El Estado renunció a velar por la educación superior: expertos
En los dos últimos sexenios del PRI y en los dos del PAN la formación universitaria privada experimentó un crecimiento
Esos colegios concentran un tercio de la matrícula (33.25%)
En las tres décadas recientes, el Estado mexicano ha claudicado en su responsabilidad de impulsar y apoyar la educación superior pública, situación que ha provocado que cada año sean miles los estudiantes rechazados de instituciones públicas, así como la proliferación de escuelas privadas que hoy concentran a la tercera parte de la matrícula total en ese nivel, coinciden en señalar expertos.
Hoy día, en México son más de 10 millones los mexicanos en edad de contar con formación universitaria (19 a 23 años), de éstos, 3 millones 274 mil 639 están inscritos en licenciatura y 276 mil 281 en posgrado, alcanzando una cobertura de 32.8 por ciento para ese nivel, de acuerdo con datos oficiales.
Del total de jóvenes que cursan la educación superior, un millón 180 mil 694 lo hacen en colegios particulares.
Si bien durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se alcanzó la meta establecida al principio de su gobierno de llegar a 30 por ciento de atención, académicos consultados subrayan que con tal de conseguirlo se dejó en un segundo plano la calidad de la formación.
Los índices internacionales reflejan la realidad mexicana en esta materia: Educación superior en Iberoamérica. Informe 2011, editado por la asociación Universia y el Centro Interuniversitario de Desarrollo, asienta que (a 2010) Cuba tiene una cobertura total; Venezuela 79 por ciento; Argentina, 68; Uruguay, 64; Chile, 52; Panamá, 45; Ecuador, 42; Bolivia, 38; en tanto que Brasil y Perú alcanzan 34 por ciento.
Especialistas explican que la baja tasa de cobertura en ese nivel se debe en parte a que en más de 30 años no se han creado grandes instituciones públicas de alcance nacional, la última fue la Universidad Pedagógica Nacional, en 1978. Esto se traduce en que miles de jóvenes sean excluidos de la educación superior pública.
Cada año, las tres principales casas de estudio: las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM), Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) dejan fuera de sus aulas a miles de aspirantes, aun cuando han hecho esfuerzos particulares por incrementar sus matrículas. Este año se presentaron casi 300 mil solicitudes de ingreso, de las cuales 250 mil no fueron aceptadas.
México presenta bajos porcentajes en términos de egreso. Cada año un promedio de 420 mil mexicanos terminan su formación universitaria, mientras en Brasil la cifra es de 917 mil, según el Compendio mundial 2010 de la Unesco. Sólo 18.1 por ciento de los mexicanos en edad de concluir estos estudios (23 años) lo hace, en Brasil el porcentaje es de 27.7; en España, 33.1, y en Portugal, de 45.3.
Hace más de tres décadas que el Estado mexicano renunció a su responsabilidad social con la educación superior y puso a la juventud bajo el poder de la mano invisible del mercado. Con la finalidad de atraer a miles de estudiantes a establecimientos privados con fines de lucro, los grupos en el poder han operado estrategias tendientes a desacreditar a las casas de estudio públicas, o a limitar el acceso a ellas, asegura Herlinda Suárez Zozaya, académica del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.
En los dos últimos sexenios del PRI y en los dos del PAN la formación privada universitaria ha experimentado un notable incremento. Datos de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Eucación Pública (SEP) muestran que de las 3 mil 159 instituciones universitarias existentes hasta el ciclo escolar 2011-2012, 2 mil 36 son particulares. En estos colegios se concentra un tercio de la matrícula total del nivel superior (33.25 por ciento), incluyendo posgrado.
En el Distrito Federal existen 272 instituciones de formación terciaria, 49 públicas y 223 particulares, por lo que más de la mitad de los jóvenes de la ciudad que cursan ese nivel lo hace en escuelas privadas.
La distribución del resto de estudiantes de este nivel a escala nacional es: 502 mil 550 en universidades públicas federales, equivalente a 14.5 por ciento; un millón 21 mil 282, 28.76 por ciento, en universidades públicas estatales y estatales con apoyo solidario; 439 mil 414, 12.37 por ciento, en institutos tecnológicos, y 406 mil 980 matriculados en universidades tecnológicas, politécnicas, interculturales y centros de investigación.
“La educación superior privada está segmentada: hay escuelas de gran exigencia y otras, las llamadas de ‘atención a la demanda’, que se desempeñan en condiciones enormemente deficitarias. La paradoja es que son éstas las que contienen el enorme flujo de no aceptados en las públicas”, afirma Hugo Casanova Cardiel, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.
Manuel Gil Antón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, sostiene que en los sexenios recientes se ha privilegiado la formación superior particular sobre la pública, porque el Estado ha dejado de otorgar recursos adecuados a estas instituciones públicas, que tienen que ser solventados por los ingresos de las familias al enviar a sus hijos a colegios de paga.
Esta política, subraya, perjudica a las personas de los estratos económicos más bajos, que son rechazados de las instituciones públicas de calidad y no pueden cubrir colegiaturas en escuelas privadas de elite, por lo que deben conformarse con colegios de bajo nivel.
El informe 2011 de Educación Superior en Iberoamérica, indica que de los más de 3 millones de jóvenes que estudian la formación terciaria en México, 5 por ciento, poco más de 170 mil, pertenece a un grupo social ubicado en el quintil uno (20 por ciento de la población con menos recursos), abajo de Argentina, que en ese rubro alcanza 19 por ciento, Venezuela 15.6, Colombia y República Dominicana 8.5, Guatemala 7.4 y Costa Rica 7.4 por ciento. En contraste, los hijos de familias del quinto quintil son casi millón y medio (42.6 por ciento de la matrícula).
Datos de la SEP refieren que 59 mil 764 jóvenes provenientes de familias que se ubican en el primer decil de ingreso estudian en universidades públicas, y 16 mil 872 en privadas. En contraparte, en hogares catalogados en el decil nueve, 453 mil 311 chicos asisten a instituciones públicas y 287 mil 885 a particulares; mientras en el décimo decil, el más alto, la cifra es de 314 mil 452 y 320 mil 618, respectivamente.
De acuerdo con la SEP, en lo que va de este sexenio se han creado 750 mil nuevos espacios en educación superior. Al respecto, Gil Antón enfatiza que esta cifra tiene dos explicaciones: más de 50 mil lugares corresponden a esfuerzos recientes de la UNAM, el IPN y la UAM para ampliar su matrícula. La otra es que la actual administración federal impulsó institutos tecnológicos y politécnicos que “no cumplen con la expectativa de los jóvenes y se limitan a dar una formación para el mercado laboral. Además, muchos de estos colegios tuvieron alumnos antes de tener instalaciones o maestros, lo que no abona a la calidad. Se hizo crecer la matrícula a como diera lugar. La lógica de la educación superior (en estos años) siguió la misma línea que la básica: dar la mayor cantidad distribuyendo diferenciadamente la calidad, afirma.
Para Casanova Cardiel el mero cumplimiento de números no es suficiente para atender las complejas demandas de una sociedad deficitaria y asimétrica como la mexicana. Por el contrario, se necesita un plan nacional sobre educación superior que la reforme, mismo que no se observa en el proyecto del virtual triunfador de los comicios, Enrique Peña Nieto, cuyas propuestas son más de lo mismo y se limita a proponer que se alcanzará 45 por ciento en la cobertura. El único proyecto que planteaba una reforma era el de izquierda.
Editorial: El Estado abandona la educación superior
Como ha venido ocurriendo en años recientes, el inicio de un nuevo ciclo lectivo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene lugar a la par del amplio descontento e inconformidad de decenas de miles de estudiantes que no alcanzaron cupo en ésta y otras instituciones públicas de educación superior del país, como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Más allá de los argumentos que pretenden achacar a los propios estudiantes los malos resultados obtenidos en los procesos de admisión, la marginación educativa que padece un creciente número de jóvenes tiene como correlato ineludible una claudicación del Estado mexicano a la responsabilidad de garantizar el derecho a la enseñanza en todos los niveles. Dicha renuncia se expresa, entre otros elementos, en que las universidades públicas han sido condenadas a la asfixia presupuestaria y al abandono oficial –en la capital del país, por ejemplo, se han fundado sólo dos en las pasadas cuatro décadas– y en el impulso de los pasados gobiernos a la proliferación de planteles de educación privada que carecen, en muchos casos, de calidad académica.
Dicha situación coloca al país en una circunstancia de rezago educativo que se vuelve más evidente cuando se compara con otros de América Latina: aunque el gobierno federal presume que durante el presente sexenio se ha alcanzado una cobertura de más de 30 por ciento en educación superior, esa cifra sigue ubicando a México muy por detrás de Cuba, con cobertura total; Venezuela, con 79 por ciento; Argentina, con 68; Uruguay, con 64, y Ecuador, con 42 por ciento, por mencionar algunas naciones de la región. Menguado orgullo, por lo demás, puede representar para el gobierno federal la creación de 750 mil nuevos sitios en instituciones de enseñanza superior durante este sexenio, cuando 50 mil han derivado más del esfuerzo de instituciones como la UNAM, el IPN y la UAM que de los buenos oficios de las autoridades, y el resto es producto de la creación de instituciones tecnológicas de baja calidad formativa y carentes, en muchos casos, de instalaciones e instrumentos indispensables para atender a los educandos, como admitió el pasado viernes el titular de la Secretaría de Educación Pública, José Ángel Córdova.
El vínculo estrecho entre el deterioro en la educación superior y la aplicación de los dogmas neoliberales no sólo se observa en el crecimiento de universidades privadas, sino también en la clara relación entre el nivel socioeconómico y la posibilidad de acceder o no a la formación terciaria: significativamente, mientras sólo cinco por ciento de los jóvenes que cursan algún ciclo de enseñanza superior proviene del sector social menos favorecido, más de 42 por ciento del total de la matrícula está integrado por estudiantes de grupos sociales de ingresos altos.
La circunstancia de la educación superior en el país es, en suma, un ejemplo más de la diferencia entre el México formal y el real, en el que para tener acceso a los derechos y prerrogativas constitucionales es necesario o pagar por ellos o someterse a la dinámica del darwinismo social y económico impuesta en nuestro país desde hace casi tres décadas.
La apertura de nuevas universidades públicas y el mejoramiento de las existentes es pertinente y necesario, no sólo para elevar el nivel educativo general del país, sino también como medida de elemental justicia y movilidad social, que permita atenuar las escandalosas desigualdades que afectan el territorio nacional y conjurar posibles escenarios de descontento, descomposición e ingobernabilidad. Es imperativo, pues, un viraje de rumbo en la educación superior y en el abandono crónico a que ésta ha sido sometida por el Estado: los encargados del manejo económico y de la gestión educativa en el país tienen que acusar recibo de las dimensiones del problema que subyace detrás de los datos mencionados, abstenerse en lo sucesivo de intentar resolver ese problema con meros paliativos y reorientar las prioridades presupuestales, con el propósito de destinar los recursos públicos necesarios para fortalecer todos los ciclos de enseñanza pública.
