Pemex, IMSS y CFE concentran 40 por ciento del total de las compras
Las adquisiciones por parte de las entidades gubernamentales han sido un elemento crítico en la reforma del sector público en México, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al precisar que gran parte de éstas se llevan a cabo en dos sectores clave: salud y energía, que concentran 40 por ciento de todas las compras del gobierno.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son los principales compradores en estos sectores. La OCDE aseguró que el marco jurídico de la adquisición no ofrece los instrumentos necesarios para prevenir y combatir adecuadamente los malos manejos, aunque estos aspectos podrían quedar resueltos gracias a una ley contra la corrupción en las adquisiciones públicas que está en trámite en el Congreso de la Unión. La OCDE destaca que en todo el mundo, las adquisiciones públicas son vulnerables al derroche, el fraude y la corrupción; debido a su complejidad, a la magnitud de los flujos financieros que generan y a la estrecha interacción entre los sectores público y privado.
Recordó que en los años recientes, los sectores de la salud y la energía en México enfrentaron algunos escándalos durante sus procesos de adquisiciones. Por lo mismo, una reforma en la materia para estos sectores, compatible con los Principios de la OCDE para Mejorar la Integridad en las Adquisiciones Públicas, sería de gran ayuda para aumentar la confianza y la credibilidad en tres de las instituciones públicas más importantes del país (Imss, Pemex y CFE).
Por ejemplo, las tres instituciones carecen de una estrategia integral y mecanismos (como señales de alarma) para detectar y prevenir, dentro de la organización o entre los proveedores potenciales, la corrupción, las irregularidades o las prácticas incorrectas que podrían comprometer la integridad y la eficiencia del proceso de adquisición.
El Imss, Pemex y la CFE también podrían mejorar sus procesos de adquisición recurriendo en mayor medida a las compras por vía electrónica. Sin embargo, el nivel de participación de los proveedores es bajo, y los sistemas de información sobre adquisiciones no están todos integrados en el seno de las organizaciones y con el sitio web central de adquisiciones de la Secretaría de la Función Pública, Compranet.
En el reciente estudio Perspectivas OCDE: México, reformas para el cambio, el organismo multilateral alertó: “En PEMEX, 46 por ciento de los contratos siguen adjudicándose sin licitación pública, en contraste con el 15 por ciento en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Los estudios de referencia en las empresas energéticas han permitido calcular que los costos son de 10 a 35 por ciento superiores cuando los contratos se adjudican sin competencia.
Un problema adicional en las adquisiciones del sector energético, añade, reside en la índole altamente descentralizada de Pemex y la CFE. Las compras en la primera son realizadas por cada una de las entidades subsidiarias con independencia casi total. En la segunda, 85 por ciento de las adquisiciones son hechas por las oficinas regionales y solamente 15 por ciento por la oficina central.
La gran concentración de adjudicaciones sin licitar en Pemex, por ejemplo, son una manifestación de abuso de autoridad y franca corrupción, consideró Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, coordinadora del laboratorio de documentación y análisis de la corrupción de la UNAM.
La investigadora añadió que es necesario seguir la norma con la regla de oro que es sacar las licitaciones a concurso.
Por su parte, Carlos Morales Gil, director de Pemex Exploración y Producción (PEP), el organismo subsidiario más importante de Pemex, aseguró que las aseveraciones de las OCDE no tienen un sustento válido, y agregó: a PEP nunca le fue solicitada información por parte de la OCDE para ser analizada.
Además, Morales Gil aseguró que todas las contrataciones que hacemos en Pemex están apegadas a la Ley de obras públicas o a la de Pemex, que son las legislaciones que nos rigen.
Fuente: La Jornada
