San Cristóbal de las Casas, Chis. El alcalde priísta del municipio de El Bosque, Pedro Gómez Gómez, “despojó” de un terreno de cinco hectáreas a un indígena tzotzil que no habla español ni tiene los medios para defenderse, denunciaron sus familiares.
Dijeron que el argumento del presidente municipal es que el propietario del predio, Diego Pérez Hernández, de 65 años de edad, no tiene hijos varones, sino sólo seis hijas y por tanto, según los usos y costumbres, no tiene la obligación de repartirles la tierra.
Agregaron el 23 de noviembre trabajadores y policías municipales comenzaron a cercar el predio, que supuestamente se usará para construir una escuela.
“Ya fuimos ante el agente del Ministerio Público de Simojovel, pero nunca está y nos dicen que no pueden recibir la demanda. Ya acudimos a las autoridades de la Secretaría de Gobierno en la zona y tampoco nos hacen caso”, manifestaron parientes del afectado, quienes pidieron anonimato.
Señalaron que el sábado pasado fueron a las oficinas del Consejo Estatal de los Derechos Humanos con sede en San Cristóbal para interponer una queja.
Explicaron que Pérez Hernández es originario del vecino municipio de San Andrés Larráinzar. Hace 20 años se fue a vivir a la finca Las Amapolas, de 60 hectáreas y cuyo propietario, Ángel Aguilar del Carpio, le vendió cinco hectáreas, según la escritura pública que tiene en su poder.
El predio está junto al ejido Los Plátanos, municipio de El Bosque, a la orilla de la carretera que conduce a Simojovel, en el norte de Chiapas, y la mitad está cultivada con café.
“El presidente municipal pretende vender el terreno a dos señores del municipio de Bochil –que colinda con El Bosque –afirmaron–. Hemos tratado de hablar con él, pero siempre nos dicen que no está, que sólo trabaja aquí de lunes a miércoles y los demás días está en Tuxtla Gutiérrez”, indicaron.
Los familiares del afectado pidieron la intervención del gobernador Juan Sabines Guerrero para pedir que se repare “esta injusticia cometida contra el indígena, que no tiene cómo defenderse de las arbitrariedades del alcalde”.
Fuente: La Jornada