Sería importante saber lo que está haciendo el general colombiano en retiro, Óscar Naranjo, como asesor de Enrique Peña Nieto para asuntos de delincuencia organizada. Luego de su descuidado asomo a la política mexicana durante la pasada campaña presidencial, cuando hizo comentarios que por su calidad de extranjero no le correspondía realizar, Naranjo se ha mantenido personalmente a la sombra, aunque en el escenario nacional han comenzado a aparecer hechos que inevitablemente hacen recordar algunos de sus métodos y preferencias, en especial lo relacionado con los grupos de autodefensa civil que abren paso al paramilitarismo tan fomentado y aprovechado en Colombia por los ocupantes de los poderes político y económico.
Naranjo fue utilizado en momentos electorales por el peñanietismo para enviar una señal de cierto sometimiento a los lineamientos estadunidenses a los que sirve el jefe policiaco sudamericano en mención. Pero, luego de esa presentación aparatosa y de las declaraciones públicas que hizo, el general de la muerte se relegó o lo relegaron, como si tan sólo hubiera sido aprovechado para una coyuntura comicial (pues luego EPN ha practicado un silencioso alejamiento de la órbita gringa, dejando el manejo interno de esos asuntos delicados a operadores o cabilderos locales: homeopatía política) o la densidad de las tareas que le fueron encomendadas obligara a disolver su perfil público.
Otra línea válida de análisis pasa por diferentes planos internacionales. Naranjo es asesor del Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en Washington; miembro del equipo gubernamental de su país que negocia la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en una ruta de diálogo instalada en Oslo y desarrollada en Cuba, con este país y Noruega como garantes y Chile y Venezuela como acompañantes; está postulado para asesor en asuntos de seguridad con Peña Nieto, con presunta residencia en México, y acaba de ser propuesto por el ex presidente colombiano Álvaro Uribe para que sea candidato presidencial en su tierra natal en 2014.
Tanto rejuego internacional ha impedido que Naranjo se consolide como el peligro e incluso la ofensa que las fuerzas armadas mexicanas creyeron encontrarían en un extranjero proestadunidense convertido en poderoso asesor. Miguel Ángel Osorio Chong ha concentrado en sí, para bien o para mal, los hilos de la seguridad nacional y los generales y almirantes mexicanos parecen más entretenidos en pleitos internos (el control de la gendarmería nacional, por ejemplo, que será un disfraz muy mal puesto de la misma presencia verde olivo de años anteriores) que en guerrear políticamente contra el sudamericano que cinco años atrás (el primero de marzo de 2008) fue pieza del modelo de violencia, guerra y muerte que ha dejado profundas huellas en el pueblo de Colombia, según denuncia de la Asociación de Padres y Familiares de Víctimas de Sucumbíos que ha juntado 5 mil firmas para exigir a EPN que no designe al policía extranjero como asesor.
En Sucumbíos, Ecuador, militares colombianos irrumpieron para atacar un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en el que había estudiantes mexicanos, cuatro de los cuales murieron, mientras una sobreviviente, Lucía Morett, resultó herida. Familiares de esos jóvenes consideran que la anunciada designación de Naranjo Trujillo, quien fue director de la Policía Nacional de Colombia, sería aberrante y una afrenta a la memoria de nuestros hijos.
Por lo pronto, el pararrayos de las discusiones sobre la materia ha sido Manuel Mondragón y Kalb, el ex jefe policiaco de la Ciudad de México que Andrés Manuel López Obrador quería para la seguridad pública federal y Peña Nieto habilitó para esas funciones aunque con jaloneos burocrático-legislativos que ya han cesado. El médico y karateca de los focos rojitos hizo profesión de fe peñista el primero de diciembre pasado, en un episodio aún oscuro que mostró inauguralmente los dientes represivos de la policía federal, ya bajo el mando de Mondragón y Kalb, y de la capitalina, que en la práctica continuó bajo sus instrucciones.
Y, sin embargo, el paramilitarismo se mueve. Cierto es que hay razones más que sobradas para que la población indefensa y mancillada se organice por sí misma para enfrentar a los delincuentes que no son combatidos ni vencidos por la fuerza pública, colocada en términos generales al servicio de diversos cárteles (según las regiones y los políticos correspondientes). También es cierto que hay un benévolo intento de comprensión de este fenómeno súbito y creciente, aplicándole una visión idealista que cree llegado el momento de que el pueblo tome el poder en sus manos y haga justicia.
Pero el soltar amarras en lo comunitario y la autodefensa también es una manera de eludir responsabilidades en el timón y frente a la tormenta. Durante el calderonismo se intentaba justificar las masacres aduciendo que se mataban entre ellos y, con esa coartada, la obligación judicial del Estado fue eludida, condenando a los asesinados a la gran fosa común de los daños colaterales o los enfrentamientos entre los malos. Con el paramilitarismo sería peor: habría choques entre presuntos miembros de cárteles antagónicos pero también entre guardias populares y grupos del crimen organizado, con los gobiernos haciéndose a un lado e incluso maniobrando a favor o en contra de determinadas tendencias. ¿El general Naranjo está detrás de este rediseño tan conocido en Colombia? ¿Será designado oficialmente como asesor, lo hará desde las sombras o preferirá regresar electoralmente a su patria? ¿El paramilitarismo está siendo tolerado y promovido desde el poder para justificar acciones represivas?
Y, mientras Lía Limón y Bucareli sostienen que son más de 26 mil los desaparecidos durante el calderonismo y Marcelo Ebrard se asoma en Chiapas mediante una conferencia para asentar que sigue pensando en la presidencia del PRD y en el 2018 (aunque los chuchos, gracias al Pacto, podrían no estar tan de acuerdo), ¡hasta mañana!
Fuente: La Jornada | Julio Hernández López
