El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tienen en proceso 567 auditorías en empresas como hoteles, agencias de autos, empresas de limpieza y equipos de futbol, en donde se tienen detectadas irregularidades asociadas al outsourcing, cuyos daños por evasión ascenderían a por lo menos 5,000 millones de pesos.
Así lo dieron a conocer Alberto Real Benítez, administrador general de Auditoría Fiscal Federal del SAT, y Cristina González, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, en el marco del III Foro de Tercerización, organizado por la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, cuyos miembros buscan que haya una regulación para evitar prácticas desleales.
Durante su participación, Real Benítez expresó que son 230,000 los trabajadores que resultan afectados por este esquema, ya que al ser contratados por las empresas de outsourcing carecen de prestaciones de ley como la seguridad social.
En ese sentido, los trabajadores se ven desprovistos de las prestaciones de seguridad social como son atención médica, pensiones de cesantía y vejez, guarderías para sus hijos, etcétera.
Asimismo, explicaron que el monto de evasión por el no entero de las retenciones de salarios a los trabajadores se estima aproximadamente en 3,800 millones de pesos, mientras que el monto de las cuotas de seguridad social asciende a 1,200 millones de pesos.
Derechos desprotegidos
En ese sentido, explicaron que aunque el trabajador esté de acuerdo con un esquema ilícito de tercerización de mano de obra y aunque le reporte algún beneficio real en el corto plazo, son más y más serios los daños y perjuicios a sus derechos, como la falta de cobertura médica y el perjuicio a su patrimonio en el largo plazo; asimismo, al Estado también le genera déficit en recaudación.
Los principales esquemas que incurren en irregularidades son: las sociedades cooperativas, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en nombre colectivo, sociedades civiles y civiles particulares, asociaciones civiles, sindicatos e integradoras.
Fuente: El Economista
