Tijuana.– El gobierno panista de Baja California solicitó al Congreso local 2 mil 800 millones de pesos en deuda para tapar el “boquete fiscal” que heredó de la anterior administración, emanada del mismo partido.
Francisco Arturo “Kiko” Vega de Lamadrid, quien asumió apenas el 1 de noviembre pasado, había prometido un gobierno austero. Sin embargo, José Guadalupe Osuna Millán, el anterior Gobernador, dejó las finanzas en crisis. De acuerdo al titular de Planeación y Finanzas del Estado, Antonio Valladolid, la actual administración recibió el gobierno con una severa falta de liquidez, que se ha reflejado en la postergación de pago a proveedores y contratistas, en el retraso en la entrega del gasto operativo y en el atraso en el pago de nóminas.
También mencionó que esa circunstancia ha provocado que las empresas paraestatales tengan una “muy fuerte deuda”. En su campaña rumbo a la gubernatura de Baja California, “Kiko” Vega prometió en distintas ocasiones que, de ganar las elecciones, emprendería un plan de austeridad en todas las áreas del gobierno, comenzando por el recorte de los sueldos de los funcionarios y los gastos de representación para los servidores públicos.
El pasado 1 de noviembre, cuando tomó posesión, el panista aceptó que las finanzas públicas de la entidad estaban “exhaustas” y por ello se dedicaría con urgencia a diseñar “una estrategia de austeridad y eficiencia” en la que estructuras y programas no prioritarios se transferirán, fusionarán o eliminarán.
El Gobernador heredó de su antecesor, Osuna Millán, una deuda no mayor a los 7 mil millones de pesos; Osuna la recibió en 2 mil millones de pesos. Ahora, “Kiko” solicitó al Congreso y éste le aprobó una deuda de 2 mil 800 millones de pesos, que son parte del Presupuesto de Egresos e Ingresos de 2014. De esta manera, en seis años, la deuda pública de Baja California crecerá de 2 mil millones en 2007 a 10 mil millones en 2014; es decir, en 7 años.
CORTES Y AJUSTES
En el caso de las paraestatales, el funcionario refirió que al pagar a Issstecali –por ejemplo– “se traduce en un efecto multiplicador”, saneando a las paraestatales, liberándolas de la presión financiera y de paso le pagan al organismo para que siga funcionando de una manera adecuada.
En el caso del Poder Judicial se propone un aumento para el próximo año de cerca de 30 millones de pesos, mientras que en los llamados organismos autónomos el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana recibiría solo 72 millones de pesos, contra los 272 ejercido en el 2013. En cuanto a la Procuraduría de Derechos Humanos el monto no varía, 34 millones recibió en el año que fenece y 34 se propone que se le destine en el 2014, similar el caso del Tribunal Contencioso Administrativo.
Aparte mencionó que derivado de la reforma hacendaria, el Gobierno del Estado tendría que invertir cerca de 245 millones de pesos por el aumento al IVA en pagos de insumos e inversión pública.
Dentro de la estrategia financiera se incluyó la austeridad en sueldos y gasto corriente, la procuración de fondos federales y el impulsar con la federación la distribución del fondo fronterizo en el estado, considerando la “situación de sobrecarga social”. Buscan además aumentar la generación de proyectos público-privados que incidan en el empleo así como en una mayor inversión.
Al explicar la distribución del gasto –de los 39 mil 629 millones de pesos– Valladolid explicó con una gráfica que 63 por ciento se va para el gasto social, 15% para participaciones y transferencias a municipios, 7% para procuración y seguridad, 4 % a los poderes autónomos, 7 % a la administración, 2 % al desarrollo económico y 2 % a la deuda pública.
De acuerdo a la propuesta, al Poder legislativo la corresponderían en el año próximo 467 millones de pesos, contra 822 que le tocaron en el 2013, lo que significan 355 millones de pesos menos.
En cuanto al Poder judicial la propuesta incluye 30 millones más para el 2014 –867 contra 837 del año pasado. En el área del Ejecutivo destacan datos como la disminución en seguridad pública –mil 468 millones para el 2014, contra mil 853 ejercidos en este año, es decir, 385 millones de diferencia–, mientras que la procuraduría estatal recibirá en el 2014 cerca de 100 millones más que el 2013. En los datos se anota que la PGJE en el 2013 tuvo mil 228 millones de pesos, contra mil 325 que recibiría para el año siguiente.
Lo curioso es que en la comparecencia dijo que buscaban disminuir el índice delictivo en un 2 por ciento, sin poder explicar exactamente de dónde salió esa cifra.
Fuente: Sin Embargo| La Redacción
