sábado, 2 de febrero de 2013

Pemex, una vez más. PGR: sea la que sea. El silencio del Congreso

En plena escalada privatizadora (que no es para privatizar, según la versión oficial) se registra una trágica explosión en el corazón mismo de Petróleos Mexicanos, con un saldo, hasta ahora, de 33 muertos y una centena de heridos. Y ante esta lamentable situación, el gobierno federal pide no especular, aunque acepta no descartar ninguna hipótesis, lo que para efectos prácticos se traduce en que el abanico de posibilidades va desde un atentado terrorista, pasando por el viejo truco de incendios provocados para desaparecer archivos comprometedores sobre la escandalosa corrupción imperante en Pemex, hasta la fortuita conjunción de un corto circuito con una fuga de gas en una caldera en el edificio B-2 del complejo de Marina Nacional.

Bien, pero el problema comienza con esto último, pues donde ocurrió la explosión no hay calderas; es una zona de archivo muerto, de oficinas administrativas (La Jornada, Roberto González Amador y Juan Antonio Zúñiga), de acuerdo con Óscar Álvarez, quien en 1982, como miembro de la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, fue testigo de un incendio provocado (6 de septiembre de 1982, casi al finalizar el sexenio lópezportillista y con Jorge Díaz Serrano en la oficina principal de Pemex) para borrar las huellas de aquel fraude, el de la adquisición de dos buques que provocó terrible quebranto financiero a la paraestatal. Y ese archivo se localizaba en el mismo edificio en que ocurrió la explosión del pasado jueves.

Tampoco es descartable que la falta de mantenimiento en las instalaciones de Marina Nacional, como en tantas otras propiedad de Petróleos Mexicanos, fuera la causante del siniestro, y ello porque es tal la depredación (la legal y la ilegal) existente en la paraestatal, que nada raro sería que los escasos recursos que la Secretaría de Hacienda le deja a Pemex para su funcionamiento ni siquiera alcancen para la más elemental conservación de su patrimonio, en el entendido de que sí se pueden destinar miles de millones de pesos a la misteriosa compra de acciones de Repsol (que resultó en una cuantiosa pérdida para el erario) o a la extraña adquisición de hoteles flotantes en los astilleros gallegos, pero no al mantenimiento de las instalaciones ni a la seguridad de sus trabajadores.

Por el lado de los atentados, los más recientes (cuando menos los reivindicados) se registraron entre el 5 y el 10 de julio de 2007, cuando el EPR se responsabilizó de las ocho cargas explosivas detonadas en los ductos de Petróleos Mexicanos ubicados en Celaya, Salamanca y Valle de Santiago, Guanajuato, y en la válvula de seccionamiento de la casa de válvulas de los ductos de la paraestatal en la comunidad Presa de Bravo, municipio de Corregidora, Querétaro (donde las llamas alcanzaron hasta 300 metros de altura), acciones que, informó en un comunicado, forman parte de una campaña de hostigamiento al gobierno de Felipe Calderón (La Jornada).

Por lo que toca a la privatización que no privatiza (Peña Nieto dixit), que mejor oportunidad que ésta para que los jilgueros insistan en la urgencia de abrir puertas, pues Petróleos Mexicanos no tiene de otra más que recurrir a la salvación de la siempre solidaria inversión privada, dado el descuido total en que se encuentra por falta de recursos, y no por el pillaje de que ha sido objeto, históricamente. Desde luego que para estos efectos nadie recordará la espeluznante ordeña que, por ley, año tras año, día tras día, practica la Secretaría de Hacienda, los recortes presupuestales en las áreas de mantenimiento, los onerosos contratos firmados con trasnacionales amigas, el saqueo institucionalizado de funcionarios y líderes sindicales, y tantas otras gracias que desde hace mucho tiempo mantienen postrada a la gallina de los huevos de oro negro, por muy productiva y rendidora que sea.

Y mientras Enrique Peña Nieto decreta tres días de luto nacional (el país está triste, dijo), aparecen los integrantes del Congreso mexicano para guardar un minuto de silencio en memoria de los muertos en el edifico B-2, lamentando profundamente la tragedia ocurrida en las instalaciones de Petróleos Mexicanos, y pronunciándose por el pronto esclarecimiento de los hechos. Además, hacemos un reconocimiento a los empleados de la paraestatal por la entereza, el coraje inquebrantable y la voluntad para continuar con sus labores.

Desde luego que el de los legisladores no pasa de ser un mero acto simbólico, porque el verdadero silencio lo han guardado durante décadas, al permitir que la primera empresa del país sea despojada, endeudada, desmantelada, que le recorten los recursos, se le asfixie financieramente, sea saqueada institucionalmente y se le deje sin inversión ni mantenimiento, como parte del enfermizo intento de cancelar su futuro como empresa del Estado mexicano y privilegiar al gran capital. Los hacedores de las leyes no han tenido capacidad o ética para corregir las cosas. Por ello, en los hechos, su silencio se ha prolongado por muchísimo más que un minuto, porque durante décadas han permanecido enmudecidos ante el saqueo, ante la otra tragedia de Petróleos Mexicanos. Se agradece su ceremonial, pero más si hubieran actuado a tiempo.

Ya el procurador José Murillo Karam promete una investigación que no deje nada a la imaginación, que permita conocer la verdad, sea la que sea, un accidente, una imprudencia o un atentado, y éste es un compromiso del que no puede zafarse el gobierno federal. Hasta ahora suman 33 los muertos por la explosión en el edificio B-2, más un centenar de heridos, y la mejor forma de honrar su memoria es llegar al fondo del asunto, en todos los sentidos.

Las rebanadas del pastel

Y si de corrupción, saqueo y fraude se trata, el carismático Mariano Rajoy se pinta solo: el presidente del gobierno español, así como algunos miembros de su gabinete y la cúpula del Partido Popular, están presuntamente involucrados en una trama de corrupción, en la que habría desde evasión fiscal hasta sobornos en un periodo de 19 años (1990 a 2009). El que ha decidido matar por hambre a los españoles, “cobró sobresueldos en dinero negro (sin pasar por el fisco), a través de sobres entregados en mano y gracias a una contabilidad opaca que llevaron a cabo los dos gerentes del partido… Ahora se conoció que ese dinero procedía de importantes empresas privadas que comulgaban con el PP y que durante su gestión beneficiaron sus intereses, entre ellas la constructora OHL –con presencia en México, y muy amiga de Marcelo Ebrard y Enrique Peña Nieto–, Sacyr (el socio de Juan José Suárez Coppel, ex de Pemex), Mercadona y FCC Construcción”. La ultraderecha, sinónimo de ultrachanchullos.




Fuente: La Jornada | Carlos Fernández-Vega