Como parte de su estrategia de rechazo a la reforma energética, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, elaboró un listado con 10 puntos que sustentan esa postura.
El diputado secretario de la Comisión de Hacienda de San Lázaro, Carol Antonio Altamirano, señaló que entre las 10 mentiras que rondan los cambios a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, la principal es que el sector energético no se privatizará.
El objetivo principal de los partidos mayoritarios en el Congreso, recalcó el legislador del Sol Azteca, fue entregar a empresarios privados nacionales y extranjeros, ganancias e incluso la renta petrolera como pago por su actividad en ese rubro.
El diputado Antonio Altamirano agregó que haber promulgado la reforma constitucional señalada, cuando más de un millón 600 mil personas firmaron una solicitud de consulta popular, significa que el Ejecutivo Federal “menosprecia” la opinión ciudadana, que demanda el cumplimiento de sus derechos constitucionales.
Al explicar los 10 elementos de análisis del ordenamiento energético, en torno a los que el Gobierno Federal y los grupos parlamentarios mayoritarios han “mentido” a la población, el legislador perredista recalcó que la energía no solo se abrirá al capital privado en lo que toca al petróleo, sino que se incluye la generación de electricidad.
Ello, porque en el sector hidrocarburos, la iniciativa privada participará en actividades de refinación, petroquímica básica, transportes, almacenamiento y distribución.
Agregó que los contratos avalados y que se afianzarán en la reforma secundaria, implicará la autorización de licencias que otorgan el manejo de un bien público a manos privadas y extranjeras, a las que se entregará el aprovechamiento de los recursos del subsuelo y lo que se extraiga.
“¡Háganme el favor! ¡Un país con la historia de México con su riqueza bajo dominio extranjero como país bananero!”, exclamó, tras lamentar que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Verde (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (PANAL), no tengan “cara” para reconocer que avalaron la privatización de la riqueza nacional y ello significa “un acto de traición”.
Recordó que los resultados negativos de las privatizaciones de los bancos, las carreteras, las televisoras, los ferrocarriles y el servicio de teléfonos, son el claro ejemplo de lo que ocurrirá con el rubro energético.
Advirtió que la debilidad de las autoridades federales y las instituciones del Estado, también son un factor de riesgo y ello se verá al momento en que las empresas privadas quieran ejecutar los contratos que se les otorgarán y exijan certeza, pues en grandes regiones del país privan la corrupción, la ineficiencia y la operación del crimen organizado.
Enfatizó que la reforma energética es contradictoria, pues aunque en el artículo 27 constitucional se establece que el Estado mantiene la rectoría sobre los recursos en el subsuelo, en el artículo transitorio cuarto, se autoriza la contratación de utilidad o producción compartida, cuyo pago podrá ser económico o bien, en especie y con un porcentaje de la producción
Dijo que la segunda mentira, radica en que se cuidará el medio ambiente, pero en los hechos, la extracción del gas lutitas implicará el uso de químicos tóxicos y la contaminación de millones de litros de agua.
En tercer lugar, abundó, se señala de manera exagerada que PEMEX no cuenta con más reservas petroleras, cuando los números de la paraestatal muestran otra cosa.
Añadió que el argumento de que, el único modo de acceder a nueva tecnología es a través de los contratos o licencias con empresas privadas, es falso; ya que de acuerdo con la consultora internacional Wood Mackenzie, de 2003 a 2012 PEMEX fue la primera en exploración en aguas profundas y generó ganancias de 6.4 dólares por dólar invertido.
La quinta mentira, planteó, está en que la reforma energética no modificó el régimen fiscal de PEMEX, que conforme a lo aprobado, mantendrá una elevada carga fiscal. Que se haya establecido que la paraestatal y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), deberán convertirse en “empresas productivas”, no garantiza librar a Petróleos Mexicanos, abundó, del régimen que hoy aplica.
Calificó como falaz el señalamiento reiterado de que la apertura energética a la iniciativa privada, hará bajar en automático los precios de combustibles y la electricidad. Los grandes beneficiarios, agregó, serán los grandes usuarios, no el ciudadano.
El diputado Antonio Altamirano, aseveró que es falso que PEMEX se beneficie con la “llamada ‘ronda cero’ en la que se distribuyen los campos de exploración. El Transitorio Sexto establece condiciones que atentan contra Pemex al darle 90 días para que acredite sus capacidades, cuando hoy no está organizado para tal fin y requiere su reorganización”.
“Las exploraciones que haya realizado sólo podrán explotarse durante 3 años o se podrá entregar esa zona al sector privado. Además es absurdo que sea la Comisión Nacional de Hidrocarburos y no Pemex quien decida con cuáles empresas debe aliarse. Eso genera parálisis productiva e invade la capacidad de gestión de Pemex cuando el consenso es darle autonomía”, subrayó.
También es equivocado, destacó, afirmar que no se entregarán concesiones cuando en realidad, las licencias avaladas permitirán otorgar derechos a los particulares para aprovechar los bienes energéticos del país.
Al establecer en la Constitución la frase “entre otras”, en referencia a las modalidades de contratación, aseveró, se abre la puerta por completo a la opacidad en los tratos que hará el Gobierno Federal con las trasnacionales.
Reiteró que decirle a la población que el costo de la electricidad bajará en automático “es demagógico”, pues es el propio Ejecutivo el que fija los precios de ese bien. Ese efecto tampoco se verá a corto plazo, enfatizó el legislador del Sol Azteca, pues solo podrá ser posible hasta que avancen los procesos de sustitución de diesel por gas natural y éste se ocupe en la generación de electricidad.
Aseguró que también es falso que los trabajadores de PEMEX y CFE no se vayan a ver afectados, ya que en las leyes secundarias, se definirán las nuevas condiciones de remuneración del personal; a lo que se suma la salida del Sindicato, del Consejo de Administración de la petrolera.
Asimismo, refirió que cuando PEMEX y CFE dejen de ser paraestatales, para conformarse en “empresas productivas del Estado”, tanto las plazas, como pagos, prestaciones y contratos colectivos estarán en riesgo; en tanto que no se contempló el impacto presupuestario de la creación de nuevas instancias como la Agencia Nacional de Seguridad Industrial.
“En síntesis, la contrarreforma energética tiene en lo general un efecto privatizador y omite la consulta popular. En lo particular, está sustentada en engaños y omisiones. Es una regresión y un duro golpe a la soberanía energética”, sentenció, tras denunciar que los autores del proyecto no quieren decirle a la ciudadanía que han entregado al extranjero la principal fuente de riqueza y desarrollo del país.
El legislador aprovechó para asegurar que por ello, la izquierda mantendrá su posición de defensa de la soberanía energética, por la vía legal y política.
Fuente: Noticias MVS| Angélica Melín Campos
