El despojo de minas mexicanas que están perpetrando empresas canadienses sigue avanzando con la complicidad de autoridades del sistema de justicia y de las instituciones del gobierno federal.
La empresa Electrum Capital Inc. y su subsidiaria mexicana, Minera Electrum, dirigidas por Robert John Harrington, crearon una firma apócrifa llamada Minera Indé de Durango, para apropiarse de manera ilegal de las minas de la familia Silveyra.
Desde hace dos años, el despojo físico de los yacimientos mineros se ejecutó y en los meses recientes los canadienses intentaron concretar el despojo jurídico iniciando un juicio, pero sin notificarles a los dueños de los títulos de propiedad.
En entrevista con La Jornada, Francisco Silveyra Arias, propietario junto con sus padres y sus hermanos de las minas, comenta que cuando la Dirección General de Minas niega el traspaso de los fundos mineros, se quedaron tranquilos, pero cuál sería su sorpresa que hace unas semanas se enteraron de la nueva maniobra de despojo por parte de los canadienses.
Nosotros nos dimos cuenta de casualidad cuando nos dicen que hay un juicio pendiente. Ese juicio lo llevaron sin habernos notificado nunca. Jamás nos avisaron a los dueños de las minas. No sé realmente cómo le hicieron, pero llevaron el juicio en secreto, seguramente gracias a la corrupción de las autoridades judiciales.
Los encargados de esta maniobra fueron el magistrado presidente de la octava sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Rafael Ibarra Gil, y las magistradas Lucía López Padilla y María Victoria Lazo Castillo.
Hasta ahorita nosotros no hemos sido notificados de que había un juicio. El despojo está hecho físicamente desde el 7 de marzo de 2016; ellos querían terminar el despojo con el traspaso de esos fundos. De esa manera pretendían cerrar el despojo de la propiedad de las minas y la planta, señala.
Prisión ilegal
La historia del despojo de las minas de la familia Silveyra incluye la prisión ilegal de la dueña de los fundos, Leticia Arias Castro, madre de los tres hermanos propietarios y quien permanece en el penal de Santa Martha Acatitla, a pesar de tener 75 años y de habérserle negado la prisión domiciliaria.
Están lucrando con la libertad de una persona mayor y a quien la están extorsionando para que ceda todo su patrimonio. Lo único que pedimos es que se resuelva conforme a derecho, porque ya se acreditó que no hay amenaza de fuga y que le otorguen la oportunidad de defenderse y demostrar su inocencia, dice el abogado de la familia, Jorge Sierra.
Explica que el despojo físico de las minas se concretó durante la administración del gobernador priísta Jorge Herrera Caldera, y señala que desde entonces han revertido el acuerdo de no ejercicio para continuar investigando el delito de despojo.
De esta manera, promovieron un juicio contencioso administrativo en la octava sala regional metropolitana del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa de Ciudad de México y fue radicado bajo el expediente número 26776/2015-17-8-9:
Iniciamos un juicio, pero jamás citaron a la familia Silveyra. Sin embargo, la sala determinó que no era procedente el cambio de la titularidad de los fundos, porque no tenían la voluntad de los dueños de las minas.
Ante esta resolución, los canadienses recurrieron en la vía de amparo directo en el noveno tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, con el expediente número 364 de 2017, que resuelve la petición, pero advirtiendo que se violaron los derechos de los titulares:
Ni la Secretaría de Economía ni la sala regional metropolitana tuvieron a bien notificarlos para que comparecieran y se defendieran de estos actos que pretende la compañía minera Indé. Y el tribunal ordenó que se realizara un nuevo juicio, pero notificando a la familia Silveyra.
Fue entonces cuando los canadienses decidieron interponer un recurso de revisión que fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el número de expediente 7634 de 2017, turnado al ministro José Fernando Franco González-Salas.
Finalmente se enteraron, al acudir a las oficinas de Mario Delgado, director del Registro Público de Minas, quien afortunadamente les informó de la existencia de todos estos procedimientos y juicios que se llevaron a cabo sin haber notificado a la familia Silveyra.
–¿Por qué no se notificó?
–No tiene lógica ni tiene sentido jurídico que hayan omitido algo tan grave como no notificar a los verdaderos titulares de los fundos mineros. Esto no responde a otra cosa más que corrupción.
Comenta que el canadiense Robert John Harrington ha tenido la habilidad de corromper a jueces y funcionarios de gobiernos e instituciones:
Cada uno de los juicios que han iniciado tiene un vicio, ya sea de corrupción o ignorancia del sistema. Mientras están denunciando el fraude, por otro lado están haciendo referencia que todo se encuentra en orden y ellos siguen explotando las minas. Son contradicciones que obedecen seguramente a que tanto en Ciudad de México como en Durango han encontrado actores que se prestan a actos de corrupción.
Jorge Sierra criticó a las autoridades mexicanas que permiten el despojo que actualmente se está registrando en varios estados del país:
Son demasiado permisivos con las empresas candadienses y permiten que despojen a los mexicanos y a la nación mexicana. Los minerales no les pertenecen a los concesionarios, sino a la nación, que es la titular. Al mexicano lo dejan desamparado, mientras a las trasnacionales les facilitan todos los trámites. Las leyes son muy claras, pero son los operadores del sistema y de los tribunales los que permiten que estas ilegalidades se cometan.
A la SCJN
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina ha identificado 34 conflictos mineros en México. En el caso de las minas de la familia Silveyra, los canadienses están posesionados ilegalmente en la planta, edificio, la maquinaria y terrenos:
Pero ellos nunca previeron que iban a tener problemas para quedarse con los yacimientos, pensaron que en la forma ilegal que lo hicieron también iban a salir exitosos al traspasar la propiedad de las minas a nombre de esta empresa falsa con la que se ostentan ellos como socios de la familia Silveyra, dice Francisco Silveyra.
Añade:
Están posesionados de una empresa que no tiene derechos mineros, por lo cual nunca han podido sacar un permiso de explosivos y empezar a extraer el mineral de las minas y se han concretado a estar procesando los desechos que había generado esa planta durante 40 años. No han podido extraer mineral nuevo de la mina porque no tienen ni el permiso ni la titularidad.
Explica que en el momento que les despojaron de sus minas, el ingreso bruto de la empresa eran 700 mil a 800 mil dólares mensuales y que ahora han interpuesto un juicio de la nulidad de la empresa apócrifa que no se debió haber creado porque nunca existió el consentimiento:
Lo hicieron mediante un gestor, algo ilógico que sólo se explica por la corrupción. Queremos que se disuelva, porque fue hecha unilateralmente. En esa empresa apócrifa que hicieron primeramente pusieron a mis padres y a mi hermano como socios al 50 por ciento, después hacen un aumento de capital y le quitan 25 por ciento y luego incluyen unas cláusulas a la empresa para acusarlos de haber hecho actos en contra de la sociedad y así perdieron el resto de sus acciones y se quedan ya con 100 por ciento.
Por lo pronto, dice, lo que les urge solucionar es la situación de su madre, Leticia Arias Castro, quien lleva ya casi dos años privada de su libertad de manera ilegal:
Estamos solicitando que se le conceda la prisión domiciliaria, debido a su edad y a sus condiciones de salud.
Será la juez cuarta de distrito de amparo en materia penal de Ciudad de México, María Dolores Núñez Solorio, quien resolverá la procedencia de una medida cautelar distinta a la prisión preventiva para que ella continúe con el proceso en libertad:
Hasta ahora le niegan la prisión domiciliaria porque dicen que hay riesgo de fuga y eso no es cierto, porque le quitaron su pasaporte y ya se hicieron dos peritajes para demostrar las condiciones de seguridad de la casa de mi hermana. No entiendo cuál es el riesgo de fuga.
Después de la pesadilla que su familia está viviendo, Francisco Silveyra Arias no tiene duda del origen del problema con el despojo de las minas que están perpetrando empresas canadienses.
El aparato de justicia está lleno de corrupción y en contra de los derechos humanos de gente como mi madre. El Estado le ha negado la posibilidad de darle unas condiciones dignas para pelear por su libertad en contra de una falsa acusación en la cual ella no tiene ninguna responsabilidad.
Añade:
Les abrieron la puerta del país para ser dueños y señores de 100 por ciento de las propiedades de México y los mexicanos. Lo único que dejan son los residuos y una mano de obra barata, porque discriminan a la mano de obra mexicana. Ellos traen extranjeros a quienes sí les pagan en dólares con salarios dignos, 100 veces mayores de lo que le pagan a un mexicano. Nosotros terminamos sirviéndoles como si fuera la época de la Colonia.
Y concluye advirtiendo que seguirán luchando:
Vamos a luchar por la justicia, creo que llegaremos a tenerla, pero ya no lo llamaría justicia, porque hace tiempo se volvió injusticia. Este despojo no tenía razón de ser desde un principio. El tiempo nos tiene que dar la razón. Llegará la justicia, pero tarde.
Fuente: La Jornada
