El Estado mexicano utiliza el sistema de procuración y administración de justicia para criminalizar, afirma.
El Estado mexicano reprime judicialmente a bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) al detallar las violaciones al debido proceso en contra de Francisco Sántiz López, indígena base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) “injustamente preso” en el Centro Estatal para la Reinserción Social de los Sentenciados (CERSS) número 5 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Actualmente, sostiene el Frayba, Santiz López “se encuentra acusado por el delito del fuero federal de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas, siendo que, por los delitos de homicidio y lesiones calificadas, el pasado 22 de marzo se extinguió la acción penal, por desistimiento del ministerio público del fuero común”. Los cargos iniciales, que permitieron encarcelar al indígena, lo señalaban infundadamente de participar en un incidente violento en la comunidad Banavil, municipio de Tenejapa, en diciembre pasado, donde una persona perdió la vida.
El Frayba “considera que durante la detención y el proceso judicial de Santiz López, el cúmulo de derechos violados dan evidencia de que se trata de una persecución por el trabajo político que realiza como base de apoyo del EZLN en los Altos”, por lo que manifiesta “el temor fundado” de que el juez primero de distrito de procesos penales federales en la entidad emita una sentencia condenatoria contra el campesino tzeltal.
Para el centro de derechos humanos, “el Estado mexicano utiliza el sistema de procuración y administración de justicia para criminalizar a las bases del EZLN debido a que le molestan los avances en el derecho a su libre determinación a través de la autonomía zapatista, con base a los Acuerdo de San Andrés y sus referentes internacionales: Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas”.
El mencionado juez, informa el Frayba, “declaró infundado el incidente de libertad por desvanecimiento de datos a favor de Francisco, en acuerdo publicado el 17 de agosto, refiriendo entre
otros argumentos que, en el momento de dictar el auto de formal prisión, se tomaron en cuenta testimonios de quienes dicen que Francisco se encontraba en compañía de personas armadas, ‘por lo que resulta insuficiente para considerar que se hayan desvanecido los datos’”.
Cabe aclarar que el juez “no valoró que los ocho testigos señalaron de manera explícita que Francisco no portaba arma alguna, delito por el que se le inculpa”. En el auto de formal prisión el juez tampoco valoró los testimonios de autoridades locales ni testigos que confirman “que la detención ocurrió en la cabecera municipal de Tenejapa y que Francisco no se encontraba en Banavil en el momento que acontecieron las agresiones, así como el hecho de que el arma de fuego fue ‘asegurada’ y entregada, junto con otras cinco armas, al juez indígena de Paz y Conciliación por habitantes de dicha comunidad”.
Ante el hecho no existe ningún peritaje “que arroje que Francisco portaba el arma referida”.
A más de ocho meses, el encarcelamiento de Santiz López resulta político en la medida en que está demostrado que carece de fundamento, y se le mantiene en prisión bajo consigna política, a pocos meses del relevo de gobierno, tanto estatal como federal.
Fuente: La Jornada
