-¡Atrévete, Calderón, a cumplir tu amenaza de troglodita! (Autor: Álvaro Cepeda Neri)
No conforme con que su “guerra”, que debería ser sólo contra los delincuentes, la ha llevado también contra todos los mexicanos ajenos a ésta; no conforme con pisotear un lustro el artículo 29 constitucional, al matar a diestra y siniestra, puesto que él, como jefe nato de las Fuerzas Armadas y de la policía federal, ordenó que los efectivos salieran a las calles sin siquiera disminuir los baños de sangre, las violaciones sexuales, asaltos a domicilios (sin orden de cateo) y provocar el desplazamiento de miles de mexicanos a otras entidades e inclusive asilados; no conforme con tener 55 millones de pobres, más de 20 millones sin empleo y 13 millones en el comercio callejero; no conforme con eso y más, el presidente Felipe Calderón demostró de nuevo su autoritarismo de ultraderecha.
En otro arranque autocrático, enfurecido y en complicidad con sus asesores jurídicos (afiliados al derecho natural, pero no al positivo y escrito), pero sin orientación política (porque Alejandro Poiré es sólo un mal policía) en sentido democrático y republicano, ordenó que le redactaran, y publicó en un desplegado una amenaza que lo retrata física y sicológicamente en su pequeñez nazifascista que supera su anterior semejanza con Victoriano Huerta, para actuar como un clon de Adolfo Hitler. Es un panfleto con sus ideas feroces, llenas de odio y venganza, que ni él ni nadie de su grupo firmó, sino como inserción pagada del “gobierno federal”. Pero no es anónimo. Es una andanada sin nombre para intimidar a ¡23 mil ciudadanos!, que suscribieron y presentaron ante la Corte Penal Internacional, en la Haya, Holanda, una denuncia de hechos encuadrados como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La revista Contralínea (20 de noviembre de 2011) y el periódico (atacado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la revista Letras Libres, de Enrique Krauze, con propósitos de censura) La Jornada (26 de noviembre 2011) dieron a conocer el documento que presenta ante la Corte Penal Internacional una síntesis del drama sangriento que sufre México, para que investigue la violencia-pinza de Calderón y los delincuentes contra la nación. Esto enfureció a quien vive escondido en su búnker y cuando se desplaza fuera de éste manda sitiar los lugares (como hizo en Hermosillo, donde sus habitantes padecieron parte del golpe militar), para, rodeado de militares y policías presumir que en el país existe la paz social. Pero el militarismo y la delincuencia organizados hacen del territorio su campo de guerra, para exterminarse entre ellos y generar “daños colaterales”: más de 55 mil homicidios que superan a los muertos en Afganistán, Irak, Libia. Esto hace a Calderón responsable de no resolver el problema y, por tanto, debe rendir cuentas penales en una instancia internacional, dado que el Poder Judicial federal le brinda su apoyo y borró la separación de los poderes, salvo el Senado que se ha comportado republicanamente y la Cámara de Diputados federales, con excepción en ésta, de los panistas y la facción priísta servil a Enrique Peña Nieto.
¿Imputaciones falsas y calumniosas? ¿Democracia vibrante..? ¿Con qué se come eso? No hay exterminio de la población. ¿Entonces qué significan más de 55 mil muertos? Desafortunadamente, indica Calderón, hay actos violatorios de derechos humanos y calla los derechos de los desplazados, de los exiliados, de los “daños colaterales” que son mexicanos privados de la vida porque militares, marinos y policías disparan a tontas y locas. ¿Prevención del delito, cuando son actos sistemáticos de esa otra delincuencia que no tiene empleo? ¿Las imputaciones al gobierno de Calderón son infundadas e improcedentes? ¿Constituyen calumnias y acusaciones temerarias que afectan “terriblemente el buen nombre de México”? ¿Qué alternativas hay para proceder legalmente contra los 23 mil mexicanos que solicitaron la investigación de la Corte Penal? ¡Contra esos mexicanos y los que nos estamos sumando son las tronantes amenazas de un dictadorcillo panista!
Un tal Gerardo Laviaga (que está al frente de una institución penal nacional) asegura ser asesor… ¡jurídico! de Calderón y otros ignorantes de la Constitución y sus leyes reglamentarias, pasan por alto que ésta concede a todos los mexicanos el derecho de demandar a los malos gobernantes. Y al hacerlo ante instancias internacionales, es porque aquí no funciona el juicio político ya que priva la impunidad y no hay manera de exigir cuentas a los funcionarios que abusan del poder.
Los trogloditas, escribió Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu (Cartas persas), son fieros y perversos que no conocen “principio alguno de equidad y justicia”. Con su panfleto, Calderón se ha exhibido como un troglodita. La pizca de demagogia democrática que quedaba en su discurso era una pose carente de una mínima cualidad republicana. Su ultimátum y abuso al estilo de Agusto Pinochet, de Victoriano Huerta y de juntas militares, es una amenaza para llevar a los tribunales a esos 23 mil mexicanos (y a los que nos agregamos a la petición de investigar el abuso militar donde la inseguridad ha triunfado).
Calderón ya enloqueció. Y un individuo desquiciado en el poder no sólo amenazará con su prosa provocadora, sino que, víctima de la ira, ordenará a militares y policías matar y encarcelar al pueblo, e implantar de jure lo que es ya de hecho un golpe de Estado y después un gobierno contrario a la Constitución. La nación sobrevive al golpismo y a la barbarie de la delincuencia organizada, además de que padece un gobierno federal desorganizado. ¿Se atreverá Calderón o dar el último paso? La población sabrá resistir, como históricamente lo hicieron generaciones anteriores contra los conservadores, derechistas, reaccionarios, que ahora se agrupan, mayoritariamente, en el Partido Acción Nacional y han resucitado con Fox y Calderón.
-El exabrupto autoritario (Marcos Chávez)
Tenemos que hacer el máximo esfuerzo para preservar hasta el final [los] derechos que estén más cerca del corazón de la Constitución. ¿Y cuál sería éste? Ese núcleo tiene que ver con las reglas básicas del juego democrático. Derechos como la libertad de expresión ocupan un lugar más que central. Deben ser objeto de una protección especial […] El derecho a criticar a las autoridades en ejercicio del poder merece una protección aún más especial […]. En el núcleo esencial de los derechos de la democracia está el derecho a protesta. No hay democracia sin protesta, sin posibilidad de disentir, de expresar las demandas. Sin protesta la democracia no puede subsistir. Es la base para la preservación de los demás derechos. Si esto falta, todo lo demás puede caer
Roberto Gargarella, Carta abierta sobre la intolerancia. Apuntes sobre derecho y protesta. Sociólogo y profesor de derecho constitucional en las universidades Torcuato di Tella y la Nacional de Buenos Aires
Quizá sea una soberana “insensatez”. Una “burda calumnia, frívola”, como ha sido a priori descalificada desde las trincheras oficiales y por sus publicistas, por los “mexicanos de buena fe” y los “buenos abogados”, como los califica y se autocalifica Javier Lozano (los adjetivos calificativos entrecomillados son de él), postura incluso respaldada por el ignaro de Enrique Peña Nieto. Tal vez la “intentona no prospere” y sea rechazada, acaso porque haya sido elaborada con “ligereza”, erróneamente, por “abogados ignorantes”, por considerarse jurídicamente improcedente o por cualquier otra razón.
Sin embargo, caló hondo la demanda interpuesta ante la Corte Penal Internacional, por el “jurista” Netzaí Sandoval Ballesteros, Loretta Ortiz Ahlf –“a quien alguna vez quise y respeté”– y John Ackerman –“a quien intelectualmente nunca he respetado”–, entre otros, respaldada por más de 24.5 mil “abajo firmantes debidamente adoctrinados”, en contra de Felipe Calderón, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza, Genaro García Luna y Joaquín Guzmán Loera, por delitos de lesa humanidad, ocurridos en el contexto de la “guerra” contra el crimen organizado. Tocó fibras sensibles. ¿Quién puede permanecer indiferente ante una acusación por 470 casos de asesinatos, torturas, desplazamientos forzados o reclutamiento de menores, en un “contexto generalizado de violencia sistemática que ha llevado a México a una crisis humanitaria, con más de 50 mil personas ultimadas, 230 mil desplazados y 10 mil desaparecidos”? Acaso sólo sea el caso del Chapo.
Ello explica la respuesta oficial para rebatir fallidamente las “absurdas imputaciones” en contra de los inculpados y en defensa de las nociones inasibles; “el Buen Nombre de México”, el “daño” ocasionado a las “instituciones”; colmada en descalificaciones “son claramente infundadas e improcedentes”, “verdaderas calumnias, acusaciones temerarias”. Respaldada en “pomposas” autoridades difusas: ¿quiénes son “las voces más autorizadas en la materia”, los “mexicanos buenos”, los “buenos abogados”? Al menos se conocen los nombres de los autores del “bodrio” y los “abajo firmantes”. Saturada de denuestos, destacándose Lozano en los juegos florales, quien resultó mejor injuriador que abogado: “ruindad humana”, “ignorancia jurídica”, “sesudas reflexiones y explicaciones”, “oportunismo político-electoral”, “frívolos”, “ocurrentes”, “destilan rencor con tufo de revancha”. Paupérrima en ideas para tratar de refutar las acusaciones de genocidio y de crímenes de lesa humanidad. Contundente al momento de amenazar a los “iluminados” con demandarlos, aunque luego el gobierno se vio obligado a recular, a desistir en su pretensión y reconocer que el anuncio fue un “error”, de acuerdo con la vocera presidencial, Alejandra Sota.
Quizá después que la Corte, ante el conflicto entre La Jornada y Letras Libres, resolvió que las denuncias relacionadas con ataques al honor, a la moral de otros, son vaporosas, “gozan de una posición preferencial”, en nombre de la libertad de expresión. Acaso porque a los “buenos abogados”, entre las brumas de su arrebato, se dieron cuenta, o alguien más docto y templado les dijo que su demanda carece de sustancia jurídica y que harían otra vez el ridículo (como ha sucedido reiteradamente con la procuradora general de la República, o el consejero jurídico del Ejecutivo federal) y que no pasaría nada merced a la parcialidad de la Corte Penal Internacional.
Los calderonistas se replegaron. Al menos temporalmente. Pero en un país en donde en los últimos años se ha atentado y asesinado a sangre fría a 64 defensores de derechos humanos (Marisela Escobedo, Susana Chávez, Norma Andrade, Nepomuceno Moreno, Trinidad de la Cruz Crisóstomo), a 104 periodistas –de acuerdo con la revista Contralínea– a miles de personas, donde se criminaliza la crítica, la disidencia, la demanda de justicia y democracia, la intimidación oficial acecha como un animal depredador, sediento de sangre, sobre los “ruines” disidentes que se niegan a someterse. “Nosotros somos los señores de la vida y de la muerte”, le dijeron a Adolfo M Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz, cuando estuvo detenido en una de las cárceles de la dictadura militar argentina.
Sin duda, en su cálculo político, los que presentaron la demanda en la Corte tuvieron presente que ésta pueda ser desechada, debido a las limitaciones del derecho internacional y la controvertida reputación del tribunal. De acuerdo con el filósofo italiano Danilo Zolo, en la escala mundial no prevalece la equidad y la imparcialidad en materia de justicia, sino la selectividad y la arbitrariedad, el “doble sistema”. “Una justicia a medida para las grandes potencias y sus autoridades políticas y militares [que] gozan de absoluta impunidad tanto por los crímenes de guerra como por las guerras de agresión de las que fueron responsables en estos últimos años, enmascarándolas como guerras humanitarias para la protección de los derechos humanos o como preventivas contra el ‘terrorismo global’. [Otra] ‘justicia de los vencedores’ [aplicada] a los derrotados, a los débiles y los pueblos oprimidos, con la connivencia de las instituciones internacionales, el silencio encubierto de los juristas académicos, la complicidad de los medios de comunicación y el oportunismo de un gran número de ?organizaciones no gubernamentales’. A las máximas autoridades y los militares de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte], Carla del Ponte, de la Corte Penal Internacional los exoneró, pese los gravísimos crímenes de guerra que cometieron en Serbia, Vojvodina y Kosovo. En cambio, enjuició por las mismas razones a Slobodan Miloševi?, expresidente de la República Federal Yugoslava. Saddam Hussein, fue asesinado por un tribunal especial de Irak, bajo la ‘justicia de los vencedores’, y George W Bush y los militares estadunidenses ni siquiera fueron molestados por el genocidio y la violación a los derechos humanos que cometieron en esa nación” (La justicia de los vencedores. De Núremberg a Bagdad, Trotta, 2007).
No obstante, en países como México, donde reina la impunidad, los poderes Legislativo y Judicial están sometidos al Ejecutivo, y los tres son responsables de los crímenes y las violaciones masivas a los derechos humanos cometidos por los aparatos represivos del Estado: ¿ante quién puede reclamarse justicia, si la Corte con sus decisiones se ha mostrado como otra enemiga de la democracia, su clasismo, sus prejuicios, su ignorancia, su ausencia de argumentos, falta de deseos por renovarse, por convertirse en un contrapeso real de los otros poderes, de ganarse el respeto social como una defensora infranqueable de la Constitución?
La Corte Penal Internacional es una opción cuando una nación no juzga o no puede juzgar esos delitos que, además, considera imprescriptibles, concepto que inquieta a más de un déspota en desgracia nacional e internacional. En ese sentido, es pertinente recordar a Hans Kelsen que escribió en 1944: “En cuanto a la pregunta de qué tribunal debe estar autorizado a juzgar a los criminales de guerra, si nacional o internacional, debe haber poca duda de que uno internacional es mucho más apropiado para esta tarea que una corte nacional, sea civil o militar”. Esa posibilidad, empero, es remota en el caso mexicano.
La ineficacia de los órganos internacionales es manifiesta. Se ilustra con el desdén de los calderonistas ante los dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relacionados con el asesinato de ocho mujeres en un campo de algodón de Ciudad Juárez y la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco.
La obsesiva exigencia de Calderón y de los militares para que el Congreso de la Unión les otorgue la patente de corso, que hasta ahora les ha sido negada, tiene por objeto evitar que en el futuro un gobierno democrático imponga el imperio de las leyes y los someta a juicio por sus transgresiones cometidas con el terrorismo de Estado y la guerra sucia que llevan a cabo en contra del “enemigo interno”. Pero aunque se las confieran, el temor que los inquieta seguirá latente.
El pasado 26 de octubre, el gobierno uruguayo eliminó la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado que les dio impunidad a los militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura de 1973-1985, por lo que se iniciarán los juicios en contra de ellos. El actual comandante en jefe del Ejército uruguayo, el general Pedro Aguerre, expresó: “En respeto a la decisión de la sociedad y a la democracia, el Ejército nacional no aceptará, tolerará o encubrirá a homicidas y delincuentes entre sus filas, [porque] no es una horda, malón o algo similar”. Sobre los militares gravitan más de 300 denuncias por crímenes que cometieron.
¿Escucharemos algún día esas palabras en los militares mexicanos? En 2001, el juez federal argentino Gabriel Cavallo declaró anticonstitucionales las leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987), conocidas como las leyes de la impunidad, así como los indultos concedidos por Carlos Menem (1989-1990), que habían paralizado los juicios en contra de los militares. En 2003, el Congreso las anuló y a partir de 2006 la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos. Tanto en 2010 como en 2011, han sido copiosas las sentencias dictadas en contra de los militares, entre ellos Jorge Rafael Videla, por su responsabilidad en la desaparición de miles de opositores y guerrilleros de izquierda (casi 9 mil de acuerdo con el informe Nunca Más, septiembre de 1984; alrededor de 30 mil, de acuerdo con organismos de derechos humanos). Chile ha vivido un proceso similar.
Quizá el riesgo anterior explique el viraje en el discurso de Calderón, que sustituyó el término “guerra” por el de “lucha por la seguridad pública”. Pero las palabras no se pueden borrar fácilmente. El 5 de diciembre de 2006, dijo a empresarios españoles que trabajaría “para ganar la ?guerra’ a la delincuencia”. El 20 de diciembre de 2007, señaló ante los marinos: “La sociedad reconoce el importante papel de nuestros marinos en la ?guerra’ que mi gobierno encabeza contra la inseguridad; la lealtad y eficacia de las Fuerzas Armadas son una de las armas más poderosas en la guerra”. El 12 de septiembre de 2008, agregó: “En esta ?guerra’ contra la delincuencia, contra los enemigos de México, no habrá tregua ni cuartel”.
En un lenguaje digno de un autócrata calificó a la delincuencia como “una bola de maleantes, una ridícula minoría montada sobre el miedo, la corrupción [y] la cobardía de muchos durante mucho tiempo”. Retador, les dijo a los delincuentes que “aquí se toparon, porque estamos decididos a limpiar México”. A “esa plaga que es el crimen y la delincuencia, estamos decididos a exterminar[la], tómese el tiempo que se tenga que tomar y los recursos que se necesiten”.
El problema es que en su anárquica guerra deexterminio, un remedo de la “guerra contra el mal” bushiana, también aniquila al estado de derecho. Se lleva entre las patas de los aparatos represivos a los derechos humanos, la Constitución, un número incontable de inocentes, asesinados, heridos, vejados, secuestrados, de acuerdo con Human Rights Watch y otros organismos similares.
Los exabruptos de los calderonistas en contra de los “ocurrentes” y los “abajo firmantes adoctrinados” volvieron a mostrar la oreja intolerante, sin límites ni contrapesos legales, que caracteriza a nuestra “democracia vibrante” (Secretaría de Gobernación dixit), de honduras forjadas a rabiosos golpes despóticos. Quisieron arrasar una vez más con los derechos a la libertad de expresión, de disentir, de exigir justicia, de criticar, de protestar socialmente, todos éstos, esencia de la democracia, de las teorías de la justicia, consagrados por la Carta Magna, y que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial los destruyen sistemáticamente y los criminalizan en lugar de protegerlos de las tempestades autoritarias.
-Calderón y la soberanía (Miguel Badillo)
Un hecho que pone en duda la intención de Felipe Calderón de acabar con el crimen organizado es su desinterés y omisión por combatir el delito de lavado de dinero producto de muchos ilícitos. Durante los cinco años que lleva al frente del gobierno federal, son nulos sus resultados para procesar a los blanqueadores de dinero sucio, independientemente que los recursos mal habidos provengan del tráfico de drogas, el secuestro, la trata de personas, los fraudes financieros o hasta de robos.
El caso es que en México prácticamente no hay delincuentes sentenciados por lavar dinero en los circuitos financieros mexicanos, ni tampoco por introducir dinero sucio en sectores estratégicos como el turístico. Mucho menos imaginar que dueños o directores generales de bancos, la mayoría de ellos extranjeros (salvo Banorte, propiedad del priísta Roberto González Barrera), pudieran ser investigados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Procuraduría General de la República, porque las instituciones financieras son utilizadas para blanquear el dinero sucio y financiar actividades criminales.
Sin resultados judiciales en esa área vital para la delincuencia organizada, es comprensible creer que el gobierno federal miente a los mexicanos cuando expresa que le ha declarado la “guerra” al narcotráfico, ya que las finanzas de los cárteles de la droga están intactas. Imaginemos un escenario en donde las bandas delincuenciales no tuvieran dinero para comprar armas, contratar sicarios (mexicanos y extranjeros), sobornar funcionarios, policías y jueces corruptos, comprar las drogas que transportan desde Suramérica o pagar a campesinos por sembrar mariguana. Si se combatiera el lavado de dinero, eso es lo que ocurriría y entonces las autoridades tendrían una oportunidad real para vencer al crimen organizado.
Pero ese vacío abierto por las autoridades mexicanas ha sido llenado por organizaciones policiales de Estados Unidos, como el Departamento del Tesoro; Aduanas; la Agencia Antidrogas (DEA, por su sigla en inglés), la Agencia de Inteligencia Central y la Oficina Federal de Investigación, todas interesadas en los recursos que se blanquean en México, pero muy poco efectivas en el dinero sucio que entra a su país, lo que lo coloca como el principal centro de lavado de dinero del mundo, y en donde se calcula que la cifra rebasa los 100 mil millones de dólares por año.
El caso más reciente, como comentamos la semana pasada, es el de la corrupta Agencia Antidrogas DEA, la cual vino a México a lavar dinero junto con los cárteles del narcotráfico, pues al fin de cuentas aquí nadie investiga ese delito y mucho menos lo persigue.
Es precisamente este tema al que se refirió hace unos días la vocera de Felipe Calderón, Alejandra Sota, quien rechazó que el gobierno mexicano tuviera conocimiento de la operación de lavado de dinero que realizaron en México agentes de la DEA, como parte de una supuesta lucha contra el narcotráfico, según reportó la agencia gubernamental Notimex.
El pasado 11 de diciembre, Alejandra Sota declaró en Washington en el programa Al punto (de la cadena Univisión), que “no sabía el gobierno mexicano [del hecho], y es importante resaltar que hemos iniciado una investigación por parte de la Procuraduría General de la República, para deslindar responsabilidades y en todo caso investigar si es que hubo este involucramiento”.
Antes de eso, el precandidato panista a la Presidencia de la República, Ernesto Cordero, había dicho que se teníaN que investigar esas operaciones encubiertas de la DEA en territorio nacional. Es decir que, como secretario de Hacienda –cargo que ocupó hasta el 9 de septiembre de 2011–, tampoco se enteró de alguna operación conjunta entre autoridades de Estados Unidos y México, con el propósito de combatir el blanqueo de capitales.
Más claro no puede ser que el gobierno de Estados Unidos y sus cuerpos policiales y de inteligencia hacen en México lo que quieren, violan las leyes y la soberanía, sin que alguna autoridad mexicana, aunque fuera Calderón, les exija respeto para el país y la Constitución o por lo menos les reproche su intromisión en actividades delictivas.
Como sabemos fue el diario The New York Times el que reportó que agentes de la DEA han estado lavando y contrabandeando millones de dólares de ganancias de los cárteles mexicanos de las drogas, como parte de una supuesta lucha contra el narcotráfico.
De acuerdo con el diario, en algunos casos agentes de la DEA llegaron a contrabandear de dos a tres cargamentos de dinero a la semana y otros agentes mexicanos, acompañados por estadunidenses, se han hecho pasar por contrabandistas y así recogen el dinero en México.
Cuestionada sobre la supuesta participación de agentes mexicanos en la operación de la DEA, la vocera de Calderón reiteró que “definitivamente es algo que se tiene que investigar, pero de entrada nosotros negamos que haya habido conocimiento por parte de las autoridades mexicanas de una operación de esta naturaleza”.
¿Dónde está el comandante supremo de las Fuerzas Armadas que debe defender al país de cualquier agresión y violación a la soberanía y a la Constitución? Pues anda persiguiendo en México a todo aquel que se atreva a cuestionar su política militarista.
-BAJO RESERVA (Periodistas EL UNIVERSAL)
Vázquez Mota estrenó escolta
EN LA VÍSPERA del inicio de su precampaña en busca de la candidatura presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota estrenó escolta. La ahora precandidata panista es resguardada por militares del Estado Mayor. Originalmente, la seguridad de doña Josefina estaba a cargo de agentes federales.
EN OCTUBRE pasado, la canciller Patricia Espinosa dijo ante sus homólogos de Guatemala y Honduras que México trabajaba para tener en corto plazo un reglamento para la nueva Ley de Migración del país. Hoy, en el marco del Día Internacional del Migrante, ese documento sigue sin existir, y diversas organizaciones como Sin Fronteras, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y hasta funcionarios del sistema de Naciones Unidas advierten de la urgencia para contar con este reglamento y tomar en cuenta a la sociedad civil en su elaboración. ¿Será que este asunto no urge?
CON SÓLO13 meses de retraso parece que ahora sí ya está lista la Estela de Luz, el monumento que fue concebido para celebrar el bicentenario de la Independencia y que estará en el Paseo de la Reforma, muy cerca del Bosque de Chapultepec. El presidente Felipe Calderón presumió ayer en su cuenta de Twitter la colocación del último panel de cuarzo de la estructura que costó casi tres veces más de lo que inicialmente fue presupuestado. Se estimó que se pagarían 393 millones de pesos y finalmente costará a los contribuyentes más de mil millones, además de la estela de irregularidades que dejó a su paso, y sobre las cuales aún tendrán que dar cuentas varios funcionarios públicos.
LOS ESTRATEGAS del priísta Enrique Peña Nieto jugaron a la segura en la preparación del discurso de ayer. Se acercaron a la imagen de Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial asesinado en 1994, con su compromiso de ganar sin votos fuera de la ley. Le escribieron un texto con reiteraciones a la Martin Luther King, en el histórico discurso “Yo tengo un sueño”, o del mismo Colosio, en “Yo veo un México”. Sólo que en el mensaje de Peña Nieto las repeticiones de la frase “Lo que no se me olvida” sonó a acto de penitencia por resbalones recientes. Como se ve, trae la espinita atravesada.
EL JEFE de gobierno del DF, Marcelo Ebrard y el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, se congratulaban el pasado jueves de la buena cooperación en materia ambiental que tienen los gobiernos capitalino y federal. No habían pasado ni cuatro horas de las declaraciones de Ebrard y Elvira cuando la Conagua, dependiente de la Semarnat y dirigida por el panista José Luis Luege Tamargo, emitió un comunicado acusando al gobierno capitalino de cancelar de manera unilateral los diálogos para el cierre del Bordo Poniente. Con lo que ambos funcionarios no contaron es que en la agenda del señor Luege el tema de mayor importancia, por el momento, es el de sus aspiraciones para contender por la titularidad del GDF y que no hay espacios para cordialidades.
-EL DEPORTE DE VIOLAR LA CONSTITUCIÓN(Ricardo Alemán)
Al momento de rendir protesta como diputados federales, los también llamados representantes populares juraron, entre otras cosas, respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen.
Es decir, que los “señores diputados” y las “señoras diputadas” tienen como tarea principal y obligación fundamental velar por el respeto a la Carta Magna y todos los reglamentos y leyes derivados de ese ordenamiento fundamental del Estado mexicano.
Viene a cuento el tema porque los representantes populares de la LXI Legislatura convirtieron la violación constitucional en uno de los “deportes favoritos” de la clase política mexicana. Y es que desde hace más de un año los diputados debieron cumplir la obligación constitucional de seleccionar a tres consejeros del Instituto Federal Electoral, el árbitro central de la contienda comicial federal que se llevará a cabo el 1 de julio de 2012.
Sin embargo, todos y cada uno de los 500 diputados no sólo han incumplido el mandato fundamental para el que fueron llevados —por el voto popular— a la llamada casa del pueblo, sino que, de manera sistemática, y por más de un año, han violado la Constitución. Por eso la pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones de tal violación constitucional?
Según especialistas del tema, la actual Legislatura de la Cámara de Diputados no sólo está en falta por incumplir el mandato constitucional de proponer y aprobar a los tres consejeros que faltan en el IFE. En realidad, la falta en la que han incurrido los diputados y las diputadas federales, convierte a la actual Legislatura en un órgano del Estado mexicano cuyos trabajos y resoluciones se podrían invalidar en un juicio de la materia. ¿Por qué?
Porque, hoy por hoy, los diputados federales están en falta desde que no han cumplido su mandato de elegir a los tres consejeros del IFE. Pero, además, el escándalo trasciende la esfera del trabajo legislativo. ¿Por qué? Porque las responsabilidades de una Legislatura como la actual, en el proceso electoral federal de julio de 2012, son trascendentales.
¿Qué quiere decir eso?
Poca cosa, que la Cámara de Diputados y la actual Legislatura tienen la responsabilidad de velar por el buen funcionamiento del IFE, en el campo de la integración del llamado árbitro electoral.
En otras palabras, que los diputados están obligados a que el Consejo General del Instituto Federal Electoral se integre de manera formal, legal y completa. Y es que, como todos saben, desde la reforma electoral de 2007, el IFE escalonó el recambio de los consejeros. Pues bien, hace un año debieron ser designados los tres que restan para cubrir igual número de vacantes.
Pero resulta que, por distintas razones —todas ellas de carácter caprichosamente político—, los grupos parlamentarios de todos los partidos no lograron llegar a un acuerdo para designar a esos consejeros.
El obstáculo para lograr ese consenso confirma —por si existía alguna duda— que la reforma electoral de 2007 en realidad fue un instrumento para que los partidos políticos pudieran secuestrar al IFE, mediante los instrumentos de la ley. Por eso, esos partidos continúan manteniendo bajo su total control al IFE y, con ello, la elección presidencial.
Pero el asunto va más allá. Y es que, al mantenerse incompletos el IFE y su Consejo General, resulta que una vez que se inició de manera formal la competencia comicial, cualquier ciudadano mexicano puede impugnar la legalidad de ese proceso.
En otras palabras, que en esta mañana, si algún ciudadano quisiera echar abajo el proceso electoral que ya está en marcha, lo puede hacer sin mucho proceso. Pero aún hay más: si en lo que resta de la actual Legislatura los partidos políticos no reconsideran y, al final, no logran designar a los consejeros, cualquier partido, candidato o ciudadano puede impugnar el resultado electoral del 1 de julio de 2012 y con ello echar abajo la elección.
Todo eso, sin tomar en cuenta el desprestigio, el encono social y el desencanto que los electores podrían tener, debido a la irresponsabilidad de los diputados federales quienes, por si hiciera falta, transitan “alegremente” por la ruta de la ilegalidad.
Sin embargo, son muchas las evidencias de que hoy las diputadas y los diputados pudieran llegar a un acuerdo y, por fin, seleccionar a los tres consejeros del IFE que faltan. Aun así, nadie les quita el sambenito de violadores de la Constitución. Al tiempo.
EN EL CAMINO
¡Felicidades a todos..! Por vacaciones, el Itinerario Político deja de publicarse a partir de hoy. Regresa, en los días habituales, el próximo 8 de enero de 2012. ¡Felices fiestas!
-Trascendió
Que el único gobernador priista ausente en el acto de entrega de la constancia como candidato a Enrique Peña Nieto fue el de Veracruz, Javier Duarte.
No obstante su ausencia física, su presencia virtual fue más que notoria, al destapar a través de su cuenta de Twitter el rumor de la presunta muerte del ex presidente Miguel de la Madrid.
Que inclusive más de uno de sus correligionarios dice que estuvo un buen rato pegado al teléfono celular, enviando mensajes a sus homólogos de otros estados para ponerlos al tanto de la noticia que resultó falsa.
Apenas en agosto pasado, a propósito de los tuiteros que perturbaron el orden público en su entidad, Duarte escribió: Con respeto a la libertad de expresión, considero necesario q antes de hacer algo revisen q la fuente de la información sea seria.
Que la explicación sobre lo inmediato de las reacciones de connotados priistas, como la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, o el propio Peña Nieto, sobre la noticia falsa de la muerte de Miguel de la Madrid, se debe a que el mensaje cero llegó al restaurante Puerto Chico, donde comían gobernadores, dirigentes de los sectores y los integrantes del Consejo Ejecutivo Nacional del PRI.
De ahí brincó a sus jefes de prensa... hasta que el presidente Calderón, vía Twitter, frenó el rumor con información de primera mano proveniente del Estado Mayor Presidencial que custodia a De la Madrid Hurtado, así como de los familiares del ex mandatario.
Que el general Audomaro Martínez Zapata, quien será jefe de seguridad de Andrés Manuel López Obrador en la campaña presidencial, al igual que en 2006, ya tiene un pequeño despacho en la oficina de su paisano tabasqueño en la colonia Roma de la Ciudad de México.
Desde la semana pasada, el brigadier ya participa en las reuniones del aspirante presidencial para organizar los detalles de sus giras.
Que a propósito del candidato de las izquierdas, el ex senador Carlos Navarrete llamó a cerrar filas en torno a López Obrador, al anunciar que acompañará al tabasqueño este domingo en su recorrido por las delegaciones Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Álvaro Obregón y Benito Juárez.
Navarrete, uno de los más duros críticos de López Obrador dentro del PRD, tuvo que doblar las manos ante su necesidad de buscar votos y adeptos en su deseo de ser jefe de Gobierno del Distrito Federal.
-FRENTES POLÍTICOS
I.Enrique Peña Nieto utilizó, en su discurso como candidato único por el PRI a la Presidencia, su yerro en la Feria Internacional del Libro, para mencionar que podrá olvidar al autor de un libro, pero no el dolor de las familias que han perdido a sus seres queridos por el ataque impune de los criminales. En la sede nacional del tricolor, al recibir su constancia como candidato solitario, el político mexiquense pidió a sus correligionarios no caer en provocaciones. Él, prometió, no lo hará.
II.Nostálgica. Como en 1967 el Partido Acción Nacional obtuvo en Mérida sus primeros triunfos electorales, será ahí donde este domingo Josefina Vázquez Mota comience su precampaña de proselitismo. Territorio emblemático. En el Monumento a la Patria arrancará su gira nacional. La diputada federal María Dolores del Río Sánchez, coordinadora nacional del equipo de precampaña de Vázquez Mota, adelantó que se llamará a un pacto social para tener por primera vez a una Presidenta.
III.El mismísimo personaje a quien se le cayó el sistema en las elecciones de 1988, Manuel Bartlett, considera ahora que Andrés Manuel López Obrador ganará en las urnas en 2012. Este dinosaurio por supuesto califica al gobierno de Felipe Calderón como nefasto, y en Tabasco adelantó que por eso Acción Nacional perderá la silla presidencial. Por cierto, muy de la mano de AMLO, queda duda, ¿No Manuel Bartlett era priista?, ¿o ya renunció a sus colores y se apoderó de los del camaleón?
IV.El juego de las redes sociales es tan importante como peligroso. En aras de encontrar información inmediata, esta herramienta social se convierte en un caldero de tentaciones. La noticia y la mentira corren a la misma velocidad. Transitó así una información que fue desmentida directamente desde Presidencia. Felipe Calderón tuiteó: “Reitero: el ex presidente Miguel de la Madrid está grave pero no ha fallecido. He corroborado lo anterior con el Estado Mayor Presidencial”.
V.Aunque usted no lo crea, en México nadie sabe qué destino tienen aquellos policías que no pasaron el examen de confianza. Esos no aptos para pertenecer a cuerpo policiaco alguno, pueden hacer lo que se les venga en gana, porque nadie se encarga de dar seguimiento a sus pasos. Durante el Consejo Nacional de Seguridad, María Elena Morera de Galindo, de la organización Causa Común, dijo que ya es tiempo de poner un hasta aquí a la situación. ¿Predica en el desierto?
VI.A más de 33 mil elementos de los cuerpos de seguridad en todo el país, se les aplicarán las pruebas toxicológicas, médicas, sicológicas, socioeconómicas y poligráficas, informó el titular de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré. Habrá crisis policiaca. Se estima que de 150 mil aspirantes, sesenta por ciento no será apto. Y lo peor, en las próximas semanas 135 mil policías no pasarán la prueba del polígrafo, presagió Marcelo Ebrard.
-TEMPLO MAYOR (F. Bartolomé)
MUY CONTENTOS y hasta bronceados andan en estos días los líderes de las diferentes secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
RESULTA que su jefa, la profesora Elba Esther Gordillo, les regaló un viaje en crucero por el Caribe.
Y SEGURO que se la pasaron muuuy mal, pues la travesía incluyó una estancia en la paradisiaca St. John, una de las Islas Vírgenes donde se ubica la famosa Trunk Bay, considerada como una de las 10 mejores playas del mundo por la revista Condé Nast Traveler.
SEGURO que los líderes de los maestros del país aceptaron ese regalo nada más para perfeccionar sus conocimientos sobre geografía y sobre libre comercio... pues ese destino también es conocido por ser uno de los favoritos para hacer shopping en el Caribe.
¡AAARRANCAN!
LOS TRES precandidatos del PAN a la Presidencia terminan sus pre-precampañas y comienzan, ahora sí formalmente, con la precampaña en la que tendrán acceso a medios electrónicos y podrán pedir abiertamente el voto de militantes y adherentes.
LOS MUY FIJADOS afirman que los sitios elegidos por cada uno de ellos son muy reveladores de la apuesta que están haciendo.
EN EL CASO de Santiago Creel, el punto de inicio es el Parque Naucalli en Naucalpan, Estado de México, con lo que deja en claro que buscará la mayoría de sus votos en las grandes concentraciones urbanas, principalmente en el Valle de México.
EN CAMBIO, Ernesto Cordero comienza en La Piedad, Michoacán, en un acto para recordar al asesinado alcalde de esa población, Ricardo Guzmán, evidenciando nuevamente que su proyecto es el más cercano al de Felipe Calderón y que pretende darle continuidad a la guerra contra el narco.
FINALMENTE, Josefina Vázquez Mota iniciará a las 0:01 en el Ángel de la Independencia y luego se irá a Mérida, lo que es interpretado como una estrategia para sumar adeptos en las capitales de los estados que son tradicionalmente panistas.
YA SE VERÁ en febrero próximo a quién le salió mejor la jugada
LA CENA con motivo de fin de año que organizó Marcelo Ebrard se convirtió en una especie de popularómetro con miras a las sucesión en el DF.
DE ENTRE los suspirantes perredistas, los menos ruidosos fueron el titular del Trabajo, Benito Mirón, y la de Desarrollo Económico, Laura Velázquez, ambos bejaranistas de hueso colorado.
EN CAMBIO, los de ánimo más festivo eran Mario Delgado, secretario de Educación, y Miguel Ángel Mancera, procurador capitalino, a quienes los aplausos y abrazos les llovieron de a montones.
Y NO pasaron desapercibidas dos ausencias: la del ex titular de Desarrollo Social, Martí Batres, quien fue corrido de fea manera por Ebrard, y la de la ex consentida del jefe de Gobierno, Alejandra Barrales, quien cayó de su gracia desde hace varios meses.
QUEDA claro que muchos son los llamados y sólo uno será el elegido.
TANTO panistas como perredistas de Morelos andan lo que sigue de molestos con el Instituto Electoral de la entidad que preside Óscar Granat.
LOS CONSEJEROS decidieron no sancionar como actos anticipados de campaña las acciones de la agrupación Morelos Merece Ganar, que -vaya coincidencia- tiene las mismas iniciales que el ex edil priista de Cuernavaca Manuel Martínez Garrigós y que llenó la entidad de propaganda con esas tres letritas.
NI DUDA cabe: no hay peor ciego... ¡que el que no quiere oír!
-GOBIERNO ACABADO (Aurelio Ramos Méndez)
Desmantelamiento.-
El tránsito de sus escuderos más aguerridos y confiables del gabinete a la antesala del Congreso, es el indicio más claro de que el gobierno del presidente Felipe Calderón, en los hechos, está acabado. Y que ha iniciado la estrategia en busca de retiro protegido y sin sobresaltos rumbo al ostracismo.
Las remociones de Javier Lozano, Roberto Gil y Salvador Vega delatan el interés del líder del presente gobierno de incrustar en el Poder Legislativo incondicionales capaces de garantizarle —y, en ciertos casos, garantizarse—inmunidad después del 30 de noviembre de 2012.
La promoción, contra viento y marea y con desembozada condición de delfín, de Ernesto Cordero a la candidatura presidencial del PAN, y de Josefina Vázquez Mota como plan B, fue la primera y tempranera señal del carácter prioritario que para el grupo gobernante revista la protección jurídica y política transexenal.
Lo siguiente —lo veremos después del 1 de julio próximo— será la negociación con el nuevo gobierno de posiciones clave dentro de la administración federal. Por ejemplo la PGR, desde donde se puede ejercer control sobre el largo brazo de la justicia.
El 1 de diciembre pasado, desde Ocampo, Durango, Calderón ofreció a los mexicanos que el sexto y último año de su gobierno “va ser el del cierre y el fuerte”. Se oyó bien, pero fue mendaz. Porque si bien formalmente le falta un año para el fin de su mandato, en la realidad empezó a doblar la cuesta desde hace varios meses.
El tiempo que le queda en el cargo, el Presidente podrá continuar con la parafernalia y los protocolos del poder: las multitudes de acarreados, las zalamerías de los colaboradores, el asfixiante cerco del Estado Mayor cebado en oro, las vallas metálicas, el TP01 a su disposición, los convoyes militares, la flota de helicópteros, las camionetas color arena, y por supuesto el enjambre de periodistas, los reflectores, los micrófonos, las cámaras de televisión… Será el suyo, sin embargo, un poder disminuido.
El punto número uno en el orden de prioridades del Jefe del Estado no será ya gobernar bien ni mal, sino colocar el mayor número de piezas posible en el engranaje de la transición y perfilar un retiro sin contratiempos. ¿Un retiro adónde? Nadie, quizá ni él mismo lo sabe todavía. La nómina de los organismos multilaterales puede ser un buen refugio en su circunstancia, si se tienen —como es su caso— agradecidos padrinos allende el Bravo.
No es descabellado imaginar por ahora al Presidente mexicano siguiendo en forma cotidiana y con atención las vicisitudes de su arquetipo Álvaro Uribe Vélez. El colombiano tenía al final de su mandato envidiables porcentajes de aceptación popular y hasta logró heredarle la silla a Juan Manuel Santos, su ministro de Defensa y brazo derecho en la sangrienta política de seguridad.
El gusto le duró menos que un suspiro al modelo del michoacano. Aún no acababa de doblar la esquina tras su salida del gobierno cuando afloraron las atrocidades de la política de seguridad y se conoció la corrupción que carcomió hasta la médula las instituciones públicas durante sus dos períodos de gobierno.
A pesar de la deuda de gratitud de Santos con su ex jefe, no pudo resistir las presiones sociales y el bravucón ex mandatario se halla hoy convertido en un político no sólo sin popularidad sino aun detestado, aniquilado electoralmente y acosado por la justicia.
Tiene motivos de sobra el ocupante de Los Pinos para poner sus barbas en remojo mirando a Colombia. No sólo por las sorprendentes similitudes entre la azarosa realidad social y política mexicana y la de ese entrañable país sudamericano, sino por el triste destino de otro de sus amigos, su ex compañero en Harvard, Samuel Moreno, de reciente tránsito de la alcaldía de Bogotá a la cárcel, acusado de corrupción.
El equipo del segundo panista al bat en la conducción del país ha empezado a ser desmantelado. Pero no por necesidad de colocar a sus mejores hombres en ámbitos desde donde puedan, legítimamente, darle continuidad de un proyecto de desarrollo nacional. Domina en la jugada la previsión de defensa en instancias legislativas, judiciales, administrativas y penales. A causa, sobre todo, de los abusos cometidos en la guerra contra la delincuencia, que ya va en la escalofriante cifra de 60 mil muertos.
Lozano, priista de toda la vida, es con mucho el mejor escudero del calderonismo. Deja la Secretaría del Trabajo con un extenso prontuario de pendientes. Del desempleo galopante a la quiebra de Mexicana de Aviación, pasando por el persistente conflicto de Luz y Fuerza y la veleidosa reforma laboral. No importa. La prioridad es hacerse de un escaño, patente de impunidad personal y espacio para defender al jefe.
Vega Casillas, de paso pusilánime por la contraloría del gobierno y miope frente a la corrupción que brota literalmente hasta en su casa —al menos eso afirma el diputado Pablo Escudero—, también busca ser senador. Cuesta trabajo imaginar que este oscuro funcionario pueda aspirar a hacer algún leve aporte ideológico a la Cámara alta. Su interés más bien se agota en adquirir fuero para ponerse a salvo de la ley y seguir fungiendo de tapadera.
Gil es el talentoso amigo del alma de Calderón, quien no pudo sin embargo convertirse en líder del PAN. Acabó recalando en la secretaría particular que ahora abandona para cederle el paso a un compadre del mandamás, Tarcisio Rodríguez. Gil parte a cumplir su destino de echar discursos en el Congreso para tratar de defender lo indefendible.
El gabinete ha sido diezmado. Las piezas de recambio —Rosalinda Vélez en Trabajo, Rafael Morgan en la Función Pública— no alcanzarán siquiera a arraigar su nombre en la opinión pública antes de que termine formalmente el sexenio. Es lo de menos. Gobernar ha dejado de ser lo más importante.
Lo poco que a partir de ahora pueda lograrse será más por decisión y conveniencia de otros protagonistas de la vida pública que del Jefe del Ejecutivo, cercano ya a terminar su suplicio. Gobernar —ya se sabe— ha sido para él como estar en el infierno.
Con candor que conmueve Calderón imaginó que gobernar era tejer y cantar; pero en las postrimerías de su mandato alucina con todas las calamidades del mundo abatiéndose sobre su régimen. No hay tal. El azar ha sido benévolo con el michoacano.
La luz verde del Congreso, esta semana, a la Ley de Asociaciones Público Privadas, por ejemplo, le ha permitido al mandatario ya con el sol a la espalda, hacerle al sector privado uno de sus últimos regalazos. En pago, es obvio, a su respaldo electoral en 2006. Eso explica la exultante alegría del presidente del CCE, Mario Sánchez Ruiz, quien se frota las manos ante la perspectiva de invertir —según afirma— una bolsa de ¡300 mil millones de pesos! en obras de infraestructura pública.
¡Quien dijo miedo, si ya va la avanzada de defensores rumbo a los escaños y curules!
