Si analizamos con mayor detalle el resultado de las elecciones, podemos apreciar que tanto el voto de castigo contra Acción Nacional y Felipe Calderón; y el repudio de los movimientos sociales contra lo que representa el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder Ejecutivo, tienen un común denominador: el rechazo y la condena contra las directrices centrales que han marcado el derrotero de los gobiernos federales durante los últimos 30 años. La continuidad del modelo neoliberal en México es clara e inequívoca, los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón han tenido la misma dirección, y en este sentido la afirmación de que el PRI y el PAN son muy semejantes es completamente cierta. En este rubro no hubo transición ni cambios y más bien cada una de estas administraciones federales buscó de diversas formas profundizar este modelo económico en nuestro país. El próximo gobierno de Enrique Peña Nieto (si es que el Tribunal Federal Electoral lo ratifica), no se saldrá de este guión prescrito y representará seis años más de lo mismo. Aquí es donde está lo trágico y paradójico de esta elección. Se votó contra lo anterior para ratificar lo anterior. Se eligió a un partido diferente para que profundice las mismas políticas que tienen hundido al país en la crisis multidimensional que vivimos.
Cuando Vicente Fox llegó al poder, frente a la algarabía de muchos por la alternancia política, se comenzó a hablar de la necesidad de realizar las llamadas reformas estructurales: fiscal, laboral, energética y política. Luego de seis años y al no cumplir cabalmente con su propósito, Felipe Calderón volvió a impulsar las reformas estructurales: fiscal, laboral, energética y política. Enrique Peña Nieto durante su campaña vacía de contenido y donde expuso muy pocas propuestas serias, habló de la necesidad de que México avanzara en las reformas estructurales: fiscal, laboral, energética y política. Ahora mismo en el cónclave de los legisladores electos del tricolor, asumieron que tratarán de llevar a cabo las reformas estructurales que según ellos necesita el país: fiscal, laboral, energética y política. También algunos diputados panistas expresaron que éste será uno de sus objetivos primordiales en la próxima legislatura.
Luego del reciente proceso electoral no hay nuevo discurso ni nuevo proyecto de país, es fundamentalmente lo mismo que hemos venido sufriendo desde hace 30 años, la aplicación de las políticas neoliberales que tanto panistas como priístas han buscado implementar en cada una de las cinco administraciones federales pasadas. Vuelvo a subrayar lo trágico del año 2012, mucha gente (19 millones) votó creyendo que optaba por el cambio, y lo único que está pasado es que ratificaron la continuidad de lo que durante tres décadas hemos experimentado.
Ahora bien, estas reformas se nombran como discurso recurrente y se exponen sin mucha precisión. No se explicitan claramente sus contenidos, pero se defiende con ahínco sus “bondades”, argumentando que sólo con su aprobación e implementación, el país saldrá del atolladero en el que estamos metidos. Dicho de otra forma, de acuerdo a los que ostentan el poder formal y económico, las reformas estructurales son la panacea que nos llevará en definitiva al negado camino del desarrollo. Desafortunadamente ésto es falso y los efectos los tenemos frente a nosotros: mayor pobreza, aumento de la concentración de la riqueza en muy pocas manos, deterioro ambiental, incremento de los conflictos sociales, crisis de inseguridad e injusticia, violación sistemática de los derechos humanos, impunidad y un sistema político degradado que no genera ni legitimidad ni gobernabilidad.
Por lo mencionado hasta este momento por priístas, panistas y uno que otro “intelectual”, la reforma fiscal más que construir un sistema justo, equitativo, distributivo y sencillo en el cobro de impuestos, apunta a poner el IVA en alimentos y medicina; y poco se habla de acabar con los privilegios fiscales de las grandes empresas. La reforma energética más que impulsar el ahorro y el uso de energías limpias y sustentables; y resolver los problemas de fugas y corrupción, tiene como propósito continuar y profundizar el proceso de privatización en Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La reforma laboral habla de propiciar la competitividad para la generación de más empleos, pero esta estrategia está sustentada en precarizar el empleo, acotar los derechos laborales y privatizar la seguridad social. La reforma política seguirá en su perspectiva gradualista, reconociendo y ampliando la participación ciudadana, pero cuidando de no romper con la partidocracia vigente y por lo tanto mantener una democracia precaria y mínima. En otras palabras, las reformas estructurales que propone Peña Nieto y el PRI son una continuación de la política económica y política de Calderón-Fox-Zedillo-Salinas-De la Madrid, es decir, parece que el gran objetivo del próximo sexenio es lograr la aprobación de las reformas estructurales neoliberales que no pudieron llevar a cabo sus predecesores.
Desde esta perspectiva, la movilización social (que ahora repudia a Peña Nieto) y los partidos de oposición jugarán un rol muy importante, ya que para este escenario político ser oposición “responsable” no se tratará de ser condescendiente con estas reformas, más bien si efectivamente quieren ser “responsables” deberán oponerse firmemente a la aprobación e implementación de las reformas estructurales neoliberales. Esto sí significaría un verdadero cambio, por el que efectivamente votó la gente.
Fuente: La Jornada Jalisco
