CUERNAVACA, Mor. El gobierno de Graco Ramírez y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acusaron de sabotaje y obstrucción de obra federal a los campesinos que instalaron un plantón en Apatlaco para impedir la conexión del acueducto que llevará agua desde Cuautla y Ayala a la termoeléctrica de Huexca.
El pasado viernes 2 se celebró la audiencia de imputación en el juzgado federal número 1 con sede en Cuernavaca, donde comparecieron el líder campesino y académico jubilado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Wolfango Aguilar Flores; el abogado Arnulfo Montes Cuen; Sergio Ortiz, ejidatario de Tenextepango, y Ricardo Abúndez Bahena, comisariado de Moyotepec.
Concluida la audiencia, el juez federal negó la “restitución de derechos” a la CFE –demandante principal–, por lo que la demanda fue desechada y los imputados quedaron en libertad plena y con el derecho a continuar defendiendo el agua de sus comunidades.
De acuerdo con el juzgador, los presuntos ilícitos de sabotaje, extorsión y obstrucción de obra federal no se sustentaron.
En entrevista, Wolfango Aguilar aseguró que la denuncia “es una nueva embestida de Graco en contra de ejidatarios amparados”, e informó que el pasado 22 de febrero tuvieron una reunión con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, “para pedirle su intervención ante el problema que vivimos en Morelos”, particularmente en lo que respecta al Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye la construcción de la termoeléctrica.
El líder campesino reveló que el ministro les respondió “que contamos con su apoyo y que podíamos quejarnos ante el Consejo de la Judicatura Federal, de la que también es presidente”.
Al salir de la audiencia, el pasado viernes 2, Wolfango Aguilar aseguró que en la tierra de Zapata “no nos rendimos y continuaremos dando la lucha en defensa del agua y la tierra, en contra de los intereses mezquinos que pretenden despojarnos”.
El PIM busca construir dos termoeléctricas de ciclo combinado en la comunidad de Huexca, en el municipio de Yecapixtla, al oriente de Morelos. Una de las plantas ya está terminada, pero no se está trabajando al máximo porque aún no cuenta con el flujo de agua para poder enfriar sus turbinas.
Dicho proyecto también incluye un gasoducto que transportará gas desde Tlaxcala y rodea la zona de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, pasa por el territorio de Puebla e ingresa a Morelos por el municipio de Temoac, específicamente por la comunidad de Amilcingo y el municipio de Jantetelco.
La reacción de las comunidades zapatistas del oriente de Morelos al PIM, impulsado desde el inicio del gobierno del perredista Graco Ramírez, en 2012, fue de férrea oposición. Como respuesta, los campesinos fueron reprimidos e incluso algunos de sus líderes torturados, como es el caso de Jaime Domínguez, secuestrado por grupos policiacos y sometido a torturas que le dejaron secuelas.
Para que la termoeléctrica funcione a su máxima capacidad necesita de unos 2 mil 500 litros de agua por segundo. Y el gobierno estatal determinó abrir la puerta a la CFE para que pueda extraer el líquido del río Cuautla, del que sobreviven 32 ejidos de ese municipio, así como de Ayala, Tlaltizapán y Tlaquiltenango.
La oposición de los campesinos por la vía legal y la resistencia civil ha evitado que la empresa continúe con la construcción de la termoeléctrica.
A partir del 28 de agosto de 2016, luego de un desalojo, se instalaron al costado sur del Río Cuautla, en Apatlaco, desde donde han impedido que la obra continúe, aunque sólo faltan unos 200 metros de conexión de tubos para concluir el acueducto. Es decir, sólo tendrían que atravesar el río con los tubos y luego cruzar una calle para luego conectarlos a la tubería de la Planta Tratadora de Agua Potable de Cuautla.
“Si la termo se lleva esa agua, nos deja sin nada”, dice uno de los líderes ejidatarios.
Mientras tanto, los gobiernos federal y estatal continúan coaccionado y amedrentando a los dirigentes campesinos para concluir los trabajos, pero hasta ahora han fracasado. El último intento fue la denuncia federal por sabotaje y obstrucción de obra pública, que el pasado viernes 2 “se cayó” al no haber elementos de sustento en los delitos.
Fuente: Proceso
