Niegan dependencias datos sobre los bienes patrimoniales de Fox
Luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) declaró “inexistente” la investigación sobre la evolución patrimonial de Vicente Fox, pues dio “los autos” que la integran a la Procuraduría General de la República (PGR), ésta negó a La Jornada copia del expediente, pues la solicitud “no corresponde al marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública” (LFTAIP).
Además, la PGR clasificó el expediente 142/2007, registrado con ese número por la SFP, sin especificar en qué modalidad: confidencial (de manera permanente) o bajo reserva (que establece un máximo de 12 años).
La PGR tardó los 20 días hábiles que da la LFTAIP para responder a La Jornada que necesitaba una prórroga por un periodo similar al citado, pues así lo permite esa ley.
Aunque respondió antes de vencer la prórroga, la PGR se negó a entregar copia del expediente –pese a que la SFP concluyó que “no se encontraron elementos” para presentar denuncia contra Fox por presunto enriquecimiento ilícito– y negó la entrega de los oficios que supuestamente el Ministerio Público Federal (MPF) envió a la SFP solicitando la indagatoria; los oficios que la Función Pública le remitió entregando el expediente; la modalidad en que éste se entregó (original impreso, fotocopias, formato electrónico y/o cualquier otro); copia del acuse de recibo y funcionario que lo recibió, número de indagatorias que supuestamente la PGR realiza sobre el mismo tema, y fecha en que las inició.
En su respuesta, la PGR destacó que su comité de información determinó “confirmar la clasificación de los datos manifestados por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales”, e instruyó a la Unidad de Enlace notificar al solicitante que “no es el medio idóneo para pedir información inmersa en averiguación previa”. Ante la posibilidad de ser requerida por el Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai), por el recurso de queja que se presentó, la PGR invocó el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales que, a partir de la reforma de 2008, se ha usado para tender “un manto de oscuridad” sobre indagatorias que el MP efectúa, como han denunciado comisionados del propio Ifai.
La solicitud de este diario a la PGR se realizó luego de que la SFP declaró la “inexistencia” del expediente, en respuesta a otra de este diario, de noviembre de 2010.
El pasado 13 de abril, cuando el Ifai resolvió la queja de La Jornada y confirmó la inexistencia, en un largo debate sobre el tema la comisionada María Elena Pérez-Jaén se manifestó en contra de tal confirmación y advirtió que en 2009 la presidenta del Ifai, Jacqueline Peschard, tuvo en sus manos el expediente. Recordó que contenía “sábanas” de papel donde se daba seguimiento de las 32 cuentas bancarias de Fox, de su esposa, Marta Sahagún, y de los dependientes económicos del ex presidente, contenidas en “dos tomos”. Recordó que había información de los registros públicos de propiedad, vehiculares y la patrimonial.
Además, Pérez-Jaén señaló que era evidente que la información se estaba negando y que era inverosímil que la SFP no tuviera copia de la indagatoria.
Luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) declaró “inexistente” la investigación sobre la evolución patrimonial de Vicente Fox, pues dio “los autos” que la integran a la Procuraduría General de la República (PGR), ésta negó a La Jornada copia del expediente, pues la solicitud “no corresponde al marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública” (LFTAIP).
Además, la PGR clasificó el expediente 142/2007, registrado con ese número por la SFP, sin especificar en qué modalidad: confidencial (de manera permanente) o bajo reserva (que establece un máximo de 12 años).
La PGR tardó los 20 días hábiles que da la LFTAIP para responder a La Jornada que necesitaba una prórroga por un periodo similar al citado, pues así lo permite esa ley.
Aunque respondió antes de vencer la prórroga, la PGR se negó a entregar copia del expediente –pese a que la SFP concluyó que “no se encontraron elementos” para presentar denuncia contra Fox por presunto enriquecimiento ilícito– y negó la entrega de los oficios que supuestamente el Ministerio Público Federal (MPF) envió a la SFP solicitando la indagatoria; los oficios que la Función Pública le remitió entregando el expediente; la modalidad en que éste se entregó (original impreso, fotocopias, formato electrónico y/o cualquier otro); copia del acuse de recibo y funcionario que lo recibió, número de indagatorias que supuestamente la PGR realiza sobre el mismo tema, y fecha en que las inició.
En su respuesta, la PGR destacó que su comité de información determinó “confirmar la clasificación de los datos manifestados por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales”, e instruyó a la Unidad de Enlace notificar al solicitante que “no es el medio idóneo para pedir información inmersa en averiguación previa”. Ante la posibilidad de ser requerida por el Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai), por el recurso de queja que se presentó, la PGR invocó el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales que, a partir de la reforma de 2008, se ha usado para tender “un manto de oscuridad” sobre indagatorias que el MP efectúa, como han denunciado comisionados del propio Ifai.
La solicitud de este diario a la PGR se realizó luego de que la SFP declaró la “inexistencia” del expediente, en respuesta a otra de este diario, de noviembre de 2010.
El pasado 13 de abril, cuando el Ifai resolvió la queja de La Jornada y confirmó la inexistencia, en un largo debate sobre el tema la comisionada María Elena Pérez-Jaén se manifestó en contra de tal confirmación y advirtió que en 2009 la presidenta del Ifai, Jacqueline Peschard, tuvo en sus manos el expediente. Recordó que contenía “sábanas” de papel donde se daba seguimiento de las 32 cuentas bancarias de Fox, de su esposa, Marta Sahagún, y de los dependientes económicos del ex presidente, contenidas en “dos tomos”. Recordó que había información de los registros públicos de propiedad, vehiculares y la patrimonial.
Además, Pérez-Jaén señaló que era evidente que la información se estaba negando y que era inverosímil que la SFP no tuviera copia de la indagatoria.
http://www.jornada.unam.mx/2011/04/21/index.php?section=politica&article=010n1pol
