La Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene documentadas en un expediente de 250 mil fojas las maniobras que realizaron jueces, abogados y peritos para defraudar mil 320 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Juicios resueltos en 10, 13 o 17 días, millonaria sangría a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y embargo de cuentas federalespara el pago de indemnizaciones, convencimiento a mujeres de 78 años para litigar casos prescritos por ley, avalúos a valor “inflado”, son parte de la maraña de irregularidades que envuelven uno de los más graves casos de corrupción descubierto en la última década en México.
Sólo hay tres detenidos por la Procuraduría General de la República (PGR), José Raymundo Soto Conde, juez mixto de primera instancia en Mocorito, Sinaloa; Francisco Ladislao Rodríguez Retes, abogado de la CFE, y Martín López López, perito en topografía y valuación, quienes con una fianza de 4 millones de pesos podrían salir libres. Hasta ayer lunes no habían pagado.
Las autoridades desconocen el destino de mil 320 millones de pesos birlados a la CFE a través de 232 juicios irregulares en Sinaloa.
Baja California, Baja California Sur y Sonora están bajo investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP), pero el problema grave hasta ahora es Sinaloa. También hallaron un caso en Tamaulipas y otro en Guerrero, pero fueron considerados aislados. El resto del país está en orden, según lo revisado por la SFP.
Historia de corrupción
En julio de 2010, Alfredo Elías Ayub, entonces director de la CFE, fue alertado y pidió revisar porqué mientras en 2004 hubo cuatro demandas, 197 en 2005, 308 en 2006, para el siguiente año se disparó a dos mil 978 querellas.
También pidió cita con Salvador Vega para comentarle que sospechaba de anomalías. En septiembre, los auditores comenzaron a recolectar información e incluso a clonar algunas computadoras.
En principio no había nada extraordinario, salvo la multiplicación por mil de las demandas contra CFE y que la dependencia perdía sospechosamente cientos de millones de pesos, sin que la oficina de Néstor Moreno Díaz, entonces director de Operación de la CFE, hoy prófugo de la justicia por presuntos actos de corrupción investigados en México y Estados Unidos, se diera por enterada, pues debía gestionar ante la Dirección de Finanzas todos los pagos.
La oficina del abogado Abel Huitrón tampoco se percató de cómo sus abogados en Sinaloa perdían juicios que estaban costando cientos de millones de pesos a la empresa.
Huitrón y Moreno serán citados a declarar por la Función Pública sobre el tema. Luego, la PGR decidirá.
Inician pesquisas
Lo primero que hicieron los auditores de la SFP, fue extraer de los dos mil 978 casos, aquellos de mayor cuantía y tomaron 232 para su muestra.
Descubrieron la maniobra: jueces, abogados y peritos aparecían en la mayoría de los asuntos litigados. En 72 procedimientos judiciales, por ejemplo, participó el juez Soto Conde, en los cuales coincidió con el abogado de la CFE, Rodríguez Retes, y el perito López, en los que la CFE debió pagar a afectados 245 millones 910 mil 518.72 pesos.
La Función Pública cuenta hoy con un expediente de 250 mil fojas. Sin embargo, los auditores sospechan que estos tres personajes puedan estar implicados en otros casos.
Soto, Rodríguez y López están detenidos sólo por un caso de cuatro millones de pesos. La SFP trabaja para integrar en dos semanas otros 32 casos y así evitar su liberación.
El siguiente paso de los auditores fue revisar el procedimiento. Por ejemplo: expediente 255/2008, resuelto en 10 días; 571/2008, en 13 días; 595/2008, en 14 días; 254/ 2008, en 17 días. Es decir, desde el momento en que el denunciante presentó su denuncia ante el juez Soto y la resolución del juzgador, no transcurrían ni dos semanas. Según los investigadores de la Función Pública, un caso así tarda de seis a nueve meses.
Concluyeron que en 190 casos de la muestra, los derechos de los demandantes habían prescrito por antigüedad, pues datan de la década de los 60 y para pelearlo tuvieron 10 años.
Detectaron embargos a cuentas de la CFE sin defensa legal, pues las mismas son inembargables. De plano, los abogados de la Comisión Federal de Electricidad no comparecían para defender a la empresa o, incluso, daban como domicilios para recibir notificaciones los sitios donde se ubican los cajeros automáticos de la compañía para el pago de luz, por lo cual no se enteraban de los citatorios.
En 97% de los 232 expedientes, los abogados de la Comisión Federal de Electricidad no impugnaron la decisión del juez, concluyeron los auditores.
Con toda la información, personal de la SFP se preguntaron: en el caso de que fuera procedente el pago de indemnizaciones, cuánto se tendría que erogar.
Por ello, recurrieron al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para que hiciera un estudio y se toparon con otra sorpresa: avalúos inflados.
Por ejemplo, un avalúo presentado a juicio era por 91 millones 400 mil 48.18 pesos a pagar al afectado, el INDAABIN dijo que el pago debía ser de 17 millones 938 mil 757 pesos, según el avalúo G-43752-HMO. Otro caso ganó 50 millones 750 mil 38 pesos cuando en realidad debía ser de 55 mil 475 pesos. En uno más la CFE pagó 10 millones 382 mil pesos y el INDAABIN calculó 3 mil 824 pesos.
Hace 40 o 50 años los campesinos debieron pelear a la CFE por usar sus terrenos para el paso de los cables del tendido eléctrico. Pero no lo hicieron. La PGR tiene en sus manos saber cómo convencieron a los labriegos de ceder a abogados poderes para litigar.
Es el caso de la señora Bárbara, de 78 años. De acuerdo con el expediente 254/2008 en poder de EL UNIVERSAL, su juicio entró el 15 de mayo de 2008, inició el 16 de mayo y el juez Soto Conde dictó sentencia el 28 del mismo mes, con una indemnización a favor de la señora por 12 millones 988 mil 75.17 pesos.
CFE alegó prescripción de la acción de pago en este caso. ya que el tendido data de 1964.
El perito civil fue López. Sin embargo, en el expediente del caso se señala que el día que se iba a dictar sentencia “se hace constar la incomparecencia de la parte demandada o de quien legalmente le represente (Ladislao)”. La CFE pagó con cheque de Banorte el 23 de septiembre siguiente a la señora, a través de su apoderado Miguel Beltrán.
De acuerdo con la Función Pública, son 18 jueces y casi 60 funcionarios de CFE quienes cometieron irregularidades que, hasta ahora, causaron un daño patrimonial por mil 320 millones 724 mil 377.89 pesos.
La cifra podría elevarse, al continuar con la revisión de los casi tres mil casos.
Fuente: El Universal
