Puebla.- Tener acceso a la información pública en este Estado sale muy caro.
En el último tramo de su Administración, Mario Marín canceló la posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder directamente a la información del gasto público y puso un candado que obliga a pagar 75 pesos por cada copia a la que agregaron la condición de "certificada", cuando cualquier dato público se registra en copias simples.
La disposición, avalada por la entonces mayoría priista en el Congreso de Puebla, significa que consultar una cuenta pública anual de alrededor de 500 hojas costará 37 mil 500 pesos.
La medida fue aprobada en noviembre de 2010 en la Ley de Ingresos de Puebla para el ejercicio fiscal de este año.
Pese a que el candado fue aprobado por el Gobierno priista, la actual Administración panista, que encabeza desde febrero Rafael Moreno Valle, ha mantenido vigente la disposición.
El artículo 33 de la Ley de Ingresos de Puebla establece que quien solicite información de las dependencias y organismos estatales podrá elegir el medio de almacenamiento para recibir la respuesta.
Sin embargo, impone una excepción: quien quiera saber a dónde van a parar los recursos del erario no tiene alternativas.
El Gobierno de Puebla sólo dará respuesta en copias certificadas, previo pago de los 75 pesos por cada foja.
Las contestaciones sobre cualquier otro tema, en cambio, pueden entregarse en copias simples, con costo de 2 pesos por hoja, o en discos flexibles o compactos si se pagan 35 o 40 pesos, respectivamente.
Adicionalmente, en el artículo 36 de la misma ley se establece un candado extra al pedir que los ciudadanos que soliciten datos del gasto público deben identificarse con la Clave Única del Registro de Población (CURP), aunque la Ley de Transparencia no exige dicho requisito.
La presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso poblano, Josefina Buxadé Castelán, criticó que, en contraste con el cobro de 75 pesos por hoja certificada, en otras instancias se solicita esa misma cantidad por certificar un paquete completo de documentos.
Pide diputado bajar el precio a copias
A finales de julio de 2010, unos días después de que su partido perdió las elecciones por la Gubernatura, el ex Mandatario Mario Marín logró que el Congreso local modificara la ley para que fuera la legislatura saliente la que revisara sus gastos, y no la entrante, en la que el PRI no tendría mayoría.
El 13 de octubre de 2011, ya con la actual administración panista, se giró la orden de aprehensión contra el Auditor del Órgano de Fiscalización Superior (Orfise), Víctor Manuel Hernández Quintana, por incurrir en delitos contra la administración pública y otros ramos del poder público, todo derivado de un caso de conflicto de intereses en una auditoría.
Horas después que se hizo pública la intención de capturarlo, personal no identificado fue descubierto cuando intentaba guardar en bodegas privadas miles de cajas con documentos oficiales del Orfise, entre ellos las cuentas públicas de Marín.
Aunque libró la detención con un amparo y había dicho que no se iría, Hernández Quintana renunció el viernes pasado a su cargo.
Para el diputado Héctor Alonso Granados, integrante de la Comisión de Transparencia del Congreso de Puebla, tanto el candado como la renuncia no son coincidencias.
"Desde luego que la misma camarilla que salió a defender al auditor general del Órgano de Fiscalización Superior es la misma que dispuso, que avaló las leyes que hoy obligan a los ciudadanos a pagar un altísimo costo por acceder a información que debe ser pública", mencionó.
"No me queda duda de que se trató de un subterfugio para que los poblanos no tengan acceso a la información, para desalentar que la gente pida información", añadió.
Alonso Granados propuso que se abarate el costo de copias certificadas para que sea accesible a los ciudadanos.
Sí se requiere cobrar el servicio, porque no se puede cargar ese gasto a todos los contribuyentes, pero, insistió, la tarifa debe ser baja.
Francisco Rodríguez Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró, por su parte, que los reportes sobre el gasto público, lejos de cobrarse, deberían ser difundidos por las propias autoridades como un asunto básico de rendición de cuentas.
"Me parece que no debería ser así, que es un abuso y que esa información debería estar ahí disponible para cualquier ciudadano", refirió.
El líder de la Coparmex en Puebla mencionó que si los ciudadanos piden información pública en un medio que requiera el uso de material específico, sí debe fijarse un costo.
Explicó que ese asunto, como la ampliación de los sujetos obligados, son aspectos importantes a considerar en la legislación que se prepara, y confió pueda tomarse en cuenta por los actuales diputados.
Afuera de la sede del Poder Legislativo, recordó, la organización Actívate por Puebla colocó una piedra de 7 toneladas que representa la falta de una ley que permita a la entidad ser más transparente.
El debate no debe ser tanto por el precio de las copias sino porque todos los datos sobre gasto público sean difundidos, insistió.
Fuente: Terra
