De doce a quince años han pasado en prisión a un grupo de indígenas de la comunidad mexiquense de San Pedro Tlanixco, quienes fueron culpados del asesinato de un empresario extranjero, “el cual nunca cometieron”, denunció el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
Derivado a que los defensores de Derechos Humanos han documentado numerosas inconsistencias, carencia de credibilidad e imparcialidad de los denunciantes, así como señalamientos contradictorios, han decidido emprender una campaña denominada ‘Sentencia Racista’.
De acuerdo a lo documentado, las declaraciones que rindieron los denunciantes durante los primeros cuatro años de investigación, se ubica a “una señora morena y chaparrita” como una de las personas responsables de la muerte del empresario.
Es de ese modo que se acusa penalmente a Dominga González Martínez. Estos calificativos, por generales, ambiguos y simples que parezcan, fueron suficientes para inculpar de un delito grave a una mujer adulta mayor que participaba activamente con su comunidad en la defensa de su derecho al uso del agua de un río que nace en Tlanixco.
En dicha acusación, participó la Secretaría de Gobernación del Estado de México proporcionando los datos personales de Dominga González Martínez a los denunciantes, información obtenida de las minutas generadas de una mesa de diálogo que tuvieron tiempo atrás dicha instancia y un grupo de representantes comunitarios indígenas de dicho lugar.
“Con base a estas evidencias y muchas otras que se describirán más adelante, consideramos que su encarcelamiento es una grave violación a sus derechos humanos y una forma imperdonable de discriminación contra un grupo social vulnerable, como lo son los indígenas que defienden su territorio”, señaló el Centro de Derechos Humanos.
Dominga se dedicaba a la siembra en el campo. Formó parte del Comisariado Ejidal de San Pedro Tlanixco por varios años, hasta que el problema con los floricultores y el gobierno estatal, comenzaron a hostigarles por oponerse a la privatización del río Texcaltengo, también llamado río Grande.
El JCPPIT-Edomex, emitieron la averiguación previa TOL/ME/036/2003. Al igual que en los casos anteriores, se le acusa del homicidio de Alejandro Issak Basso y de la privación de la libertad de sus acompañantes.
La información del Centro versa que, el día 9 de julio del año 2007, a la edad de 45 años, Dominga fue arrestada cuando se encontraba en su casa ubicada en San Pedro Tlanixco. Para su detención fueron usadas 30 patrullas ministeriales con 5 policías aproximadamente cada una. Fue agredida verbalmente, amenazada e intimida por elementos de la policía ministerial de la entonces llamada Procuraduría General de la República del Estado de México. El JCPPIT-Edomex dictó auto de formal prisión en su contra, el 11 de julio del año 2007.
En el caso de Marco Antonio Pérez González, de ocupación albañil, fue arrestado el 13 de diciembre del 2006, cuando tenía 24 años, también como consecuencia de una orden de aprehensión, por el delito de homicidio. Además, el 14 de diciembre del 2006, se emitió otra orden de aprehensión por el delito de privación de la libertad. Ambas, fueron giradas por el JCPPIT-Edomex.
El 15 de diciembre del año 2006, el JCPPIT-Edomex le dictó auto de formal prisión, como probable responsable del asesinato del empresario Alejandro Isaak Basso y por el secuestro de once personas.
Un indígena más detenido fue Pedro Sánchez Berriozábal, era campesino y pertenecía al comité de agua potable de San Pedro Tlanixco. El día 18 de junio del año 2003, el Juez Cuarto Penal de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio. El 22 de julio del 2003 fue puesto a disposición, siendo arrestado a la edad de 38 años.
Tres días después, el 25 de julio del año 2003, el JCPPIT-Edomex le dictó auto de formal prisión, como probable responsable de haber cometido el delito de homicidio calificado de Alejandro Isaak Basso. Se le imputan además otros delitos como privación de la libertad, por haber secuestrado, presuntamente, a once personas que acompañaban al empresario asesinado.
Teófilo Pérez González, se dedicaba a realizar trabajos de albañilería, el 13 de junio del año 2003, se inició una averiguación previa en su contra (TOL/ME/036/2003), consecuencia de ello el 18 de junio del 2003 el JCPPIT-Edomex, giró una orden de aprehensión en su contra por homicidio. Es arrestado el día 22 de julio del año 2003, al tener 33 años.
El 25 de julio del año 2003, el JCPPIT-Edomex, dictó auto de formal prisión, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio calificado, en agravio de Alejandro Isaak Basso, así como auto de formal prisión, como probable responsable por la privación de la libertad de once personas.
En el caso de Lorenzo Sánchez, de oficio obrero, el 5 de marzo del 2004, a la edad de 42 años, el JCPPIT-Edomex giró una orden de aprehensión en su contra por haber privado de su libertad a once personas. El 12 de diciembre del 2006, se emitió otra orden de aprehensión por el delito de homicidio y finalmente es arrestado el 14 de diciembre del 2006.
Actualmente este grupo de indígenas se encuentran en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito el cual se ubica en carretera Toluca – Almoloya de Juárez, kilómetro 4.5, Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, de acuerdo a la información consultada por Revolución TRESPUNTOCERO.
La problemática por la que se inicia la defensa del agua viene de los años ochenta, cuando llegan al municipio de Villa Guerrero (municipio vecino de San Pedro Tlanixco) empresas floricultoras, con las que, desde el año 2002, se mantuvo una disputa por el uso y disfrute río Texcaltenco, el cual nace en Tlanixco.
Éste fue concesionado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a empresarios del municipio floricultor más importante del país, dejando nulificada la concesión (según se indica en el oficio BOO.E.12.1.0.2.-00971 de la propia CNA) que ya se tenía desde hace mucho tiempo con la población de la comunidad indígena de Tlanixco, de acuerdo al Zeferino Ladrillero.
“La distribución desigual de los recursos, es un argumento adicional para considerar que este caso está manchado por el racismo, debido a que los recursos hídricos del río Texcaltenco fueron concedidos a una empresa floricultora de capital extranjero que únicamente beneficia a una fracción privilegiada de la población y que además está lucrando con el vital líquido”, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO la activista Nadia Sandoval.
“Los casos son graves pero poco conocidos, lamentablemente este tipo de noticias no son publicadas a ocho columnas, cuando son denuncias de suma importancia, ahora mismo que se habla del peligro que representa ser ambientalista en México, ellos son parte de las pruebas documentadas que lo es.
Principalmente en una entidad cuyos gobernadores de casta priista se han caracterizado por la represión y violencia en contra de todos aquellos que se opongan a negocios particulares que incluyan privatización. Hablamos de un grupo de indígenas con derechos humanos violentados, con declaraciones en su contra de dudosa procedencia, con tanto argumentos que pueden tirarse fácilmente y no son libres. Porque es la manera en que se intimida a todos los que están afuera alzando la voz”, señala la activista.
Cabe señalar que han habido violaciones al proceso penal que han sido puntualmente señaladas como que, los denunciantes han cambiado sus versiones en varias ocasiones. “Señalaron hasta en tres ocasiones diferentes, ‘sin temor a equivocarse’, a 4 personas de las cuales dieron nombre y apellido, y dijeron que participaron en las acciones que derivaron en la muerte de Alejandro Isaak Basso”.
Posteriormente se demostró que no era posible que los 4 acusados estuvieran ese día, en ese lugar. Uno de los señalados fue una persona de nombre Venancio Zetina González, quien había muerto un año antes de los hechos y Faustino Trujillo Perdones, quien tiene una discapacidad y está impedido físicamente para caminar por cuenta propia, sin embargo, se le acusó de patear en reiteradas ocasiones al empresario asesinado.
También se señaló en aquel momento a Benito Álvarez Zetina y Eva Olimpia Álvarez Tejeda, quienes acreditaron con documentales públicas otorgadas por sus lugares de trabajo, que estaban desempeñando sus actividades en sus respectivos centros laborales.
De los 11 testigos, ninguno señaló directamente a ningún acusado en sus declaraciones primigenias, sino hasta el 16 de abril de 2003, a excepción de Rey Pérez, Pedro Sánchez Berriozábal y Benito Álvarez Zetina, el último de los cuales acreditó se encontraba en Toluca el día y hora de los hechos.
En las declaraciones los testigos dicen haber sostenido reuniones en el rancho San Francisco, ubicado en Villa Guerrero, donde se les proyectaron videos tanto de reuniones como de manifestaciones públicas de los indígenas de Tlanixco, videos de los cuales obtuvieron nombres y rasgos físicos de los liderazgos indígenas. Dichas reuniones tenían como objeto, acordar premeditadamente el sentido de las declaraciones, reflexionar y decidir a quién perjudicar y cómo.
También se dio paso a una ausencia de una debida investigación Ministerial, cabe señalar que el Zeferino Ladrillero enfatiza que, “no hay un solo testigo que señale haber visto directamente que se privara de la vida al occiso”, sin embargo, señalan que un “niño pastor” fue quien se acercó a unos policías preventivos a una distancia considerable del lugar de los hechos investigados y les refirió: “vi que los de Tlanixco aventaron a alguien a la barranca”. La Policía de Investigación Ministerial nunca hizo nada por verificar la existencia del “niño pastor”.
Por lo que el Centro de derechos humanos, se ha centrado en que es una sentencia racista. Como en el caso de Dominga. “No se da valor probatorio a las declaraciones de Dominga González Martínez con el argumento de que tuvo tiempo de buscar una coartada por realizarse a casi 4 años de los hechos”, “porque no se trata de una declaración espontánea, sino de una declaración preparada y reflexionada y ya se han desahogado medios probatorios en su contra”.
Sin embargo, el testigo denunciante de Dominga la señaló como instigadora de los hechos 3 años y medio después, es decir, ahí sí validan la declaración del denunciante a pesar de haber transcurrido bastante tiempo.
Además, se reitera la intervención directa de la Secretaria de Gobierno del Estado de México en las “investigaciones” y no se concede valor probatorio a la retractación del único denunciante de Marco Antonio Pérez González, quien admitió que la hermana del empresario muerto, “los instruyó para declarar, lo reconoce luego de aceptar que tuvo desacuerdos con el proceder del grupo de empresarios de Villa Guerrero, al no querer incurrir en la falsedad de declaraciones ante la autoridad judicial y en los careos con los otros denunciantes se demuestra que su dicho es verídico. A pesar de ello, el Juez no le da valor alguno a tan relevante prueba de la inocencia de Marco Antonio y de los otros cinco inculpados”.
Adolfo Vázquez Carrasco relata que “en las reuniones para preparar y reflexionar las declaraciones de los denunciantes para perjudicar a los liderazgos comunitarios, veían videos de las reuniones y manifestaciones, con los cuales se recuperaron nombres y características físicas de los indígenas de Tlanixco para poder señalarlos sin temor a equivocarse”.
Sobre el tema la activista señala que, “les destruyeron la vida, la libertad, a sus familias, a ese grado de deshumanización llegan los gobernadores del Estado de México, los gobiernos federales y las autoridades que al tener el control de la investigación no solamente no hacen nada, sino se dicen ‘impartidores de justicia’ pero obedecen órdenes de los más grandes violadores a derechos humanos que son tanto funcionarios como empresarios.
Éste caso también es un ejemplo más de como actúa la derecha que se mantiene en el poder, de como acusa y mete a prisión, en otros casos asesina y también desaparece. Ese tipo de gobernantes son los que debería de estar México pensando en erradicar porque se han extendido como plagas por todas las entidades del país y como resultado ha proliferado el narco, la delincuencia, los secuestros, el asesinato de activistas y defensores del ambiente, derechos humanos, periodistas.
La derecha oprime y ejecuta a los que alzan la voz y pisotea a los agachados. No solamente es una condena racista, es una amenaza a todos los que intenten retar a los empresarios y los planes de privatización”.
Fuente: Revolución 3.0
