Responsabilizan al gobierno federal de cualquier acción legal contra ellos
Los promotores de la demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Felipe Calderón y diversos cárteles del narcotráfico, por delitos de guerra y de lesa humanidad, responsabilizaron al gobierno federal de cualquier acción legal o extralegal que pueda llevarse a cabo contra ellos, y solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para quienes han aparecido en foros públicos apoyando la denuncia.
En conferencia de prensa, subrayaron que la querella no puede ser calificada de “calumnia” ni es posible que sus impulsores sean acusados penalmente, como sugirió el gobierno del país en un comunicado, porque forma parte de los derechos ciudadanos a defenderse de las autoridades y a señalar las acciones equivocadas.
Mediante un comunicado, recordaron que el documento presentado por Netzaí Sandoval ante La Haya está respaldado por más de 23 mil firmas de ciudadanos –hoy ya suman más de 27 mil–, y reiteraron que en México sí ocurren crímenes de lesa humanidad, es decir, ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.
La petición del 25 de noviembre “no implica enjuiciar a Calderón simplemente por su errada estrategia antinarcóticos o a los narcotraficantes por el simple hecho de vender drogas”, expresaron, sino el comienzo de una investigación por el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, sobre la existencia de delitos como reclutamiento de menores, desplazamiento forzado, violación sexual de mujeres y niñas, actos de tortura perpetrados por el Ejército y secuestro y venta de migrantes, entre otros.
Aunque el Presidente de la República y otras autoridades puedan alegar que ellos no cometieron ningún asesinato directamente ni ordenaron su ejecución, “ellos son los responsables de encubrir y proteger a sicarios, policías y soldados que directamente los cometen. Con ello la brutal violencia que azota a nuestro país se ha institucionalizado y convertido en práctica cotidiana”.
La imposibilidad de juzgar dichos crímenes de guerra y de lesa humanidad en territorio nacional queda de manifiesto al comprobar que éstos ni siquiera están tipificados en la legislación penal y que además la falta de autonomía de los organismos judiciales bloquea cualquier intento de investigar a altos funcionarios civiles y militares, agregaron.
Por ello, consideraron que la amenaza de Calderón de proceder legalmente contra quienes impulsaron la demanda –a quienes calificó de “calumniadores”– es un ataque contra la libertad de expresión y un acto intimidatorio.
“Ejercer nuestros derechos no es un acto criminal ni tampoco una acción que calumnie. Hacemos responsable al presidente Calderón de cualquier acción legal en nuestra contra que criminalice nuestro ejercicio de derechos y también lo responsabilizamos de cualquier acción extralegal que pueda poner en riesgo nuestra libertad e integridad.”
Asimismo, afirmaron que una eventual demanda civil en su contra por daño moral sería infundada, pues los funcionarios mencionados deberían acreditar que la queja ante la CPI es un acto ilícito o les causó una afectación real a su honor, lo cual queda descartado porque el derecho a acudir a tribunales internacionales está garantizado en los artículos primero, octavo y decimoséptimo de la Constitución.
Por todo lo anterior, anunciaron que la semana próxima solicitarán a la CIDH que otorgue medidas cautelares a los impulsores de la queja –en particular a quienes la han promovido en foros públicos–, y llamaron a enriquecer el texto con nuevos casos de violaciones a los derechos humanos.
En rueda de prensa, la académica Loretta Ortiz Ahlf, especialista en derecho internacional de la Universidad Iberoamericana, enfatizó que acudir únicamente a instancias nacionales para buscar justicia sería “ingenuo”, y aseguró que la denuncia tiene muchas posibilidades de éxito, ya que se trata de un caso bien sustentado.
Édgar Cortés, del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, rechazó que los denunciantes hayan buscado notoriedad con su acción, y subrayó que los cursos normales de la justicia en México son ineficientes, como demuestra el ejemplo de quienes han hablado con gobernadores, secretarios y hasta el mismo Presidente, sin que su caso sea atendido y resuelto.
Fuente: La Jornada
