Oaxaca, uno de los estados más pobres. La imagen, en San Juan Copala.
Foto José Antonio López /Archivo
La aplicación de políticas neoliberales derivadas en programas asistencialistas para los campesinos mexicanos, y la indiscriminada apertura a productos perecederos provenientes del extranjeros, han arrojado que 16.7 millones de personas que habitan en las áreas rurales vivan en condición de pobreza.
De esa cifra negra se desprende que 11.5 millones se encuentran en estado de pobreza moderada y 5.2 millones corresponden a una situación de pobreza extrema, como lo reveló el análisis y medición de la pobreza –publicado el pasado mes de julio del 2013- por el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval). En ese documento, también se confirmó que el número de pobres asciende, a lo largo de la República a 53 millones 300 personas.
Así, al presentarse en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a los artículos quinto, 34 y 38 de la Ley de Desarrollo Rural, el senador priísta Héctor Yunes, expuso lo siguiente: “Desafortunadamente, la falta de oportunidades en las regiones rurales del país ha generado marginación y desigualdad, situación que debe ser erradicada, orientando políticas efectivas hacia las actividades agropecuarias con el objeto de favorecer el bienestar económico y social para este sector de la población, que representa uno de los principales rezagos a nivel nacional.
“Lo anterior nos indica que las zonas rurales son el sector más vulnerable de la población, debido a su alto índice de pobreza. Ante esta problemática, coincidimos en que el Poder Ejecutivo debe realizar acciones enfocadas desde diferentes ángulos, con una perspectiva agregada y no aislada, diseñando y ejecutando mejores estrategias para el medio rural.”
Así, como fórmula para erradicar ese ominoso panorama, presentó una iniciativa con objeto de crear los sistemas estatales de investigación y transferencia para el desarrollo rural sustentable, y para articular la coordinación, concertación y vinculación de la plataforma científica para el desarrollo rural entre las diversas instituciones de los sectores público, social y privado en cada entidad federativa, a fin de generar los vértices de una política pública que permita impulsar la investigación, la transferencia de tecnología e innovación para lograr y mantener la competitividad del sector rural a partir de proyectos y programas en materia de investigación a favor de un desarrollo tecnológico competitivo.
Fuente: La Jornada| Por Roberto Garduño
