-Cuando Rubén Espinosa cantaba “me siento vivo… oh, oh, oh”
Cosmos, un perro mestizo de pelaje café frotaba su cuerpo entre los pétalos de 200 flores y cuatro coronas. Abajo de esas ofrendas había sido enterrado, momentos antes, el cuerpo de Rubén Espinosa, fotoperiodista de Proceso asesinado el pasado viernes, junto con otras cuatro mujeres.
Mientras Cosmos buscaba el contacto con su protector, la novia de Rubén lo consolaba y le hablaba cariñosa: “sí, ahí está tu papá”.
En el panteón Dolores de esta ciudad, media hora antes, reporteros y videógrafos de Veracruz cargaron el féretro de “Rubencillo” hasta la que sería su tumba.
Otros amigos del Distrito Federal también levantaron la mano para ayudar con el ataúd de quien llevaba 50 días autoexiliado en esta capital, luego de recibir amenazas de personeros del gobierno veracruzano.
Unas 200 personas, la mayoría amigos y reporteros de Veracruz, defeños y de medios extranjeros, le prodigaron a Rubén carretadas de aplausos.
El asesinato del fotoperiodista conmocionó a la comunidad reporteril. Algunos colegas expresaban que aún no podían digerir que Rubén Espinosa estuviera muerto.
“No puedo creer que tres metros bajo tierra ya esté enterrado… No lo creo aún”, comentó una de sus amigas de Xalapa.
Cosmos seguía rondando la fosa entre apapachos de los amigos. Hay una amistosa disputa por heredarlo… La novia lleva mano.
Al final, minutos antes de abandonar el panteón, amigos recordaban las ocurrencias de Rubén, su sentido del humor y su afición por ir de vez en cuando al karaoke. Uno de ellos recordó cuando entonaba a todo pulmón la canción de Fobia: “Me siento vivo… oh,oh,oh”.
El director de Averiguaciones Previas en Delitos Electorales de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Álvaro Rodríguez, dio a conocer que se sanciona con cárcel la falta cometida por Miguel “El Piojo” Herrera, quien desde su cuenta de Twitter emitió mensajes de apoyo al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) el 7 de junio, día de la jornada electoral.
De acuerdo con la averiguación previa 751/AP/FEPADE/2915, Herrera, y otras personalidades del deporte y de la farándula, violaron la veda electoral y formaron parte de una acción concertada para apoyar abiertamente al Partido Verde a través de sus cuentas de dicha red social.
“La pena que la Ley establece, que es el artículo 7, es de tres meses a seis años de prisión”, detalló Rodríguez.
El servidor público indicó que desde un día antes de las elecciones, la Fepade detectó el envío masivo de mensajes apoyando a dicho partido político y se inició la indagatoria.
El domingo 7 de junio, el mismo día que la selección mexicana de futbol disputó un partido amistoso contra Brasil, el entrenador nacional tuiteó el siguiente mensaje: “Los verdes sí cumplen”.
Herrera intentó disfrazar el apoyo al Partido Verde como si se hubiera referido al equipo de futbol cuyo uniforme oficial es verde e históricamente se le ha identificado con este color.
Sin embargo, unas horas antes del partido, Herrera también publicó: “Apoyemos a la selección. No dejen de votar, vamos con los verdes”.
Ante la cascada de reclamos e insultos que recibió de parte de la comunidad tuitera, el seleccionador nacional replicó: “Esta es mi decisión personal ustedes voten y manifiéstense por su preferencia pero no dejen de votar con tu voto gana México (sic)”.
A pesar de la advertencia de Álvaro Rodríguez, hasta hoy, casi dos meses después de las elecciones, la Fepade no ha podido notificar a Miguel Herrera. Desde el viernes pasado se emitió un citatorio que sigue sin ser entregado en el domicilio que “El Piojo” tiene registrado en su credencial de elector, en San Pedro, Nuevo León.
“Trataremos de hacerlo lo más rápido posible, pero la ley no establece un plazo límite. En materia penal necesariamente tiene que comparecer la persona citada. El citatorio se fijó, en términos de la ley, en el domicilio, pero no hay nadie”, reconoció Rodríguez.
El funcionario insistió en que el hecho de ser una figura pública y haber ostentado un cargo importante como entrenador nacional no lo exime del cumplimiento de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Apenas regresó de vacaciones, el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera se encontró con una realidad inocultable: que la Ciudad de México no es tan segura como presume.
En la delegación Benito Juárez, la misma donde vive el mandatario capitalino, el pasado 31 de julio cinco personas –un varón y cuatro mujeres– fueron torturadas y maniatadas. Al menos dos de ellas fueron, además, abusadas sexualmente.
Lo peor: todas tenían el tiro de gracia.
Los hechos ocurrieron al interior de un departamento de la colonia Narvarte, una de las 10 más conflictivas por robo a transeúnte, a casa-habitación y de autopartes, según datos del propio GDF.
Entre las víctimas se encontraban el fotoperiodista y colaborador de Proceso, Rubén Espinosa, la antropóloga Nadia Vera y la estudiante Yesenia Quiroz Alfaro, así como una colombiana y una trabajadora doméstica. Los agresores están prófugos.
Tres días después del crimen, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informó esta noche que el vehículo Ford Mustang rojo modelo 2006, placas 486VRN, en el que se presume huyeron los agresores, fue localizado en calles de la delegación Coyoacán.
Además, la Unidad de la Policía Cibernética constató que el equipo de videovigilancia instalado en el edificio donde se cometió el multihomicidio estaba averiado, por lo que no existe ningún material fílmico relacionado con los hechos.
Horas antes de difundirse esos avances, serio y con el labio un poco tembloroso, el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera se refirió al multihomicidio:
“A todos nos indigna este crimen, este homicidio, y también los feminicidios que ahí se cometieron. He dado instrucciones precisas al procurador para que no se escatimen los esfuerzos a fin de dar con los responsables de este múltiple homicidio. Ninguna, ninguna línea debe descartarse, absolutamente ninguna”.
En conferencia de prensa, sin el acompañamiento de su amigo, el procurador Rodolfo Ríos, alrededor de la una de la tarde Mancera repitió lo que ha dicho sobre otros crímenes:
“Desde el gobierno de la Ciudad de México, nosotros reiteramos que no debe haber impunidad y que no habrá impunidad en este asunto, dando garantía, pues, de seguimiento puntual a todas las líneas de investigación. Reitero: ninguna línea de investigación está descartada ni se descartará. Vamos a agotar todas las que pudiéramos tener… Se debe dar con los responsables, sea quien fuere”.
Sin cambiar el tono, añadió que dio “instrucciones precisas” para que “a la brevedad” se solicite información a autoridades de otros estados y del gobierno federal que pueda servir y coadyuvar a la indagatoria.
A propósito de la línea de investigación sobre las amenazas que Rubén Espinosa había recibido directamente del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por su trabajo periodístico –como él mismo lo declaró–, el exprocurador capitalino dijo: “Sabemos que hay una relación directa de este tema con el estado de Veracruz”.
–¿Ha tenido algún contacto con el gobernador de esta entidad? –se le preguntó.
–No he tenido ninguna comunicación con el gobernador de Veracruz –respondió.
DF ya no es refugio seguro
La noticia del asesinato del fotoperiodista, colaborador de Proceso y Cuartoscuro, Rubén Espinosa, pronto dio la vuelta al mundo. Las ediciones digitales de El País, The Guardian, Spiegel, Los Angeles Times, The New York Times, CNN, Univisión, la BBC de Londres, Al Jazeera, El Mundo y las agencias Reuters y The Associated Press, mencionaron en sus líneas un mismo enfoque: El DF ya no es garantía de refugio para periodistas amenazados en otros estados del país.
Según la organización internacional Artículo 19, el asesinato de Rubén Espinosa es el primero que ocurre en el DF contra un periodista que huye de un estado por las amenazas recibidas por su labor periodística y busca refugio en la capital.
Ayer, en una manifestación en el Ángel de la Independencia, cientos de reporteros y fotógrafos repudiaron el crimen de Rubén Espinosa y de las cuatro mujeres, y exigieron al jefe de Gobierno la aplicación de la justicia en el caso.
En un comunicado, lamentaron que el DF ya no ofrezca garantías de refugio a periodistas amenazados de otros estados del país.
Hoy Mancera Espinosa se defendió: “Yo quisiera reiterar toda nuestra disposición, todo nuestro compromiso para cualquier periodista, para cualquier integrante del gremio, hombre o mujer, que requiera del cuidado, protección o intervención del gobierno de la Ciudad de México, no solamente en temas de seguridad, sino en otros muchos temas se da y se dará en este mismo sentido.
“Y nosotros, claro que tenemos la obligación de resolver este asunto. Este asunto sucede en la Ciudad de México, indigna a los capitalinos, indigna a la gente de la capital y por supuesto también al gobierno de la Ciudad de México. Entonces, nosotros tenemos que dar el resultado resolviéndolo lo antes posible”.
El pasado 8 de julio, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, con el propósito de dar garantías legales a los reporteros de la ciudad.
Sin embargo, hasta ahora no se ha publicado porque “está en los refrendos” por parte de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a cargo de Manuel Granados, expresidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF antes de asumir el cargo en esta dependencia.
“Nosotros estaremos publicando ya a la brevedad esta ley”, justificó Mancera.
CANCÚN, Q, Roo (apro).- Sin que aún se esclarezcan casos como el injusto encarcelamiento del periodista maya Pedro Canché o los ataques a medios, entre ellos Luces del Siglo y Noticaribe, este mañana el Congreso local aprobó una la ley para la protección de activistas y comunicadores en la entidad.
El nuevo marco legal, aprobado por mayoría, prevé la creación de una instancia que aplicará medidas para atender a comunicadores y activistas “en riesgo” y “en situación de vulnerabilidad”.
No obstante, el proyecto sufrió modificaciones en comisiones unidas, por lo que quedaron fuera elementos como la regulación al “acceso a las fuentes de información”, en la que se establecía que el ingreso a actos públicos sería a “periodistas debidamente acreditados”.
Originalmente la iniciativa se aprobaría el 20 de julio, dentro de un periodo extraordinario, sin embargo, ante la indiferencia de periodistas locales a los “foros de consulta” el asunto se pospuso y hoy fue aprobado por el pleno de diputados locales.
La semana pasada, periodistas de la entidad impugnaron la iniciativa porque se trata de un proyecto para afianzar el control del gobernador Roberto Borge Angulo sobre los medios de comunicación.
En un comunicado, los inconformes precisaron que la iniciativa impulsada por el gobierno estatal restringe los derechos de los periodistas, encubre los abusos de autoridades y omite prácticas que se han utilizado desde el poder contra comunicadores, entre ellas las campañas de desprestigio en redes sociales.
Finalmente, fueron fusionadas las iniciativas enviadas por el Borge Angulo y el diputado panista Sergio Bolio, presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
En esta nueva ley los diputados acordaron la creación del Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objetivo de “que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de garantizar los derechos a la vida, integridad física, psicológica, moral, económica, libertad y seguridad cuando se encuentren en riesgo con motivo del ejercicio de su actividad, así como de sus familiares o personas vinculadas”.
Además, dentro de este sistema formarán parte el secretario de Gobierno, el procurador de Justicia del estado y el secretario de Seguridad Pública, entre otros.
Como parte de este nuevo organismo se plantearán y operarán “las medidas preventivas, medidas de protección, medidas urgentes de protección y medidas sociales con el fin de reducir factores de riesgo, evitar la consumación de agresiones, resguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de la persona beneficiaria y para que éstas puedan vivir en condiciones dignas y continuar con el ejercicio de su labor”.
La nueva ley también considera la creación del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Entre otros puntos, prevé “pena de prisión y destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos” contra “autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, suspenda, clausure o establezca censura previa de algún medio de información escrito o impreso, o impida su circulación o difusión, o recoja ediciones de libros o periódicos evitando su publicación”.
Pese al aval de estas acciones, el gobernador aún se niega a aceptar las recomendaciones emitidas por la CNDH por la ilegal detención del periodista maya Pedro Canché, quien estuvo preso durante nueve meses.
Tampoco se han esclarecido otros reclamos, como la clonación a la revista Luces del Siglo y los ataques al portal Noticaribe, así como el ejército de “troles” y “bots” usados para difamar y calumniar a periodistas independientes.
OCOSINGO, Chis. (apro).- Desde hace tres meses, miles de familias indígenas de al menos 11 comunidades de la Selva Lacandona se encuentran sin personal médico y no tienen acceso a medicamentos.
Además, la empresa privada Servicios Aéreos de San Cristóbal SA de CV suspendió el servicio de ambulancia aérea porque la Secretaría de Salud le adeuda más de un millón 880 mil 700 pesos, lo que ha puesto en aprietos a las comunidades indígenas cuando han tenido que atender a mujeres y niños enfermos.
Maribel del Ángel Ostos y Luis Gómez del Ángel, dueños y administradores de la empresa que ofrece el servicio de taxi y ambulancia aérea desde hace 23 años, lamentaron la suspensión del servicio ante la negativa de la Secretaría de Salud a cubrir las facturas del segundo semestre de 2012 y algunas más de 2014 y 2015.
Desde mayo pasado la empresa dejó de prestar el servicio y miles de familias indígenas que viven en medio de la Selva Lacandona quedaron desvalidas.
Según los empresarios, sus servicios se han reducido conforme se abren caminos para acceder a las comunidades, pero en cuatro puntos aún llevan medicinas, médicos y enfermeras, y también transportan a enfermos que así lo ameritan.
Detallaron que los cuatro puntos a los que todavía llegan son: La Candelaria, donde se congregan otras comunidades cercanas como San Gregorio, Corozal y Salvador Allende; Amador Hernández, a donde acuden pobladores de Nuevo Pîchucalco y Chapultepec; Guanal, hasta donde arriban indígenas de Plan de Guadalupe, y Benito Juárez Miramar, a donde llegan habitantes de la comunidad Chun Cerro.
En total son 11 comunidades indígenas de las etnias tzeltal y tzotzil que han quedado sin servicios médicos y medicinas por la falta de pago.
Detallaron que tan sólo en La Candelaria y otras tres comunidades suman un millar los hombres, mujeres y niños que carecen de estos servicios.
Para salir de La Candelaria, añadieron, tienen que caminar ocho horas hasta la comunidad Amador Hernández, donde toman un camión que los traslada a San Quintín, donde se encuentra una clínica en pésimas condiciones.
Y para llegar al hospital de Ocosingo desde San Quintín, los pobladores deben recorrer otras seis horas más en camión, de manera que para salir de La Candelaria con el objetivo de asistir a un médico o a un centro de salud, les toma alrededor de 15 horas, cuando la avioneta Cessna de la empresa privada que prestaba el servicio no hacía más de 40 minutos.
Por ahora, en la Casa de la Salud construida de madera y techo de lámina sólo hay medicamentos caducos, y el promotor se ve en aprietos ante la exigencia de pastillas y medicinas para ofrecer medicinas para la gripe, tos, fiebre, diarrea y otras enfermedades que prevalece en la región, donde las mujeres que son madres presentan un alto grado de desnutrición.
Las autoridades ejidales de La Candelaria aún guardan como un valioso tesoro el viejo documento que data del 18 de junio de 2013, donde el médico Kristian Gabriel Utrera Fernández, como jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 09 de Ocosingo, se comprometió a llevar todos los servicios médicos y de salud a esa región de la Selva Lacandona.
En el documento están estampadas las firmas de Liliana Anahí Domínguez Gordillo, médico supervisor, y el enfermero Lázaro Ruiz Díaz, donde se enlistan los compromisos y apoyos que la región debería recibir por parte del gobierno del estado.
No obstante, los indígenas aseguran que al paso de los años todo se convirtió en una mentira por parte del gobierno estatal. El pasado domingo 2 reclamaron que “para hacer costosas campañas electorales (las autoridades) sí tienen dinero, pero para enviar médicos y medicinas no hay recursos”.
Como miembros de la Asociación Rural de Interés Colectivo, Unión de Uniones Independiente y Democrática (ARIC UU-ID), los indígenas advirtieron que si el gobierno no atiende su demanda, se verán orillados a realizar acciones de protesta para hacerse escuchar.
Maribel del Ángel Ostos y Luis Gómez del Ángel, dueños y administradores de la empresa que ofrece el servicio de taxi y ambulancia aérea, destacaron que las más afectadas por la falta del servicio son las mujeres embarazadas e incluso se han dado muchos casos de muerte materna.
Indicaron que en reiteradas ocasiones también han trasladado de urgencia a hombres que son picados por serpientes o bien sufren accidentes con hachas o machetes en las labores del campo.
Sin embargo, explicaron que no pueden seguir con los traslados porque tienen adeudos con sus trabajadores y con los talleres mecánicos que dan mantenimiento a las aeronaves, además de que el combustible ha subido de precio.
Por ello, pidieron la intervención del gobernador Manuel Velasco Coello para que se les liquide el adeudo pendiente y puedan seguir trabajando con normalidad, como lo han hecho sexenio tras sexenio.
Señalaron que en la medida de sus posibilidades han apoyado a las comunidades indígenas, pero ahora la empresa está a punto de la bancarrota.
OAXACA, Oax. (apro).- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) destacó este día que no autorizó el proyecto del Centro Cultural y de Convenciones en el Cerro del Fortín porque las estructuras arquitectónicas propuestas representan una afectación severa al paisaje cultural e histórico de la ciudad de Oaxaca.
Pese a ello, el gobierno de Gabino Cué desoyó la recomendación del INAH y sigue empeñado en favorecer a su secretario de Turismo, José Zorrilla, quien ya reconoció tener conflicto de intereses al ser accionista del hotel Victoria.
Mientras, antropólogos, historiadores, arqueólogos y científicos sociales del INAH agrupados en la delegación sindical DII-1A-I se solidarizaron con el maestro Francisco Toledo, al apoyar de manera irrestricta las medidas y acciones emprendidas por el Frente de Defensa del Cerro del Fortín, tendientes a lograr la suspensión definitiva del centro de convenciones en esa reserva natural.
En carta enviada al pintor y firmada por la secretaria general María de la Luz Aguilar Rojas y Daniel Nahmad, quienes reconocen que durante los últimos 30 años “la oligarquía tanto nacional como internacional, con el apoyo de la clase política, han emprendido una serie de afectaciones a los bienes culturales y naturales de México orientadas a lucrar económicamente con esos patrimonios”.
En ese marco, alertan en la misiva, se sitúa la lucha que la sociedad civil ha emprendido en la capital de Oaxaca en contra de las obras realizadas en el enclave natural de vital importancia para el equilibrio ecológico de Oaxaca: el Cerro del Fortín.
Por su parte, el INAH emitió un comunicado donde menciona que el proyecto enviado por la Secretaría de Turismo estatal fue evaluado por el instituto y éste emitió una recomendación al gobierno de Gabino Cué para que el centro de convenciones no se edifique en el Cerro del Fortín.
Sin embargo, agregó, las obras no han sido suspendidas debido a que en este caso el INAH carece de competencia legal para emitir o negar una autorización, toda vez que los sondeos practicados en el terreno permitieron descartar la presencia de vestigios arqueológicos.
Además, la construcción se ubica fuera de los perímetros de protección de las declaratorias federales de la Zona de Monumentos Históricos del Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca y del correspondiente a la Zona Arqueológica de Monte Albán.
No obstante, el INA consideró que ese espacio debe protegerse porque se trata de un riquísimo patrimonio de los oaxaqueños y de la nación mexicana que ha sido inscrito por la Unesco en la lista del Patrimonio Mundial.
Ciudadanos colombianos radicados en México demandaron a su embajador, José Gabriel Ortiz, que exija a las autoridades del país una “investigación seria” por la muerte de la joven colombiana que el pasado 31 de julio fue ejecutada junto con cuatro personas más, entre ellas el fotoperiodista de Proceso y Cuartoscuro, Rubén Espinosa, la antropóloga Nadia Vera y la estudiante Yesenia Quiroz Alfaro.
El pasado domingo 2, el procurador de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, informó que entre los ejecutados se encontraba una mujer colombiana de 29 años, pero no proporcionó mayores datos.
“Solicitamos de ustedes, como representación diplomática del gobierno colombiano, haya un pronunciamiento ante esta situación, así como la exigencia ante las respectivas autoridades mexicanas de una investigación seria, que devele los móviles y culpables de este crimen atroz”, destaca la comunidad colombiana en una misiva enviada a su embajador.
Aclaran que como extranjeros no pueden opinar sobre asuntos políticos de México, sin embrago, añaden, “no podemos guardar silencio cuando ha sido vulnerado el derecho fundamental a la vida de una compatriota”.
Y lo hacen porque su país también vivió una espiral de violencia durante varios años que causó dolor y sufrimiento a miles de familias, apuntan.
“Optamos por expresar nuestra voz, porque callar no es una opción, menos cuando nuestro país ha vivido y sigue viviendo los costos de una guerra de más de cinco décadas, donde la ‘naturalización’ de la violencia ha sido la causa del dolor y sufrimiento de miles de familias. Nos unimos, pues, a las exigencias de justicia y estaremos al tanto de la situación”.
Los firmantes señalan que si bien desconocen la identidad de la joven ejecutada en la colonia Narvarte el pasado 31 de julio, “nos solidarizamos con su familia y esperamos que tanto la Embajada como el Consulado colombianos puedan estar en disposición de facilitar los trámites necesarios si así lo solicitasen los familiares”.
Al iniciar la carta, los colombianos hacen referencia a la “tortura y asesinato” de Rubén Espinosa y las cuatro mujeres victimadas, asunto sobre el cual el procurador capitalino consideró el robo como uno de los móviles.
Hasta el momento las autoridades judiciales locales no han informado los nombres de la joven colombiana ni de la cuarta mujer, supuestamente una trabajadora doméstica que laboraba en el domicilio donde se cometió el multihomicidio, pero trascendió que se trata de Simeone y Alejandra, respectivamente.
La quinta víctima es Yesenia Quiroz Alfaro, originaria de Morelia, Michoacán, quien vino a vivir a la Ciudad de México para estudiar en una academia de diseño de imagen y trabajaba como maquillista en una estética ubicada en Polanco.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su más firme condena por el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y cuatro mujeres.
Espinosa, recordó la Oficina del Alto Comisionado, fue asesinado en la Ciudad de México junto con la estudiante y defensora de derechos humanos veracruzana Nadia Vera, y otras tres mujeres.
Destacó que, según estadísticas de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Veracruz, con 11 periodistas asesinados desde 2010, es el estado con mayor cantidad de homicidios de periodistas y de periodistas desaparecidos, junto con Chihuahua.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señaló que si las investigaciones confirman que este aberrante múltiple homicidio tiene relación con la labor periodística de Rubén Espinosa, “estaríamos en presencia de un acto gravísimo contra la libertad de expresión, que, sin duda, causa un efecto inhibitorio en el ejercicio del periodismo en México.
“Preocupa aún más el hecho de que una posible represalia se haya podido materializar en el Distrito Federal, que cuenta con una baja tasa de incidencia de este tipo de agresiones”.
La ONU-DH hizo un llamado a las autoridades mexicanas a redoblar esfuerzos en la investigación de este caso, tanto en el Distrito Federal como en el estado de Veracruz, agotando todas las posibles líneas de investigación.
Asimismo, pide a las autoridades continuar reforzando las políticas y la institucionalidad en materia de protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el país.
El crimen organizado semiparalizó la ciudad de Reynosa, Tamaulipas la tarde de este lunes con bloqueos y ataques en diferentes sectores, sin que se registraran bajas de uno y otro lado.
El Grupo de Coordinación Tamaulipas atribuyó la violencia a la respuesta del narco a un operativo especial desplegado por elementos de la Policía Federal y de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Según el organismo oficial, el operativo se registró aproximadamente a las 14:30 horas, lo que desencadenó la reacción de los delincuentes y que se activara el Código Rojo.
Los presuntos sicarios bloquearon vialidades como Praxedis Balboa, libramiento a Monterrey, bulevar Luis Donaldo Colosio y bulevar Morelos con autobuses de transporte y camiones repartidores y atacaron a la policía en diversos sectores de la ciudad.
El caos duró dos horas y media. A las 16:30 horas la situación de riesgo concluyó sin que se registraran bajas por ambas partes, ni lesionados, ni detenidos.
Policías federales localizaron y aseguraron en uno de esos sectores, una camioneta Chevrolet Suburban utilizada por los delincuentes, en cuyo interior encontraron armas largas.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó hoy el asesinato en México del fotoperiodista Rubén Espinosa, cuestionó los mecanismos oficiales de protección y urgió a las autoridades a esclarecer el crimen y deslindar responsabilidades para que no quede en la impunidad.
Espinosa, de 31 años, trabajaba para AVC Noticias de Veracruz, era además corresponsal de la revista Proceso y de la agencia Cuartoscuro.
El cadáver del fotoperiodista, que presentaba huellas de tortura, fue hallado el pasado viernes en un departamento de la colonia Narvarte en la Ciudad de México, junto al de cuatro mujeres.
“Condenamos el asesinato de Espinosa que señalamos como un grave signo de la descomposición y violencia que afecta a México y a los periodistas en particular”, dijo Gustavo Mohme, presidente de la SIP.
“Algo está fallando –agregó Mohme, director del diario La República de Perú– y es lamentable que el periodista fuera asesinado precisamente en la Ciudad de México a donde buscó refugio para resguardar su seguridad física.”
Hasta junio pasado Espinosa residió y trabajó en Xalapa, Veracruz, considerado unos de los lugares más peligrosas de México para ejercer la profesión.
Su traslado a Ciudad de México ocurrió por razones de seguridad tras ser agredido e intimidado en distintas ocasiones.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, añadió que “reiteramos nuestra crítica al desempeño endeble e ineficiente del mecanismo creado en México para proteger a periodistas y defensores de los derechos humanos”.
Paolillo, director del semanario Búsqueda de Uruguay, expresó también que la SIP expresa sus condolencias y solidaridad a familiares y colegas del periodista.
Periodistas, organizaciones de derechos humanos y activistas sociales realizaron este domingo una manifestación en la Ciudad de México exigiendo que las investigaciones oficiales tomen en cuenta como móvil del asesinato la labor periodística y las amenazas recibidas por Espinosa, quien solía cubrir las protestas sociales, entre estas las que exigían el esclarecimiento de los asesinatos de periodistas.
Este año también fueron asesinados en México los periodistas Filadelfo Sánchez Sarmiento de Oaxaca, Armando Saldaña Morales y Moisés Sánchez Cerezo, ambos de Veracruz.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de mil 300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene su sede en Miami, Estados Unidos
VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- Policías federales, en coordinación con efectivos del Ejército, capturaron a Sergio Meza, ‘El Soruyo’, a quien identificó como el “Zar” de la ordeña de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la región.
De acuerdo con medios locales, la detención se produjo el pasado fin de semana en la Villa Benito Juárez, municipio de Cárdenas, Tabasco.
Sin embargo, la delegación estatal de la PGR no confirmó ni negó la información porque ministeriales federales locales no intervinieron, explicó la secretaria técnica Marcela Alejandra Magaña Méndez.
La Fiscalía General del Estado (FGE) tampoco confirmó la aprehensión.
Según el diario Tabasco Hoy, a Sergio Meza se le decomisaron dos autotanques (pipas) para el traslado del combustible robado, una cisterna para almacenarlo, más de 44 mil litros de gasolina magna y 25 mil de diésel, una gasolinera donde descargaba parte del hidrocarburo, cuatro armas largas de uso exclusivo del Ejército tipo ametralladoras calibre 5.56 x 45 milímetros, dos aditamentos para lanza granadas, 18 cargadores y diversos cartuchos útiles de armas de fuego.
A El Soruyo se le responsabiliza de asesinatos y secuestros en los municipios de Cárdenas, Huimanguillo y Comalcalco, Tabasco, así como de Coatzacoalcos y Las Choapas, Veracruz, y se le vincula con el Cártel de los Zetas.
El operativo para su captura inició el pasado viernes por la tarde, cuando una pipa abastecía combustible en la gasolinera ‘Raire’, ubicada en la Villa Benito Juárez, Cárdenas.
Desde ahí, se dio seguimiento a la unidad y se ubicaron dos casas y una lavadora de autos. En una de ellas se localizó a Sergio Meza, acompañado de su esposa Lucero Naranjo García, así como su prima Janeth y otra persona del sexo masculino no identificada.
El presunto delincuente pretendió huir per el cerco policiaco militar se lo impidió y fue capturado, junto con sus acompañantes, quienes de inmediato fueron trasladados a las oficinas centrales de la SEIDO en la Ciudad de México.
En 2008, ‘El Soruyo’ ya había sido detenido por policías del municipio de Cárdenas, junto con tres personas más por narcomenudeo, sin embargo, este fue dejado en libertad poco tiempo después.
Una mujer fue ejecutada esta noche por dos sujetos quienes vestidos con chamarras y cascos negros, y abordo de una motocileta, llegaron hasta la taquería El Negro y le dispararon a quemarropa.
De acuerdo con el reporte policiaco, el nombre de la víctima era Karina Mejía Calvino, de 42 años, y según se informó era propietaria de dos estéticas, una en la zona de Polanco y otra en Insurgentes.
Los hechos ocurrieron cerca de las 21:50 horas, cuando los dos agresores llegaron a dicho restaurante, localizado en la calle de Félix Parra número 10, en la colonia San José Insurgentes, en la delegación Benito Juárez, y sin despojarse de su casco se dirigieron a la mesa donde se localizaba Mejía Calvino, quien cenaba con su hija, de 22 años.
Sin mediar palabra, uno de ellos disparó a la cara de la mujer y enseguida escaparon abordo de su motocicleta, la cual más tarde fue localizada en calles cercanas a la citada taquería.
A pesar de que llegaron al lugar socorristas de la Cruz Roja ya no pudieron salvar la vida de Mejía Calvino; su hija resultó ilesa, y fue llevada al Ministerio Público para que rindiera su declaración de esos hechos.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública realizaron recorridos por la zona para tratar de dar con los responsables, pero no fue posible lograr su detención.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informó esta noche que ya localizó un vehículo vinculado al asesinato de la activista Nadia Vera, el fotoperiodista Rubén Espinosa y otras tres personas que los acompañaban en el día en que fueron asesinados en la colonia Narvarte, en la capital mexicana.
También dijo que la cámara de videovigilancia localizada en el edificio donde sucedió el multihomicidio estaba averiada y que por lo tanto no registró actividad alguna. Pero de acuerdo a un recorrido que SinEmbargo hizo en la cuadra donde se ubica el departamento, constató la existencia de al menos otros ocho equipos de videovigilancia, algunas de negocios privados y otras más del Gobierno del Distrito Federal.
La Procuraduría, que filtró anoche a algunos medios versiones de un testigo y que no está informando a toda la prensa por igual sobre la investigación, también informó en comunicado que el auto localizado es un Ford Mustang, color Rojo, modelo 2006, placas 486VRN que está relacionado con las víctimas fue localizado, abandonado, en calles de la delegación Coyoacán.
Precisó además que de acuerdo con el análisis de la Unidad de la Policía Cibernética, adscrita a la PGJDF, especialistas en video constataron que el equipo de videovigilancia instalado en el edificio estaba averiado, “por lo que no se obtuvo ningún material relacionado con los hechos”.
Sobre el automóvil hallado, la dependencia precisó que “durante una nueva inspección ocular en el departamento, ubicado en la calle Luz Saviñon, 1909, colonia Narvarte, delegación Benito Juárez, agentes del Ministerio Público encontraron el tarjetón de circulación correspondiente a dicho vehículo, cuya posesión, de acuerdo con testimoniales, la tenía la femenina de 29 años de edad, presuntamente de nacionalidad colombiana”.
Destacó además que ya giró un oficio a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz para solicitar información respecto a cualquier denuncia o querella presentada por Rubén Manuel Espinosa Becerril.
Agregó que recibió de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República (PGR), copia certificada de la averiguación previa iniciada por los hechos que el fotoperiodista denunció en septiembre de 2013, ocurridos en Veracruz.
La Procuraduría capitalina mencionó que además solicitó al Consulado de Colombia en México información sobre la posible identidad de la mujer de 29 años de edad. Así como al Instituto Nacional de Migración (INM), pidió información sobre su posible identidad y, en su caso, la calidad migratoria de “quien testimoniales han referido tiene nacionalidad colombiana”.
Finalmente, reiteró que “instrucciones del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad mantiene contacto estrecho con las familias de los afectados, tanto en materia psicológica como legal”.
“La PGJDF reitera su compromiso por esclarecer el hecho y lograr la detención de los probables responsables, a fin de ponerlos a disposición y que se les inicie el proceso legal que corresponda por los delitos de homicidio, robo y los que resulten”, agrega.
Hoy mismo, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dijo por la tarde en conferencia de prensa que ya giró instrucciones al Procurador de Justicia de la capital, Rodolfo Ríos Garza, “para que no se escatimen los esfuerzos”, en la investigación de los asesinatos del fotoperiodista Rubén Espinosa, de la activista Nadia Vera y de otras tres mujeres ocurridos este fin de semana en un departamento de la colonia Narvarte de la Ciudad de México.
“A todos nos indigna este crimen, este homicidio y los feminicidios que ahí se cometieron. He dado instrucciones precisas al Procurador para que no se escatimen los esfuerzos a fin de dar con los responsables de este múltiple homicidio. Ninguna línea debe descartarse, absolutamente ninguna”, dijo Mancera Espinosa.
El mandatario capitalino adelantó que solicitará a los gobiernos federales, de Veracruz y de las demás entidades información con respecto al caso. “Sabemos que hay una relación directa de este tema con el estado de Veracruz y ninguna de las líneas debe descartarse”, comentó.
Mancera Espinosa aseguró que “no habrá impunidad en este asunto, dando garantía de seguimiento puntual a todas las líneas de investigación, reitero, ninguna línea de investigación está descartada, ni se descartará”.
La Ciudad de México solía considerarse un “santuario” para muchos periodistas que huían de sus entidades bajo amenaza. Eso ha terminado, paulatinamente. De acuerdo con organizaciones como Artículo 19, en los últimos pocos años las agresiones a reporteros y fotorreporteros se han acrecentado a niveles nunca antes vistos. Ahora, con la tragedia de la colonia Narvarte, hasta donde fueron alcanzados tanto un activista como un periodista, parece confirmar que el “santuario” terminó.
-Nadia Vera temía por su seguridad y señaló responsables
En ese múltiple crimen también murió el fotoperiodista Rubén Espinosa, quien había huido del estado de Veracruz, tras recibir amenazas.
El canal de televisión por internet Rompeviento entrevistó a Vera y registró su testimonio.
Con autorización de Rompeviento, reproducimos el video en el que la activista responsabiliza al gobierno de ese estado de “cualquier cosa que nos pueda suceder”, debido al activismo social que ella realizaba en la entidad.
Nadia era antropóloga por la Universidad Veracruzana, parte del movimiento #Yosoy132 en Xalapa. El pasado 31 de julio sufrió de abuso sexual y fue asesinada.
-Despiden con flores blancas a Rubén Espinosa
Familiares, amigos y colegas despidieron este lunes al reportero gráfico Rubén Espinosa, asesinado el viernes junto a cuatro mujeres en la ciudad de México, mientras organizaciones internacionales exigen el esclarecimiento de este crimen precedido de constantes amenazas y agresiones contra el reportero de Veracruz.
El funeral del fotoperiodista, de 31 años de edad, se desarrolló entre flores blancas en la capital mexicana, donde unos 70 allegados, entre ellos su novia e incluso su perro Cosmos, se dieron cita para darle el último adiós. "Tu eras ojos para todos. Hoy seremos tu voz, que no dejará de exigir justicia", se leía sobre un cartel colocado junto a la tumba, donde sus colegas más cercanos, en llanto, alzaron sus cámaras fotográficas al aire.
Espinosa trabajaba para AVC Noticias de Veracruz y era corresponsal de la crítica revista Proceso y de la agencia Cuartoscuro.
Era "un joven inquieto, muy alegre, con muchas ganas de trabajar", rememoró Pedro Valtierra, director de Cuartoscuro, en entrevista con Radio Fórmula.
Espinosa fue asesinado de un balazo en la cabeza en una vivienda de un barrio de clase media de la capital. Junto con él fueron ultimadas cuatro mujeres, una de ellas empleada del servicio doméstico, una joven que se presume es colombiana y dos mexicanas, una de ellas identificada como la activista de derechos humanos Nadia Vera.
Este mismo lunes, medio centenar de personas protestaron en Chiapas (suereste), tierra natal de Vera, para exigir que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, vaya "a la cárcel" por estos asesinatos.
Espinosa trabajaba hasta hace dos meses en Xalapa, capital de Veracruz, considerado el estado más violento de México para ejercer el periodismo con al menos 11 reporteros muertos desde el 2010, cuando se inició el mandato de Duarte. Varias agresiones, entre ellas una golpiza propinada por policías estatales en 2013 y recientes actos intimidatorios, empujaron a Espinosa a autoexiliarse desde principios de junio en la ciudad de México, donde los crímenes con este grado de violencia son mucho menos frecuentes que en provincia.
-Localizan auto relacionado con multihomicidio
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informó que fue hallado vehículo Ford Mustang, color Rojo, modelo 2006, placas 486VRN, relacionado con el homicidio de cuatro mujeres y el fotoperiodista, Rubén Espinosa Becerril, ocurrido el pasado viernes en la colonia Narvarte.
El automóvil, en el que presuntamente huyeron tres supuestos responsables materiales del crimen múltiple, fue abandonado en calles de la delegación Coyoacán; y según testimonios de vecinos era propiedad de una de las víctimas, quien se presume es de nacionalidad colombiana, explicó la dependencia a través de un comunicado de prensa.
La PGJDF señaló que se realizó una nueva inspección ocular en el departamento, ubicado en la calle Luz Saviñon, 1909, donde agentes del Ministerio Público encontraron el tarjetón de circulación.
Por otra parte, agregó que giró oficio a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para solicitar información respecto a cualquier denuncia o querella presentada Espinosa Becerril.
Asimismo, recibió de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, copia certificada de la averiguación previa que inició por agresiones contra que el mismo colaborador de la revista Proceso y la agencia Cuartoscuro, denunció en septiembre de 2013, ocurridos en la citada entidad.
Respecto a la supuesta, propietaria del vehículo, la procuraduría dio a conocer que solicitó al Consulado de Colombia en México información sobre identidad de la mujer de 29 años de edad. Lo mismo, agregó, se pidió al Instituto Nacional de Migración, así como datos sobre la calidad migratoria de la víctima.
Por otro lado, la PGJDF dijo que la Unidad de la Policía Cibernética de la dependencia, reportó que las cámaras de videovigilancia instalado en el edificio estaban averiadas, por lo que no se obtuvo ningún material relacionado con los hechos.
Agregó también que a través de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, mantiene contacto estrecho con las familias de los afectados, para darles apoyo tanto en materia psicológica como legal.
-Servicios financieros más atacados por "criminales cibernéticos"
Las empresas que prestan servicios financieros enfrentan incidentes de seguridad con 300 por ciento más frecuencia que otras industrias, reveló el Reporte 2015 Financial Services, elaborado por las empresas Raytheon y Websense, en el que destaca que los criminales dedicados a este segmento “tienen un alto grado de especialización” y hacen “importantes inversiones” en las fases de señuelo, el robo de credenciales y de datos.
Para elaborar el estudio las empresas analizaron los patrones seguidos por los hackers para realizar los ataques a industrias específicas, por lo que detectaron que de 20 industrias, la de servicios financieros es la que recibe 300 por ciento más ataques a su seguridad porque los criminales cibernéticos someten a un “bombardeo” a las instituciones y a los usuarios de ese tipo de servicios.
El estudio señala que el 33 por ciento de todos los ataques en la etapa de señuelos se dirigen al los servicios financieros, lo que se complementa con el robo de datos y credenciales a través de correo maligno como Rerdom, Vawtrac y Geodo, este último usado 400 por ciento con más frecuencia en servicios financieros que en otras industrias.
Las estrategias para el robo de datos es el envío de correos electrónicos falsos que al ser abiertos o contestados por los usuarios se redireccionan a páginas o direcciones falsas; incluso, señaló el estudio va a en aumento el robo de información mediante llamadas telefónicas.
Asimismo las investigaciones detectaron que los estafadores modifican con frecuencia las campañas para burlar las medidas de seguridad bancarias. Se estima que la estrategia general se cambia cada mes pero en el inter se realizan campañas de bajo perfil con la inteción de que los especialistas en seguridad de las instituciones se mantengan “ocupados” en lidiar con diversos distractores mientras se realiza algún ataque.
El estudio puntualizó que en la actualidad la mayoría de la amenazas contra los servicios financieros tienen como origen Estados Unidos, pero en los últimos cinco años el origen geográfico de los ataques se ha ubicado en 15 países como Ucrania, Serbia, Polonia, Alemania, Reino Unido y Francia.
El documento advierte sobre la posibilidadde que una economía cada vez más globalizada y la adopción de seguros ciberméticos entorpezcan las medidas de seguridad efectivas.
-Más de 400 mil personas visitaron la Aldea Digital
Teléfonos de México (Telmex) informó que este año 400 mil 524 personas visitaron la Aldea Digital Telcel-Infinitum del 10 al 31 de julio, con lo que “se confirmó como el evento de inclusión digital más grande del mundo”, y por lo que logró nuevo récord Guinness.
Los organizadores detallaron que entre los resultados más sobresalientes de la edición 2015 de la Aldea Digital figura la participación de personas entre 3 y 94 años de edad en alguno de los 30 talleres que se ofrecieron y que estuvieron diseñados para atender a todo aquel interesado sin importar su nivel de conocimientos digitales, y quienes coincidieron en talleres básicos como Mi primer acercamiento a la Computadora, hasta conocimientos sobre Animación en Tercera Dimensión.
El taller Capacítate para el Empleo que cuenta ya con más de 40 oficios, fue uno de los que tuvo mayor demanda en Aldea Digital, por lo que obtuvo un récord Guinness. Entre los oficios más atractivos para los asistentes figuraron el de Reparador de celulares y tablets, Técnico en Informática, Técnico Instalador y Reparador de Equipo de Cómputo.
Como resultado del registro que se realizó día a día al ingresar a la Aldea Digital, los organizadores encontraron que el 55 por ciento de los participantes eran habitantes del Distrito Federal y 45 por ciento del resto del país. De ellos 54 por ciento eran hombres y 46 por ciento mujeres.
El nivel de estudios de los aldeanos se conformó por 26 por ciento con licenciatura; 25 con bachillerato; 20 por ciento con Secundaria, y 19 por ciento con educación básica.
Aldea Digital es parte del Programa de Educación y Cultura Digital que Telmex y Fundación Carlos Slim llevan a cabo cotidianamente en todo el país. Este programa se desarrolla en 3 mil 600 Bibliotecas Digitales ubicadas en Casa Telmex, escuelas, bibliotecas públicas, municipales, casas de cultura y espacios públicos con vocación educativa;así como en plataformas educativas como Académica, Khan Academy en Español y el MIT Open Course Ware; Becas Digitale y TelmexHub.
-Presentarán la Constitución de México en su edición bilingüe español-maya
Cancún. Tras varios años de trabajo se presentará en el Senado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su edición bilingüe español-maya, dio a conocer el maestro Fidencio Briceño Chel.
La presentación será ante testigos de honor: los perredistas Graciela Saldaña Fraire y Luis Sánchez Jiménez, en representación de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, así como Javier López Sánchez, director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), y Nicolás Ávila Cervantes, titular del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya.
La actualización abarca hasta las reformas realizadas el 31 de mayo de 2015, por lo que “constituye un documento de enorme valor para la integración e identidad nacional”.
La traducción de la Carta Magna a lenguas es reflejo inicial de la obligatoriedad de la difusión de ordenamientos jurídicos a las comunidades indígenas en sus dialectos maternos.
De acuerdo al Inali, el uso de lenguas indígenas en contextos más allá del ámbito cotidiano y/o de su cultura tradicional otorga un reconocimiento y un valor equivalente al del español, lo que abre la posibilidad a aumentar la funcionalidad de las lenguas indígenas.
Briceño Chel puntualizó que “la utilización de las lenguas nacionales como instrumento de expresión, en este caso legal o judicial, permite también el desarrollo y ampliación del repertorio de términos especializados.
“La utilización de esos recursos actualizan y equilibran las lenguas indígenas frente al español, orientándolas a recuperar su funcionalidad en contextos públicos".
El coordinador de los trabajos de traducción fue Fidencio Briceño y su equipo de traducción, integrado por Gerónimo Ricardo Cano Tec, José Concepción Cano Sosaya, Samuel Canul Yah, Felipe de Jesús Castillo Tzec y José Alfredo Hau Caamal.
La asesoría jurídica estuvo a cargo de Deysi Canul Hau y Santos Cosme o. Pool Canché.
La presentación se realizará este martes a las 11:00 en el auditorio Octavio Paz del Senado de la República, en la ciudad de México.
-Empresa brasileño-española busca subir 29.9% servicio del Agua en municipios de Veracruz
Veracruz, Ver. A partir de 2016 la empresa MAS -fusión de capital brasileño y español- que administrará el suministro del Agua a los municipios de Veracruz y Medellin pretende aumentar 29.9 por ciento las Tarifas en un lapso de 5 años, a partir de la autorización de su propuesta económica y técnica, prevista de aprobación por el Congreso de Veracruz en este mes para que entre en operación en septiembre próximo.
El consorcio Interagbar Odebrecht Ambiental, filial mexicana de la brasileña Odebrecht, en rueda de prensa esta tarde a través de su representante Arturo Zorrilla, ofreció detalles técnicos de su propuesta que contempla en teoría modernizar una red de 1 mil 800 kilómetros de infraestructura de agua en la zona meteopolitana que contemplaba al municipio de Boca del Rio que, por decisión de su alcalde panista, se salió del esquema.
Pero al decir de Mario Alberto Álvarez asesor externo del ayuntamiento en esta operación, explica que es muy probable que tanto Boca del Río como el municipio de La Antigua terminen por integrarse a los servicios de la empresa mixta MAS, debido a las necesidades propias de la demanda del líquido y que estos municipios no cuentan con la infraestructura para atender la demanda; que tan solo en Veracruz y Medellín sobrepasa en 180 mil Usuarios.
"No me queda duda que es lo que conviene para la ciudad a futuro por su crecimiento previsto en base a la reforma energética y la propia ampliación del puerto de Veracruz, que ya estamos viviendo..." , dijo el alcalde de la ciudad de Veracruz Ramón Poo Gil, presente en la rueda de prensa que expuso entre infinidad de datos reveladores, que la empresa municipal Sistema Municipal del Agua, SAS, tiene actualmente un Déficit de 1 mil 80 millones de pesos, cartera que según Alberto Alvarez " es irrecuperable..."
EXPECTATIVAS
En una larga exposición que sobrepasó las 3 horas, representantes de Interagbar y de la aun empresa municipal SAS, y de la MAS, explicaron a reporteros detalles del esquema y modelo de empresa mixta en donde se contempla la "re clasificación de tarifas", el despido de los 1 mil 600 trabajadores de la empresa -de estos, 300 son de "confianza"- para volver a recontratar solo a un aproximado de 600, así como tratar de remontar sobre el déficit de 30 millones de pesos mensuales con que operaba la empresa municipal SAS.
-Aún 4.5 millones de hogares sin acceso a TV digital
Al cierre de 2014 en 14.5 millones de hogares mexicanos había sólo televisores capaces de recibir señal analógica para ver televisión abierta, por lo que con la entrega de casi 10 millones de televisores digitales por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a los hogares más pobres del país, en 4.5 millones tendrían que adquirir sin “asistencia” el aparato que les permita estar listos para el apagón analógico el próximo 31 de diciembre, señaló la consultoría Telconomia.
Destacó que la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) además de mantener conectada a la población a la televisión abierta, servirá para introducir a la población a más servicios de telecomunicaciones; recuperar la banda de 700 megahercios que representa el mayor activo del dividendo digital; y será un elemento fundamental para que inicie la competencia entre Televisa, Televisión Azteca y Cadena Tres.
Con base en la última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realizada en 2014 14.5 millones de “telehogares” sólo tenían la opción de ver televisión abierta a través de un aparato analógico; 6 millones tenían televisión de paga y analógica; 3.1 millones tenían de paga, analógica y digital; 2.8 millones tenían algún servicio de paga y digital; 1.7 millones sólo digital; 1.6 millones no tenían televisión; y 1.6 millones tenían analógica y digital.
En ese sentido Telconomía señaló que con esos datos, que son los más recientes 4.5 millones de telehogares quedarían fuera del programa de la SCT mediante el que entregará antes del 15 de noviembre 10 millones de televisores digitales con base a un listado proporcionado por la Secretaría de Desarrollo Social (SCT), y que presumiblemente abarca los hogares de menores recursos.
La consultoría señaló que es muy probable que para cuando la SCT concluya la entrega de televisores, en esos 4.5 millones de telehogares que deberán hacer la “transición no asistida” ya habrán adquirido sus aparatos debido a que ya hay mayor oferta de ese tipo de dispositivos.
La SCT no tiene una cifra de cuántos hogares del país podrían quedarse sin señal de televisión digital a partir del 1 de enero de 2016 por no tener un dispositivo adecuado; pero en declaraciones recientes la subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe señaló que la dependencia cumplirá con entregar entre 9.4 y 10 millones de televisores; mientras que el resto de la población tendrá oferta suficiente en el mercado de ese tipo de aparatos, antenas y decodificadores.
La dependencia ha modificado en dos ocasiones la cifra de televisores por entregar. Al inicio el gobierno federal estimó que serían 13.8 millones de televisores, después por el recorte presupuestal y una serie de ajustes por situaciones como que el beneficiario se movió de domicilio hizo un ajuste a 10 millones de hogares; y hace unas semanas aplicó un nuevo recorte a 9.4 millones de televisores porque las personas ya no viven en los domicilios registrados, y porque la SCT no puede quedarse con televisores sobrantes, explicó el coordinador del programa, Javier Lizárraga.
Telconomía señaló que si la SCT no acaba con la entrega en el tiempo programado, o hay personas que al momento del apagón no tienen un televisor analógico, quedarán permisionarios que podrán seguir transmitiendo la señal analógica por un tiempo, las personas tendrán oportunidad de adquirir con sus propios recursos un aparto; y el gobierno deberá completar el reparto, por lo que está previsto mantener la entrega hasta marzo de 2016 para cubrir los faltantes.
-Dirigencia nacional del PRD condenó crimen de Rubén Espinosa
La dirigencia nacional del PRD condenó el asesinato del periodista Rubén Espinosa Becerril, fotógrafo y corresponsal en Veracruz de la agencia Cuarto Oscuro y del semanario Proceso, al igual que el de la activista Nadia Vera Pérez, el de Yesenia Quiroz Alfaro, y de las otras dos mujeres cuya identidad no ha sido revelada, y quienes lo acompañaban.
Demandó castigo a los responsables y confió en que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) “agote todas las líneas de investigación para impartir justicia de manera eficaz”.
Pidió que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y sus funcionarios también sean investigados a fin de descartar las hipótesis que lo relacionan con este lamentable hecho debido al clima de hostilidad que contra los periodistas prevalece en dicha entidad.
La dirigencia externó su solidaridad a familiares y amigos de todas las víctimas, al igual que al gremio periodístico, especialmente en Veracruz, donde se presentan más ataques a los comunicadores.
-Obama anuncia plan contra cambio climático
Washington. El presidente estadunidense, Barack Obama, enmarcó el lunes el cambio climático como el reto más difícil y urgente de nuestro tiempo, cuando anunció su primer plan para limitar las emisiones resultantes de la generación de energía en el país.
"No existe un desafío que represente una amenaza mayor para nuestro futuro y las generaciones futuras que el cambio climático", dijo Obama, al advertir contra el riesgo de "llegar tarde" a la pelea.
"Esta es una de esas raras ocasiones, debido a su magnitud y su alcance, en las que si no hacemos las cosas bien, no será posible revertirlas. Y podríamos no ser capaces de adaptarnos a ellas", dijo en la Casa Blanca. En un intento de por lo menos frenar el proceso ya en marcha, Obama anunció que los propietarios de las plantas generadoras de energía deberán recortar 32 por ciento sus emisiones de dióxido de carbono para 2030 respecto de los niveles de 2005.
Las plantas de generación de energía eléctrica son responsables de cerca del 40 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono de Estados Unidos, el principal gas de efecto invernadero que contribuye al cambio climático.
Por esto, Obama describió la medida como "el paso más importante que Estados Unidos haya dado en la lucha contra el cambio climático".
La Unión Europea inmediatamente saludó el plan de Obama y su "esfuerzo sincero" por reducir las emisiones de dióxido de carbono.
El anuncio es el pistoletazo de largada de una cruzada medioambiental que le tomará al presidente varios meses y que se espera defina su legado.
Este mes, Obama visitará el estado ártico de Alaska para llamar la atención sobre el impacto del cambio climático. En septiembre, recibirá al papa Francisco en la Casa Blanca, donde se prevé que ambos hagan un apasionado llamado a la acción.
Y en diciembre, representantes de todo el mundo se reunirán en París para discutir a fondo las medidas diseñadas para limitar el aumento de la temperatura mundial en dos grados Celsius.
Una extralimitación
Pero los comentarios de Obama no tuvieron un recibimiento demasiado entusiasta en el Congreso controlado por los republicanos, quienes describieron las medidas como una "extralimitación" de un presidente "de mano dura".
En su propuesta inicial de hace un año, el objetivo trazado por el gobierno de Obama era de 30 por ciento.
El cambio climático es un tema candente en la política estadounidense y los cortes como el anunciado el lunes son muy sensibles políticamente, debido a que el carbón, que es una de las fuentes de energía más contaminantes, sigue siendo la mayor industria del país.
Y es un combustible con influyentes defensores. Entre ellos, el líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell, quien es senador de Kentucky, un estado rico por su carbón.
"Estas enormes regulaciones no sólo serán incapaces de afectar significativamente el cambio climático, sino que además terminarán dañando más el medio ambiente, porque habrá que tercerizar la producción de energía a países con registros medioambientales pobres, como India y China", dijo McConnell.
El líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, acusó a Obama de elegir "un legado verde en lugar de una economía en crecimiento".
Y un grupo de presión pro-carbón (American Coalition for Clean Coal Electricity) amenazó con probables acciones legales. El gobierno de Obama "está poniendo en marcha un plan ilegal que aumentará los costos de la electricidad y dejará a la gente sin empleo", aseguró.
Pero Obama descalificó esta clase de comentarios como mero "alarmismo".
"Cuando el presidente (Richard) Nixon decidió hacer algo con el smog que estaba ahogando nuestras ciudades, le advirtieron que arruinaría la industria automotriz. Y eso no sucedió", dijo.
