El exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
Foto: Benjamin Flores
Torreblanca Galindo reaccionó de esta forma luego de que ayer fue citado a comparecer ante la Contraloría General del Estado (CGE) para solventar observaciones por mil 300 millones ejercidos por la Secretaría de Salud durante su periodo de 2005 a 2011.
Ello debido a que el exsecretario de Salud estatal, Antonio Jaimes Herrera, lo involucró directamente al declarar ante la CGE que fue designado por el exmandatario para fungir como simple figura decorativa y no tuvo facultades para decidir en la parte administrativa.
Al respecto, Torreblanca calificó como absurda y sin fundamento jurídico la acción del gobierno de Aguirre porque fue citado a pesar de que las responsabilidades de cada servidor público están especificadas en la ley y el exsecretario de Salud es el único responsable de lo que sucedió en su área, indicó.
En conferencia de prensa al término de su comparecencia, el exgobernador llamó “desleal” a su excolaborador que lo involucró en este conflicto administrativo que aún no concluye a pesar de que han transcurrido dos años.
Torreblanca consideró que el gobernador Aguirre está utilizando con fines políticos el tema de la solventación de los recursos públicos ejercidos durante su gestión.
Ello debido a que Torreblanca dijo que aspira a contender por la alcaldía de Acapulco y el gobernador Aguirre y el exgobernador Rubén Figueroa pretenden imponer a sus hijos.
Al respecto, el abogado de Torreblanca, Jorge Sodi Patiño, señaló que el citatorio en contra del exmandatario fue “por consigna” y refleja el caciquismo y la ilegalidad que impera en la entidad.
El litigante argumentó que no existe argumento jurídico para citar a comparecer al exmandatario porque su excolaborador presentó dos testigos de oídas para deslindarse de la comprobación de los recursos públicos, observados por el gobierno de Aguirre.
Explicó que el exmandatario estatal es responsable de los actos que le marca la ley y no de las comprobaciones que tienen que hacer sus excolaboradores.
El defensor señaló que el exgobernador se presentó a declarar a la CGE, protegido por un recurso legal denominado suspensión provisional en contra de cualquier orden de aprehensión, llamado en la jerga jurídica como “amparo escopeta”.
“No confiamos en las autoridades de Guerrero porque han demostrado que actúan de manera ilegal anteponiendo lo político a lo legal”, indicó.
Fuente: Proceso| EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
