Empresario culpa a gobierno de derrumbes
Saltillo, Coah. Más de 500 trabajadores resultarán afectados por el cierre temporal, y en algunos casos definitivo, de 32 pozos de carbón que no cumplen requisitos mínimos de seguridad.
La secretaria de Trabajo en Coahuila, Felícitas Molina Duque, dijo que los patrones están obligados a mantener el sueldo de los obreros hasta que se determine si las minas podrán reanudar la producción o serán clausuradas, aunque señaló que una parte significativa no estaban registrados ante el IMSS o fueron dados de alta con el salario mínimo.
Agregó que, en promedio, 30 por ciento de los mineros que trabajan en pozos no están registrados en el IMSS y los que sí lo están tienen un salario menor al que en realidad reciben, a fin de que los patrones paguen menos cuotas.
El gobernador Rubén Moreira dijo que la próxima semana anunciará la instalación de una empresa para la región carbonífera, la cual ofrecerá mil vacantes, a las que se podrán incorporar los trabajadores afectados por la clausura.
En tanto, el delegado de la Secretaría de Economía en Coahuila, Julio Fisher Almaraz, dijo que de los 32 pozos de carbón en revisión, siete fueron suspendidos de manera definitiva este viernes y otros 15 de forma temporal, por no cumplir requisitos mínimos de seguridad y presentar irregularidades administrativas.
El empresario Alonso Ancira Elizondo, presidente de Grupo Acerero del Norte, cuyas minas emplean a ocho mil trabajadores, aseguró que el gobierno federal es responsable de los derrumbes y explosiones en los yacimientos al obstaculizar el aprovechamiento del gas metano, como ocurre en Estados Unidos, donde en 25 años esa actividad generó 25 mil empleos.
Allá el aprovechamiento del gas metano y la desgasificación de las minas con antelación generan empleo y riqueza, y aquí crean pérdidas de vidas humanas, aseguró el propietario de la mina siete de la unidad Mimosa, donde hace una semana hubo un derrumbe, en el que fallecieron seis trabajadores.
Dijo que por ley el metano se puede aprovechar en actividades productivas de esta actividad económica, pero los empresarios no pueden invertir, pues la Federación estableció un reglamento donde se les aplican aranceles extraordinarios.
Esto que vivimos se da porque no podemos desgasificar las minas con antelación, volviendo económico lo que tiramos después diluido en el aire, el gas metano. Esta es responsabilidad absoluta del gobierno federal, al poner un reglamento a una ley que hizo imposible que pudiéramos desgasificar, consideró.
El único responsable de estos accidentes, sin duda, son estos reglamentos que hizo el Ejecutivo, que no permiten que se extraiga el gas con antelación, cuando debía ser fuente de riqueza y no de muerte, aseguró a la prensa.
Fuente: La Jornada
