viernes, 28 de septiembre de 2012

En sueldos para personal de Peña, $1 millón 300 mil al mes


Revelan percepciones de integrantes del equipo de transición

El erario erogará un millón 300 mil pesos al mes en sueldos de 53 empleados contratados hasta el momento por el equipo de transición del presidente electo, Enrique Peña Nieto, según se desprende del documento respectivo difundido por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai).

En la página electrónica de ese instituto se detallan las contrataciones efectuadas y los salarios mensuales, que van de 11 mil 435 pesos a 65 mil 671.

El sueldo más alto lo perciben José Ángel Mejía Martínez del Campo y Alfonso Isaac Gamboa Lozano, cada uno por apoyar a los coordinadores del equipo de transición en tareas de recopilación, análisis, clasificación y envío de datos.

El más bajo es de 11 mil 435 pesos, que se paga a Jimena Velázquez Nava por realizar esas mismas tareas.

Marco Antonio Ortiz Millán, encargado de la operación de automóviles para la transportación de personas y entrega de documentos, percibirá mensualmente 19 mil 432 pesos.

Esa misma cantidad recibirán Marisa Tapia Ortiz, auxiliar del coordinador de salud, y Adriana Michel López, auxiliar del coordinador del programa de jóvenes.

Felipe Ruiz Becerril también apoyará al coordinador de salud, pero recibirá un sueldo 25 mil 254 pesos.

Para auxiliar las actividades de la oficilía mayor se contrató a Rubén Atanasio Ignacio Olalde y a Jorge Gómez Bravo Topete, cada uno de los cuales recibirá al mes 47 mil 973 pesos.

Para las mismas actividades, pero con un sueldo de 33 mil 537 pesos, fueron contratados Juan Pulido Gómez y Yolanda Toledo Mondragón.

Los emolumentos y otros gastos se cubrirán con una partida que autorizó el Congreso por un monto total de 150 millones de pesos, cantidad que se ejercerá del primero de septiembre al primero de diciembre próximo, una vez que Peña Nieto tome posesión como presidente de México.

Por disposición del Ifai, el ejercicio de esos recursos tiene carácter público, además de las auditorías que posteriormente se efectúen.




Fuente: La Jornada