forma de operar es de escándalo. Campesinos son usados por abogados “vivos” para que los nombren sus representantes legales en juicios que demandan el paso de cables eléctricos a través de sus tierras. Después, un valuador de bienes raíces cotiza al triple o cuádruple el valor del terreno en cuestión. El caso se turna a un juez coludido que resuelve en menos de dos semanas. Finalmente, los abogados de la CFE pierden de manera deliberada y se abstienen de impugnar.
Lo primero que habría que preguntarse es ¿por qué fue hasta julio de 2010 cuando se detectó la sangría? Mientras en 2004 hubo cuatro demandas de este tipo, la cifra saltó a dos mil 978 para 2007. Algo se hizo mal o algo hace falta por hacer en la CFE para vigilar mejor a sus funcionarios. Una empresa de ese tamaño e importancia tendría que tener doble escrupulosidad.
Hay que destacar, por otro lado, la actuación de la Secretaría de la Función Pública (SFP), al emprender acciones y detectar el detalle de la colusión. Cabe recordar que la Función Pública, al igual que la CFE, forma parte del gobierno federal. No es común que un gobierno esté dispuesto a destapar un desfalco tan grande cuando éste surge entre sus filas.
Preocupa, sin embargo, que no haya elementos para prever que este caso pueda marcar el inicio de una nueva era en el combate a la corrupción, porque la estructura que la permite sigue indemne.
En esta clase de delitos las sanciones se limitan a acciones económicas y administrativas e inhabilitaciones contra los funcionarios públicos. El enorme fraude contra la CFE, por ejemplo, no implica la comisión de delitos clasificados “graves” por la ley y por eso los implicados tienen hoy derecho a salir libres bajo fianza. Nada les impediría fugarse, como es el caso de Néstor Moreno Díaz, ex director de Operación de la CFE y prófugo desde hace tres meses.
La obsolescencia legal mexicana y la falta de voluntad de los gobiernos para exhibir actos de corrupción surgidos de sus entrañas garantizan la impunidad.
Quien en el futuro busque seguir los pasos de los jueces y funcionarios corruptos de la CFE percibirá una amenaza creíble de ser descubierto, pero no de recibir un castigo ejemplar. Ahí la tarea pendiente.
Fuente: El Universal
