La estrategia del gobierno federal espurio es cerrar las plantas públicas y autorizar la apertura de las privadas
La CFE se niega a hablar sobre el tema y pone obstáculos a los reporteros del POR ESTO!
“Deje sus datos y luego le hablamos”
La estrategia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de reducir la participación del gobierno en la generación de energía eléctrica, para que el sector privado tenga cada vez más participación, continúa sin freno a pesar de las críticas de amplios sectores, según se evidencia con el cierre de plantas en la Península.
Aparte de la polémica que genera esa estrategia, sobre la que se puede encontrar amplia información en internet, un hecho cada vez más evidente es que a la paraestatal no le interesa discutir el tema, y ninguno de sus funcionarios acepta hablar al respecto. La División Peninsular no es la excepción, con una cerrazón informativa que data de años.
Como informamos ayer, por viejas y costosas, la CFE cerró dos unidades de la termoeléctrica Felipe Carrillo Puerto-Valladolid, de manera que ahora el abasto estará a cargo de generadoras privadas, según información que la paraestatal tiene en internet.
El cierre de unidades generadoras en la Península comenzó el año pasado, cuando se dejó de operar la Planta Nachi Cocom II, una termoeléctrica convencional con dos unidades. En noviembre de ese mismo año se suspendió la operación de una unidad en Lerma, Campeche, y este año pararon las otras cuatro unidades de esa planta ubicada a unos cuatro kilómetros de la capital campechana.
Según el documento elaborado por la CFE y que se titula “Programas de obras de inversión del sector eléctrico 2011-2025”, la capacidad de generación efectiva a diciembre de 2009 ascendía a 2 mil 303 megawatts, de los cuales el 54.7% correspondían a centrales bajo el esquema de producción independiente”. En otras palabras, más de la mitad de la energía eléctrica con que cuenta el país es generada por empresas de capital privado.
El gobierno federal mantiene desde hace décadas el monopolio de la producción y distribución de energía en el país mediante dos gigantes que han sido siempre objeto de críticas y centro de escándalos de corrupción: Pemex y CFE.
La polémica en torno a si debe privatizarse la generación y distribución de electricidad es tan antigua como amplia. Uno de los argumentos más relevantes en contra lo dio en 2002 el entonces gobernador de Durango, Ángel Sergio Guerrero Mier, quien advirtió que abrir en forma indiscriminada la generación, comercialización y transmisión de energía eléctrica al sector privado traería perjuicios y daría lugar a dos mercados: el de los pobres y los ricos. Consideró entonces que lo mejor sería aplicar un sistema combinado similar al que opera en distintos países europeos y entidades de Estados Unidos.
Otro punto preocupante lo expuso en marzo del año pasado el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, quien denunció que la CFE entrega al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), que dirige Víctor Fuentes del Villar, montos equivalentes a 2% de cada contrato que firma con las empresas “contratistas”, con la finalidad de que deje operar a estas compañías y se fomente la privatización.
Se trata de una “compensación monetaria” a ese sindicato por aceptar la privatización del sector eléctrico en el país, añadió el dirigente, cuyas declaraciones es necesario matizar señalando que su sindicato se quedó sin empresa con la desaparición de la criticada Luz y Fuerza del Centro, cuya desaparición, ordenada tras años de números rojos, corrupción y exageradas prebendas de los sindicalizados, fue ordenada por el gobierno federal, lo que generó un cúmulo de protestas que hasta la fecha no se apagan.
El análisis del escabroso tema de la privatización, que se puso en evidencia con la citada nota de ayer en este periódico, no es del agrado de los funcionarios de la CFE, como se hizo evidente ayer, cuando los reporteros acudieron a las oficinas peninsulares de la paraestatal, en Prolongación de Montejo, para tratar de dar seguimiento al tema.
Como ha hecho siempre, la encargada de Comunicación Social, Laura Estrada Loría, puso obstáculos para entrevistar a algún funcionario, y se limitó a enviar a un muchacho ayudante suyo para pedirle al reportero “que deje sus datos y luego le hablamos”.
Fuente: Por Esto!
