Felipe Calderón se va tal como llegó: “Sin resolver el conflicto de la región carbonífera, donde siguen muriendo trabajadores, algunos menores de edad. Lo más grave es que terminará su sexenio sin responder a las violaciones que reconoció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recientemente”, manifestó el sacerdote jesuita Carlos Rodríguez ante deudos de los 64 mineros muertos en Pasta de Conchos, así como representantes de los trabajadores de Mexicana de Aviación y de otros gremios.
Durante la celebración de una misa en memoria de los mineros fallecidos hace casi seis años en los yacimientos de carbón del estado de Coahuila, afuera de los modernos edificios de Grupo México en Polanco, el también coordinador del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), destacó que pese a que el ex secretario de Gobernación, Francisco Blake, recibió de parte de los expertos de Pasta de Conchos la confirmación de que se podrían rescatar los cuerpos de los mineros, el gobierno de Calderón optó por ignorar la demanda hecha a principios de su sexenio.
El sacerdote jesuita lamentó además que el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, a unos días de dejar el cargo, visitara a los propietarios de Grupo México para decir que “todo estaba bien” en la región carbonífera, cuando persiste la contratación de niños en condiciones ilegales e irregulares, por tratarse de minas abandonadas y que carecen de permisos de explotación, de condiciones de seguridad, de protección jurídica y a la salud, de educación, así como otros derecho elemental: la libertad de trabajo.
“Este año –dijo Rodríguez– ha sido de mucho conflicto para la región carbonífera, pues se registran 30 defunciones de mineros, sobre todo en los pocitos, y es muy negativo que el entonces secretario de Trabajo se haya ido sin haber resuelto la situación, antes bien el último acto de su gestión fue ir a la región para decir que todo estaba perfecto.”
Cuestionó la falta de sensibilidad de Calderón, quien “no ha hecho nada frente a la escalada de muertes. Tanto así que persiste la impunidad desde hace casi 6 años, además que nunca recibió a los mineros y sus familias”, pese a que es obligación del representante del Estado mexicano dar una “respuesta integral” para detener estas violaciones a los derechos elementales de las personas.
Rodríguez enfatizó que los que detentan las concesiones mineras de carbón se enriquecen y los que sacan el material de las profundidades, viven de manera indigna.
Durante la misa, también oficiada por el sacerdote Jesús Ramos, recordaron el informe especial elaborado por la CNDH sobre las condiciones de inseguridad en la región carbonífera, donde se señala la falta de una política pública que resuelva el problema. “El informe de la CNDH avala que no hay estado de derecho en esa región”.
Fuente: La Jornada
