El combate al crimen organizado exigió a la Administración de Enrique Peña Nieto incrementar en 50 por ciento el despliegue de soldados en tareas de vigilancia.
Al inicio de su gestión Peña indicó que disminuiría el número de elementos del Ejército para evitar exponer a las fuerzas armadas y federales a las confrontaciones con grupos armados.
En su política de seguridad anunció que se daría prioridad a la inteligencia y a detener a 122 blancos del crimen organizado (de los cuales se han detenido o abatido a 106).
Ante esta directriz, el sexenio priista redujo los 49 mil 650 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que se encontraban en operaciones anticrimen en 2012 a 34 mil 529 efectivos en 2013, una reducción inmediata del 30 por ciento de tropas.
El promedio de soldados se mantuvo en los años subsecuentes: en 2014 y 2015 con 35 mil 636 y 37 mil 142 elementos, respectivamente.
Sin embargo, desde 2016, el año más violento reportado en la actual Administración, el número de efectivos se incrementó a 51 mil 994 soldados, casi los mismos utilizados por Felipe Calderón en 2011 (52 mil 690) en el apogeo de la guerra contra el narco.
Para este primer trimestre de 2017 la cifra se mantiene, adelantaron fuentes de la Defensa Nacional.
De acuerdo con cifras oficiales de la Sedena, las Regiones Militares de los Estados de Morelos, Baja California, Colima, Jalisco, Nayarit, Guerrero, Veracruz, Puebla, Tabasco, Chiapas y Chihuahua, han sido de las que más han necesitado un mayor número de efectivos, ante los repuntes de violencia.
REFORMA dio a conocer que este año inició con una violencia inusitada.
Se trata del inicio del año más violento de la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto y confirma la tendencia al alza en los homicidios vinculados a delincuencia organizada que se registra desde finales de 2015.
Un total de 832 personas fueron asesinadas en 197 Municipios y Delegaciones de 25 Estados y la Ciudad de México en los primeros 31 días del año; es decir, 26.8 homicidios al día, indican los datos recabados con base en información de autoridades estatales y medios locales.
Las operaciones militares en contra del crimen organizado ocurren en medio de un debate en el Congreso de la Unión sobre el papel de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior.
Al exponer sus iniciativas de ley, senadores y diputados coincidieron en que es indispensable que los elementos castrenses tengan un marco normativo, aunque hubo diferencias sobre su actual presencia en las calles.
El consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, quien participó en la apertura de trabajos en el Senado, estimó que es necesario regular la intervención del Ejército en la lucha contra el crimen organizado.
Fuente: Reforma
