Año tras año, América Latina refrenda su estatus de región más desigual en el planeta al igual que África. Al mismo tiempo, es una zona geográfica con todo tipo de recursos naturales, cuya explotación genera miles y miles de millones de dólares, pero no para todos, pues su distribución es peligrosamente inequitativa, lo que mantiene elevados los niveles de pobreza y desempleo, y decreciente el bienestar social, mientras un pequeño grupo goza las mieles de sus abultadas y crecientes fortunas.
Una de las causas de ese desequilibrio es la estrategia fiscal que se sigue en casi toda la región (con México en posición adelantada), es decir, la de gravar al máximo a los que menos tienen, y lo mínimo a quienes lo tienen prácticamente todo. Como lo reconocen la Cepal y la OCDE (Perspectivas económicas de América Latina 2012; transformación del estado para el desarrollo), “tomando como referencia la recaudación potencial en función del producto interno bruto por habitante, destaca el caso de México donde la presión tributaria es menos de la mitad de lo que su nivel de desarrollo sugeriría”; la mitad faltante en esta ecuación corresponde a los impuestos que legal o ilegalmente evade el gran capital.
De acuerdo con la estadística del SAT, alrededor de 34 millones de mexicanos dan cuerpo al inventario mexicano de contribuyentes. De ese total, alrededor de 65 por ciento son asalariados, 31 por ciento a personas físicas y sólo 4 por ciento a personas morales, lo que da una idea del número de empresas que se encuentran fuera del padrón de pagadores de impuestos. Así, el crecimiento del número de mexicanos que, quiéranlo o no, cumplen puntualmente con el fisco es atribuible a los trabajadores asalariados, a quienes constantemente y sin misericordia les cargan la mano, mientras que al gran capital año tras año el gobierno y los legisladores, benevolentes, no sólo refrendan los regímenes tributarios especiales (menos impuestos, más utilidades), sino que los amplían.
El caso mexicano no es único en América Latina (aunque sí emblemático), pues la Cepal y la OCDE han documentado que la carga tributaria promedio de los países regionales es prácticamente la mitad de la que registran las naciones de la citada organización. “Tal diferencia se explica, sobre todo, por la baja recaudación de los impuestos directos (sobre la renta y a la propiedad) como proporción del producto interno bruto. En promedio, la carga tributaria directa de los países latinoamericanos es inferior a nueve puntos del PIB respecto de la que tienen los desarrollados. La carga tributaria directa (en relación al PIB) en América Latina es incluso inferior a la vigente en varios países de África”.
Las instituciones mencionadas apuntan que la base del impuesto sobre la renta en América Latina es muy limitada, “dada la combinación de alta desigualdad en la distribución de ingreso, elevada informalidad laboral, multiplicidad de gastos tributarios y evasión. La mayor parte del impuesto sobre la renta personal proviene de trabajadores asalariados, como consecuencia principalmente de las mayores posibilidades de evasión y elusión de los trabajadores independientes y por el tratamiento preferencial que reciben las rentas del capital en la gran mayoría de los países. Este hecho, también evidente en las economías de la OCDE, se ve compensado en las economías desarrolladas por una mayor capacidad de control de un mayor número de contribuyentes (dada la menor informalidad), y por la otra, el mayor nivel de ingreso per cápita (o familiar) permite que un porcentaje mayor de la población esté sujeto a la imposición a la renta”.
América Latina y el Caribe enfrenta importantes retos en materia fiscal: una carga tributaria en general baja, una estructura sesgada hacia impuestos no progresivos y niveles significativos de incumplimiento en el pago de impuestos. En comparación con los países de la OCDE, en la mayoría de las naciones latinoamericanas la carga impositiva actual limita la capacidad de acción de la política fiscal por la vía del gasto. Al respecto, no existen fórmulas únicas para todos los países. Por ejemplo, en Guatemala, Perú y República Dominicana la menor carga tributaria representa una restricción para elevar el gasto público, mientras que en economías como Argentina y Brasil podría ser prioritario apuntar hacia una mayor calidad de la asignación del gasto y su eficacia.
Al comparar los sistemas tributarios latinoamericanos con los de la OCDE se encuentran diferencias amplias en términos de nivel y estructura. Mientras que la carga tributaria es cercana a 35 por ciento del PIB para las naciones de la Organización, en una selección de países de América se reduce a 20.6 por ciento (México ronda 10 por ciento). Además, en relación con la OCDE, América Latina muestra una baja recaudación de impuestos directos, compensada por mayores ingresos procedentes de impuestos indirectos.
Para la Cepal y la OCDE “los bajos niveles de recaudación de impuestos directos personales, la limitada focalización del gasto público y el reducido tamaño de las transferencias directas a los hogares más pobres explican el exiguo papel redistributivo de las finanzas públicas en la región. El nivel de desigualdad en la distribución personal del ingreso en América Latina es sustancialmente más alto que en otras regiones del mundo, con un índice de Gini medio de 0.53. El país menos desigual de la región es más desigual que cualquier nación de la OCDE no latinoamericano, de Oriente Medio y África del Norte. Recientes estudios indican que desde el año 2000 se advierte una cierta disminución de la desigualdad, como resultado del aumento del gasto social, y en especial por el impacto de los programas de transferencias, pero de cualquier suerte este último factor es temporal, mientras que la mayor parte del gasto público continúa siendo neutral o incluso regresivo”.
La estructura impositiva en América Latina no favorece el papel distributivo que pueden cumplir las finanzas públicas. Existe un “casillero fiscal vacío en la región, que sí es ocupado por los países más desarrollados”, puntualizan las citadas instituciones.
Las rebanadas del pastel
Que dice el Banco de México que “el ritmo de crecimiento (económico del país) continúa siendo elevado”. ¿No se habrá equivocado de nación?, porque aquí, en ésta, la tasa de “crecimiento” anual promedio en el último quinquenio, el del calderonato, es de 1.4 por ciento, y, a duras penas, de 2 por ciento en las últimas tres décadas, así que crecimiento, lo que se llama crecimiento, no aplica para el caso mexicano, y menos si se le califica de “elevado”.
Fuente: La Jornada
