Cártel introdujo cocaína en vuelos que llegaban a Toluca, Cuernavaca y Cancún; Testigos acusan a federales y militares.
El cártel de los Beltrán Leyva infiltró por igual a la Policía Federal y al Ejército, a cuyos integrantes les entregaban de 450 mil a 100 mil dólares por cada aeronave que permitían aterrizar en los aeropuertos de Cancún, Toluca y Cuernavaca, con cargamentos de cocaína procedentes de Colombia y Venezuela, según revelaron los testigos protegidos Jennifer y Mateo, al relatar la forma en que la organización operó en 2007 para traficar al país alrededor de 50 toneladas de cocaína.
En esta red es en la que presuntamente participaron los mandos militares contra los que la Procuraduría General de la República (PGR) actuó penalmente por delincuencia organizada para cometer delitos contra la salud, ante una investigación que inició en su contra desde marzo de 2010.
El testigo protegido Roberto López Nájera, ex operador de los Beltrán Leyva, bajo la clave Jennifer, declaró en noviembre de 2008 ante la PGR que en mayo del año anterior en un rancho propiedad de Arturo Beltrán Leyva, ubicado en Cuernavaca, Morelos, se reunió el líder de la organización con sus más cercanos colaboradores para planear el arribo de aeronaves con cocaína.
Al encuentro asistió el agente federal Édgar Octavio Ramos Cervantes, El Chuta, como representante de la Agencia Federal de Investigación en Cancún, un policía que después estuvo adscrito al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El jefe del cártel decidió también regalar un BMW al entonces comandante de la Policía Federal, José Antonio Rosales, jefe en el aeropuerto de Cancún, por su apoyo para esta operación, además de pagos "por cada avión que aterrizara de 450 mil dólares a la Policía Federal Preventiva y 100 mil dólares a autoridades militares, sin saber exactamente los nombres de los que daban protección", señaló en ese momento el testigo protegido.
Jennifer sólo indicó en esa primera declaración que se pagaba también a "un teniente del área de inteligencia, así como a los encargados del área canina del Ejército"; esta red de complicidades permitió que entre marzo de 2007 y febrero de 2008 aterrizaran 13 aviones de los Beltrán.
Fue hasta el 2 de marzo de 2010 cuando en otra averiguación previa (PGR/SIEDO/UEIDCS/315/2009) Jennifer recordó nombres y dijo que en septiembre de 2006 conoció al teniente Silvio Hernández, quien se convirtió en colaborador del cártel a cambio de 20 mil dólares mensuales; que un teniente coronel dado de baja del Ejército de nombre Leopoldo Vázquez, que recibía 10 mil dólares mensuales, le presentó al general Roberto Dawe, quien habría recibido como "regalo" 30 mil dólares por recomendarlo con el general Roberto Pérez Martínez, entonces encargado de la guarnición militar en Cancún.
Más nombres
Sin embargo, no fue a partir de esta declaración que se investigó a todos los militares hoy acusados. La indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/112/ 2010 se inició por la denuncia anónima del 17 de marzo de 2010, en la que se indica que: "Hay militares con grados de generales y mayores que colaboran con la organización de los Beltrán Leyva, apoyándolos a bajar aviones y cargamentos de droga en los aeropuertos de la ciudad de México y Cancún".
El denunciante añadió cinco nombres de los seis mandos militares enviados a prisión, con excepción del general Ricardo Escorcia Vargas. Enlistó al ex subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, a los generales Dawe y Pérez Ramírez; al teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y al mayor Iván Reyna Muñoz.
En 2010 el testigo Jeniffer declaró que para aterrizar las 13 aeronaves procedentes de Colombia y Venezuela con alrededor de tres y media tonelada de cocaína cada una se contó con la presunta colaboración de Ricardo Flores, capitán de la Policía Federal Preventiva, y del militar Fernando Álvarez Hernández, para que los aviones llegaran a Cancún a cargar combustible y después viajar al aeropuerto de Toluca a los hangares de Aerocóndor y Aereoazteca, propiedad de Edgar Valdés Villarreal, La Barbie, y Gerardo Álvarez Váxquez, El Indio.
El 21 de mayo de 2012, Jennifer amplió su testimonio y señaló que el general Escorcia Vargas sostuvo reuniones con Arturo Beltrán Leyva y que fue el militar que presuntamente apoyó al cártel "para descargar un avión que aterrizó en el aeropuerto de Cuernavaca, Morelos, que estaba cargado con cocaína".
Mientras, el narcotraficante, Sergio Villarreal, El Grande, que se convirtió en el testigo protegido Mateo, declaró el 17 de julio de 2012 que el mayor Reyna era el encargado de los pagos y las relaciones entre el cártel y los mandos militares del estado de Morelos.
MOVIMIENTO. Militares custodian los alrededores del Aeropuerto Internacional de Toluca, donde presuntamente se permitió que pasaran aviones con droga.
Fuente: El Universal
