Defensores de los derechos humanos están en alerta por las aspiraciones políticas de Julián Leyzaola, el teniente coronel en retiro que tras su paso como jefe policial en Tijuana y en Ciudad Juárez dejó víctimas de tortura, desapariciones forzadas, homicidios y violaciones. Quienes lo han denunciado ante las autoridades afirman que goza de una impunidad que trasciende fronteras. “Su (posible) postulación –por Juntos Haremos Historia– no abona a la democracia, no es un representante real del pueblo”, advierte Óscar Enríquez, director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.
La posibilidad de que el teniente coronel Julián Leyzaola integre la Cámara de Diputados en la próxima legislatura causó indignación y alarma entre víctimas y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
La preocupación radica en los “pactos de impunidad” que han sostenido la carrera del militar en retiro, exsecretario de seguridad pública de Tijuana y de Ciudad Juárez, pese a tener 19 recomendaciones por violaciones de los derechos humanos, 20 indagatorias abiertas en el fuero federal y común, y pese a estar denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.
Inhabilitado por la sindicatura de Tijuana, para ejercer el servicio público, tras un litigio emprendido por una de sus víctimas, Leyzaola tiene la oportunidad de aspirar a una diputación federal como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena PT y Encuentro Social.
No sería la primera vez que el teniente coronel prueba suerte en las urnas. Tras su paso como secretario de Seguridad Pública de Tijuana (2008-2010), bajo el gobierno del panista Jorge Ramos, y como jefe policial en Ciudad Juárez (2011-2014), con el priista Héctor Murguía, el originario de Sinaloa buscó en 2016 la alcaldía de Tijuana impulsado por Encuentro Social; la contienda la perdió ante el panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro.
El gobierno de Gastélum confirmó la inhabilitación por cinco años contra Leyzaola, a solicitud de un proceso promovido por Luis Hernández Gálvez, un policía municipal que en 2009 fue torturado por el militar.
El caso Hernández Gálvez fue parte de las cinco recomendaciones que organizaciones públicas de los derechos humanos emitieron entre 2009 y 2011 (tres son de la entonces Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California y dos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos) contra Leyzaola por tortura y detenciones arbitrarias cuando encabezó la corporación policial de Tijuana.
En total, esas acusaciones involucran a 37 víctimas; de ellas, 29 eran policías municipales a los que se intentó vincular con el cártel de Tijuana.
En entrevista con Proceso, Hernández Gálvez calificó la gestión de Julián Leyzaola como “la peor época para los policías en Tijuana, en la que ocurrieron 60 homicidios, cuando el promedio por administración era de tres o cuatro asesinatos.
“Tampoco es cierto que acabó con la delincuencia –dice–, (el militar) vino a capturar a la gente del cártel de Tijuana y dejó que actuara libremente el cártel de Sinaloa”.
Hernández cuenta que, por órdenes de Leyzoala, fue detenido junto con tres compañeros más y trasladado a unas instalaciones policiacas en las que fueron torturados.
“Él no manda a torturarte, él lo hace personalmente. Fui torturado directamente por él y por otras tres personas, entre ellas, el capitán Gustavo Huerta, quien era director de la Policía y Tránsito municipal. En el Protocolo de Estambul que me aplicaron se dieron cuenta que me causaron 85 lesiones. Ese señor brincó sobre mi cadera y me rompió una placa que tengo en la pelvis por un accidente que tuve hace años; durante tres meses, de los cuatro que estuve en la cárcel, no puede caminar.
“También le gusta usar una bolsa para asfixiar, son métodos de tortura que han sido denunciados en otros casos que después conocí”, dice la víctima.
Con al menos cinco episodios de amenazas de muerte, derivadas de las denuncias públicas contra el exjefe policial, Hernández Gálvez ha documentado más de 20 averiguaciones previas formuladas en el fuero federal y en Baja California y Chihuahua, estados en los que el teniente coronel se ha visto involucrado en otros delitos, también por tortura y homicidio (en tres casos).
“Ese señor goza de una impunidad, ni siquiera por los casos de homicidio se le ha citado a declarar”, lamenta.
Licencia de impunidad
Leyzaola trabajó estrechamente en coordinación con el general Alfonso Duarte Múgica, cuando estaba al frente de la II Región Militar, a la que pertenece el 28º Batallón de Infantería, también denunciado por torturar y arraigar a civiles, policías municipales y ministeriales, quienes fueron procesados por delitos contra la salud. Sin embargo, todos ellos fueron liberados por falta de pruebas.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN) documentaron que, de 52 denuncias de tortura, Layzaola participó en una treintena de agresiones contra policías municipales. Se trata de hechos denunciados en 2009 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; una acusación más, de 2013, está pendiente de ser admitida. También esos casos fueron expuestos ante la Corte Penal Internacional, en 2014. Son hechos de los que este semanario ha dado cuenta en sus números 1701, 1722, 1724, 1737, 1759, 1794, 1800, 1828, 1834, 1844 y 1977.
Para José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la CMDPDH, el que Julián Leyzaola nunca haya sido llamado a rendir cuentas, pese al historial en su contra, “habla de la impunidad que trasciende los estados”.
Con instituciones como la Procuraduría General de la República, “que es el templo de la impunidad”, y sus contrapartes en Baja California y en Chihuahua, que mantienen estancadas las denuncias presentadas por las víctimas, “el mensaje que dejan esas instituciones es que una persona que tiene 19 recomendaciones de derechos humanos, por tortura, entre otras violaciones, puede moverse libremente en los ámbitos social y político del país”, dice Guevara.
En medio del proceso electoral de 2016 en Baja California, cuando Leyzaola fue postulado a la alcaldía, la CCDHN documentó que el militar cometió diversos delitos cuando fue secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, Chihuahua. Se trata de 14 recomendaciones emitidas por las comisiones estatal y nacional de los derechos humanos por allanamiento de morada, cateo ilegal, detención arbitraria, tortura, uso excesivo de la fuerza, homicidio, robo, violación sexual, desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
De acuerdo con los reportes de la CCDHN, el paso de Leyzaola en Ciudad Juárez dejó un saldo de 26 víctimas (21 casos fueron denunciados ante la Comisión de los Derechos Humanos del estado y cinco ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos), de ellas, tres corresponden a homicidios y cuatro a ejecuciones extrajudiciales a manos de policías bajo su mando.
Así, en 2016 las más de 80 organizaciones que integran la Red de Organismos Civiles de los Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos (Red TDT) dieron a conocer su rechazo a la candidatura de Leyzaola por el partido Encuentro Social.
Quemado en Cancún
En 2017, el teniente coronel pretendió integrarse como asesor a la policía municipal de Benito Juárez (Cancún), en Quintana Roo. Sin embargo, las manifestaciones por su historial impidieron su ingreso.
En ese año, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, emitió un extrañamiento al alcalde Remberto Estrada, en el que le recordó que en la recomendación 87/2011 Layzaola está involucrado en el secuestro y tortura de 25 policías municipales, ocurridos en 2009, y en amenazas contra dos defensoras.
Así, sobre el militar retirado hay una averiguación previa ante la Procuraduría General de Justicia de Baja California, otra en la Fiscalía General del estado de Chihuahua y una más ante la Procuraduría General de la República.
El historial de Leyzaola volvió a salir a la luz pública en octubre de 2017, cuando legisladores del PAN y del PRD en Morelos cuestionaron su participación como asesor del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco en la alcaldía de Cuernavaca, quien llegó al cargo por Encuentro Social.
Óscar Enríquez, director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), de Ciudad Juárez, recordó en entrevista que cuando se anunció la llegada de Julián Leyzaola como secretario de Seguridad Pública de la ciudad fronteriza, “respaldada por autoridades municipales y estatales”, generó alarma en la sociedad “por su fama de represor, torturador y por ser un militar en retiro”.
De acuerdo con la memoria de los juarenses, dice, la gestión de Julián Leyzaola fue “de represión y tortura. Él comandaba un grupo de policías especiales que era el Grupo Delta, acusado de asesinatos y de desaparición de personas. Además, hubo un caso de una extradición ilegal, pero nunca estuvo detenido ni nada que se le parezca”.
Enríquez cuenta de memoria un episodio que define al hoy aspirante a una diputación federal: “En el estado cuentan que en alguna ocasión el teniente coronel llegó a una cárcel donde había un motín. Quienes lo vieron dijeron que tenía un garrote o un palo con la leyenda `Derechos Humanos’. Esa fue la imagen que dejó en Ciudad Juárez”.
A dos años de la aventura electoral de Leyzaola y ahora con su posible aparición en las boletas, el director del CDHPN expone: “Pertenece a esos personajes que expresan la mano dura, que no se detienen ante ningún derecho humano ni debido proceso.
“Su historial está plagado de eso, por eso creemos que su postulación no abona a la democracia, además no es un representante real del pueblo. Es una contradicción que quiera aspirar a un cargo de elección popular con esos antecedentes”, agrega.
Fuente: Proceso
