La criminalización de la protesta en el país, tal y como intentan hacerlo distintas entidades, no sólo constituye un atentado contra el derecho a la libre manifestación sino que también coloca a México al nivel de naciones que, incluso, condenan a muerte a quienes se expresan en contra de sus gobierno, como es el caso de Egipto, coincidieron analistas e integrantes de organizaciones sociales. Además de la llamada Ley Antimarchas que se discute para el Distrito Federal desde el año pasado, esta semana legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) promovieron reformas en este sentido en Quintana Roo y San Luis Potosí.
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) consignó, al cierre de 2010, que diariamente se realizaban un promedio de ocho manifestaciones en las calles de la capital del país, lo que da un total de 2 mil 920 por año.
“Estamos ante una situación de doble carril: por un lado las manifestaciones que estamos observando en distintos puntos nos hablan de reclamos no atendidos, de soluciones no manifiestas de una serie de insatisfacciones en el terreno social y político; y el segundo, pues que son propios de regímenes que apuntan a una transición larga hacia la democracia”, dijo Erick Fernández Saldaña, académico del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana (UIA), en entrevista para SinEmbargo.
En países actualmente en conflicto y que han tratado de sancionar la protesta social, hacerlo les ha llevado a un mayor número de manifestaciones en las calles. Un ejemplo es Egipto, donde el año pasado ante la revuelta política para pedir la salida del Presidente Mohammed Mursi se aprobó la llamada “Ley Mordaza”, que castigaba as expresiones en contra del sistema.
Según Fernández Saldaña, en ese país existen 549 personas condenas a muerte por protestar contra el régimen. En enero de este año, los ucranianos estallaron en contra de una prohibición gubernamental justo para concentrarse en lugares públicos. Mientras que en Rusia, el Presidente Vladimir Putin firmó un decreto para prohibir durante dos meses las manifestaciones ciudadanas contra su gobierno en la ciudad de Sochi, que fue sede de la Olimpiada de Invierno.
ESTADO POR ESTADO
En el caso de México, a nivel federal, en febrero pasado el Senado de la República aprobó reformas Código Penal Federal, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y otras leyes en materia de seguridad pública, a fin de crear un nuevo tipo penal de “terrorismo”, que –a juicio de la perredistas y petistas– criminaliza la protesta social y posibilita que los grupos de autodefensas de Michoacán, los ex trabajadores de Mexicana de Aviación o los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por ejemplo, sean considerados como terroristas. Las reformas sancionan hasta con 40 años de cárcel actividades terroristas, e se incluye entre éstas el “apoderarse” o “ejercer control de plataformas marítimas e instalaciones aeroportuarias”.
“Se busca criminalizar cualquier protesta contra instalaciones petroleras, quizá en previsión de que a futuro serán privadas”, destacó la Senadora perredista Dolores Padierna Luna, en su momento. La iniciativa fue enviada en una primera instancia a la Cámara de Diputados, donde fue eliminado el último párrafo del Artículo 139 del Código Penal Federal, en el que se establecía: “No se considerarán como un acto terrorista las manifestaciones realizadas por grupos sociales en ejercicio de los derechos humanos, sociales o cualquier otro ejercicio derivado de un derecho constitucional”.
Aunque ese párrafo se eliminó, en la exposición de motivos se mantiene como excluyente del delito de terrorismo. El panista Roberto Gil Zuarth, quién defendió el dictamen aprobado un día antes en una sesión a puerta cerrada, dijo que se decidió así para que no se generalice y haya excepción alguna que dé pie a sancionar la protesta social.
En el caso del Distrito Federal, desde diciembre pasado se analiza en la Cámara de Diputados la llamada Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, que ha despertado críticas incluso del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Entre las disposiciones de la iniciativa destacan obligaciones como las siguientes: antes de una manifestación debe avisarse a las autoridades por escrito con 48 horas de antelación; se prohíbe el “bloqueo total” de vialidades primariasy de calles de un solo carril y, además, otorga a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal la facultad de “controlar manifestaciones”.
También impone un horario de entre 11:00 y 18:00 horas para que los actos de inconformidad no afecten el tráfico vehicular y prevé multas para quienes “realicen acciones que alteren el orden público”, entre otras exigencias. Aunque Mancera Espinosa se ha manifestado en contra de esta ley, representantes de grupos sociales que se han expresado en la capital del país afirman que su línea es también reprimir las manifestaciones, al implementar durante las movilizaciones técnicas como “el encapsulamiento”. “Mancera llega como un gobernante sin trabajo político, fuera de una ideología, lo que pasa es que es un tecnócrata que sigue la tendencia de que todo tiene que estar como yo digo.
La ausencia de una ideología lo hace actuar así. Hay que aclarar que no todos los perredistas están adoptando esta política, pero hay un segmento que sí lo está haciendo”, comentó a SinEmbargo Omar Velasco Moreno, integrante del colectivo #PosMeSalto que desde el año pasado promueve el libre paso en andenes del Metro capitalino, luego del aumento del pasaje de 3 a 5 pesos. En el caso de Quintana Roo, el lunes pasado, el Congreso estatal de mayoría priista aprobó la llamada Ley de Ordenamiento Social, con la que se pretende restringir y controlar las manifestaciones en el estado. Por ejemplo, prohíbe marchas en vías primarias y condiciona las protestas en las vías públicas. Diversas organizaciones y políticos manifestaron su repudio.
Calificaron de “inconstitucional” la iniciativa elaborada por los priistas quintanarroenses e iniciaron un movimiento público para demostrar su inconformidad. “La iniciativa es evidente represiva totalmente violatorio a derechos humanos”, consideró Velasco Moreno. Mientras que la organización internacional Artículo 19 se pronunció en contra, al considerarla “una clara violación al derecho constitucional de la libertad de expresión”.
Asimismo, Jesús Robles Maloof, abogado y defensor de derechos humanos, dijo que esa legislación es un ejemplo de “la sutileza macabra para reprimir” que ha caracterizado en su historia al Partido Revolucionario Institucional. Por su parte, Héctor Cerezo, integrante del Comité Cerezo, mencionó que “la aprobación en Quintana Roo de la ley que limita las marchas, es una tendencia nacional para criminalizar los derechos humanos de manifestación y de asociación”.
“El diálogo nunca se debe agotar y sobre todo cuando va pasando el tiempo debe existir una agenda de puntos concretos y alcanzar acuerdos directos entre las partes que no generen problemas a terceros y uno de los fundamentos de la negociación es ceder”, consideró el académico de la Universidad Iberoamericana, quien añadió que en el caso de Quintana Roo las cosas están muy relacionadas con el orden social.
En San Luis Potosí, el pasado jueves, el Diputado local panista Alejandro Lozano González, mejor conocido como “Boris”, presentó una iniciativa que plantea expedir la Ley de Manifestaciones Públicas, Libertad de Tránsito y Derechos de Terceros del Estado de San Luis Potosí. De acuerdo con la iniciativa, el Diputado pretende que las manifestaciones sólo se lleven a cabo de lunes a jueves en horarios específicos, de 9:30 a 12:00 y de 15:00 a 18:30 horas.
Además, la ciudadanía que pretende manifestarse deberá pedir permiso al generador de la inconformidad; es decir, al Estado y este decidirá si aprueba o no la manifestación. Las multas para quien no avise previamente por escrito serán de 50 a 100 días de salario mínimo y el arresto de 36 a 72 horas. Posteriormente, el legislador dijo que se trata de una propuesta apegada a los derechos humanos y que busca defender a los miles de potosinos que salen a trabajar diariamente y que en ocasiones se han visto afectados.
Mencionó que esta ley pretende garantizar de forma efectiva el derecho de los potosinos y sus distintas colectividades a manifestar su crítica o exigencia social a las autoridades. Para ello, dispone de un marco normativo que no tiene mayor pretensión que dar orden a las manifestaciones a fin de no entorpecer el tráfico que, en ciudades como la capital del estado o Soledad de Graciano Sánchez, tiene horarios y rutas francamente caóticas en distintos momentos del día.
De acuerdo con el panista, con esta ley se garantiza el derecho de las personas a entrar a sus centros de trabajo, escuelas, comercios o a entidades gubernamentales sin menoscabo de que las personas deseen manifestarse a las afueras de esos lugares.
En esta nueva norma, planteó, se obliga a las corporaciones de seguridad pública a capacitar a sus agentes en protocolos sobre el uso legítimo de la fuerza y a los ciudadanos en general sobre desarrollo de manifestaciones y educación vial y dejo claro que si se realizan de forma pacífica y con un objeto lícito, nadie tiene derecho a impedir el derecho de manifestación pública. Sobre las obligaciones de los manifestantes, dijo que entre ellas se prohíbe emplear violencia en contra de las personas y sus bienes, así como bloquear las vialidades.
Además, aseguró, en las manifestaciones se procurará no llevar a niñas y niños con la finalidad de no poner en riesgo su integridad y para favorecer su asistencia a la escuela. Antes de terminar, el legislador dijo que solicitará a las comisiones dictaminadoras se realicen foros para conocer la opinión de la ciudadanía. La exposición de la iniciativa concluyó y los reclamos comenzaron a disminuir.
Al respecto, el Colectivo Universitarios Libres lanzó una petición a través de la plataforma Change.org donde denuncian que esa ley es una clara violación a los derechos humanos pues limita los actos de protesta y de manifestación. Y, además, el mismo jueves en Oaxaca, el Diputado panista Gerardo García Henestrosa, presentó la propuesta de ley de regulación de marchas ante el pleno del Congreso estatal, con las que busca sancionar aquellos que se movilicen encapuchados o esbozados o cometan daños al patrimonio edificado, con graffitis o pintas elaboradas con espray.
Dijo que la iniciativa contempla instituir un protocolo para resguardar el orden social en las movilizaciones callejeras, incluso evitando o restringiendo por parte de los grupos antimotines el uso de armas letales, bastones, macanas o toletes, además de gas, lacrimógeno o pimienta.
SENSIBILIZACIÓN
La forma en la que fueron reprimidas las manifestaciones del 1 de diciembre de 2012 [1Dmx] durante la toma de protesta del Presidente Enrique Peña Nieto, marcó el parteaguas en la forma en la que se realizan y se intentan controlar las manifestaciones en México.
La infiltración de provocadores que destruyeron todo a su paso, el uso de balas de gomas, las detenciones arbitrarias y las severas golpizas propinadas a los manifestantes provocaron reacciones entre la sociedad civil y grupos defensores de derechos humanos tanto locales como internacionales.
Velasco Moreno expuso que distintas organizaciones civiles están trabajando ya con servidores públicos en distintos estados para que no se criminalice la protesta en sus entidades, ya que la tendencia apunta a sancionar, principalmente, a los jóvenes. Además de los intentos por sancionar las protestas también existe una tendencia a ocultarlas de los medios de comunicación y puso como ejemplo el #PosMeSalto en la capital del país.
“El hostigamiento sigue, ahora que se trasladó la protesta a la línea 12, los policías se creen dueños de ese espacio público; se acercan cada cinco minutos a hostigarnos y decirnos: ¿Quién te esta pagando, quién te paga?… También a los primeros que corren cuando hacemos nuestras manifestaciones son a las cámaras de los medios de comunicación, no las dejan grabar que porque no se puede”.
Fuente: Sin Embargo| La Redacción
“Se busca criminalizar cualquier protesta contra instalaciones petroleras, quizá en previsión de que a futuro serán privadas”, destacó la Senadora perredista Dolores Padierna Luna, en su momento. La iniciativa fue enviada en una primera instancia a la Cámara de Diputados, donde fue eliminado el último párrafo del Artículo 139 del Código Penal Federal, en el que se establecía: “No se considerarán como un acto terrorista las manifestaciones realizadas por grupos sociales en ejercicio de los derechos humanos, sociales o cualquier otro ejercicio derivado de un derecho constitucional”.
Aunque ese párrafo se eliminó, en la exposición de motivos se mantiene como excluyente del delito de terrorismo. El panista Roberto Gil Zuarth, quién defendió el dictamen aprobado un día antes en una sesión a puerta cerrada, dijo que se decidió así para que no se generalice y haya excepción alguna que dé pie a sancionar la protesta social.
En el caso del Distrito Federal, desde diciembre pasado se analiza en la Cámara de Diputados la llamada Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, que ha despertado críticas incluso del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Entre las disposiciones de la iniciativa destacan obligaciones como las siguientes: antes de una manifestación debe avisarse a las autoridades por escrito con 48 horas de antelación; se prohíbe el “bloqueo total” de vialidades primariasy de calles de un solo carril y, además, otorga a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal la facultad de “controlar manifestaciones”.
También impone un horario de entre 11:00 y 18:00 horas para que los actos de inconformidad no afecten el tráfico vehicular y prevé multas para quienes “realicen acciones que alteren el orden público”, entre otras exigencias. Aunque Mancera Espinosa se ha manifestado en contra de esta ley, representantes de grupos sociales que se han expresado en la capital del país afirman que su línea es también reprimir las manifestaciones, al implementar durante las movilizaciones técnicas como “el encapsulamiento”. “Mancera llega como un gobernante sin trabajo político, fuera de una ideología, lo que pasa es que es un tecnócrata que sigue la tendencia de que todo tiene que estar como yo digo.
La ausencia de una ideología lo hace actuar así. Hay que aclarar que no todos los perredistas están adoptando esta política, pero hay un segmento que sí lo está haciendo”, comentó a SinEmbargo Omar Velasco Moreno, integrante del colectivo #PosMeSalto que desde el año pasado promueve el libre paso en andenes del Metro capitalino, luego del aumento del pasaje de 3 a 5 pesos. En el caso de Quintana Roo, el lunes pasado, el Congreso estatal de mayoría priista aprobó la llamada Ley de Ordenamiento Social, con la que se pretende restringir y controlar las manifestaciones en el estado. Por ejemplo, prohíbe marchas en vías primarias y condiciona las protestas en las vías públicas. Diversas organizaciones y políticos manifestaron su repudio.
Calificaron de “inconstitucional” la iniciativa elaborada por los priistas quintanarroenses e iniciaron un movimiento público para demostrar su inconformidad. “La iniciativa es evidente represiva totalmente violatorio a derechos humanos”, consideró Velasco Moreno. Mientras que la organización internacional Artículo 19 se pronunció en contra, al considerarla “una clara violación al derecho constitucional de la libertad de expresión”.
Asimismo, Jesús Robles Maloof, abogado y defensor de derechos humanos, dijo que esa legislación es un ejemplo de “la sutileza macabra para reprimir” que ha caracterizado en su historia al Partido Revolucionario Institucional. Por su parte, Héctor Cerezo, integrante del Comité Cerezo, mencionó que “la aprobación en Quintana Roo de la ley que limita las marchas, es una tendencia nacional para criminalizar los derechos humanos de manifestación y de asociación”.
“El diálogo nunca se debe agotar y sobre todo cuando va pasando el tiempo debe existir una agenda de puntos concretos y alcanzar acuerdos directos entre las partes que no generen problemas a terceros y uno de los fundamentos de la negociación es ceder”, consideró el académico de la Universidad Iberoamericana, quien añadió que en el caso de Quintana Roo las cosas están muy relacionadas con el orden social.
En San Luis Potosí, el pasado jueves, el Diputado local panista Alejandro Lozano González, mejor conocido como “Boris”, presentó una iniciativa que plantea expedir la Ley de Manifestaciones Públicas, Libertad de Tránsito y Derechos de Terceros del Estado de San Luis Potosí. De acuerdo con la iniciativa, el Diputado pretende que las manifestaciones sólo se lleven a cabo de lunes a jueves en horarios específicos, de 9:30 a 12:00 y de 15:00 a 18:30 horas.
Además, la ciudadanía que pretende manifestarse deberá pedir permiso al generador de la inconformidad; es decir, al Estado y este decidirá si aprueba o no la manifestación. Las multas para quien no avise previamente por escrito serán de 50 a 100 días de salario mínimo y el arresto de 36 a 72 horas. Posteriormente, el legislador dijo que se trata de una propuesta apegada a los derechos humanos y que busca defender a los miles de potosinos que salen a trabajar diariamente y que en ocasiones se han visto afectados.
Mencionó que esta ley pretende garantizar de forma efectiva el derecho de los potosinos y sus distintas colectividades a manifestar su crítica o exigencia social a las autoridades. Para ello, dispone de un marco normativo que no tiene mayor pretensión que dar orden a las manifestaciones a fin de no entorpecer el tráfico que, en ciudades como la capital del estado o Soledad de Graciano Sánchez, tiene horarios y rutas francamente caóticas en distintos momentos del día.
De acuerdo con el panista, con esta ley se garantiza el derecho de las personas a entrar a sus centros de trabajo, escuelas, comercios o a entidades gubernamentales sin menoscabo de que las personas deseen manifestarse a las afueras de esos lugares.
En esta nueva norma, planteó, se obliga a las corporaciones de seguridad pública a capacitar a sus agentes en protocolos sobre el uso legítimo de la fuerza y a los ciudadanos en general sobre desarrollo de manifestaciones y educación vial y dejo claro que si se realizan de forma pacífica y con un objeto lícito, nadie tiene derecho a impedir el derecho de manifestación pública. Sobre las obligaciones de los manifestantes, dijo que entre ellas se prohíbe emplear violencia en contra de las personas y sus bienes, así como bloquear las vialidades.
Además, aseguró, en las manifestaciones se procurará no llevar a niñas y niños con la finalidad de no poner en riesgo su integridad y para favorecer su asistencia a la escuela. Antes de terminar, el legislador dijo que solicitará a las comisiones dictaminadoras se realicen foros para conocer la opinión de la ciudadanía. La exposición de la iniciativa concluyó y los reclamos comenzaron a disminuir.
Al respecto, el Colectivo Universitarios Libres lanzó una petición a través de la plataforma Change.org donde denuncian que esa ley es una clara violación a los derechos humanos pues limita los actos de protesta y de manifestación. Y, además, el mismo jueves en Oaxaca, el Diputado panista Gerardo García Henestrosa, presentó la propuesta de ley de regulación de marchas ante el pleno del Congreso estatal, con las que busca sancionar aquellos que se movilicen encapuchados o esbozados o cometan daños al patrimonio edificado, con graffitis o pintas elaboradas con espray.
Dijo que la iniciativa contempla instituir un protocolo para resguardar el orden social en las movilizaciones callejeras, incluso evitando o restringiendo por parte de los grupos antimotines el uso de armas letales, bastones, macanas o toletes, además de gas, lacrimógeno o pimienta.
SENSIBILIZACIÓN
La infiltración de provocadores que destruyeron todo a su paso, el uso de balas de gomas, las detenciones arbitrarias y las severas golpizas propinadas a los manifestantes provocaron reacciones entre la sociedad civil y grupos defensores de derechos humanos tanto locales como internacionales.
Velasco Moreno expuso que distintas organizaciones civiles están trabajando ya con servidores públicos en distintos estados para que no se criminalice la protesta en sus entidades, ya que la tendencia apunta a sancionar, principalmente, a los jóvenes. Además de los intentos por sancionar las protestas también existe una tendencia a ocultarlas de los medios de comunicación y puso como ejemplo el #PosMeSalto en la capital del país.
“El hostigamiento sigue, ahora que se trasladó la protesta a la línea 12, los policías se creen dueños de ese espacio público; se acercan cada cinco minutos a hostigarnos y decirnos: ¿Quién te esta pagando, quién te paga?… También a los primeros que corren cuando hacemos nuestras manifestaciones son a las cámaras de los medios de comunicación, no las dejan grabar que porque no se puede”.
Fuente: Sin Embargo| La Redacción
