Néstor Moreno Díaz, acusado de enriquecimiento ilícito y hoy prófugo de la justicia, asegura que no tiene dinero y que las imputaciones en su contra tienen el propósito de truncar sus aspiraciones políticas.
En la demanda de amparo que promovió en octubre, el ex director de Operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) afirma que son "vanas" las acusaciones en su contra de recibir millonarios sobornos.
Además, asegura que "no tiene interés" en enfrentar un proceso, por lo que pide a un tribunal que no le obligue a presentarse a declarar ante la jueza que ordenó su captura.
"(Solicito) no se me fije garantía alguna en virtud del precario estado económico en que me encuentro actualmente, ya que debido a esta persecución política de que soy objeto, con la finalidad de truncar mis aspiraciones de esa índole, he permanecido bastante tiempo sin laborar", señala.
Agrega que si fueran ciertas las imputaciones de corrupción contra su persona, "la PGR no habría tenido empacho en acusarme de ejercicio abusivo de funciones", pero, como no tenía elementos para hacerlo, lo acusaron de enriquecimiento ilícito.
También dice que las autoridades judiciales no le deben hacer caso a la información que ha enviado Estados Unidos.
"No es jurídicamente posible que nuestra legislación mexicana le dé valor a opiniones que provienen de países extranjeros".
"Son vanos todos los argumentos que realiza la autoridad (la jueza que ordenó su aprehensión), en el sentido de que según recortes periodísticos o la opinión del Gobierno de EU, el suscrito recibió actos de sobornos o regalías por motivo de que aproveché mi estatus de funcionario para favorecer a varias empresas con el otorgamiento de contratos", señala.
Rechaza Responsabilidad
La acusación de la PGR contra el ex director de Operación de la CFE establece que los supuestos sobornos los aceptó de empresas como la estadounidense Lindsey Manufacturing Company (LMC), a quien le otorgaron 19 contratos por 19 millones de dólares entre 2003 y 2008.
El principal argumento de defensa del inculpado es que él no tenía ningún puesto en la CFE desde el cual pudiera haber influido para facilitar los contratos y por ello su firma no va a aparecer en ninguna de las licitaciones o invitaciones falladas.
"Es una imputación infundada e inexistente ya que no tuvo intervención alguna en los mismos. Los contratos en alusión fueron fincados por distintas gerencias regionales de Transmisión dependientes de la Subdirección de Transmisión de la CFE, cuya área es totalmente diferente a la que en ese tiempo ocupaba, esto es: la Subdirección de Generación", dijo.
Precisa que de los 19 contratos fincados a la empresa Lindsey Manufacturing, 9 fueron por licitación pública internacional, 6 por procedimiento de adjudicación directa por derechos de patente y 4 por invitación, y que las contrataciones las realizó un grupo interdisciplinario de cada gerencia regional de Transmisión.
Sin embargo, la investigación federal ubicó la participación de Moreno en la modificación de un contrato de 2001, en el que se pagaron 44 millones de dólares a la empresa para modernizar la red informática del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
"El contrato fue firmado en primer instancia por el jefe de área de Transmisión y Transformación, Jesús Espino Cazares, y por el coordinador del Cenace, Gustavo A. Salvador Torres, y obviamente por el subdirector de Transmisión, Transformación y Control, Raymundo Campos Millán.
"Por motivo de la jubilación de este último, el suscrito tomó la responsabilidad y sólo participé en la cuarta modificación del mencionado contrato, pero para la disminución al importe de impuestos y derechos de importación", declaró Moreno.
Fuente: Terra
