sábado, 15 de agosto de 2020

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Directivos de Notimex dejan la mesa de diálogo

La dirección de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) se vio obligada ayer a levantarse por segunda vez de la mesa de negociación en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), ya que de nueva cuenta se permitió la presencia de gente ajena al conflicto.

A la reunión no asistieron el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, ni el presidente de la Junta de Gobierno de Notimex, Roberto Velasco, quien mandó en su lugar a una representante.

El director jurídico de la agencia, Víctor Manuel Fernández Peña, comentó que la empresa está en la mejor disposición de dialogar con la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex), pero sin la intervención de intereses ajenos.

Precisó que el pasado día 30 de julio abandonaron también las pláticas porque la autoridad permitió la participación de David González, abogado de Francisco Hernández Juárez, dirigente de los telefonistas, que ha tenido una intervención indebida en el conflicto.

Ayer, explicó, no se presentó a las negociaciones González, pero sí otro personaje que dijo llamarse Eduardo Martell y no quiso decir a quién representaba.

Agregó que la dirigente del Sutnotimex, Adriana Urrea, insiste en elevar cada vez más sus demandas. En la anterior negociación en la JFCA, incrementaron de 150 a 230 las plazas que piden para el sindicato y ayer en el pliego petitorio solicitaron aumentar de 55 a 80 el número de reinstalaciones.

Pretenden, precisó, que se reinstale a 25 ex trabajadores más de lo que originalmente plantearon.
Lozoya debe firmar hoy libro de procesados, por segunda ocasión
Ciudad de México. Este sábado el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin deberá firmar por segunda ocasión el libro de procesados ante la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares (Umeca), una de las obligaciones que le impusieron dos jueces federales tras dictarle auto de vinculación a proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.

El pasado 1 de agosto el exfuncionario cumplió con esta medida cautelar, dictada por los jueces que llevan los casos Agro Nitrogenados y Odebrecht, en los que se le involucra. Debido a la pandemia de Covid-19, el ex funcionario cumplió con el trámite a través de un correo electrónico.

Lozoya Austin tiene la obligación de ir a firmar los días 1 y 15 de cada mes para preservar la libertad condicional que los jueces le concedieron. Aunque fue vinculado a proceso por dos imputaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) no pidieron en ninguno de los casos que los jueces le dictaran prisión preventiva ni le impusieran el pago de fianza.

El Ministerio Público Federal sólo solicitó que Lozoya portara un brazalete electrónico, que su movilidad se limite a la zona metropolitana de la Ciudad de México y que acuda a firmar cada 15 días el libro de procesados.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desde marzo de este año ningún procesado en libertad provisional acude de manera presencial y hacen el trámite vía electrónica.
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EU reimpondrá el domingo aranceles al aluminio canadiense

Washington. Después de más de dos años de intimidar e imponer sanciones comerciales a Canadá y México, el presidente Donald Trump obligó a los dos vecinos de Estados Unidos a que aceptaran sustituir el TLCAN de 25 años de antigüedad por un tratado comercial de su conveniencia.

Estaba previsto que el pacto de Trump, creado para actualizar el antiguo tratado y estimular una mayor producción manufacturera en Estados Unidos, restaurará la claridad y previsibilidad de las normas que rigen el intercambio de Estados Unidos con Canadá y México, el cual alcanza 1.4 billones de dólares anuales.
La tranquilidad no duró mucho
Menos de un mes después de la entrada en vigor el 1 de julio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el gobierno de Trump tiene previsto reimponer el domingo un impuesto de 10 por ciento a las importaciones de aluminio canadiense, generando tensiones entre ambos aliados.

Trump acusa a Canadá de inundar el mercado estadunidense con aluminio bruto no procesado. La Asociación de Aluminio, que representa a compañías estadunidenses y extranjeras del sector y se opone a los aranceles, respondió que el incremento en los envíos de aluminio bruto canadiense a Estados Unidos está dentro de las normas históricas y refleja el aumento en la producción de una fundidora canadiense que estuvo cerrada por una disputa laboral.

“Nuestra esperanza es que el gobierno reconsidere esta decisión”, dijo en entrevista Kirsten Hillman, la embajadora canadiense en Estados Unidos. En represalia, los canadienses se disponen a imponer aranceles al aluminio y otros productos estadunidenses.

Los aranceles reimpuestos por Trump elevarán los costos de las empresas automovilísticas y de otros fabricantes estadunidenses que utilizan aluminio importado en sus productos. Como resultado, dijo Hillman, “va a ser más caro comprar un coche o una camioneta o partes para su vehículo”.

En 2018, Trump impuso aranceles a las importaciones de aluminio, incluyendo al de Canadá. Alegó que las importaciones amenazaban con hacer quebrar a los productores estadunidenses de aluminio, poniendo en riesgo el acceso de las fuerzas armadas de Estados Unidos al metal en tiempos de guerra.

Para justificar los aranceles, Trump invocó la pocas veces utilizada Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 y declaró a las importaciones de aluminio una amenaza para la seguridad nacional.

Los detractores aseguran que los aranceles hacen poco para atender el mayor problema que enfrenta la industria del aluminio: una sobreproducción masiva de China que ha inundado los mercados globales y provocado un descenso en los precios. El país asiático casi no resultó afectado por los aranceles de Trump porque sus exportaciones de aluminio ya estaban restringidas debido a sanciones comerciales previas de Estados Unidos.

El año pasado Trump accedió a cancelar los aranceles para Canadá y México con el fin de contribuir a que se concretara el T-MEC.

Pero dos productores estadunidenses de aluminio —Century Aluminum y Magnitude 7 Metals— se habían quejado incluso antes de que el T-MEC entrara en vigor que Canadá estaba aprovechando la cancelación de los aranceles para inundar Estados Unidos con aluminio.

Un nuevo grupo comercial que los representa, la Asociación Principal del Aluminio de Estados Unidos, afirma que las importaciones de aluminio bruto de Canadá aumentaron 37 por ciento en el segundo trimestre de 2020 en comparación con el mismo periodo de 2019.

Por ello, Trump optó por reimponer los aranceles al aluminio canadiense en conformidad con los preceptos de la seguridad nacional previstos en la Sección 232.

“Para colmo, eso se está haciendo considerando que Canadá representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”, afirmó Hillman. Efectivos de ambos países han peleado hombro a hombro como aliados en conflictos que van desde la Primera Guerra Mundial a Afganistán.

Hillman y otros detractores consideran improbable que los aranceles beneficien a los productores estadunidenses. En su lugar, afirman, otros países simplemente reemplazarán las importaciones canadienses.

Entre los posibles beneficiarios figura Glencore, la empresa global de comercio de materias primas con sede en Suiza que también tiene una amplia participación accionaria en Century Aluminum y que este año adquirió aluminio ruso por 16 mil 300 millones de dólares. Glencore declinó hacer comentarios.

La Asociación Principal del Aluminio de Estados Unidos rechazó el argumento de que los aranceles al aluminio canadiense podrían terminar estimulando las importaciones procedentes de países como Rusia y no beneficiar a los productores estadunidenses.

La industria del aluminio emplea menos de 60 mil personas en Estados Unidos. La economista Christine McDaniel, del Centro Mercatus de la Universidad George Mason, calcula que las industrias que consumen aluminio y que probablemente resulten perjudicadas por los costos mayores derivados de los aranceles emplean a 10.7 millones, es decir aproximadamente 180 trabajadores por cada uno que labora en el aluminio.
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