El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco". Foto: Víctor Hugo Valdivia
Aunque no fueron mencionados por su nombre en la investigación, una fuente cercana al caso señaló que también son procesados, por actos de corrupción cuando eran funcionarios en la pasada administración, los alcaldes priistas en funciones Heriberto Treviño, de Benito Juárez, y Miguel Ángel Lozano, de Pesquería.
En la misma situación se encuentran los legisladores federales Federico Vargas y Ramón Villagómez, del PRI.
En breve, el gobierno estatal promoverá un juicio político contra ellos para desaforarlos y proceder en su contra.
También destacó que hay un procedimiento, por denuncia que presentó el actual alcalde de Monterrey, el priista Adrián de la Garza, en contra de la exalcaldesa panista Margarita Arellanes Cervantes por la ilegal contratación de un seguro contra acciones legales.
En total, en esta macro investigación denominada Operación Tornado, anticipada por El Bronco desde que anduvo en campaña, son objeto de investigación el exgobernador, dos diputados federales, dos alcaldes en funciones, cinco exservidores públicos, 10 empresarios constructores e inmobiliarios, dos funcionarios bancarios, así como familiares y socios de los servidores públicos y de los hombres de negocios.
Todos ellos son acusados de peculado, delitos patrimoniales, ejercicio indebido de funciones, equiparable al ejercicio indebido de funciones, ejercicio indebido de funciones y coalición.
En rueda de prensa efectuada hoy por el fiscal anticorrupción Ernesto Canales Santos, se precisó que el gobierno de la entidad decidió solicitar al juez la orden del embargo precautorio, que le fue otorgada hoy mismo, debido a que detectaron que Medina de la Cruz, quien gobernó el estado entre 2009 y 2015, había comenzado a inscribir sus propiedades a nombre de familiares cercanos.
Incluso, la autoridad estatal ya tiene detectadas dónde están algunas de las propiedades del exmandatario y lo tiene físicamente ubicado. Sin embargo, no se dijo a cuánto asciende la cantidad a la que él, en lo particular, debe reponer por los ilícitos señalados.
El funcionario explicó que dentro de los dos meses siguientes deberá turnar el expediente al juez para comprobar los ilícitos y conseguir que los presuntos responsables sean vinculados a proceso, aunque acotó que se puede pedir prisión precautoria en contra de Medina y sus anteriores colaboradores.
Entre los ilícitos encontrados por la Contraloría estatal y turnados a la Subprocuraduría de Canales se encuentra, en especial, la asignación de terrenos y los incentivos desmesurados que dio la gestión pasada a la empresa armadora de autos coreana KIA, reveló Aldo Fasci, asesor del fiscal y encargado de presentar el entramado para cometer los fraudes al erario.
Además, se detectó el caso de un constructor, quien hizo obra con sobrecosto para el Sistema Estatal de Caminos, que prestó su avión particular en 32 ocasiones a la familia del exgobernador Medina, con el fin de que viajara en forma gratuita a Estados Unidos, según tiene documentada la fiscalía, explicó el asesor.
Nora Elia Cantú, encargada de la Contraloría estatal, informó que hasta ahora han sido integrados 117 expedientes con las investigaciones que iniciaron desde la época de transición, es decir, poco antes de que El Bronco asumiera la gubernatura el 4 de octubre pasado.
De ese total, son objeto de indagación 42 expedientes. En 28 se han emprendido procedimientos de responsabilidad administrativa, y en 47 se detectó responsabilidad en delitos penales, por lo que se han presentado las respectivas denuncias a la Subprocuraduría Anticorrupción.
También explicó que en el sexenio 2010-2015 hubo obra pública por 40 mil millones de pesos, la que ha sido auditada en 60%. Los investigadores del actual gobierno encontraron, principalmente, irregularidades financieras por falta total o parcial de comprobantes de pago; facturas duplicadas y que no corresponden a las estimaciones; pagos adicionales sin soporte y anticipos por obras no realizadas.
Tan sólo en este rubro, detalló, han sido encontrados desvíos por 2 mil 300 millones de pesos.
La funcionaria aclaró que han sido encontrados delitos en las siguientes dependencias: Secretaría del Trabajo, de Obras Públicas, de Desarrollo Económico, Finanzas y Tesorería, Seguridad Pública, Educación, Servicios de Salud, Sistema de Caminos, Servicios de Agua y Drenaje, Metrorrey y Secretaría General de Gobierno.
Sin dar nombres, también mencionó que se buscan recuperar recursos para el erario de parte de constructoras, al menos 28.7 millones de pesos, por adelantos no amortizados, pagos duplicados o en exceso, o escalatorias mal aplicadas.
La presunción es que las arcas estatales fueron afectadas, por estos conceptos, en unos 300 millones de pesos.
Así, sólo por haber entregado irregularmente incentivos a la empresa Siderúrgica de Linares, fueron emprendidos 10 procedimientos de responsabilidad administrativa. Al finalizar éstos, la Contraloría resolvió inhabilitar por 10 años en la función pública y aplicarles embargos precautorios a Rodolfo Gómez Acosta, exsecretario de Finanzas; Juan Francisco Livas Cantú, exdirector general del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del estado; Rolando Zubirán Robert, exsecretario de Desarrollo Económico; Luis Gerardo Marroquín Salazar, exsecretario de Obras Públicas, y Ramón Villagómez Guerrero, exdirector general de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario.
A los implicados se les impuso, además, sanción resarcitoria, en forma solidaria, por dos mil 10 millones de pesos.
No es todo, pues por autorización de pago de una obra no realizada y saldada en su totalidad sin estar terminada completamente, se inició procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de Víctor Ramón Martínez Trujillo, exdirector del Sistema de Caminos de Nuevo León. También se le inhabilitó por 10 años y se le demandó reponer al erario 12 millones 900 mil pesos.
Más aún, existen procedimientos de embargo contra los funcionarios de la pasada administración, entre ellos Celina Villarreal Cárdenas, exsubsecretaria de Inversión Extranjera y Comercio Internacional; Jaime Parada Ávila, exdirector del Instituto de Innovación y Tecnología; Fernando Gutiérrez Moreno, exsecretario de Desarrollo Sustentable; Patricia Aguirre González, exdirectora de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado, y Sergio Alanís Marroquín, exdirector ejecutivo de Fomerrey.
En la administración pasada, Heriberto Treviño fue director del Sistema Estatal de Caminos; Miguel Lozano, director de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza (Codefront), y Federico Vargas, secretario de Desarrollo Social.
En el transcurso de los próximos días se dictarán cinco resoluciones faltantes, explicó Canales.
Fasci Zuazua resaltó que aún hay peritajes e investigaciones en curso, por lo que puede incrementarse el daño patrimonial y el número de funcionarios involucrados en el “megasaqueo”.
Duarte volvió a Veracruz más “peligroso, censurado y endeudado”: The Guardian
Bajo la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa, Veracruz se ha convertido en uno de los estados más “peligrosos, censurados y endeudados” de México, afirmó el diario británico The Guardian.
En un amplio reportaje en el que cita casos de desapariciones forzadas y asesinatos de periodistas, el diario destaca que en las elecciones de este domingo 5, la baja popularidad de Duarte podría ayudar a poner fin a 86 años consecutivos de gobierno del PRI en la entidad, lo que sería “un duro golpe para el partido que ha dominado por mucho tiempo la política mexicana, tan sólo dos años antes de una elección presidencial”.
The Gardian entrevistó a Juan Pablo Calderón, columnista e integrante del PRI “de toda la vida” quien declaró que Duarte “es uno de los gobernadores más ineptos de nuestra historia que refleja la triada de la corrupción, la impunidad y la incompetencia que son el cáncer del PRI y México”.
El diario abunda que Duarte exhibió sus deficiencias como político ante la reacción del secuestro de Alexander Figueroa, cuyo padre es un líder local de la Federación de los Trabajadores de Caña de Azúcar y era buscado por un grupo armado y un comando del Ejército cuando se llevaron a su hijo de su casa en Córdoba, en septiembre de 2014 y sin que a la fecha se sepa su paradero.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) dictaminó recientemente que ese fue un caso de desaparición forzada, lo que implica que las fuerzas del estado estuvieron involucradas directamente, destaca el diario.
Los padres de Alexander eran simpatizantes del PRI y habían participado en os eventos de campaña de Duarte por lo que esperaban que les ofreciera al menos un “oído comprensivo”. Sin embargo, cuando fueron a Palacio de Gobierno, en Xalapa, para pedirle ayuda, fueron rechazados.
Erubiel Tirado, un experto en seguridad consultado por The Guardian afirmó que durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, antecesor de Duarte, “se forjaron pactos con el crimen organizado” para asegurar una paz relativa en el estado.
El diario recuerda que en 2013 un Tribunal Federal de Estados Unidos escuchó testimonios sobre la campaña electoral de Fidel Herrera, quien habría recibido millones de dólares de Los Zetas después de la separación del Cártel del Golfo.
Herrera Beltrán ha negado las acusaciones, actualmente es el Cónsul de México en Barcelona, España, y no está bajo investigación.
Pese a su falta de experiencia política, Duarte de Ochoa fue electo como sucesor de Herrera, en medio de acusaciones de fraude electoral. De hecho, subraya el rotativo británico, desde entonces se especuló que Herrera pretendía continuar como gobernador de facto.
“Duarte no tiene la capacidad o la personalidad para negociar con los caciques, que comenzaron a tomar sus propias ofertas, alterando los equilibrios de poder. La situación de seguridad es ahora muy frágil “, dijo al diario Jorge Rebolledo, experto en seguridad de la Universidad Veracruzana (UV), a la que por cierto, Duarte le adeuda unos dos mil millones de pesos.
Luego destaca que el “ojo por ojo” se ha vuelto una práctica común en la entidad entre grupos del crimen organizado que luchan por controlar el territorio.
A pesar de ello, subraya The Guardian, “a medida que la violencia se ha agravado, Duarte aparentemente ha optado por la negación, por culpar a los enemigos políticos de emitir informes sobre una escalada de terror”.
Al respecto Rebolledo abonó: “Todo lo malo tiene que ver con sus enemigos, no con su Gobierno. Toma cualquier crítica personalmente”.
Para Duarte, prosigue el reportaje, los periodistas se han convertido en un “foco de desconfianza”, pues “mientras los diarios ‘amistosos’ han sido apuntalados con la publicidad oficial, las voces críticas han tenido dificultades para sobrevivir”.
El diario entrevistó a reporteros veracruzanos que afirman que son filmados y fotografiados por informantes y destaca el caso de un reportero, cuyo nombre se reserva, que se reunió con el secretario de Seguridad Pública de Duarte, quien le reveló detalles de su vida personal.
“Él dejó claro que el Gobierno tiene los archivos de todos los periodistas, información que pueden utilizar cuando sea necesario”, dijo el reportero al diario.
Con base en cifras de la organización Artículo 19, The Guardian destaca que durante el gobierno de Duarte, en Veracruz al menos 17 periodistas han sido asesinados y otros tres han desaparecido, lo que hace a la entidad el lugar más peligroso para los medios de comunicación en México.
Recuerda algunos de los casos más emblemáticos, como el del fotoperiodista Rubén Espinoza Becerril, quien huyó del estado después de una serie de actos de intimidación y fue asesinado el 31 de julio de 2015 en la Ciudad de México junto con la activista Nadia Vera, quien se fue de Xalapa por intimidación policial; Yesenia Quiroz, maquillista; la colombiana Mile Virginia Martín y Alejandra Navarrete, empleada doméstica.
Y destaca que en este caso, como en otros, su muerte ha sido justificada con una presunta relación con el crimen organizado.
The Guardian señala que esas acusaciones son difíciles de refutar pues las investigaciones de la Policía están “incompletas y envueltas en corrupción”. Sin embargo, subraya que “nadie duda de que el periodismo en Veracruz es una actividad peligrosa”.
El diario refiere que la violencia contra las mujeres también aumentó en Veracruz en el gobierno de Duarte, al grado que en enero pasado tuvo que aceptar recomendaciones para hacer frente a la violencia de género.
Sin embargo, señala que días después de aceptar dichas recomendaciones, el Congreso de Veracruz aprobó vía fast track una reforma a la Constitución local que establece la obligación del estado de garantizar el derecho a la vida de un ser humano desde el momento de la concepción, lo que es visto por legisladores que se opusieron a las modificaciones, como una forma de criminalizar a las mujeres que abortan.
“El gobierno estatal ha negado que el aborto se criminalice, pero el arzobispo de Veracruz ha dicho que el gobernador ‘dio su palabra’ de que la reforma sería ratificada antes de que abandone el cargo en diciembre”, acota el rotativo.
Finalmente, hace referencia al “desastre financiero” que dejará el priista a su próximo sucesor, pues deja a Veracruz como el cuarto estado más endeudado del país con dos mil 500millones de pesos, el triple de cuando recibió el estado y “esta cifra no incluye los millones adeudados a entidades públicas como universidades, hospitales o fondos de pensiones”, subraya el diario.
Concluye el reportaje con una declaración de Alberto Olvera, sociólogo de la Universidad de Veracruz, quien afirma:
“Duarte ha sido el gobernador más autocrático, corrupto y vengativo de Veracruz en décadas. Si el PRI pierde esta elección será histórica, y nuestra primera experiencia de la democracia”.
Fuente: Proceso| LUCIANO CAMPOS GARZA| La Redacción
