La explosión sucedida ayer en la Torre de Pemex agrega elementos de preocupación al cuadro, de por sí complicado, del funcionamiento actual de la principal empresa estatal y del muy avanzado proyecto peñista que busca modificar las reglas actuales de operación y abrir puertas a más inversión privada, sobre todo extranjera.
No se trata sólo de un accidente (en caso de que así lo determinen los peritajes correspondientes), sino de una cadena de incidentes similares, en distintas zonas del país (uno de ellos en septiembre del año pasado en el Centro Receptor de Gas de Pemex en Reynosa, con un saldo oficial de 30 muertos y 46 heridos), que dan pie a preguntarse la razón por la cual hay constantes fallas en seguridad y mantenimiento. Uno de los puntos a los que se dirigen constantes críticas es el contratismo practicado por los directivos de la institución, cediendo a empresas particulares la realización de tareas delicadas, en el contexto de la elevada corrupción gubernamental y sindical que se tropieza por encontrar formas de realizar convenios privados que suelen generar comisiones porcentuales importantes, aunque los prestadores de esos servicios diluyan o simulen el cumplimiento de sus obligaciones. Por ello, en momentos como los que se viven actualmente respecto al petróleo, y los energéticos en general, un estallido como el de la Torre de Pemex potencia las especulaciones y añade hollín a los vitrales públicos. Será necesario esperar los resultados de las investigaciones oficiales para determinar si el estallido de ayer fue producto de un accidente o de un acto premeditado.
Las especulaciones, el descreimiento y el sospechosismo provienen en primera instancia de la consolidada falta de confianza de los ciudadanos hacia políticos y autoridades en general. Ayer, por ejemplo, de botepronto, obviamente sin los suficientes elementos técnicos para arriesgar una versión oficial del estallido en Marina Nacional, fuentes de Pemex apuntaron hacia el sobrecalentamiento de un equipo de aire acondicionado. El sindicato petrolero, por su parte, aventuró la tesis de que era un sobrecalentamiento de calderas. En la premura por establecer explicaciones, justificaciones e incluso coartadas, suelen producirse en casos de crisis declaraciones gubernamentales y filtraciones que no tienen sustento, lo que va abonando el camino al menosprecio de los ciudadanos de a pie respecto de esas posturas oficiales y la multiplicación de un sospechosismo social compensatorio que, por ejemplo, considera que se está dañando la estructura nacional de Pemex para justificar y facilitar las tareas de privatización largamente añoradas por el calderonismo y ahora en vías de realización por el pactismo peñista.
Los estallidos físicos en Pemex se han producido mientras avanza la apuesta mayor del sexenio priísta que es la mayor desregulación de la intervención de capitales privados en la operación de Pemex. Durante el primer salinismo se produjo la privatización de Teléfonos de México que construyó la plataforma de enriquecimiento, lo cual desembocó en una medalla mundial en riqueza personal; abrir el negocio de Pemex a una mayor participación privada podría estar rebasando las bienaventuranzas monetarias de aquel primer Carlos&Charlie. Y no sólo en términos de enriquecimientos personales: buena parte del control cupular que el salinismo ha podido sostener se debe a los compromisos e intereses derivados de las privatizaciones que realizó y de los pactos secretos y no escritos que permitieron la repartición del botín nacional y el apoyo a candidatos y proyectos que den continuidad a esos arreglos.
En apariencia, el peñismo está en muy buenas condiciones para intentar una forma de desnacionalización del petróleo. Tiene de su lado a los dirigentes del PAN y el PRD y a camarillas correspondientes a estos partidos, mediante el Pacto por México, que es la mano del gato (en singular) para sacar las castañas de aceite pétreo del fuego político. También a los grandes empresarios y sus medios de comunicación que hacen eco de la campaña gubernamental simplona, la cual cree que negando mil veces una verdad ésta se vuelve mentira: no hay privatización, no se privatizará, etcétera, dice por rutina el licenciado Peña y esa versión se reproduce acríticamente.
A diferencia de lo sucedido durante el calderonismo, no está en buenas condiciones. La oposición cívica a los planes del segundo salinismo para disponer de parte de la riqueza petrolera. La segunda derrota impuesta al candidato de la izquierda electoral ha generado un extendido desánimo por el golpe formal recibido pero, sobre todo, por la manera como fue asestado, con un mercantilismo cínico, con un aprovechamiento ostentoso de la miseria de las mayorías votantes, con un alineamiento impúdico de medios, empresarios, tribunales y opositores. Además, la fuerza del movimiento lopezobradorista se ha concentrado en la construcción de un polémico proyecto partidista que debe ser aceptado y aprobado por los mismos factores que convalidaron los resultados electorales de 2006.
Y, sin embargo, la oposición a la entrega de Pemex sigue creciendo y es probable que supere las diversas trabas y diferencias actuales hasta lograr un frente unido. Más allá de AMLO, Morena, PRD y demás siglas, nombres e intereses, la peligrosidad del proyecto peñista-salinista podría conjuntar a ciudadanos deseosos de impedir tal retroceso histórico. En ese proceso de crecimiento de la oposición a reformas laborales y educativas, de rechazo a la justicia selectiva (Cassez, los generales), de protesta por el golpe dado al SME, de manifestaciones públicas, de descomposición institucional en general, pero en particular en áreas muy significativas como la Suprema Corte, el Ifai, el tribunal electoral y el IFE, los humos de la Torre de Pemex y sus lamentables víctimas (25 muertos, a la hora de cerrar esta columna) llevarán la atención pública hacia otras zonas, en espera de otros estallidos gemelares, los políticos y sociales en defensa de la riqueza petrolera mexicana. ¡Hasta el próximo lunes!
Fuente: La Jornada | Julio Hernández López
