En vísperas de que se dé a conocer la ley secundaria de la reforma en telecomunicaciones, el Sistema de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda otorgaron multimillonarios contratos al duopolio televisivo a través de sus filiales Operbes, de Televisa, y Iusacell, sociedad entre Televisa y Grupo Salinas, por 2 mil 200 millones de pesos con vigencia hasta 2017 y 2018.
El 7 de enero pasado, el SAT adjudicó un contrato por mil 929 millones de pesos para Grupo Iusacell, sociedad al 50 por ciento entre las dos grandes compañías televisivas, para los Servicios Administrados de Comunicaciones SAC 2 con el objetivo de “contar con servicios de comunicaciones que garanticen al SAT la continuidad operativa de sus plataformas”.
Este multimillonario contrato tendrá vigencia hasta 2018. La empresa telefónica Axtel se inconformó ante el Órgano Interno de Control del SAT para suspender éste y otro contrato con la Secretaría de Hacienda, argumentando irregularidades y favoritismo al duopolio televisivo. El 28 de enero pasado, el OIC del SAT rechazó la queja de Axtel, compañía de telecomunicaciones que antes ofreció esos servicios.
Previamente, el 24 de diciembre de 2013 la Secretaría de Hacienda le otorgó otro contrato a Operbes, filial cien por ciento propiedad de Televisa, para administrar la Red Privada Virtual de la dependencia, que enlaza a sus 61 instalaciones, por un monto de 320 millones de pesos, con vigencia hasta junio de 2017.
Estos millonarios contratos se conocen hasta ahora, después que el año pasado se generó un escándalo en medios de comunicación y redes sociales al darse a conocer una condonación de más de 3 mil millones de pesos del SAT a Grupo Televisa.
Además, el SAT se vio envuelto en una polémica por dar a conocer la lista de “deudores” en donde nunca se mencionó a ninguna de las dos empresas televisivas ni sus múltiples filiales.
Los contratos le darán acceso a Operbes y a Grupo Iusacell a los bancos de datos y a la información confidencial sobre los archivos del SAT y de las 61 oficinas de la Secretaría de Hacienda.
Fuente: Proceso| JENARO VILLAMIL
