- La rechazo de la SCJN no es un golpe mortal; queda la posibilidad de la queja
- En la decisión de la Corte hay factores más allá de la ley; el derecho no está libre de presiones
Las protestas contra el gasolinazo siguen en distintas ciudades de la República y para el jurista Raúl Carrancá y Rivas, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los ciudadanos aún pueden ampararse contra el incremento en las gasolinas a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que sean los juzgados de distrito en materia administrativa los que revisen los recursos.
Con más de 60 años de actividad docente, Carrancá y Rivas, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de la Asociación Internacional de Derecho Penal, es uno de los abogados firmantes de los primeros 12 amparos presentados el lunes 16 de enero ante el juzgado 15 en materia administrativa.
Y criticó la negativa de la SCJN de no revisar los requerimientos: Es una resolución que obedece al criterio del Poder Judicial. Varios magistrados de circuito se lavaron las manos. Sus razones son totalmente infundadas, porque no hay razón para no admitir un amparo. No veo ningún impedimento, dijo en entrevista con La Jornada.
La lucha sigue
A pesar de la negativa de la SCJN, Carrancá y Rivas asegura que la decisión de los magistrados no significa un golpe mortal: Desde luego queda abierta la puerta de una impugnación a nivel de queja. No estamos de acuerdo con esa negativa de la autoridad judicial federal y tampoco le afecta a los amparos, no es un golpe mortal. Es una negativa y se abre la puerta, porque así la ley nos lo permite, de irnos a la llamada queja.
La queja será presentada en las próximas horas: Yo no entiendo en qué se apoyan para la negativa. Razonaremos más amplio, más fundamentado cuando presentemos la queja conducente. La pregunta es: ¿por qué me niegas lo que no está fundamentado ni motivado? No tienen razón, a no ser que inventen una fundamentación y motivación.
Los amparos interpuestos se basaron en dos pilares: primero, la falta de fundamentación y motivación de los acuerdos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Comisión Reguladora de Precios de la Secretaría de Energía al autorizar, por la llamada flexibilización de los precios, una situación que genera, por ejemplo, que el precio de la gasolina en Coyoacán sea de 18.19 pesos, mientras en Tláhuac es de 18.20 o en Azcapotzalco cuesta 18.14 pesos.
“Esto es fundamental en el amparo, porque las autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto dijeron: ‘Vamos a modificar los precios en esta zona de la ciudad; en esta delegación la gasolina costará tanto, pero en la de más allá costará menos o más’. Pues bien, la Constitución ordena que se fundamente lo que se está haciendo y (se dé) la motivación, el por qué. Basados en la ley, razones lógicas, por ejemplo. Y esto la autoridad no lo hizo”.
Por tanto, el jurista considera que el gobierno de Peña Nieto tomó un acuerdo sin fundamentarlo ni motivo: “El artículo 16 de la Constitución dice que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundamentado y motivado. Como no es el caso, pues entonces dijimos: ‘nos está agraviando’. En el amparo es fundamental el ser agraviado, es decir, está violando un derecho. Con fundamento nos fuimos al amparo. Esto es vertebral en la denuncia de amparo”.
El otro elemento destacado por el jurista y los compañeros abogados que interpusieron la demanda, encabezados por Manuel Granados, titular de la consejería jurídica del Gobierno de la Ciudad de México, es que el artículo 27 de la Ley de los Órganos Coordinadores de Energía determina que no se otorgará suspensión en el juicio de amparo tratándose de la materia energética, lo cual contradice la Ley de Amparo.
Cabe señalar que desde luego esta ley es de inferior jerarquía que la Ley de Amparo, la cual deriva directamente de los artículos 103 y 105 de la Constitución. En tal virtud, nos parece lógico y elemental, desde el punto de vista jurídico, que esta norma está violando la disposición de una ley superior, por lo tanto, la Ley de Órganos Coordinadores de Energía es inconstitucional.
Carrancá y Rivas, junto a abogados y juristas como Eduardo Lopez Betancourt, Carlos Daza Gómez, Julián Güitrón Fuentevilla, Talía Vázquez y Jesús González Schmal, consideraron que la flexibilización de los precios de las gasolinas y el diésel no está fundamentada ni ha sido expuesta su motivación, lo cual violenta los principios de igualdad y equidad para los ciudadanos, porque se desconocen los costos o valores monetarios que el gobierno consideró para fijar dichos precios.
Sin independencia
Para Carrancá y Rivas es evidente que en la decisión de la SCJN intervienen factores más allá de la ley: “El derecho no puede verse libre de presiones, de consideraciones de naturaleza política. Es un asunto con elementos políticos muy fuertes que se remontan a las reformas del presidente Enrique Peña Nieto en materia energética.
"Las presiones pueden ser muy grandes y tampoco hay que ser ilusos; puede haber presiones que sean tan fuertes que de plano hagan que se tuerza el fiel de la balanza o que se desvíe. Sería muy desafortunado".
Para los juristas no es desconocido que el actual Poder Judicial está sometido al Poder Ejecutivo: Es altamente lamentable, es un poder en manos de hombres permeables a influencias políticas, algo que hemos vivido en diversas ocasiones. Esperamos que eso no suceda. Sería muy delicado. Los tiempos no están para eso.
Sin embargo, reconoció que lo jurídico no está desconectado de la naturaleza política.
"Es algo muy negativo. Esto tiene raíces en desde cómo se lleva a cabo el nombramiento de un ministro de la SCJN; es decir, no hay una independencia por mandato de la Constitución, que habría que reformar. El presidente mete mano, aunque ya sabemos que el Senado decide con una terna, pero la mano de influencia del Poder Ejecutivo es decisiva."
De esta manera, dice, se lastima seriamente la independencia en la impartición de justicia en México: Si a alguien lo nombra el presidente en turno se crea un vínculo, lo cual es muy criticable. Esto amerita una reforma de la ley para evitar ese vínculo de gratitud con el que me nombró; algo que no debería ser, porque debería haber independencia total.
A pesar de haberse propuesto reformar la elección de los ministros de la SCJN, no se ha permitido: "Sigue el presidente teniendo una intervención muy marcada en el nombramiento de los ministros, afectando la independencia".
Sobre los sueldos millonarios de los integrantes de la Corte, aseveró: “Los ministros gozan de privilegios monetarios que realmente perturban, sobre todo tratándose de una función tan delicada, porque no hay equidad en comparación con otros sueldos. Tal parece que los están comprando: ‘Siéntate en este lugar tan importante e imparte justicia y mira los beneficios económicos que vas a tener y toda clase de concesiones’. Es altamente criticable y lamentable. Habría que luchar en ese terreno para lograr, aparte de frenar el gasolinazo, una real y efectiva independencia del Poder Judicial”.
Más leña a la hoguera
Desde que se presentaron los primeros 12 amparos contra el gasolinazo, más de 100 ciudadanos se han acercado al Gobierno de la Ciudad de México a interponer demandas y también se han presentado recursos en otros estados de la República.
Carrancá y Rivas considera que sería altamente preocupan-te que el Poder Judicial cerrara las puertas a las demandas ciudadanas contra el gasolinazo: “Se le estará echando más leña a la hoguera, porque hay gran inconformidad, y si recurrimos a la máxima autoridad judicial y ésta nos cierra todas las puertas, es un golpe de repercusiones políticas, y habría que ver cómo podemos actuar como abogados y ciudadanos agraviados.
El Poder Judicial no puede negarse de manera categórica, sería realmente contrario al derecho y a la razón. El futuro que yo veo ante una negativa es que se sembraría un elemento de discordia e inconformidad, y bastante agitado socialmente está el país como para echarle más leña a la hoguera. Es muy delicado.
A pesar de todo, Carrancá y Rivas se define como un optimista con profunda fe en la justicia: Debemos confiar al máximo en el Poder Judicial y en la rectitud no de todos, por lo menos en la mayoría de los ministros y en la independencia auténtica del Poder Judicial y cuando se cierre la última puerta, ante el golpazo, ya veríamos que resolución tomamos.
Fuente: Sanjuana Martínez, La Jornada
