-Edomex está en aprietos: debe a OHL 38 mil millones, lo que excede su límite de deuda
La deuda que el Estado de México (Edomex) tiene con OHL por el menor tráfico al que estaba previsto en las autopistas que gestiona, puede arrastrar a la entidad a una delicada situación financiera. O eso es al menos lo que denuncia Infraiber, la empresa mexicana contratada en un primer momento para auditar el número de vehículos que utilizaban las autopistas de OHL en el país, pero que nunca llegó a prestar servicio.
El pasado 17 de agosto, la firma presentó ante el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, un escrito en el que aseguraba que si al 31 de diciembre del 2014 la supuesta rentabilidad garantizada en el Circuito Exterior Mexiquense (CEM) y en el Viaducto Bicentenario era, de acuerdo con lo reflejado en la contabilidad de OHL, de 38 mil 480 millones de pesos, y si la empresa que preside Juan Miguel Villar Mir tiene un derecho incondicional de cobro por esa cantidad, “entonces el Gobierno del Estado de México excedió el límite máximo de endeudamiento, situado en 50 mil millones de pesos”.
Todo ello de acuerdo con los límites establecidos en la Ley de Ingresos del Estado, cuya deuda se eleva actualmente a 39 mil 173 millones, el 2.4 por ciento del PIB.
“Ante la gravedad del asunto, resulta francamente inexplicable el silencio que guarda el Gobierno del Estado de México”, dice Infraiber. De acuerdo con esta empresa, si se reconociera la obligación de ese pago y se superara el límite de endeudamiento previsto en la legislación, el Edomex se tendría que declarar en default o quiebra.
Y es que, según explica Infraiber, que ha llevado en varias ocasiones a OHL y al Edomex ante los tribunales por cancelar el contrato que tenían firmado, si el Estado que gobierna Eruviel Ávila tuviera la obligación de pagar la rentabilidad garantizada del CEM, tendría que elevar la deuda pública en 30 mil millones de pesos, lo que le llevaría a incumplir las condiciones de los créditos. Según defiende Infraiber, los bancos y demás acreedores podrían reclamar el vencimiento anticipado de toda la deuda pública estatal llevando a México al default. A su vez, señala que las agencias de calificación tendrían que rebajar la nota a la deuda del Estado de México.
La rentabilidad garantizada por el Edomex supone que OHL México recuperará toda la inversión realizada en las autovías durante todos los años de operación (construcción y mantenimiento) con un 10 por ciento de interés anual en el caso del CEM y del 7 por ciento en el del Viaducto, tal y como informó elEconomista el pasado 10 de agosto.
La filial azteca de Villar Mir tiene también garantizada la Autopista Norte, pero esta depende del Distrito Federal y las otras dos del Edomex.
Fuentes cercanas a la filial azteca aseguran que la deuda con el Edomex seguirá creciendo en los próximos años hasta que el tráfico alcance los niveles esperados y los ingresos por peaje cubran la rentabilidad prevista. Momento a partir del cual está previsto que empiece a descender.
-Petroprecios, sin riesgo para reforma energética: Joaquín Coldwell
-Mediante acuerdo con la CFE, Gas Natural Fenosa desarrollará gasoductos
-Grupos civiles alertan que el Ejecutivo planea imponer una Ley de Desaparición Forzada
La Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada -que agrupa a distintas organizaciones civiles- presentó este lunes una propuesta de la ley general contra la desaparición forzada, ante la inminente elaboración de dicho marco legal, luego de que se aprobara la reforma constitucional al artículo 73, que facultó al Poder Legislativo a expedir leyes generales en la materia.
Zita Loyo, integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, alertó en conferencia de prensa sobre la posibilidad de que el próximo 1 de septiembre el Presidente Enrique Peña Nieto presente una propuesta bajo la modalidad de iniciativa preferente, lo que limitaría el tiempo para su revisión y análisis por el Congreso de la Unión.
Señaló también que a la fecha no se conoce el contenido exacto de la iniciativa gubernamental, y sólo se sabe de los foros y una consulta electrónica anunciados por el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián. El pasado 21 de agosto, el Presidente Peña Nieto adelantó que muy pronto enviaría al Legislativo una iniciativa de ley en la materia, sin descartar que pudiera ser una iniciativa preferente.
Las organizaciones agrupadas en la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México han dicho que no aceptarán ninguna iniciativa del Ejecutivo que sea presentada como preferente ante el riesgo de que se trate de una iniciativa de ley “a modo”, que no contribuya a la investigación ni mucho menos a la erradicación de las desapariciones forzadas en el país.
Actualmente sobre la mesa de discusión están las iniciativas de ley propuestas por los tres principales partidos políticos -PRI, PAN y PRD- a las que se sumaría la del Ejecutivo federal, refirió Héctor Cerezo, integrante del Comité Cerezo y también presente en la conferencia.
En este contexto, las organizaciones integrantes de la Campaña elaboraron una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares, a partir del análisis de las propuestas de ley que se han hecho antes, de foros de discusión con expertos, observaciones de familiares de desaparecidos y de recomendaciones de organismos internacionales como el Comité sobre Desapariciones Forzadas y el Grupo de Trabajo Sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, ambos de la Organización de las Naciones Unidas.
La iniciativa, que está disponible en el portal www.comitecerezo.org, fue respaldada por el Coordinador de la Unidad Jurídica y de Análisis del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Alan García Campos, y por la consultora internacional y especialista en el tema de desapariciones forzadas, Gabriela Citroni.
Ambos destacaron que se trata de una iniciativa impulsada por la sociedad civil y que cumple con los estándares internacionales y recomendaciones de organismos internacionales sobre el tema de desaparición forzada.
Citroni destacó que no basta con que una ley sancione el delito de desaparición forzada, sino que debe tener herramientas para su prevención, así como para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas y la reparación de daños a las víctimas. En ese sentido, dijo, la iniciativa de las organizaciones civiles es integral en el abordaje del tema de la desaparición.
El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas señaló que la propuesta incorpora la experiencia de los familiares de personas desaparecidas, y subrayó la importancia de que una iniciativa de ley de este tipo sea elaborada “por las víctimas, desde las víctimas, con las víctimas y para las víctimas”, pues son ellas quienes tienen todos los aprendizajes y lecciones sobre lo que debe y no hacerse.
“Como nunca en una legislación de esta naturaleza se debe honrar la esencia del espíritu democrático representativo, que presta atención y responde al sujeto doliente”, expresó. “Debe ser la ley una oportunidad para que la víctima de la violación de derechos humanos transite de ser un objeto de la violencia a un sujeto cívico, un actor ciudadano” que exija sus derechos.
¿QUÉ DICE LA INICIATIVA?
El abogado Sandino Rivero, de la organización Defensa Estratégica en Derechos Humanos y quien lleva el caso de la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, destacó también que la iniciativa reconoce la realidad del país al abarcar no sólo la desaparición forzada sino también aquélla cometida por agentes distintos al Estado, y que reconoce la desaparición no sólo como un delito sino como una violación a múltiples derechos, como a la vida, la integridad y la personalidad jurídica.
La propuesta de las organizaciones hace referencia tanto a la desaparición forzada de personas -entendida como aquella que ocurre con el conocimiento, apoyo o aquiescencia del Estado- como a la desaparición de personas cometida por particulares, estableciendo facultades para los tres niveles de gobierno en todas las entidades para investigar, prevenir y sancionar ambos tipos de desapariciones y reparar los daños a las víctimas de ambos delitos.
También establece criterios para la búsqueda, investigación y creación de un Registro Nacional de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y Desaparición de Personas Cometida por Particulares, y plantea la creación de protocolos específicos para la búsqueda inmediata y permanente de las personas desaparecidas, así como la creación de fiscalías especiales en todas las entidades para la búsqueda de personas e investigación de los casos.
Además propone crear el Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense Mexicano y un Banco Nacional de Información Genética, una Base de Datos Ante Mortem/Post Mortem (AM/PM), un Registro Nacional de Restos Mortuorios No Identificados y de las zonas donde se encuentran las fosas comunes en el país. Todo ello a fin de facilitar y agilizar la identificación de las personas que han sido localizadas sin vida, a través de un proceso confiable, seguro y certero.
La iniciativa contiene también un apartado sobre la Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada y Desaparición de Personas Cometida por Particulares, cuyo propósito es reconocer y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica de las personas desaparecidas, además de brindar certeza jurídica a sus familiares.
Asimismo establece medidas para prevenir los delitos de desaparición forzada y de desaparición cometida por particulares, como son la creación de un Registro Oficial de Detenciones hechas por policías municipales, estatales o federales y por elementos de las Fuerzas Armadas.
En otro apartado, la iniciativa plantea la reparación integral del daño, a partir del reconocimiento de los familiares de las víctimas de desaparición a sus derechos a la verdad y la justicia y la obligación del Estado a garantizar la no repetición de los hechos.
Aunque la iniciativa propone una estructura y contenido, no está exenta de revisiones y observaciones por expertos en la materia, familiares de personas desparecidas y organizaciones de derechos humanos, refirieron los integrantes de la Campaña. Se prevé que sea entregada formalmente al Senado el próximo 3 de septiembre.
LA PROPUESTA DEL GOBIERNO PARA “NO LOCALIZADOS”
Al tiempo que las organizaciones han elaborado una propuesta de iniciativa de ley, el gobierno federal prepara su propio proyecto, que previsiblemente sea presentado por el Presidente el próximo 1 de septiembre, en el marco de su tercer informe de labores.
Un aspecto que Loyo, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, criticó de la propuesta gubernamental es que desde el nombre falla en reconocer tanto a las personas desaparecidas como la responsabilidad del Estado en ese delito, pues utiliza el término “no localizado”.
El pasado 23 de julio, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Campa Cifrián, dio a conocer un proceso de “consulta” sobre lo que debería contener la llamada “Ley General para la Búsqueda de Personas No Localizadas y la Prevención y Sanción del Delito de Desaparición Forzada”.
Para la “consulta” se dispuso un cuestionario en Internet -en la página de la Segob- disponible para organizaciones civiles, familiares de desaparecidos, expertos en el tema, académicos, autoridades y “cualquier interesado” en la elaboración de la iniciativa de ley.
El cuestionario plantea preguntas respecto a qué procesos deben conformar el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, quiénes deberían ejecutar esos procesos, si los procesos ejecutados por autoridades tendrían que realizarse por instancias especializadas y qué características deberían tener dichas instancias especializadas.
La Segob también pregunta qué información debería contener el registro nacional de personas “no localizadas”, si éste debe ser de acceso público o restringido, qué datos podrían consultarse públicamente, qué elementos debería tener el registro además de información genética, qué procedimientos serían útiles para la identificación de personas, y si la información genética debería ser sólo de personas “no localizadas” o de la población en general.
Otras preguntas -cuyas respuestas son abiertas en todos los casos- cuestionan si las autoridades deben recabar información genética en todos los casos de “no localización” de personas o de personas fallecidas sin identificar, o se debe atender a las circunstancias de cada caso; cómo deberían los protocolos diferenciar la búsqueda de personas dependiendo del tiempo transcurrido entre la “no localización” y el reporte de la autoridad; cómo deberían los protocolos distinguir la búsqueda de personas dependiendo de la posible causa de la “no localización” de la persona; si se deberían sancionar los hechos relacionados con la “no localización” de personas aun cuando no existiera autorización, apoyo o aquiescencia del Estado; o si debería haber atenuantes a responsables que contribuyan a la reaparición de personas con vida.
Loyo expuso que el 80 por ciento de las preguntas del cuestionario se enfoca en hablar de personas “no localizadas” y sólo cuatro hablan sobre desaparición forzada, con lo que no se contempla a cabalidad la prevención, sanción, investigación y búsqueda de los casos de desaparición, consideró.
“No podemos tolerar que una ley venga desde el título como ‘no localizables’. Tiene que especificar la gravedad del delito y la gravedad de la violación de derechos humanos y la responsabilidad que tiene el Estado hacia su población”, expresó.
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El pasado 17 de agosto, la firma presentó ante el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, un escrito en el que aseguraba que si al 31 de diciembre del 2014 la supuesta rentabilidad garantizada en el Circuito Exterior Mexiquense (CEM) y en el Viaducto Bicentenario era, de acuerdo con lo reflejado en la contabilidad de OHL, de 38 mil 480 millones de pesos, y si la empresa que preside Juan Miguel Villar Mir tiene un derecho incondicional de cobro por esa cantidad, “entonces el Gobierno del Estado de México excedió el límite máximo de endeudamiento, situado en 50 mil millones de pesos”.
Todo ello de acuerdo con los límites establecidos en la Ley de Ingresos del Estado, cuya deuda se eleva actualmente a 39 mil 173 millones, el 2.4 por ciento del PIB.
“Ante la gravedad del asunto, resulta francamente inexplicable el silencio que guarda el Gobierno del Estado de México”, dice Infraiber. De acuerdo con esta empresa, si se reconociera la obligación de ese pago y se superara el límite de endeudamiento previsto en la legislación, el Edomex se tendría que declarar en default o quiebra.
Y es que, según explica Infraiber, que ha llevado en varias ocasiones a OHL y al Edomex ante los tribunales por cancelar el contrato que tenían firmado, si el Estado que gobierna Eruviel Ávila tuviera la obligación de pagar la rentabilidad garantizada del CEM, tendría que elevar la deuda pública en 30 mil millones de pesos, lo que le llevaría a incumplir las condiciones de los créditos. Según defiende Infraiber, los bancos y demás acreedores podrían reclamar el vencimiento anticipado de toda la deuda pública estatal llevando a México al default. A su vez, señala que las agencias de calificación tendrían que rebajar la nota a la deuda del Estado de México.
La rentabilidad garantizada por el Edomex supone que OHL México recuperará toda la inversión realizada en las autovías durante todos los años de operación (construcción y mantenimiento) con un 10 por ciento de interés anual en el caso del CEM y del 7 por ciento en el del Viaducto, tal y como informó elEconomista el pasado 10 de agosto.
La filial azteca de Villar Mir tiene también garantizada la Autopista Norte, pero esta depende del Distrito Federal y las otras dos del Edomex.
Fuentes cercanas a la filial azteca aseguran que la deuda con el Edomex seguirá creciendo en los próximos años hasta que el tráfico alcance los niveles esperados y los ingresos por peaje cubran la rentabilidad prevista. Momento a partir del cual está previsto que empiece a descender.
-Petroprecios, sin riesgo para reforma energética: Joaquín Coldwell
El secretario de Energía , Pedro Joaquín Coldwell aseguró que la caída en los precios del petróleo no pone en riesgo la reforma energética.
Entrevistado tras la conmemoración del 50 aniversario del Instituto Mexicano de Petróleo (IMP), a la que asistió con la representación presidencial, reconoció que no se espera un repunte en las cotizaciones del crudo a nivel internacional en el corto plazo.
"Esperamos que sigan bajos, no vemos un cambio de mercado hacia mejores condiciones en el corto plazo", refirió.
Indicó que la reforma energética es muy amplia y no solo son contratos , aunque es una parte sustancial y no es la única. Hay una apertura en la parte de almacenamiento, agregó, y tenemos toda la parte de apertura de la electricidad y su integralidad le da su fortaleza .
Garantizó que no se van a malbaratar los recursos petroleros en la segunda licitación de la Ronda Uno para la explotación de hidrocarburos, como fue el caso de la primera "mediante procedimientos transparentes , valores mínimos del gobierno y aceptando las mejores ofertas del mínimo gubernamental ".
Informó, que el tema de reducir las condiciones para el Estado en esta segunda licitación se está analizando con la Secretaria de Hacienda , pero no quiso anticipar al respecto.
Indicó que se está estudiando la solicitud de convertir al IMP en una empresa productiva de Estado.
Sobre el complicado escenario financiero mundial , dijo que Pemex estará buscando recursos financieros para obtener mayor liquidez y poder cubrir los pagos a los proveedores.
Gas Natural Fenosa firmó con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un Memorándum de Entendimiento (MOU) que le permitirá proveerse de gas natural a partir de la infraestructura creciente de esta empresa productiva estatal mexicana, tanto en las zonas geográficas de distribución en las que ya opera, como en las subsecuentes donde extienda su servicio, en el contexto de la expansión del mercado energético mexicano como resultado de las reformas estructurales recientemente aprobadas por el Gobierno Federal.
El gobierno mexicano ha planteado como prioridad de la actual administración llevar gas natural a todos los estados del país. A partir de las directrices sentadas por su Secretaría de Energía (Sener), el gobierno planea añadir 6 mil kilómetros de nuevos gasoductos hacia 2018 con inversiones totales por 13 mil millones de dólares.
En 2014 iniciaron operaciones 6 nuevos ductos, con más de mil kilómetros de extensión luego de inversiones de 2 mil 500 millones de dólares, y siete más se encuentran en construcción.
Considerando este contexto de impulso a la infraestructura de transporte de gas natural, el acuerdo permitirá a Gas Natural Fenosa contar con un suministro constante del combustible, a los precios históricamente bajos que predominan en la región de América del Norte, beneficiando a sus clientes residenciales, comerciales e industriales.
Rafael Villaseca Marco, Consejero delegado de Gas Natural Fenosa, comentó: “México ya se ha consolidado como una de las economías emergentes más estables y prometedoras, y es pieza clave de nuestra estrategia global. Este acuerdo nos da mayores herramientas aún para seguir creciendo en un mercado crucial”.
Por su parte, Ángel Larraga, Country Manager de la empresa en México, agregó: “Nuestra visión es seguir aportando nuestro conocimiento y calidad de servicio en las nuevas zonas de distribución que se están abriendo en México como la que acabamos de ganar en Sonora y Sinaloa-, así como expandir nuestra capacidad de generación de electricidad gracias a la tecnología de ciclos combinados. Este acuerdo nos entusiasma, porque nos permite garantizar el acceso continuo al gas natural a precios altamente competitivos, de la mano con una empresa de clase mundial como la CFE”.
La Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada -que agrupa a distintas organizaciones civiles- presentó este lunes una propuesta de la ley general contra la desaparición forzada, ante la inminente elaboración de dicho marco legal, luego de que se aprobara la reforma constitucional al artículo 73, que facultó al Poder Legislativo a expedir leyes generales en la materia.
Zita Loyo, integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, alertó en conferencia de prensa sobre la posibilidad de que el próximo 1 de septiembre el Presidente Enrique Peña Nieto presente una propuesta bajo la modalidad de iniciativa preferente, lo que limitaría el tiempo para su revisión y análisis por el Congreso de la Unión.
Señaló también que a la fecha no se conoce el contenido exacto de la iniciativa gubernamental, y sólo se sabe de los foros y una consulta electrónica anunciados por el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián. El pasado 21 de agosto, el Presidente Peña Nieto adelantó que muy pronto enviaría al Legislativo una iniciativa de ley en la materia, sin descartar que pudiera ser una iniciativa preferente.
Las organizaciones agrupadas en la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México han dicho que no aceptarán ninguna iniciativa del Ejecutivo que sea presentada como preferente ante el riesgo de que se trate de una iniciativa de ley “a modo”, que no contribuya a la investigación ni mucho menos a la erradicación de las desapariciones forzadas en el país.
Actualmente sobre la mesa de discusión están las iniciativas de ley propuestas por los tres principales partidos políticos -PRI, PAN y PRD- a las que se sumaría la del Ejecutivo federal, refirió Héctor Cerezo, integrante del Comité Cerezo y también presente en la conferencia.
En este contexto, las organizaciones integrantes de la Campaña elaboraron una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares, a partir del análisis de las propuestas de ley que se han hecho antes, de foros de discusión con expertos, observaciones de familiares de desaparecidos y de recomendaciones de organismos internacionales como el Comité sobre Desapariciones Forzadas y el Grupo de Trabajo Sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, ambos de la Organización de las Naciones Unidas.
La iniciativa, que está disponible en el portal www.comitecerezo.org, fue respaldada por el Coordinador de la Unidad Jurídica y de Análisis del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Alan García Campos, y por la consultora internacional y especialista en el tema de desapariciones forzadas, Gabriela Citroni.
Ambos destacaron que se trata de una iniciativa impulsada por la sociedad civil y que cumple con los estándares internacionales y recomendaciones de organismos internacionales sobre el tema de desaparición forzada.
Citroni destacó que no basta con que una ley sancione el delito de desaparición forzada, sino que debe tener herramientas para su prevención, así como para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas y la reparación de daños a las víctimas. En ese sentido, dijo, la iniciativa de las organizaciones civiles es integral en el abordaje del tema de la desaparición.
El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas señaló que la propuesta incorpora la experiencia de los familiares de personas desaparecidas, y subrayó la importancia de que una iniciativa de ley de este tipo sea elaborada “por las víctimas, desde las víctimas, con las víctimas y para las víctimas”, pues son ellas quienes tienen todos los aprendizajes y lecciones sobre lo que debe y no hacerse.
“Como nunca en una legislación de esta naturaleza se debe honrar la esencia del espíritu democrático representativo, que presta atención y responde al sujeto doliente”, expresó. “Debe ser la ley una oportunidad para que la víctima de la violación de derechos humanos transite de ser un objeto de la violencia a un sujeto cívico, un actor ciudadano” que exija sus derechos.
¿QUÉ DICE LA INICIATIVA?
El abogado Sandino Rivero, de la organización Defensa Estratégica en Derechos Humanos y quien lleva el caso de la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, destacó también que la iniciativa reconoce la realidad del país al abarcar no sólo la desaparición forzada sino también aquélla cometida por agentes distintos al Estado, y que reconoce la desaparición no sólo como un delito sino como una violación a múltiples derechos, como a la vida, la integridad y la personalidad jurídica.
La propuesta de las organizaciones hace referencia tanto a la desaparición forzada de personas -entendida como aquella que ocurre con el conocimiento, apoyo o aquiescencia del Estado- como a la desaparición de personas cometida por particulares, estableciendo facultades para los tres niveles de gobierno en todas las entidades para investigar, prevenir y sancionar ambos tipos de desapariciones y reparar los daños a las víctimas de ambos delitos.
También establece criterios para la búsqueda, investigación y creación de un Registro Nacional de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y Desaparición de Personas Cometida por Particulares, y plantea la creación de protocolos específicos para la búsqueda inmediata y permanente de las personas desaparecidas, así como la creación de fiscalías especiales en todas las entidades para la búsqueda de personas e investigación de los casos.
Además propone crear el Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense Mexicano y un Banco Nacional de Información Genética, una Base de Datos Ante Mortem/Post Mortem (AM/PM), un Registro Nacional de Restos Mortuorios No Identificados y de las zonas donde se encuentran las fosas comunes en el país. Todo ello a fin de facilitar y agilizar la identificación de las personas que han sido localizadas sin vida, a través de un proceso confiable, seguro y certero.
La iniciativa contiene también un apartado sobre la Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada y Desaparición de Personas Cometida por Particulares, cuyo propósito es reconocer y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica de las personas desaparecidas, además de brindar certeza jurídica a sus familiares.
Asimismo establece medidas para prevenir los delitos de desaparición forzada y de desaparición cometida por particulares, como son la creación de un Registro Oficial de Detenciones hechas por policías municipales, estatales o federales y por elementos de las Fuerzas Armadas.
En otro apartado, la iniciativa plantea la reparación integral del daño, a partir del reconocimiento de los familiares de las víctimas de desaparición a sus derechos a la verdad y la justicia y la obligación del Estado a garantizar la no repetición de los hechos.
Aunque la iniciativa propone una estructura y contenido, no está exenta de revisiones y observaciones por expertos en la materia, familiares de personas desparecidas y organizaciones de derechos humanos, refirieron los integrantes de la Campaña. Se prevé que sea entregada formalmente al Senado el próximo 3 de septiembre.
LA PROPUESTA DEL GOBIERNO PARA “NO LOCALIZADOS”
Al tiempo que las organizaciones han elaborado una propuesta de iniciativa de ley, el gobierno federal prepara su propio proyecto, que previsiblemente sea presentado por el Presidente el próximo 1 de septiembre, en el marco de su tercer informe de labores.
Un aspecto que Loyo, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, criticó de la propuesta gubernamental es que desde el nombre falla en reconocer tanto a las personas desaparecidas como la responsabilidad del Estado en ese delito, pues utiliza el término “no localizado”.
El pasado 23 de julio, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Campa Cifrián, dio a conocer un proceso de “consulta” sobre lo que debería contener la llamada “Ley General para la Búsqueda de Personas No Localizadas y la Prevención y Sanción del Delito de Desaparición Forzada”.
Para la “consulta” se dispuso un cuestionario en Internet -en la página de la Segob- disponible para organizaciones civiles, familiares de desaparecidos, expertos en el tema, académicos, autoridades y “cualquier interesado” en la elaboración de la iniciativa de ley.
El cuestionario plantea preguntas respecto a qué procesos deben conformar el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, quiénes deberían ejecutar esos procesos, si los procesos ejecutados por autoridades tendrían que realizarse por instancias especializadas y qué características deberían tener dichas instancias especializadas.
La Segob también pregunta qué información debería contener el registro nacional de personas “no localizadas”, si éste debe ser de acceso público o restringido, qué datos podrían consultarse públicamente, qué elementos debería tener el registro además de información genética, qué procedimientos serían útiles para la identificación de personas, y si la información genética debería ser sólo de personas “no localizadas” o de la población en general.
Otras preguntas -cuyas respuestas son abiertas en todos los casos- cuestionan si las autoridades deben recabar información genética en todos los casos de “no localización” de personas o de personas fallecidas sin identificar, o se debe atender a las circunstancias de cada caso; cómo deberían los protocolos diferenciar la búsqueda de personas dependiendo del tiempo transcurrido entre la “no localización” y el reporte de la autoridad; cómo deberían los protocolos distinguir la búsqueda de personas dependiendo de la posible causa de la “no localización” de la persona; si se deberían sancionar los hechos relacionados con la “no localización” de personas aun cuando no existiera autorización, apoyo o aquiescencia del Estado; o si debería haber atenuantes a responsables que contribuyan a la reaparición de personas con vida.
Loyo expuso que el 80 por ciento de las preguntas del cuestionario se enfoca en hablar de personas “no localizadas” y sólo cuatro hablan sobre desaparición forzada, con lo que no se contempla a cabalidad la prevención, sanción, investigación y búsqueda de los casos de desaparición, consideró.
“No podemos tolerar que una ley venga desde el título como ‘no localizables’. Tiene que especificar la gravedad del delito y la gravedad de la violación de derechos humanos y la responsabilidad que tiene el Estado hacia su población”, expresó.
-Padres reclaman a Peña en el inicio del ciclo escolar en Guerrero
Al arrancar el ciclo escolar 2015-2016 en Coyuca de Benítez, Guerrero, el presidente Enrique Peña Nieto enfrentó el reclamo de padres de familia por la lentitud con que se llevan las obras de restauración del plantel donde estudian sus hijos, dañado por el huracán Manuel hace dos años.
Mientras el presidente declaraba inaugurado el nuevo ciclo escolar y presumía el “éxito” de la reforma educativa, los manifestantes llegaron a la Secundaria Técnica número 15 “José Vasconcelos” con fotografías de la escuela primaria “José Martha Zúñiga” de Coyuca de Benítez, en las que se apreciaban las obras a medias, pese a que el gobierno federal destinó siete millones de pesos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) para construir un nuevo plantel en otro predio y medio millón más para equipamiento.
Según el director de la escuela, Sinué Salinas Muñoz, la obra lleva 70% de avance, pero las autoridades le pidieron firmar como responsable para que se entregue. Al plantel le faltan parte de los baños, áreas verdes, así como equipamiento y servicios básicos como agua y luz.
Para el acto oficial de inicio de clases, la Presidencia de la República eligió una escuela que también fue dañada por el mismo huracán, pero que hoy abrió sus puertas en condiciones muy diferentes.
Ahí, frente a estudiantes, maestros y autoridades, Peña Nieto presumió:
“Cuando tuvimos el efecto de Manuel, estuvimos aquí para iniciar la reconstrucción en este municipio y en otros municipios. Por eso celebro encontrarme en esta escuela, donde ustedes son testigos de cómo se va materializando los programas que derivan de la reforma educativa”.
Y se fue de largo: “Los maestros y maestras de México son los actores protagonistas de la reforma educativa, en ellos descansa realmente el éxito y alcance” de ésta.
Luego, les pidió su apoyo para su aplicación en todo el país. “Lo más importante es que aseguremos que la reforma educativa esté presente en toda la geografía nacional”, dijo.
El pasado viernes 21, la disidencia magisterial de Guerrero anunció que acudiría al acto presidencial para manifestar su rechazo a la reforma educativa.
Sin embargo, Walter Añorve, líder de la región Acapulco de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), explicó que los disidentes creyeron que “lo más prudente era no arriesgar a nuestros compañeros, puesto que pudimos corroborar un dispositivo de seguridad muy grande”.
Los manifestantes también llamaron a declararse en paro laboral este lunes. No obstante, sólo alrededor de 10%, de 11 mil 300 escuelas en las ocho regiones del estado, no abrieron sus puertas, según el secretario de Educación en Guerrero, Salvador Martínez della Roca. El funcionario advirtió que los profesores que no acudieran a las clases les aplicarían la norma y les levantarían un acta administrativa.
XALAPA, Ver. (apro).- El Colectivo Voz Alterna, junto con Agraviados Films y el portal Plumas Libres, elaboraron el cortometraje Crónica de una represión anunciada en el que honran el trabajo y legado del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, ejecutado el pasado 31 de julio junto con cuatro mujeres, en un departamento de la colonia Narvarte, en el Distrito Federal.
En el documental de nueve minutos y medio de duración que fue lanzado ayer a través de las sociales, el colaborador de Proceso y Cuartoscuro destaca: “Estamos los que queremos hacer las cosas bien. Somos muy pocos, pero tenemos mucha fuerza porque tenemos la verdad de nuestro lado”.
El fotoperiodista de 31 años también lamenta que en Veracruz no haya garantías y tampoco certidumbre laboral, razón por la que varios reporteros de la entidad han decidido subordinarse a los intereses gubernamentales.
En el corto se ve a Espinosa lo mismo increpando a diputados locales por su inacción ante los asesinatos de reporteros, que fustigando al entonces secretario de Gobierno de esta entidad, Gerardo Buganza, y al fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras. Exige por igual cesar el hostigamiento y la intimidación por parte de los “orejas”.
“No existe en este estado justicia, no existe ley, no existen las instituciones, en este estado lo que prevalece es la corrupción, la mentira y el miedo”, dice Espinosa.
En el video, que está disponible en la siguiente dirección, https://www.youtube.com/watch?v=Guav-V0Btnc, el fotorreportero asegura que la “responsabilidad inmediata” de otorgar seguridad a los periodistas y a la sociedad en general es el Estado, sin embargo, recrimina que los propios entes hostigadores y agresores entren como si nada al Palacio de Gobierno: “Es su casa”, reprocha.
De igual manera, el también fotoperiodista de AVC Noticias reprueba el retiro de la primera placa que se colocó en la Plaza Lerdo en memoria de Regina Martínez Pérez, la corresponsal de Proceso asesinada el 28 de abril del 2012.
En entrevista, Raziel Roldán, uno de los realizadores de Crónica de una represión anunciada, sostiene que la idea del documental es “mostrar la esencia” de Rubén, es decir, “siempre hablar con la verdad, siempre ser honesto. Lo que queríamos, queremos y él quería (Rubén) es mostrar la realidad de lo que está pasando el periodismo en Veracruz”.
El amigo de Espinosa asegura que la clase política de Veracruz tuvo indiferencias, omisiones y “oídos sordos” con los reclamos de Rubén sobre el “auxilio” hacia otros periodistas y hacia él mismo.
“Hay miles de personas que a nivel internacional siguen indignados con este caso, conocen su muerte, pero sólo escuchan teorías absurdas sobre su persona, resoluciones sin fundamento. No conocen su persona, su trabajo, sus imágenes que ahora dan la vuelta al mundo, pero sobre todo cómo era (Rubén) y cómo aportó al gremio en Veracruz”, concluye Roldán.
El fotoperiodista de 31 años también lamenta que en Veracruz no haya garantías y tampoco certidumbre laboral, razón por la que varios reporteros de la entidad han decidido subordinarse a los intereses gubernamentales.
En el corto se ve a Espinosa lo mismo increpando a diputados locales por su inacción ante los asesinatos de reporteros, que fustigando al entonces secretario de Gobierno de esta entidad, Gerardo Buganza, y al fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras. Exige por igual cesar el hostigamiento y la intimidación por parte de los “orejas”.
“No existe en este estado justicia, no existe ley, no existen las instituciones, en este estado lo que prevalece es la corrupción, la mentira y el miedo”, dice Espinosa.
En el video, que está disponible en la siguiente dirección, https://www.youtube.com/watch?v=Guav-V0Btnc, el fotorreportero asegura que la “responsabilidad inmediata” de otorgar seguridad a los periodistas y a la sociedad en general es el Estado, sin embargo, recrimina que los propios entes hostigadores y agresores entren como si nada al Palacio de Gobierno: “Es su casa”, reprocha.
De igual manera, el también fotoperiodista de AVC Noticias reprueba el retiro de la primera placa que se colocó en la Plaza Lerdo en memoria de Regina Martínez Pérez, la corresponsal de Proceso asesinada el 28 de abril del 2012.
En entrevista, Raziel Roldán, uno de los realizadores de Crónica de una represión anunciada, sostiene que la idea del documental es “mostrar la esencia” de Rubén, es decir, “siempre hablar con la verdad, siempre ser honesto. Lo que queríamos, queremos y él quería (Rubén) es mostrar la realidad de lo que está pasando el periodismo en Veracruz”.
El amigo de Espinosa asegura que la clase política de Veracruz tuvo indiferencias, omisiones y “oídos sordos” con los reclamos de Rubén sobre el “auxilio” hacia otros periodistas y hacia él mismo.
“Hay miles de personas que a nivel internacional siguen indignados con este caso, conocen su muerte, pero sólo escuchan teorías absurdas sobre su persona, resoluciones sin fundamento. No conocen su persona, su trabajo, sus imágenes que ahora dan la vuelta al mundo, pero sobre todo cómo era (Rubén) y cómo aportó al gremio en Veracruz”, concluye Roldán.
A un año de su aprobación, la Ley de Movilidad del Gobierno de Distrito Federal continúa bajo cuestionamientos hasta a escala internacional.
El relator especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación de la Organización de las Naciones Unidas, Maina Kiai, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso para argumentar que tres de sus artículos vulneran el derecho a la manifestación pacífica de los ciudadanos.
El pasado 21 de agosto, el funcionario internacional envió un recurso legal amicus curiae (amigo de la Corte) para argumentar las acciones de inconstitucionalidad de los artículos 212, 213 y 214 de la normativa aprobada en julio del 2015 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
“Tienen un impacto en el derecho a la reunión pacífica” tal como está estipulado en los tratados internacionales, dijo Maina Kiai a través de un comunicado.
Según su análisis, el artículo 212 de la Ley de Movilidad del DF exige a los organizadores que notifiquen a las autoridades con 48 horas de anticipación sobre la manifestación que realizarán y que digan “la finalidad perfectamente legítima” de la misma.
Al respecto, consideró que aunque el plazo es “aceptable bajo la ley internacional”, el hecho de fijar un “objetivo legítimo” no lo es, pues las autoridades pueden generar una interpretación discrecional. Esa orden, agregó, crea confusión.
Sobre ese mismo artículo –que pide avisar a las autoridades de las manifestaciones cuando puedan perturbar el tránsito, la paz y la tranquilidad de los habitantes– el relator consideró que esas son nociones “vagas y subjetivas” y no dan una orientación clara a los organizadores.
Los artículos 213 y 214 se refieren al uso de calles para realizar asambleas públicas y la prohibición de usar vías principales con circulación continua, excepto para cruzar o cuando sea la única manera de llegar al destino; además faculta a las autoridades para tomar las medidas necesarias para evitar el bloqueo de estas.
Kiai advirtió que la Ley de Movilidad no incluye la definición de vías primarias con circulación continua. Ello, agregó, puede dar generar una interpretación discrecional pues todas en esa categoría podrían estar casi todas las calles de la capital.
La Ley de Movilidad del DF fue aprobada por los legisladores locales en julio del año pasado. Sin embargo, un mes después las comisiones de Derechos Humanos nacional y del DF interpusieron acciones de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal de justicia del país para pedirle que la analizara bajo la perspectiva de los derechos humanos. Según su argumento, dicha legislación viola los derechos de libre asociación y manifestación.
No sólo estos organismos cuestionaron la legislación. Organizaciones civiles formadas por defensoras de derechos humanos, académicos, sindicatos, miembros de movimientos sociales, activistas y periodistas, con apoyo del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, promovieron 20 amparos en contra de esta Ley por considerarla anticonstitucional.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, propuso a los senadores del PRD crear una Ley de Enjuiciamiento Penal para unificar criterios que sancionen los delitos en todos los estados del país y homologar los sistemas periciales.
“¿Cómo vamos a ir a un sistema acusatorio y no tenemos un sistema pericial sólido?”, preguntó Mancera en su discurso ante los 19 senadores perredistas.
Y ejemplificó: “Hoy todavía se hacen y se practican necropsias en funerarias y en algunas entidades como mejor les va. Es decir, me parece que esto merece una revisión urgente y que podamos tener una unificación de capacidades en nuestro país”.
El mandatario capitalino argumentó que “la Ciudad de México todos los días recibe peticiones de diferentes entidades para realizar pruebas periciales, no porque seamos los mejores sino porque en los otros estados no hay servicios periciales”.
Al término de su intervención con los legisladores, Mancera Espinosa dio una breve rueda de prensa. Sin embargo, no quiso hablar sobre el caso del multihomicidio de la colonia Narvarte.
“Sigue trabajando la Procuraduría” capitalina, fue lo único que dijo.
Frente a la pregunta de si la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) volvería a citarse a declarar al gobernador de Veracruz, Javier Duarte –debido a los señalamientos de amenazas que el fotógrafo de Proceso, Rubén Espinosa, y la activista social Nadia Vera, dos de las cinco víctimas del crimen, hicieron directamente en su contra meses antes de morir– Mancera no se salió del guión: “Lo que diga la Procuraduría”.
En otro tema, el jefe de Gobierno insistió en la necesidad de elevar las penas en la zona metropolitana del país por la portación de armas.
“Es muy importante evitar que la gente ande armada en la ciudad”, indicó. El funcionario dijo que este punto ya lo platicó con su homólogo del Estado de México, Eruviel Ávila.
OAXACA, Oax.- Sin boicot ni bloqueos por parte de los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), más de 950 mil alumnos de educación básica inscritos en los 13 mil 409 planteles escolares iniciaron de manera oficial el ciclo escolar 2015-2016.
Sin embargo, el gobernador Gabino Cué encabezó el arranque del ciclo escolar casi de manera “clandestina” y “militarizada” en un acto oficial realizado en la escuela primaria “Patria Libre” ubicada en la Colonia Unión de esta capital
En dicho acto, Cué presumió que “por primera vez en muchos años, el calendario oficial de clases en Oaxaca inicia en orden, con institucionalidad y en franca armonía social”. Su discurso fue completamente opuesto a los pronunciados en los cinco años de su gobierno en los que reconocía el compromiso del movimiento magisterial.
Ahí puso en marcha el Programa de Dotación Gratuita de Uniformes y Útiles Escolares y sostuvo que “en los nuevos tiempos de transformación educativa que abrazan al país”, la sociedad y las instituciones del Estado mexicano demandan a todos trabajo y resultados para sacar a Oaxaca de la postración académica en que ha vivido a lo largo de los últimos 30 años.
“En este día memorable, los gobiernos de Oaxaca y de la república reafirman su compromiso irrenunciable con los saberes y el desarrollo académico; donde los aprendizajes, la pedagogía y las estrategias didácticas, sean el lenguaje que se escuche en Oaxaca cuando se hable de educación”, afirmó Cué.
Con la ausencia de la Sección 22, el gobernador advirtió que su administración hará todo lo necesario para evitar la pérdida de clases y garantizar el cabal cumplimiento del calendario escolar.
Y se ufanó que por quinto año consecutivo su gobierno hará entrega de más de 500 mil paquetes de útiles y casi dos millones de uniformes escolares, favoreciendo a la economía de alrededor de 250 mil familias oaxaqueñas.
“Tenemos muy claro que el centro y el objetivo fundamental de esta gran movilización es y será la calidad educativa”, indicó.
Para ello, sostuvo que será necesario llevar a cabo una primera evaluación diagnóstica que permita saber de dónde se parte y qué se necesita; al considerar que lo que no se mide, no se podrá mejorar, por lo cual no se escatimarán esfuerzos para brindar todo el apoyo gubernamental a las y los maestros, para mejorar sus niveles de profesionalización docente.
En la cruzada por la educación, dijo, “todos los días estamos trabajando en favor de la educación para poner fin al tráfico de influencias, a las prácticas indebidas y a los condicionamientos que durante más de dos décadas han obstaculizado el desarrollo de académico de Oaxaca”.
El reto común, abundó, es transformar Oaxaca desde las aulas y desde el seno de la familia, en un contexto de paz, reconciliación y concordia social.
“Trabajemos por Oaxaca, pensando que la educación debe ser un factor de unidad y no de violencia ni confrontación social. Trabajemos conscientes que este ciclo escolar será crucial para redefinir el rumbo de la educación en Oaxaca y en México”, puntualizó.
Magisterio disidente acusa simulación
Lejos del acto oficial, el secretario de Organización de la Sección 22, Francisco Villalobos, recordó al gobernador que en Oaxaca el ciclo escolar inició el 20 de agosto y que el “administrador” de la entidad no puede presumir que todo está bien cuando el acto oficial se realizó en una escuela “militarizada”.
Ante el “acto de simulación, espurio, teatral y de militarización de las escuelas para legitimar la política autoritaria y represiva de Gabino Cué contra el pueblo de Oaxaca, la Sección 22 repudió el acto oficial porque ningún acto protocolario y momentáneo terminará con los problemas de rezago en las escuelas”, dijo.
El magisterio disidente le recordó que “no es con represión administrativa, vigilancia policiaca, militarización de escuelas, ni intimidando a presidentes municipales para que reporten a los maestros, como se mejorará la educación en Oaxaca”.
De igual forma, rechazaron el doble discurso para “legitimarse de manera sucia” porque la entrega de útiles y uniformes es una demanda que lograron los maestros.
A Cue y al presidente Enrique Peña Nieto les hicieron saber que “ni mandando espurios funcionarios a las escuelas para iniciar el ciclo escolar, ni poniendo líneas telefónicas acusatorias, ni iniciando proceso penales, ni intimidando a padres de familia, podrán doblegar al magisterio”.
La réplica oficial provino del coordinador general de Delegaciones Federales, Rubén Lara León, quien advirtió que la reforma educativa no se negocia ni se detendrá, ni desviará. Por el contrario, afirmó, se fortalecerá porque no fue diseñada en contra de alguien, sino en favor de todos.
VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El gobernador Arturo Núñez Jiménez planteó este lunes la necesidad de que se esclarezca el caso de los tres policías y cinco presuntos secuestradores muertos durante un enfrentamiento, y si se requiere, dijo, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), general Sergio Martínez Luis, deberá rendir declaración.
A 10 días de la balacera del viernes 14, el mandatario estatal se refirió a la presunta ejecución de la bailarina Sagrario Negrete Marín y el mesero Daniel Tadeo de la Cruz Martínez, capturados vivos y posteriormente hallados con el tiro de gracia.
Subrayó que el caso debe ser esclarecido completamente, y tanto la Fiscalía General del Estado (FGE), como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), dijo, indagan los hechos. En caso de ser necesario, añadió, el titular de la SSP deberá rendir declaración.
“Bueno, él no estuvo en el lugar de los hechos, pero si lo requirieran, seguramente las autoridades competentes lo determinarán”, manifestó.
“Lo que necesitamos es que se esclarezca. Lamentablemente esta gente fue muy agresiva, repelió y mató también a tres policías. Desde luego eso no justifica (justicia) por propia mano, eso para nadie, y actuaremos apegados a derecho”, destacó Núñez.
El fiscal Fernando Valenzuela Pernas evitó abundar sobre el caso porque está sujeto a investigación, pero admitió que el asunto “presenta muchas contradicciones”.
Por su lado, Virginia García Gervasio, única sobreviviente del grupo de presuntos plagiarios, testificó que escuchó cuando los policías dispararon contra Sagrario y Daniel Tadeo.
Aseguró que ella también se encontraba detenida sobre la batea de la camioneta-patrulla en la que estaban las víctimas.
Durante la ampliación de declaración ante la juez cuarto penal, Thelma Elena Lastra Osorio, García Gervasio dijo que escuchó cuando los policías “hicieron varios disparos de arma de fuego” en contra de Sagrario y Daniel Tadeo, luego de arrastrarlos hacia el monte, pero no pudo ver quiénes fueron porque estaba vendada de los ojos.
Relató que minutos después de escuchar los balazos se le acercó un policía y le gritó: “Ya a tus amigos se los cargó la ver… y da gracias a dios que tú estás viva”.
García Gervasio se encuentra presa en el Centro de Reinserción Social del estado (Creset) como presunta responsable del delito de “homicidio en grado de tentativa” en agravio de los policías Abel de la Cruz García, Miguel Díaz Frías y José Matías Pérez Aguilar, así como por lesiones al agente de Tránsito Miguel Ángel López García.
En tanto, en redes sociales circulan fotografías de los hermanos Virgilio, Fredy y Herminio Almeida, con chalecos antibalas, exhibiendo pistolas y metralletas.
Los tres murieron durante el enfrentamiento con la policía, luego del frustrado secuestro de un hombre en esta capital y el asesinato de tres policías.
MONTERREY, N.L. (apro).- El gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, ofreció una disculpa a dos niños y una niña, a quienes llamó drogadictos y prostituta, respectivamente, en un video que presentó en campaña para ilustrar la manera en que combatió la inseguridad cuando fue alcalde del municipio de García.
En respuesta, los afectados se desistieron de la demanda por difamación que interpusieron el pasado 25 de mayo ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), informó en entrevista la titular del organismo, Minerva Martínez Garza.
Destacó que además de reconocer su falta, el pasado martes 18 el mandatario electo entregó cheques por 20 mil pesos a cada uno de los niños afectados, con el fin de cubrir los gastos que sus padres hicieron para dar seguimiento a la demanda.
De acuerdo con la presidenta de la CEDH, el caso sienta un precedente en la entidad, ya que por ser El Bronco gobernador electo, aún sin cargo oficial, es la primera vez en la historia de México que un particular ofrece disculpas a través de un método que se denomina “solución amistosa”, según criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Destacó que el futuro mandatario independiente no estaba obligado a pedir perdón, porque el reclamo de la CEDH al municipio de García fue únicamente porque no protegió la identidad de los jóvenes después de que se grabó el video.
“Hay que señalar que el ingeniero Rodríguez no es autoridad y que jurídicamente no tiene la obligación de ofrecer disculpa, aunque lo hizo en base a esas nuevas teorías que son revolucionarias y que ya existen en Europa, pero que en México no han aterrizado, sobre responsabilidad de particulares”, expuso Martínez Garza.
Durante la reunión de una hora en la sede del organismo de derechos humanos, El Bronco reconoció que fue un error incluir a los niños en el video, y aceptó que fueron usadas sus imágenes como montaje, con situaciones inventadas, para mostrar la manera en que aplicó un sistema de seguridad en el municipio de García, donde se desempeñó como alcalde en el trienio 2009-2012.
Después del encuentro con el gobernador electo, los niños afectados y sus padres se dijeron satisfechos y retiraron las demandas, ya que percibieron que Rodríguez Calderón deseaba saldar la deuda de carácter moral que tenía con ellos, dijo la presidenta de la CEDH.
“El hecho insólito es que la disculpa la dio un particular que decide tomar la responsabilidad. Les dijo que aunque el video está editado, él tuvo una responsabilidad, pues aceptó que se enteró del tema en mayo y no le puso la debida atención. Pero no estaba obligado a ofrecer disculpas”, subrayó.
Niños descarriados
En un video que se exhibe en YouTube bajo el título “El Modelo García”, se observa a El Bronco en una presentación con empresarios, donde proyecta imágenes en una pantalla grande.
En la parte final del extenso video fechado en agosto de 2014, con duración de 1 hora 55 minutos, Rodríguez Calderón muestra a varios niños que practican box y menciona la dramática historia de tres de ellos, cuyos nombres no son revelados. En ese momento congela la imagen de un chico que trae puestos los guantes, y se refiere a él como un adicto, y lo identifica con el mote de ‘Mike Tyson’. Rodríguez explica que el chico se drogaba porque quería matar a su padre, que golpeaba a su madre.
Posteriormente muestra a una niña, supuestamente de 11 años, que practica el mismo deporte, y menciona que ella se prostituye por 50 pesos para llevar a su madre paralítica una cuota de 150 pesos. Finalmente se refiere a otro, El Gordito, que según él “le entra a la mariguana”, hasta “tres churros diarios”.
En su presentación, el entonces aspirante a la gubernatura asegura que ayudó a los tres muchachos a recuperar su vida a través del estudio y el deporte.
En febrero pasado, los padres de los afectados acudieron a la CEDH para interponer una queja por la manera en que Rodríguez exhibió a sus hijos. La denuncia reveló que la presentación de El Bronco fue sólo un montaje para ilustrar casos ficticios.
La presidenta de la CEDH destacó que como parte de la reparación del daño, además de la entrega de efectivo y la disculpa del mandatario electo, el municipio de García, que grabó las imágenes de los chicos boxeando, se comprometió a becarlos con mil 500 pesos mensuales durante los próximos tres años, y también los ayudará en la transportación para recibir ayuda psicológica por el evento traumático que padecieron.
La responsabilidad del ayuntamiento fue no proteger la imagen de los chicos y prestarlas para su exhibición, insistió.
La CEDH también apercibió a funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), a quienes demandó que se capaciten en el tema de derechos humanos, debido a que no le dieron puntual seguimiento a la denuncia por difamación que presentaron los padres de los menores de entre 12 y 15 años de edad.
Este lunes, en su cuenta de Facebook, Rodríguez Calderón hizo referencia a la acusación presentada en su contra y la disculpa que ofreció a las personas a las que perjudicó.
“Soy humano y también me equivoco, pero hay que saber enmendar el error sin perder la humildad que hasta ahora me ha guiado y, sobre todo, aguantarse las represalias. Porque como dice mi compadre Manuel González, ‘cuando un hombre con poder tiene la sensibilidad, tiempo y carácter para atender los pequeños grandes detalles con humildad, está en el umbral de realizar gran obra social’”, escribió.
Posteriormente muestra a una niña, supuestamente de 11 años, que practica el mismo deporte, y menciona que ella se prostituye por 50 pesos para llevar a su madre paralítica una cuota de 150 pesos. Finalmente se refiere a otro, El Gordito, que según él “le entra a la mariguana”, hasta “tres churros diarios”.
En su presentación, el entonces aspirante a la gubernatura asegura que ayudó a los tres muchachos a recuperar su vida a través del estudio y el deporte.
En febrero pasado, los padres de los afectados acudieron a la CEDH para interponer una queja por la manera en que Rodríguez exhibió a sus hijos. La denuncia reveló que la presentación de El Bronco fue sólo un montaje para ilustrar casos ficticios.
La presidenta de la CEDH destacó que como parte de la reparación del daño, además de la entrega de efectivo y la disculpa del mandatario electo, el municipio de García, que grabó las imágenes de los chicos boxeando, se comprometió a becarlos con mil 500 pesos mensuales durante los próximos tres años, y también los ayudará en la transportación para recibir ayuda psicológica por el evento traumático que padecieron.
La responsabilidad del ayuntamiento fue no proteger la imagen de los chicos y prestarlas para su exhibición, insistió.
La CEDH también apercibió a funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), a quienes demandó que se capaciten en el tema de derechos humanos, debido a que no le dieron puntual seguimiento a la denuncia por difamación que presentaron los padres de los menores de entre 12 y 15 años de edad.
Este lunes, en su cuenta de Facebook, Rodríguez Calderón hizo referencia a la acusación presentada en su contra y la disculpa que ofreció a las personas a las que perjudicó.
“Soy humano y también me equivoco, pero hay que saber enmendar el error sin perder la humildad que hasta ahora me ha guiado y, sobre todo, aguantarse las represalias. Porque como dice mi compadre Manuel González, ‘cuando un hombre con poder tiene la sensibilidad, tiempo y carácter para atender los pequeños grandes detalles con humildad, está en el umbral de realizar gran obra social’”, escribió.
-Caso Iguala y fuga de ‘El Chapo’ opacarán tercer informe de Peña: CCE
A una semana de que el presidente Enrique Peña Nieto presente su tercer informe de gobierno, la cúpula empresarial aseguró que los casos de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, así como la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, confirman, “con contundencia, lo grave y lejos que el país está de resolver sus problemas de inseguridad y violencia”.
Al emitir su mensaje semanal, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) deploró:
“Desde fines de 2014 se han presentado sucesos y polémicas que han confirmado, con contundencia, la gravedad, la profundidad y lo lejos que estamos de resolver algunos de los más acuciantes problemas de la nación desde hace décadas. De la tragedia de Iguala hasta la fuga del penal de Almoloya”.
No paró ahí el organismo presidido por Gerardo Gutiérrez Candiani, pues dijo que en el fondo están la densidad delictiva que ha crecido durante décadas, con la violencia e inseguridad pública, que a su vez provocan la precariedad del estado de derecho y la recurrencia de la corrupción y la impunidad.
Y dio cifras: El número de homicidios se redujo casi en 15% el año pasado, pero sigue al doble que hace siete años, cuando se disparó con fuerza.
En algunas zonas donde la situación era muy delicada, explicó, ha regresado una relativa tranquilidad, pero en otras regiones se dan fenómenos preocupantes, hasta ahora sin soluciones completas, como el de las autodefensas y las guardias comunitarias.
El CCE también señaló que “en la evaluación de la primera mitad del sexenio necesariamente el balance es de contrastes, como es natural para un proceso tan complejo, como lo es el devenir de un país como México”, precisó.
El “estancamiento estabilizador”
Para la iniciativa privada no ha sido suficiente la aprobación e implementación de las reformas estructurales, pese a la celebración y el respaldo de dicho sector.
El tono del CCE cambió y pasó de la exaltación a la preocupación por las condiciones internas y externas que obstaculizan el crecimiento económico del país.
“Al mismo tiempo que se concretaban las reformas, el entorno económico internacional comenzó a complicarse de manera extrema, con creciente inestabilidad, debilidad en el crecimiento y fenómenos de especial impacto para México, como la caída de los precios del petróleo”.
Pero el reproche no paró ahí. El CCE enfatizó que en materia económica “no hemos logrado romper la inercia de bajo crecimiento”.
“Si este año crecemos l 2.5%, con una inflación esperada menor a 4%, estaremos cerrando el trienio con un promedio anual cercano a 2% en cuanto a crecimiento y de alrededor de 4% en la evolución de los precios: el ‘estancamiento estabilizador’ de las últimas dos décadas”, fustigó.
Gutiérrez Candiani dijo que si bien hay focos amarillos en variables como el incremento de la deuda pública, se mantiene la disciplina en las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica.
Y a diferencia de un gran número de países que enfrentan escenarios de recesión, concedió, México sigue creciendo.
Sin embargo, lo que realmente cambia, acotó el CCE, es la perspectiva a mediano y largo plazos, con el potencial abierto por las reformas estructurales, que deben complementarse con un gran esfuerzo en materia de productividad y de generar mejores condiciones para la inversión.
Y emplazó: “Urge impulsar con fuerza el mercado interno y el consumo, una mejora en la economía de personas y empresas sin comprometer la estabilidad. Contamos con varias opciones viables para hacerlo. Junto con la gran oportunidad que implica el proceso de presupuesto base cero, es imperativo hacer ajustes al marco fiscal vigente desde 2014, que no ha sido favorable para lograr una mayor inversión y creación de empleos formales”.
En las últimas semanas, la cúpula de la iniciativa privada ha tenido encuentros con las autoridades hacendarias con miras a modificar la reforma fiscal, la cual fue criticada por no estimular el consumo interno e incrementar gravámenes a las empresas.
-Plantea PRD en el Senado que se revise la reforma fiscal
Por unanimidad, 19 legisladores del PRD reeligieron a Miguel Barbosa y a Dolores Padierna como coordinador y vicecoordinadora de la bancada en el Senado, y además acordaron entrar a la “revisión” de la reforma fiscal y hacendaria, así como tener como prioridad la reforma política del Distrito Federal, para octubre, y el tema de los salarios mínimos.
La séptima reunión plenaria de los legisladores perredistas contó con la presencia del jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, y del dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete.
En su discurso, el coordinador reelecto Miguel Barbosa afirmó que los perredistas tendrán que “revisar lo que no ha funcionado” de la reforma hacendaria y fiscal. “La reforma de la reforma es algo importante”, sentenció.
El senador poblano expuso que a más tardar en octubre deberán concretar la reforma política del Distrito Federal que quedó pendiente desde el periodo legislativo anterior, así como el tema de los salarios mínimos, impulsado también por Mancera.
Otros tres ejes que Barbosa planteó como importantes serán la aprobación de las leyes generales pendientes en materia de combate a la corrupción, así como seguridad pública y derechos humanos, además de las reformas a las leyes existentes para completar el Sistema Nacional Anticorrupción.
“Después del 7 de junio el Senado tendrá que actuar frente a una realidad política diferente. Tenemos que ser más tolerantes, más plurales”, admitió Barbosa.
A su vez, la vicecoordinadora Dolores Padierna insistió en que la bancada del PRD debe “ganar el debate y la propuesta” desde un flanco de izquierda y contra los efectos de 30 años de modelo neoliberal.
“Debemos combatir con firmeza los conflictos de interés, la corrupción, el abuso del poder, defender las causas justas del pueblo de México, ser el contrapeso de la derecha, ser la voz del hartazgo social”, afirmó Padierna.
En su intervención, Mancera exhortó a los legisladores a tomar en cuenta las dos exigencias ciudadanas nacionales más importantes: el caso de los trabajadores jornaleros de San Quintín, Baja California, y el de los ahorradores de Ficrea.
Por su parte, Navarrete hizo un llamado a los senadores del PRD a realizar una revisión de su discurso “sin que nadie nos acuse de que nos vamos a una izquierda irresponsable”.
La bancada perredista tuvo tres renuncias de legisladores que se pasaron al partido de Morena, mientras que Alejandro Encinas renunció al PRD sin afiliarse a alguno otro, y Martha Tagle, quien entró como suplente de la senadora Alejandra Barrales, aún no ha decidido si forma parte o no de algún grupo parlamentario.
-Llama ONU a ratificar tratado para regular comercio de armas
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado para avanzar en la adopción plena del tratado para regular el comercio de armas en el mundo (ATT, por sus siglas en inglés) que sólo ha sido ratificado por 72 de 130 países.
En la inauguración de la primera conferencia de Estados parte en Cancún, Quintana Roo, Kim Won-soo, representante en funciones para Asuntos de Desarme de la ONU, destacó que el tratado sólo puede cumplir su completo potencial “si tiene la mayor participación de los gobiernos, incluyendo a los mayores exportadores e importadores de armas”.
Entre las naciones que todavía no han ratificado el ATT resalta Estados Unidos, que es el principal productor y exportador de armas en el mundo, mientras que sí lo han hecho Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, que figuran entre los diez mayores exportadores.
Momentos antes del inicio de la conferencia, activistas se manifestaron en la playa en contra de la proliferación de armas, con una figura de arena con la forma de tanque de guerra.
Al acto, realizado a partir de este día y hasta el jueves 27, acuden representantes de más de 120 países, expertos y miembros de la sociedad civil.
En su intervención José Antonio Meade, secretario de Relaciones Exteriores, alertó que en el mundo organizaciones terroristas tienen acceso a armas convencionales, aunque también señaló que se cuenta con un tratado importante que dará la posibilidad de “salvar vidas” al ordenar las exportaciones de esos arsenales.
Según datos de Amnistía Internacional (AI), en el mundo hay unos 875 millones de armas pequeñas y ligeras en circulación y se producen cada año entre 700 mil y 900 mil más.
De acuerdo con la ONU, unas 750 mil personas mueren anualmente en el mundo por la violencia armada.
En un comunicado, Amnistía consideró que la conferencia de Cancún constituye “la primera gran prueba de fuego” para el ATT.
Sin embargo, para AI se debe poner énfasis en tres áreas principales: transparencia -en temas como la presentación de informes de importaciones y exportaciones de armas-, garantizar la participación de la sociedad civil, y adopción de mecanismos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del tratado.
Kim Won-soo, también subsecretario general de ONU, afirmó que “el bajo nivel de ratificación de países del área Asia-Pacífico, y del grupo africano requiere particular atención”, y agregó que hay un “importante nexo” entre desarme, desarrollo, paz y seguridad.
Por ello instó a frenar el comercio ilegal y no regulado de armas que provoca “tanta miseria para la gente alrededor del mundo”.
En un videomensaje, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirmó que el tratado es una muestra de cómo “el desarme, la no proliferación y el control de armas se pueden lograr cuando los gobiernos y la sociedad civil trabajan juntos con las Naciones Unidas”.
El tratado entró en vigor el 24 de diciembre de 2014 después de conseguirse la ratificación de 50 países.
-Se aferra al cargo presidente de Guatemala tras escándalo de corrupción
Dos días después de que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) lo señalaran como cabeza de una red de defraudación aduanera –que llevó a su exvicepresidenta Roxana Baldetti a la cárcel–, el presidente Otto Pérez Molina se desvinculó anoche de la red y advirtió en un mensaje a la nación que no renunciará a su cargo.
“Daré la cara y demostraré, frente a la ley, que no he sido parte y mucho menos receptor de estos fondos malhabidos en perjuicio del pueblo de Guatemala”, sentenció Pérez Molina.
El pasado viernes Thelma Aldana Hernández, la fiscal general guatemalteca, y el colombiano Iván Velásquez Gómez, comisionado de la CICIG, solicitaron al Congreso que retire su fuero a Pérez Molina para que respondiera ante la justicia, y detuvieron a Baldetti Elías.
De acuerdo con las investigaciones, que abarcaron el análisis de más de 88 mil escuchas telefónicas, cerca de 6 mil correos electrónicos, 17 allanamientos y 175 mil documentos, entre otros, existen fuertes sospechas de que ambos encabezaron “La Línea”, la estructura de defraudación aduanera, corrupción y de cobro de sobornos que las autoridades y la CICIG exhibieron en abril pasado.
Entre los recientes hallazgos de las autoridades se encuentra un “plan de venta” relacionado con la adquisición de un inmueble y otras cotizaciones para blindajes de vehículos particulares, cuyo cliente es el presidente Pérez Molina.
A raíz de estas revelaciones, dos ministros, un comisionado presidencial y tres viceministros renunciaron durante el fin de semana. Desde abril pasado, el gabinete de Otto Pérez Molina sufrió una importante “sangría” de altos funcionarios señalados como integrantes de “La Línea”.
“Declaro categóricamente que rechazo mi vinculación a la misma y de haber recibido dinero alguno de esa operación de defraudación aduanera”, se defendió anoche el presidente, al precisar: “No puedo dejar de reconocer que esto ha acontecido en mi gobierno y por funcionarios cercanos, o a los que designé”.
Como parte de su defensa, Pérez Molina echó la culpa a una “estrategia intervencionista” por parte de “ciertos sectores de la comunidad internacional y algunos grupos de poder del país”, cuyo objetivo sería, según él, de “quebrantar la democracia”.
Con el mandato inédito que le otorgó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2007, la CICIG proporciona apoyo a las autoridades guatemaltecas en las investigaciones “de un número limitado de casos difíciles y sensitivos” de delitos cometidos por grupos de seguridad ilegales, con el fin de desmantelar estas redes criminales.
A diferencia de otras fiscalías internacionales, la CICIG opera bajo la institucionalidad guatemalteca: de acuerdo con las leyes, las cortes y el procedimiento penal del país. En otras palabras, ayuda a las autoridades a concretizar lo que sus leyes plantean, pero que la profunda corrupción deja en “letra muerta” con demasiada frecuencia.
“Sin conflicto de intereses”
El viernes pasado, mientras las autoridades guatemaltecas solicitaban un antejuicio contra Pérez Molina, en México el titular de la Secretaría de Función Pública (SFP), Virgilio Andrade Martínez, daba por concluida su investigación sobre posibles casos de conflicto de intereses que involucraban al presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Ángelica Rivera, y al titular de la Secretaría de Hacienda (SHCP), Luis Videgaray.
En torno a la adquisición de la famosa Casa Blanca y de la residencia de Videgaray en Malinalco, Estado de México –ambas construidas y financiadas por el empresario consentido del régimen Juan Armando Hinojosa Cantú, beneficiado por millonarios contratos gubernamentales–, así como de la residencia de Peña Nieto en Ixtapan de la Sal –erigida por Roberto San Román–, la SFP exculpó a los implicados.
En la edición que publicó Proceso esta semana se documentan las fallas del llamado “Informe Andrade”. Entre ellas, el reportero Arturo Rodríguez García destacó que la SFP omitió investigar sobre las relaciones que vinculan a Peña Nieto con Hinojosa Cantú y San Román, de los que el órgano fiscalizador se limitó a indagar a cuatro y dos empresas, respectivamente.
Las conclusiones del Informe Andrade detonaron una ola de críticas en las redes sociales que desde el nombramiento ceremonial de Andrade por Peña Nieto, el 3 de febrero, deploraban la supuesta falta de independencia del fiscal.
Este fin de semana, pese a sus reiteradas declaraciones de inocencia, los presidentes de ambos lados del río Usumacinta sintieron la necesidad de ofrecer disculpas a sus ciudadanos (https://www.youtube.com/watch?v=KAIsZngniBE).
“Estoy consciente y reconozco que estos acontecimientos dieron lugar a interpretaciones que lastimaron e incluso indignaron a muchos mexicanos. A todos ellos, les ofrezco una sincera disculpa”, declaró el pasado viernes Peña Nieto al comentar los resultados del informe.
“Los acontecimientos han producido un sentimiento generalizado de descontento y protesta social, que ha movilizado a diferentes sectores de la sociedad guatemalteca en la ciudad y en el interior del país”, admitió por su parte Pérez Molina anoche, al añadir: “Esto me obliga a pedir una disculpa pública y a decir lo que nace desde el fondo de mi corazón: a pedir perdón a los guatemaltecos”.
-Liberarán a vocero yaqui detenido injustamente hace 11 meses
HERMOSILLO, Son. (apro).- El líder yaqui Fernando Jiménez, acusado injustamente de privación ilegal de la libertad de una persona y el robo de un automóvil, quedará libre en las próximas 48 horas, informó el abogado Francisco Javier Mejía Cisneros.
El litigante detalló que el Tribunal Colegiado del Tercer Distrito Penal resolvió que la revisión del caso solicitada por un agente del Ministerio Público es “inoperante” y por tal motivo confirmó la decisión del Juzgado de Distrito que en febrero otorgó la libertad a Fernando Jiménez, aprehendido el 23 de septiembre anterior.
“Con esto queda demostrado que Mario Luna (detenido el 11 de septiembre y encarcelado en el Cereso 2, de esta ciudad) es inocente también y debe cesar la persecución a Tomás Rojo y el resto de los integrantes de la etnia inculpados sin pruebas en este caso”, señaló.
Mejía Cisneros acudió hoy al Centro de Readaptación Social (Cereso 1) de esta ciudad, para informar al vocero yaqui sobre la reciente resolución a la que llegó el Tribunal Colegiado.
Mario Luna junto a Fernando Jiménez, presos el 11 y 23 de septiembre, fueron encarcelados sin pruebas por la actual administración estatal que encabeza el panista Guillermo Padrés.
Los voceros de la tribu son considerados presos políticos por ser la cara más visible de la defensa del agua y el territorio Yaqui, luego que Padrés decidió trasvasar el líquido que pertenece a la etnia hacia la capital sonorense por medio del acueducto Independencia, obra insigne del gobernador con un costo de 4 mil millones de pesos.
El 16 de febrero anterior, Amnistía Internacional entregó a la Procuraduría General de Justicia en el Estado 11 mil firmas de ciudadanos nacionales y extranjeros que exigen la liberación de Luna y Jiménez.
La coordinadora de Incidencia en Políticas Públicas de Amnistía Internacional (AI) México, Chasel Colorado Piña, exigió al gobierno de Sonora ofrecer un juicio justo e imparcial a los inculpados.
En aquella ocasión, la defensora de los derechos humanos también señaló al procurador estatal, Carlos Navarro Sugich, la existencia de inconsistencias en la detención de los voceros yaquis, entre ellas, que no se encontraron evidencias suficientes para acreditar la presencia de los detenidos en los hechos que se les imputan.
-“Vamos a tener que apretarnos el cinturón” en 2016: Mancera
Ante el complicado panorama económico nacional, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, alista un encuentro con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, para revisar el proyecto de presupuesto del próximo año.
En la reunión, el gobernante capitalino buscará blindar los programas sociales y amarrar los suficientes recursos para cumplir con su promesa de no aumentar los impuestos a los capitalinos.
De inicio, Mancera ya anunció que el presupuesto del próximo año será “austero”, pero sin sacrificar el gasto en salud y educación:
“Sin duda, vamos a tener un presupuesto austero. Yo creo que la previsión a nivel nacional así lo va a marcar. Todos vamos a tener que apretarnos el cinturón, pero tenemos que dar primero garantía a la ciudadanía. Yo no podría pensar que tuviéramos una ausencia de temas con la educación y o con la salud”, dijo en entrevista al término de un acto oficial.
Mancera Espinosa comentó que entre los rubros en los que podría haber recorte se cuentan “algunos proyectos especiales que tienen que ver mucho más con temas de infraestructura, que no sean indispensables y prioritarios”.
También se dejará para después el tema del “embellecimiento de la ciudad”, aunque comentó que su administración hará convocatorias para que los jóvenes ayuden con “tareas artísticas”.
Al asistir a la séptima Reunión Plenaria de los Senadores del PRD, el mandatario local comentó que también se analiza la posibilidad de tener “un techo de endeudamiento menor”. La deuda aprobada para el 2015 fue de 5 mil millones de pesos y para el próximo año se prevé sea de 500 millones menos.
Manifestó su preocupación por el movimiento en los mercados bursátiles de este “lunes negro” por lo que, dijo, se actuará “de manera responsable con el gasto de la ciudad”.
Miguel Ángel Mancera aprovechó la invitación de los senadores perredistas para demandar la concreción de la reforma federal que permita elevar el salario mínimo en la Ciudad de México.
-¿Va a pedir más recursos?
-Voy a ser objetivo, nosotros vamos a ser responsables con el gasto de la Ciudad de México, hay tareas y gastos que son inaplazables y con lo demás vamos a sumar un esfuerzo, pero también la ciudad debe responder a compromisos puntuales y yo creo que en la reunión vamos a encontrar una línea de comunicación.
-Exposiciones de Da Vinci y Miguel Ángel recibieron 210 visitantes cada 30 minutos
Las exposiciones ‘Leonardo da Vinci y la idea de la belleza’ y ‘Miguel Ángel Buonarroti. Un artista entre dos mundos’, lograron reunir este fin de semana a más de 35 mil 700 personas en el Palacio de Bellas Artes.
Fue la despedida para la primera muestra. Los curadores de la Biblioteca Real de Turín arribaron ayer a esta capital para levantar las 11 piezas originales que se expusieron, entre ellas ‘Estudio para el ángel de La Virgen de las Rocas’ (1483) y ‘Códice del vuelo de las aves’ (1505), considerado el primer estudio científico del vuelo de los pájaros hecho por el artista italiano.
La segunda exposición, ‘Miguel Ángel Buonorrati: Un artista entre dos mundos’, continuará hasta el 27 de septiembre, por lo que aún habrá oportunidad de visitar o revisitar sus obras, entre ellas ‘Cristo Portacroce’, 1514-1516, pieza central de la muestra.
En dos meses de exhibición, ambas muestras lograron reunir casi 300 mil visitantes, todo un récord.
Según Miguel Fernández Félix, director del Museo de Bellas Artes, el fin de semana, en el maratón, el Palacio de Bellas Artes recibió 210 visitantes cada 30 minutos, con lo que ambas muestras son hasta ahora las más concurridas en los últimos años.
La mayoría de asistentes fueron jóvenes y niños, es decir, poco más de 55% de la concurrencia.
-No tuve elementos para detener a Ulises Ruiz: gobernador de Oaxaca
OAXACA, Oax. (apro).- Ulises Ruiz Ortiz no fue a la cárcel porque “no tuve en mis manos ningún elemento para detenerlo”, afirmó el gobernador Gabino Cué.
Aclaró que “a quienes sí se les encontró, algunos están detenidos y otros están prófugos”.
Las autoridades encargadas de fiscalizar los recursos detectaron un daño patrimonial por más de cuatro mil millones de pesos en el sexenio del Ulises Ruiz, pero ninguno que lo incriminara a él personalmente.
El exmandatario reapareció hace unos días para presentar su libro “Gobernar Oaxaca”, un texto con el que pretende lavar sus culpas al argumentar que los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón lo dejaron solo contra el movimiento magisterial y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
En entrevistas realizadas en la ciudad de México, el exgobernador priista presumió que fue el primero en intentar la transformación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), cuando pretendió quitar a los mandos de la Sección 22, sin embargo, apuntó, el entonces titular de la Secretaría de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, lo dejó solo.
“Todavía en 2005 el gobierno federal autorizó 115 millones para los líderes de la Sección 22, pero en el siguiente año la SEP (Secretaría de Seguridad Pública) sólo aprobó 70 millones, lo que causó la molestia de los líderes corruptos y por eso se fueron a plantón para después formar la APPO”, subrayó.
Cué también se congratuló con las reformas al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), pese a las críticas que se ha llevado. “Resulta que el malo es la autoridad (por haberle quitado la rectoría de la educación a la Sección 22). Eres tolerante, tienes prudencia, pero llega un punto en el cual se daña a terceros y tenemos que actuar”, justificó.
Asimismo añadió que “un Estado por sí mismo no puede tomar una decisión de esta envergadura, porque el magisterio siempre ha ejercido la presión a través de la movilización y ha abusado. Y hoy, si tenemos un estado de fuerza es para contener una violación de la ley”.
-Defensa de Gordillo interpondrá queja ante la CIDH
Marco Antonio del Toro, abogado de Elba Esther Gordillo, promovió un recurso de apelación en contra del fallo del juez sexto de Distrito de Procesos Penales Federales del Distrito Federal que negó la prisión domiciliaria a la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.
Además, interpondrá una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El litigante argumentó que hubo “mano negra” en la resolución del juez que negó la prisión domiciliar a su cliente quien –dijo—está cerca de convertirse en presa política porque no hay forma de acreditar pericialmente el intento de fuga que alegan las autoridades.
El domingo pasado el juez Alejandro Caballero resolvió negar a la exlíder magisterial el beneficio de la prisión domiciliar “debido a que “las partes no aportaron dictámenes periciales idóneos tendientes a establecer si la indiciada, al concedérsele tal beneficio, pudiera optar o no por sustraerse de la acción de la justicia”, es decir, fugarse.
Según del Toro, la resolución es “absolutamente ilegal” porque “ninguna parte puede acreditar pericialmente semejante situación, no existen ningún tipo de peritos o expertos que pueda constituir un riesgo de fuga”, afirmó el abogado.
“Consideramos que esta es una resolución sui generis y que por siguiente puede estar siendo objeto de injerencias ajenas al Derecho (…), injerencias que podrían ser de carácter político”, señaló en entrevista con Radio Fórmula.
Lo peor, dijo, es que en su resolución el juez no dice que Gordillo Morales se puede fugar sino que no sabe si se puede fugar porque no se presentaros peritajes que acreditaran ese aspecto, peritajes que –insistió—no existen y por eso consideró que se trata de una decisión ilegal.
Del Toro comentó que la maestra está muy tranquila, aunque “está consciente de que es una resolución tan desapegada a Derecho que resulta ilustrativa respecto del panorama general de su caso.
Y explicó:
“Estamos convencidos de que hubo un poquito de mano negra en esta resolución, y esa mano negra el Derecho tendrá que enderezarla y sacarla de los expedientes judiciales para que tengamos un México donde todos tengamos certeza de que las resoluciones se dictan adecuadamente”.
El juez Alejandro Caballero Vértiz titular del juzgado, determinó que “no hay pruebas suficientes” de que la exlideresa del SNTE no evadirá la acción de la justicia si se le otorga dicho beneficio.
Dentro de la causa penal 11/2013, resolvió negar la solicitud de prisión preventiva domiciliaria solicitada por Gordillo Morales, debido a que “las partes no aportaron dictámenes periciales idóneos tendientes a establecer si la indiciada, al concedérsele tal beneficio, pudiera optar o no por sustraerse de la acción de la justicia”.
Además, en su resolución la autoridad jurisdiccional señala que la indiciada es mayor de 70 años, tal como se requiere en el primer párrafo del artículo 55 del Código Penal Federal, sin embargo la defensa se desistió del incidente respecto a lo relacionado con el estado de salud, aspecto que inicialmente constituía la base de la petición solicitada.
Gordillo enfrenta cargos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal que la tienen presa en la cárcel femenil de Tepepan desde hace dos años y medio.
-Protestan en Durango contra abusos de la Marina
Pobladores de Tamazula, Durango, tomaron las calles de la cabecera municipal en protesta por los abusos cometidos por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en la zona y exigieron su retiro.
Vestidos con playeras blancas, cientos de vecinos de Tamazula y poblados cercanos partieron de la plaza del lugar y recorrieron las principales calles hasta llegar a las instalaciones del Parque Central, que se acondicionó como campamento de la Secretaría de Marina.
Ahí, los inconformes expresaron su enojo por los hechos ocurridos el pasado 16 de junio, cuando elementos de la Semar asesinaron a dos jóvenes e hirieron a un menor de 13 años que quedó postrado en una silla de ruedas.
En su vehículo de dos ruedas y con las huellas que dejaron los balazos disparados por los infantes desde helicópteros artillados, el adolescente discapacitado se unió a la manifestación en espera de que se haga justicia a este visible atentado, destacó el diario ‘Noroeste’ en una nota difundida este lunes.
“Nosotros respetamos a los elementos de la Marina Armada de México, pero aquel día ni el muchacho que resultó herido, ni los jóvenes que murieron se encontraban armados, no se enfrentaron a los marinos y ellos alteraron la escena del enfrentamiento para acomodar a su manera las investigaciones”, expresó una de las manifestantes.
“Que se vayan de aquí y que envíen a otra dependencia que respete los derechos humanos de los ciudadanos. Pensamos que la Secretaría de Marina era de las instituciones más capacitadas, pero nos trajeron luto y desgracia a las familias de Tamazula”, secundó otra de las inconformes.
Los manifestantes indicaron que la llegada de elementos de la Semar a Durango fue vista con buenos ojos por las familias de la zona serrana porque pensaron que defenderían la soberanía del pueblo, pero la percepción de los habitantes cambió en junio pasado con la acción que realizaron al dejar dos familias en luto y cambiarle la vida a un menor.
-Niega Ricardo Anaya fractura al interior del PAN
El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés negó que exista fractura en el seno del grupo parlamentario de su partido en la Cámara de Diputados tras la designación de Marko Cortés como líder de esa bancada en San Lázaro.
Tras una larga reunión privada en la que imperaron los llamados a la unidad y cobraron eco las demandas por una consulta a los nuevos diputados con objeto de conocer su opinión sobre quien deberá ser el coordinador panista, Anaya Cortés informó que él y el secretario general de su partido Damián Zepeda consultaron a cada uno de los legisladores en torno a la propuesta del michoacano Cortés.
Durante tres horas el presidente panista escuchó ambas posturas y determinó mantener su decisión para que Marco Cortés se mantuviese como coordinador. Al preguntarle si aquella tanda de reclamos no significaba una fractura, pues los simpatizantes de Gustavo Madero sostenían que éste por méritos e historia debería convertirse en coordinador, el queretano fue tajante: “no hay fractura”.
Y continuó con la defensa de Marco Cortés, quien “no traicionó” a Gustavo Madero de quien era un colaborador muy cercano.
Así los panistas dirimieron su reunión plenaria. Y momentos antes el nuevo presidente panista demandó a sus 108 correligionarios que habrán de trabajar en la Cámara de Diputados:
Convertirse en una oposición crítica, “frente a un prigobierno que no ha dado resultados en beneficio de la gente...frente a un gobierno que lucra con la pobreza”.
La segunda demanda a los panistas, por parte de Anaya Cortés se concentró en impulsar la ley reglamentaria a la reforma constitucional por el cual se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, y controvertir la reforma fiscal aprobada en el congreso federal hace dos años.
Y el tercer lineamiento fue el de regenerar las filas del PAN a través de la transparencia total en el ejercicio de los recursos asignados al pan, a través de auditorías periódicas y sistemáticas, realizadas por despachos de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.
-Muere un trabajador tras caer del piso 16 en la Roma
Un trabajador de la construcción murió esta tarde luego de caer desde el piso 16, mientras realizaba trabajados de remodelación.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública, los hechos ocurrieron poco antes de las 14:00 horas, en la Torre Glorieta, que se encuentra en etapa final de construcción en las calles de Puebla y Jalapa, en la colonia Roma.
Según los reportes, el trabajador se encontraba en los últimos detalles del elevador cuando perdió el equilibrio y cayó por el cubo del mismo elevador, lo que le ocasionó la muerte.
Elementos de los cuerpos de emergencia acudieron al lugar, pero ya no se pudo hacer nada por el occiso, por lo que llegaron los agentes del Ministerio Público para realizar las primeras pesquisas e iniciar la correspondiente averiguación previa.
-Se impacta camión contra vivienda de Chimalhuacán; 10 heridos
Chimalhuacán. Méx. Un camión de materiales se quedó sin frenos en la pendiente del cerro San Lorenzo y se impactó contra una vivienda, un vehículo y una motocicleta, con saldo de diez personas lesionadas, informó la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana.
De acuerdo con el reporte, alrededor de las dos de la tarde, la unidad color rojo con matrícula KW86418 circulaba sobre la avenida De El Puerto, cuando a la altura de la calle 28 de octubre el chofer se percató que el sistema de frenado dejó de funcionar.
La policía dijo que el conductor identificado como Francisco Víctor Moreno Jiménez de 38 años manifestó que no pudo evitar arrollar todo a su paso.
Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y rescate quienes atendieron a Araceli Martínez Osorio de 25 años; Gabriela Martínez Osorio de 29; Javier Márquez Sierra de 19; Mariana Lugui Cruz de 13; Abraham López Márquez de 8; Reyna Márquez Orduñes de 43, e Isaac de la Cruz Bautista de 15, quien resultó con lesiones de gravedad
Tres de los heridos fueron trasladados al hospital 90 Camas, del sector salud, tres a un hospital del IMSS y cuatro al hospital de La Perla. También quedaron dañados un auto semicompacto placas LRB9018, una motocicleta matrícula V96KB y la fachada de un domicilio particular.
-Detienen a dos personas por maltrato animal en Tlaquepaque
Puerto Vallarta, Jal. Personal de la Fiscalía de Jalisco detuvo a dos personas por maltratar a una perrita callejera de nombre “Foxy” en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.
Además los detenidos, Marco Antonio Vázquez Padilla y Miguel Ángel Rangel Sánchez, de 43 y 27 años de edad respectivamente, amenazaron a un ciudadano que grababa desde su domicilio el maltrato animal.
En el video difundido en redes sociales se muestra como ambos sujetos golpean a la perrita callejera, al tiempo que es agredida por otro perro. Finalmente Foxy fue rescatada por un grupo de personas.
A los detenidos se les acusa de los delitos de crueldad animal, ataque peligroso, amenazas, daños en las cosas y delitos cometidos contra representantes de la autoridad. El Fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer, afirmó que se actuará conforme a lo establecido en la Ley de Protección y Cuidado de los Animales del Estado de Jalisco, y agregó que se pedirá aplicar la mayor sanción posible para los detenidos.
-Detienen a funcionario durante orden de embargo en alcaldía de Naucalpan
Naucalpan. Méx. La alcaldía local interrumpió la ejecución de una orden de embargo ordenada por la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno del Estado de México y detuvo al actuario estatal, Gerardo Martínez Acuña, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público a las 13:30.
A cuatro días de la aprehensión del alcalde con licencia, David Sánchez Guevara, este lunes personal de la Secretaría de Finanzas estatal llegó a la presidencia municipal para cumplir con una orden de embargo, pero esta fue interrumpida cuando colocaban los sellos en la dirección de desarrollo social.
"Dicen que por uso de fuerza excesiva", alcanzó a decir Martínez Acuña al momento que medios informativos se acercaron para conocer el motivo por el cual fue detenido el servidor público que fue escoltado por policías municipales que lo trasladaron al Centro de Justicia, contiguo al Palacio municipal.
El funcionario estatal comentó que iba a embarcar equipo de cómputo en la dirección de Desarrollo Social, cuando llegaron empleados de la Consejería Jurídica e impidieron su labor, llamaron a la policía y ordenaron su detención.
Al momento el funcionario, quien porra un chaleco con la leyenda Finanzas, permanece en calidad de presentados en la agencia del Ministerio Público local. Autoridades municipales informaron que fue la consejera jurídica municipal, Abril de Jesús Rojas Precial, quien ordenó interrumpir la orden de embargo, al momento se desconoce el monto del quebranto económico que sería cumplido con el decomiso de bienes inmuebles de la alcaldía.
-Cierra el peso en 17.43 por dólar, arrastrado por China
La moneda mexicana siguió depreciándose este lunes y, con una caída del 1.2%, alcanzó los 17.43 pesos por dólar contra los 17.22 del viernes, según el banco privado Banamex.
En la categoría interbancaria (operaciones de 48 horas al mayoreo) la moneda también perdió valor al cerrar en 17.12 unidades por dólar contra las 16.90 de la jornada anterior.
-Termina jornada de la Bolsa Mexicana con pérdida de 1.64%
Este lunes, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con una caída de 1.64 por ciento, en línea con los mercados globales, debido a un aumento en la aversión al riesgo por el entorno económico en China y los precios del petróleo.
El principal indicador accionario del mercado mexicano, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en 41 mil 471.47 unidades, lo que representó una pérdida de 692.35 enteros menos respecto al viernes previo.
El IPC siguió el desempeño de los mercados globales, en particular de los índices de Estados Unidos, de los cuales el Dow Jones bajó 3.56 por ciento, el Nasdaq descendió 3.82 por cuento y el Standard and Poor´s 500 perdió 3.94 por ciento, en cifras preliminares.
-Dow Jones cierra con pérdida de 3.6%
Nueva York. El mercado estadunidense de valores cerró con una marcada caída, encabezada por el promedio industrial Dow Jones, que perdió más de 588 puntos, y el índice Standard & Poor's 500, que se ubica ahora 10% debajo de su máximo más reciente.
El retroceso es parte de una oleada mundial de ventas impulsada por las señales cada vez más notorias de una desaceleración en China.
El Dow Jones perdió 588.47 unidades, 3.6 por ciento, para quedar en 15.871.28. En los primeros minutos de la jornada, el indicador llegó a ceder más de 1.000 puntos.
El Standard & Poor's 500 retrocedió 77.68 unidades, 3.9 por ciento, para quedar en 1.893.21.
El compuesto Nasdaq cayó 179.79 puntos, 3.8 por ciento, para ubicarse en 4.526.25.
Los bonos del Tesoro subieron. El rendimiento del certificado a 10 años terminó en 2.01 por ciento con respecto al 2.04 por ciento del viernes.
