Los asistentes a la selecta Cumbre de Negocios” que recién concluyó en Querétaro ovacionaron la reiterada “propuesta” de privatizar el petróleo mexicano, en el entendido, según ellos, de que sólo así se podrá evitar la quiebra de la primera empresa del país –que pertenece al Estado mexicano– y retomar el negocio con el oro negro nacional, pues ahora, también según ellos, “los rendimientos son escasos, e incluso nulos”.
Tal fue la emoción que en ellos provocó la idea de privatizar el petróleo mexicano, pero el hecho es que a ninguno de los ponentes en el citado foro ni a sus aplaudidores se les ocurrió tratar un par de temas estrechamente ligados a la salud financiera de Petróleos Mexicanos: la depredación que el gobierno federal práctica en la paraestatal y el relativo a los regímenes tributarios especiales que liberan de toda carga impositiva a los grandes consorcios, y a sus dueños, que de siempre se han manifestado en favor de la privatización del oro negro nacional. Los tres temas van de la mano, por mucho que los promotores de la idea referida les den trato distinto.
Uno de estos últimos, Luis Téllez, promotor de negocios, representante de consorcios trasnacionales de negro historial, secretario de Energía en el sexenio zedillista y ahora presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, es de los que cree que sólo con la privatización saldrá adelante la industria petrolera nacional. La restricción legal que impide al capital privado meter la mano a este jugoso negocio es “francamente anacrónico y ridículo, totalmente fuera de lo que es el siglo XXI”, a juicio de este simpático personaje de la farándula político-empresarial desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari.
Que el petróleo mexicano “no es negocio” quedó documentado en el México SA del pasado miércoles (mil 395 por ciento de margen de ganancia entre lo que cuesta producir un barril de crudo y lo que se obtiene al venderlo), por lo que ahora vale la pena documentar la “ridiculez” detectada por Téllez, quien también participó en la citada Cumbre de Negocios.
Resulta que en la década panista en el gobierno, las ganancias de Petróleos Mexicanos han sido históricamente elevadas: 4.8 billones de pesos… antes de que el gobierno federal llegue y arrase. Casi 500 mil millones de pesos como promedio anual ha sido el margen de utilidades de esta empresa paraestatal, ya descontados costos de producción, laborales, de importación de petrolíferos, de canonjías sindicales, de multimillonarios sueldos y prestaciones, de negocios fallidos, etcétera, etcétera. Este suculento balance no demuestra que Pemex esté a punto de quebrar, ni que a pesar de todas las corruptelas, desviaciones e ineficiencias, esté al borde del sepulcro.
El problema comienza cuando entra el gobierno federal, vía Secretaría de Hacienda, tira las puertas y se lleva hasta lo que no existe. Ninguna empresa, pública o privada, puede soportar la creciente depredación de que ha sido víctima, y lo sigue siendo, Petróleos Mexicanos: en la década de Fox y Calderón, el consorcio petrolero nacional reportó rendimientos (utilidades) por 4.8 billones de pesos, pero el gobierno federal se llevó 5.3 billones, es decir, todas las ganancias más 10 por ciento, diferencia que la paraestatal debió cubrir, y cubre, con endeudamiento. Más simple: por cada peso de utilidad que Pemex generó, el gobierno federal le quitó un peso con 10 centavos. Así, el rendimiento neto que se obtuvo fue negativo en 528 mil 608 millones de pesos en el periodo.
Ni el más guapo de la película aguanta un ritmo así, de tal suerte que el problema no es que Pemex sea un mal negocio o que no genere suficientes rendimientos, sino la decisión del gobierno federal de saquear a la empresa más importante del país con la doble finalidad de hacerse de recursos –que gasta pésimamente– y evitarse la molestia de promover una reforma fiscal integral que obligue al gran capital a pagar los impuestos que le corresponden, pues el “agujero” tributario que, por decisión política, los grandes empresarios abren anualmente es cercano a medio billón de pesos, o lo que es lo mismo, un monto equivalente al que Hacienda depreda de la paraestatal.
No se trata de un problema financiero, sino político, porque política, no económica, ha sido la decisión del gobierno federal y del Congreso de mantener al gran capital lo más alejado posible del erario, por medio de los regímenes tributarios especiales, y cada año lo aleja más, mientras inmisericordemente le cargan la mano a los pequeños causantes, como lo confirma la decisión de diputados y senadores de prolongar por tres años (hasta 2014) el impuesto “transitorio a las gasolinas que aprobaron en 2008 para que concluyera, originalmente, en diciembre del presente año.
Más de 300 mil millones de dólares captó Pemex en la década panista por exportaciones de crudo. Casi 5 billones en rendimientos, pero dicen los privatizadores que la empresa está al borde de la quiebra, que ya no es negocio sin la apertura al capital privado. Cuando menos deberían esforzarse para encontrar una pretexto más sólido.
Y si de Pemex se trata, allí está la contra versión de que a Juan José Suárez Coppel no lo echaron del consejo de administración de Repsol. Después de la revolcada propinada por la trasnacional española, llega la justificación: él se fue solito, y su sitio ahora lo ocupa José Manuel Carrera, en representación de la paraestatal. ¿Qué fue de aquella declaración del propio Suárez Coppel (primero de septiembre de 2011), de que (con la nueva inversión en Repsol) “ahora será posible ocupar dos asientos” en ese consorcio? Pero no lo corrieron, dicen sus voceros oficiales y oficiosos, que son los más preocupados.
Las rebanadas del pastel
SOS desde Veracruz: “somos jubilados de diferentes instituciones del estado, y como tal cotizamos durante toda nuestra vida activa al Instituto de Pensiones (IPE) el 11 por ciento de nuestro sueldo. Por ley, el gobierno estatal debe abonar al IPE el 13.5 por ciento por trabajador; creímos que nuestro fondo de ahorro nos permitiría retirarnos con dignidad y tranquilidad. Pero resulta que el gobierno no sólo no pagó lo que le correspondía, sino que tampoco ingresó nuestras cuotas. No sólo eso: pidió prestado y debe alrededor de 3 mil 500 millones de pesos al Instituto. La gran noticia es que el IPE está quebrado. La otra gran noticia es que no aceptaremos esa quiebra y estamos exigiendo cuentas claras y refundación del IPE. Coalición de Pensionistas del Instituto de Pensiones del estado de Veracruz.
Fuente: La Jornada
