Un alto funcionario de Hacienda es acusado de haber falsificado documentos y manipulado sellos, con el objetivo de avalar el registro de un préstamo para Coahuila con Bancomer por 550 millones de pesos .
Desde el interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se falsificaron documentos y se alteraron sellos oficiales para apoyar la gestión de un crédito por 550 millones de pesos para el gobierno de Coahuila y simular que se había registrado apropiadamente ante el gobierno federal.
La denuncia, presentada el 1 de noviembre pasado por la Procuraduría Fiscal de la Federación ante la Procuraduría General de la República, advierte que en la contratación irregular de ese pasivo participaron funcionarios estatales, pero “principalmente” un alto funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Jaime René Jiménez Flores, entonces director de Deuda Pública de Entidades y Municipios, de la Unidad de Coordinación con Entidades y Municipios de la SHCP, habría falsificado documentos y manipulado sellos, manejando a su discreción registros de deuda y utilizando “ilícitamente” información privilegiada. Sin embargo, en la denuncia no se tienen claros los motivos por los cuales hizo tales movimientos ni el destino de los recursos.
La denuncia firmada por el procurador fiscal Javier Laynez Potisek, de la que EL UNIVERSAL tiene copia, apunta que los actos de Jiménez Flores fueron con el objetivo de avalar el registro de un préstamo para Coahuila con Bancomer por 550 millones de pesos, sin que existiera un expediente y utilizando el registro de un préstamo para un municipio de San Luis Potosí.
Separan de su cargo a funcionario
Información de la SHCP apunta que Jiménez Flores fue llamado ante el órgano interno de control y separado de su cargo. Hoy, su plaza con un sueldo de 94 mil pesos mensuales está vacante y en su domicilio de Lomas Verdes, en Naucalpan, Estado de México, aparentemente no hay nadie.
Coahuila solicitó el préstamo a Bancomer con base en lo aprobado por la Legislatura local en 2009, pero de la investigación de la Procuraduría Fiscal se desprende que Jiménez Flores utilizó “ilícitamente” información confidencial que tenía a disposición por su cargo y empleo para simular su registro.
Dicha información usada por Jiménez Flores a su favor, consiste en los datos con que debió contar el documento para avalar la deuda y, con ello, que el gobierno federal realizara las retenciones para entregarlas a su vez a Bancomer: “Tales como el número de oficio, el formato utilizado en el trámite regular de un registro de tal naturaleza, la información necesaria para emitir el mismo, los datos del crédito que aparentemente se registraba, tales como el deudor directo, deudor solidario, acreedor y monto del crédito, y los datos de la autorización de la Legislatura local con los que, en su caso, habría sido autorizado el citado crédito”.
Expediente “fantasma”
El funcionario integró un expediente “fantasma” del cual sólo tenía un número de folio, pero que al ser revisado por solicitud de control de Bancomer, como parte del proceso de certificación del préstamo, se constató que el folio correspondió a la solicitud de deuda para el municipio de Tamasopo, San Luis Potosí, por 11 millones 611 mil pesos.
La denuncia agrega que en un oficio enviado a la Secretaría de Finanzas de Coahuila para avalar el préstamo con Bancomer, la información que asentó ahí Jiménez Flores “carece de veracidad, toda vez que el contenido y datos asentados en dicho documento no corresponden con la información que obra en los registros de la SHCP”. Adelante agrega: “En la copia del contrato de apertura de crédito simple del 2 de septiembre de 2010, obran dos sellos, uno de los cuales corresponde a la SHCP, del que se advierte la falsedad del número de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas”.
Subraya que en ese sello se aprecia el nombre de “ME Jaime René Jiménez Flores”, así como una firma, “toda vez que de acuerdo con los archivos de esta Secretaría no existen antecedentes de dicho sello en documento alguno que contenga los datos que se encuentran plasmados en él, ya que, como se indicó, el número de registro en realidad corresponde a un crédito a favor del municipio de Tamasopo, en el estado de San Luis Potosí”.
Informan sobre posibles ilícitos
Así pues, el 6 de septiembre de 2011, el director general adjunto de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, Sergio González Treviño, informó a la Procuraduría Fiscal de la Federación sobre hechos posiblemente constitutivos de delito.
Apunta que el 9 de agosto de 2011, el empleado de Bancomer, Alfredo Origel Coutiño, pidió a Carlos Raúl León Gómez, subdirector de Análisis de Deuda de Gobiernos Locales de la Dirección General Adjunta de Planeación, Financiamiento y Vinculación con Entidades Federativas de la SHCP, saber sobre los trámites de Coahuila ante la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría.
El empleado de Bancomer envió copia simple del registro de Obligaciones y Empréstitos 384/2010, con número de oficio 351-A-PFV-3-519, relativo al contrato de apertura del crédito simple de 2 de septiembre de 2010 con Bancomer por 550 millones de pesos, con garantía de participaciones federales pagadero a 15 años.
El funcionario de Hacienda, León Gómez, se entrevistó con Jorge Enrique Martínez Velasco, empleado de la Dirección de Deuda Pública de la SHCP, a quien le cuestionó sobre la existencia de dichos documentos. Se buscaron en los archivos sin localizar registro alguno.
Al consultar, a través del registro 384/2010, se encontró un documento distinto: con fecha de registro del 11 de noviembre de 2010, relativo al contrato de apertura de crédito simple donde aparece como deudor el municipio de Tamasopo, San Luis Potosí, y como acreedor Banobras por la cantidad de 11 millones 611 mil 999 pesos. Se presentó una Acta Circunstanciada.
La denuncia de la Procuraduría Fiscal ante la PGR concluye: “En efecto, resulta evidente que la finalidad de obtención del crédito ante la institución de banca, implicó que premeditadamente se concibiese y elaborase el registro apócrifo, para posteriormente, en otro orden de ejecución de conductas, se presentará ante el banco para obtener el crédito”.
Sólo se pide a la PGR que del gobierno de Coahuila se cite a comparecer a Javier Villarreal, ex titular del Sistema de Administración Tributaria de esa entidad, quien ya está bajo proceso penal y al mismo tiempo se llame a Jiménez Flores por su participación.
Fuente: El Universal
