-SME Comunicado 27 Agosto 2015
A tod@s l@s compañer@s en resistencias.
Por este medio desmentimos la convocatoria apócrifa que llama a reunirnos el día domingo próximo en nuestras instalaciones de Antonio Caso para de ahí abordar autobuses y salir rumbo a Necaxa. Dicho llamado es falso.
Como falso es que alquilemos los mismos autobuses para realizar bloqueos de calles y avenidas. Ja
Reiteramos el llamado a hacer solo caso de la información emitida por nuestros medios y voceros oficiales.
Un abrazo herman@s mexican@s.
José Humberto Montes de Oca Luna.
Secretario del Exterior.
-Policías son suspendidos tras agredir a reporteros al finalizar la marcha por los 43
Entre los agredidos se encuentran dos reporteros del colectivo de comunicación e información Másde131, según reportó la misma organización. Un video publicado por el colectivo en YouTube da cuenta del testimonio de un reportero, del que no se revela su identidad.
-¿Por qué me pegas? ¿Qué te pasa?, dice el reportero.
-¿Qué te pasa pendejo?, responde una persona.
-Soy prensa güey.
-Y qué güey.
-Estoy grabando, estoy haciendo mi trabajo.
El colectivo Másde131 mencionó a través de su portal web que dos reporteros de ese medio fueron al Zócalo capitalino a documentar todo lo relacionado con la marcha por los once meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, sin embargo, dijo, fueron agredidos por policías del Distrito Federal dentro de las instalaciones del Metro Zócalo, quienes intentaron despojarlos de sus cámaras para impedir que grabaran las agresiones.
“En ese momento me tiran entre varios granaderos y gente del Metro me empiezan a patear, a golpear y me dicen: ‘¡párate, párate’. Yo intentaba pararme pero me golpeaban de un lado y me volteaba y me golpeaban del otro, yo les decía que no me patearan, que era prensa”, dice uno de los reporteros del colectivo en la grabación.
Además agregó que cada vez que era golpeado por los agresores estos le decían: “que si eso era lo que estaba buscando, que si eso era lo que yo quería y que dejara de grabar que no les importaba que yo fuera prensa o no”.
A través de su cuenta de Twitter Artículo19 condenó los ataques contra los fotoperiodistas durante el operativo.
Tras difundirse la información, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito federal (SSPDF) informó a través de un breve comunicado que ya inició las investigaciones por los hechos y aseguró “varios” uniformados fueron suspendidos de sus funciones, sin precisar el número ni los nombres y cargos de los mismos.
MILES MARCHAN POR LOS 43
Los padres de los 43 normalistas expresaron su hartazgo e indignación ante la nula respuesta de las autoridades.
Al terminar la marcha en protesta por la desaparición forzada de los normalistas en la Ciudad de México algunos de sus padres y compañeros se dijeron hartos de la postura del Gobierno federal, que no ha cumplido con los compromisos que les hicieron y por el contrario han tratado de dividirlos.
La madre de Jorge Álvarez Nava uno de los jóvenes desaparecidos mencionó que han pasado de sentir dolor a rabia.
“Aquí estoy recordándole a este Gobierno corrupto que queremos que nos entregue a nuestros hijos, que ya basta de mentira, porque el dolor que traemos no nos lo merecemos nosotros”, dijo.
Por su parte, Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y quién acompaña a las familias de los normalistas, llamó a los presentes a sumarse a la “gran movilización general” que prevén realizar el próximo 26 de septiembre, cuando se cumplirá un año de la desaparición forzada de los 43.
Rosales informó también que el 31 de agosto y 1 de septiembre realizarán un “contrainforme” en el Monumento a la Revolución, en contraposición al informe de labores que el primer día de septiembre presentará el Presidente Enrique Peña Nieto.
A la marcha, que formó parte de la XV Acción Global por Ayotzinapa, se sumaron cientos de personas de todas las edades y organizaciones como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, así como contingentes de varias universidades como del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y de la Universidad Autónoma de Chapingo, de la Autónoma de la Ciudad de México (UACM), además de personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
-Videgaray pagó casa de Malinalco a Higa cuando ya era secretario: Bloomberg
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, completó la compra de la casa de descanso en Malinalco después de asumir el cargo en el gobierno federal, mediante un acuerdo con Grupo Higa, constructora encabezada por Juan Armando Hinojosa, quien guarda estrecha relación con la administración de Enrique Peña Nieto, afirmó este jueves Bloomberg.
Videgaray pagó por la casa tres obras de arte y un cheque personal por 6.6 millones de pesos (unos 500 mil dólares en ese entonces) fechado el 31 de enero de 2014. Dicho cheque no se cobró hasta casi un año después, precisamente unos días antes de que se publicara un reporte que cuestionaba los negocios del funcionario federal con el contratista del gobierno.
Es decir, el cheque estuvo sin cobrar, en manos de la constructora y los fondos se transfirieron días antes de que se diera a conocer la sospecha de corrupción, reportó Blooomberg en su página electrónica.
Las revelaciones “se suman a la telenovela política que ha dominado los titulares de meses y que ayudó a minar la aprobación pública del presidente Enrique Peña Nieto”, destaca Bloomberg.
El reporte cita documentos dados a conocer la semana pasada el marco de una investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre compras de viviendas por parte del secretario de Hacienda, el presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera. Los tres fueron exonerados de haber caído en conflicto de intereses.
Según Bloomberg, el titular de la Función Pública, Virgilio Andrade, a quien Peña Nieto designó al frente de la investigación, no contestó las solicitudes de entrevista.
Peña, Videgaray y Rivera negaron haber actuado de forma inadecuada y los tres se negaron a dar entrevistas para la nota de Bloomberg a través de representantes de prensa, al igual que el contratista.
“En documentos difundidos la semana pasada, Andrade dijo que Videgaray extendió el cheque por 6.6 millones de pesos, o unos 500,000 dólares en ese momento, en enero de 2014, a una unidad de Juan Armando Hinojosa, cuyo Grupo Higa es un conglomerado constructor que tiene 22 contratos gubernamentales, entre ellos el de renovación del hangar presidencial en el aeropuerto de Ciudad de México. La firma de Hinojosa no cobró el cheque hasta el 5 de diciembre, días antes de que un artículo del Wall Street Journal cuestionara el acuerdo”, publicó Bloomberg.
Agrega que en el informe difundido la semana pasada por la SFP se concluyó que Videgaray compró la casa antes de convertirse en funcionario federal y que no estuvo involucrado de forma personal en el otorgamiento de los contratos.
“Los documentos difundidos junto con el informe de Virgilio Andrade indican que Videgaray no concluyó la compra de la propiedad hasta el 28 de noviembre de 2013, casi un año después de entrar en funciones. El cheque de 500,000 dólares está fechado dos meses después de eso”, detalla el medio estadunidense.
El artículo de diciembre pasado del The Wall Street Journal indicaba que la casa costó 7.5 millones de pesos y que Higa, a través de Bienes Raíces H&G SA, habría dado un financiamiento a 18 años para la adquisición.
Videgaray argumentó que adquirió la casa en octubre de 2012 y que decidió pagar anticipadamente un crédito por 6.8 millones de pesos “por razones financieras”.
“No hubo ningún conflicto de intereses. Hice el trato cuando yo no tenía cargos públicos”, dijo el funcionario en aquella ocasión
Hace unos días la Función Pública respaldó la versión de Videgaray cuando dio a conocer los resultados de sus investigaciones respecto al presunto conflicto de interés con la empresa favorita del gobierno de Peña Nieto.
Videgaray ofreció una disculpa a la ciudadanía y reiteró no haber cometido delito alguno.
-Reforma energética da beneficios concretos a comunidades: Joaquín Coldwell
El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que la reforma energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto otorga beneficios concretos a los propietarios de la tierra y establece un nuevo régimen jurídico que respeta sus derechos.
Al participar en el LXXVIII Congreso Extraordinario de la Confederación Nacional Campesina (CNC), dijo que el mandato de la reforma es que los pueblos y las comunidades reciban un pago de renta por el uso de tierra y un porcentaje de los ingresos que genere la extracción comercial de los hidrocarburos.
Agregó que beneficiar a las comunidades le da un sentido de inclusión a la reforma energética, ya que también establece la obligación de llevar a cabo consultas previas, libres e informadas a los pueblos indígenas donde se pretenda implementar proyectos energéticos.
Un ejemplo de ello, dijo, es la consulta que recientemente se llevó a cabo de manera exitosa con las comunidades zapotecas de Juchitán y de El Espinal, en Oaxaca, para la construcción del parque eólico más grande de América Latina.
Ante integrantes de la CNC del país, el Titular de la Secretaría de Energía (SENER) destacó que otra de las bondades para este sector es que durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto se han llevado a cabo 3 mil 546 obras de electrificación rural, con una inversión de 3 mil 36 millones de pesos y se está por alcanzar una electrificación rural del 95 por ciento.
Asimismo, el programa “Ahórrate una luz” que sustituirá 40 millones de focos incandescentes por lámparas ahorradoras, ofrece ahorros de energía y apoyo a la economía campesina.
En relación a las demandas de la Confederación,Pedro Joaquín Coldwell, precisó que éstas ya se están cumpliendo, como el aprovechamiento de los biocombustibles, la producción y distribución de fertilizantes.
El Gobernador de la entidad,Miguel Herrera Caldera, reconoció el contenido social de la reforma energética y los beneficios directos que dará al campo en el mediano y largo plazo. Por ello, pidió a los campesinos aprovechar la explotación del suelo y subsuelo mexicano, así como potenciar esta riqueza que permitirá el avance del país, junto con el resto de las reformas estructurales.
En su discurso, el Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, dirigente nacional de la CNC, reconoció que en la legislación energética “desaparece el fantasma de la expropiación de las tierras de los campesinos” y se respeta el régimen de propiedad social. Esto, dijo, no sólo es un mandato sino también el respeto a las voces de quienes representan el campo.
En el evento estuvieron presentes César Hernández Ochoa, Subsecretario de Electricidad y María de los Ángeles Moreno, quien fue nombrada presidenta de la Defensoría de los Derechos Sociales, Patrimoniales y Económicos de los Campesinos.
-Anuncia Pemex cierre definitivo de pozo siniestrado en Tabasco
VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció el cierre definitivo del pozo Terra 123 que se incendió por casi tres meses en 2013 y provocó masivas manifestaciones de alrededor de 50 mil campesinos y pescadores que se dicen afectados y aún reclaman pagos por daños.
La empresa informó que en cumplimiento a los protocolos de seguridad para la operación de instalaciones petroleras, personal especializado de Pemex realiza trabajos técnicos en ese pozo, “como parte del proceso orientado para su cierre definitivo”.
Pemex explicó que los trabajos consisten en bombeo de lodo de perforación y agua dentro del pozo, el uso de nitrógeno para generar -de forma preventiva- un tapón de hielo en las conexiones superficiales que se colocaron cuando ocurrió la emergencia y el retiro de las mismas, debido a que el pozo ya no tiene presión.
Concluidas estas actividades, “se realizará la instalación de equipamiento de reparación para posteriormente proceder a su cierre total”, señaló la empresa productiva mediante un comunicado.
Además, precisó que los trabajos no representan riesgo alguno para la población, las instalaciones y el medio ambiente, y que durante su ejecución han estado presentes equipo y personal plenamente capacitado, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad que establecen las normas en la materia.
El pozo Terra 123 se incendió en octubre de 2013 en la comunidad indígena chontal de Oxiacaque, municipio de Nacajuca, y permaneció ardiendo durante 55 días, hasta que fue controlado en diciembre.
Desde entonces, casi 50 mil campesinos y pescadores de los municipios de Nacajuca y Jalpa de Méndez iniciaron un movimiento para exigir a Pemex pagos por daños.
La protesta alcanzó su máximo nivel en julio y agosto de 2014, cuando los afectados cerraron pozos e instalaciones petroleras en siete municipios, además de las oficinas de Pemex Exploración Producción (PEP), ubicadas en esta capital en la llamada Pirámide de Pemex.
La empresa desactivó el movimiento firmando un acuerdo para revisar las demandas de los inconformes, principalmente el pago de daños a viviendas, cultivos, ganado, pastizales, animales de traspatio, árboles frutales y cuerpos de agua, provocado por la “lluvia ácida” del pozo Terra 123.
Además, ofreció obras sociales para comunidades de Nacajuca y Jalpa de Méndez, entre ellas unidades deportivas, parques recreativos y de artesanías, pavimentación de calles y carreteras, canchas techadas y un centro social.
En febrero de este año, Pemex declaró improcedentes más de 48 mil reclamaciones y anunció que sólo indemnizaría con 4 millones 700 mil pesos a 131 ganaderos y 32 cooperativas pesqueras.
La empresa argumentó que de acuerdo con el dictamen elaborado por técnicos de instituciones nacionales y locales, el pozo no explotó, sino que ocurrió una fuga de gas y se incendió, y al no haber explosión, no existió onda expansiva que haya generado daños, además de que el hidrocarburo derramado no afectó más allá de los alrededores.
Sin embargo, derivado de la restricción parcial a las actividades pesqueras y ganaderas, por tránsito de embarcaciones y vehículos que transportaban insumos y equipos para la atención del pozo, resultó procedente el pago de 2 millones 700 mil pesos para 32 cooperativas pesqueras y 2 millones de pesos para 131 ganaderos.
Un mes después, en marzo, los afectados rechazaron el dictamen de Pemex y exhibieron uno realizado por el doctor e investigador Cuitláhuac Rovirosa Madrazo, que concluyó que la empresa dañó bienes, salud y medio ambiente de más de 240 comunidades de siete municipios del estado.
El estudio fue presentado como prueba en la demanda que, en esa fecha, presentaron ante la PGR por daños ambientales, a la salud y al patrimonio de las personas.
Rovirosa Madrazo, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), dio a conocer un estudio científico que, dijo, se realizó a través de rayos X e infrarrojos, así como del satélite LANDSAT-8, perteneciente a la NASA, que determinó la magnitud del daño provocado por el pozo Terra 123.
Mediante proyección con imágenes satelitales, el académico informó que las emisiones del pozo afectaron 600 kilómetros cuadrados del territorio tabasqueño, con moléculas de azufre que directamente dañaron en su momento a los habitantes, así como la flora, fauna silvestre, aguas, agricultura y ganadería, y lo harán a largo plazo.
Los más afectados, agregó, fueron más de 240 comunidades de los municipios de Nacajuca, Jalpa de Méndez, Centro, Centla, Comalcalco, Paraíso y Cunduacán.
“Pemex es el responsable directo de la operación del pozo. Tabasco ya no puede seguir siendo tiradero ni basurero de la negligencia e irresponsabilidad de la empresa”, reprochó y reveló que la empresa tiene un seguro de mil 700 millones de dólares para cubrir catástrofes, pero “ha preferido mentir antes que ejercer la póliza para pagar los daños irreparables al estado de Tabasco”.
También alertó sobre los riesgos de enfermedades crónicas y degenerativas para los habitantes de esos municipios, además del daño ambiental por la pérdida de cuerpos de agua para consumo humano y de animales.
Asimismo, denunció que funcionarios de Pemex “mintieron con sus dictámenes” al presidente Enrique Peña Nieto, al gobernador Arturo Núñez y al director general de la empresa productiva, Emilio Lozoya.
Asimismo, destacó que del 2000 al 2012, Tabasco ha sido impactado con 52% de los derrames de crudo y gas que han ocurrido en el país, lo que significa “un daño de 4 mil 400 millones de barriles vertidos” sobre tierras tabasqueñas.
El pasado martes los afectados del pozo Terra 123 reanudaron su movimiento y marcharon a plaza de armas para exigir a Pemex, por enésima vez, que pague los daños provocados.
Más de mil representantes de comunidades afectadas pusieron un ultimátum a la empresa productiva del Estado: si no paga en un mes, volverán a bloquear pozos e instalaciones petroleras.
Además, exigieron a la PGR que acelere la demanda que interpusieron contra Pemex y éste concluya las obras sociales que prometió.
-Confirma Pemex un muerto en nuevo percance en plataforma Abkatún
CIUDAD DEL CARMEN, Camp. (apro).- Anoche, a casi cinco meses de la explosión de la plataforma Abkatún-A, en la Sonda de Campeche, que arrojó un saldo oficial de cinco muertos y un desaparecido, un nuevo accidente se suscitó en esas instalaciones que están en proceso de desmantelamiento, en el que perdió la vida un trabajador y otro más resultó lesionado.
Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó que el accidente se reportó aproximadamente e las 21:30 horas del miércoles en la plataforma Abkatún-A Permanente, cuando se efectuaban trabajos de soldadura para el desmantelamiento de placas y tuberías de dicha estructura que en breve debe ser retirada de la zona de plataformas de la Sonda de Campeche.
La víctima mortal del percance fue identificada como Luis Alberto Vázquez Pérez, trabajador de la compañía contratista Servicios Marítimos de Campeche. El lesionado es Luis Manuel Vázquez Bautista, de la misma empresa.
Apenas el miércoles 12 se localizó entre los escombros de esa plataforma el cuerpo de uno de los dos trabajadores que quedaron en calidad de desaparecidos luego de la explosión que se suscitó el pasado 2 de abril y cuya búsqueda concluyó en mayo.
Con ese hallazgo aumentó a cinco el número de trabajadores que perdieron la vida en ese siniestro.
-Nombran gobernador de Querétaro a funcionario que ordenó “madrear” a un comunicador
QUERÉTARO, Qro. (apro).- El gobernador sustituto Jorge López Portillo Tostado es el mismo funcionario que siendo secretario de Gobierno ordenó al titular de Comunicación Social, Abel Ernesto Magaña Álvarez, “madrear” a un comunicador gay al que llamó “putarraco”.
López Portillo continuó al frente de la Secretaría de Gobierno del estado pese a admitir que sí era su voz la que aparece en la grabación difundida en octubre pasado, e incluso, fue exonerado de toda responsabilidad por la Contraloría estatal.
En la grabación se le escucha indignado porque el comunicador abordó un tema referente a la inseguridad en el estado, donde fue señalado de manera directa el entonces gobernador José Eduardo Calzada.
Tras la solicitud de licencia definitiva por parte de Calzada Rovirosa –quien fue nombrado titular de Sagarpa en el gobierno de Enrique Peña Nieto–, ahora López Portillo rindió protesta como gobernador sustituto.
Lo anterior, pese a que el del audio no es el único escándalo en torno a López Portillo, ya que también fue exhibido luego que su hijo, Ricardo López Alcántara, impulsó la empresa “Quiero Taxi”, misma que es competencia de Uber, a la que López Portillo puso obstáculos.
El entonces secretario de Gobierno aseguró que su hijo –quien aparece como secretario particular del oficial mayor en el gobierno del estado– nada tenía que ver en “Quiero Taxi”, pero documentos oficiales evidenciaron que fue su vástago quien promovió el registro del nombre de la empresa.
Jorge López Portillo se incorporó al gobierno de José Eduardo Calzada Rovirosa como secretario de Finanzas, cartera que dejó por la Secretaría de Gobierno en marzo 2012, cuando el priista Roberto Loyola Vera dejó ese puesto para contender por el gobierno municipal de Querétaro.
Sin embargo, López Portillo no llegó solo al gobierno de José Calzada, pues su esposa María Lourdes Alcántara de La Torre ocupó la titularidad del Instituto Queretano de la Mujer días antes de que la administración de José Calzada entrara en funciones.
Después de duras críticas por diversos casos de mujeres desaparecidas, el funcionario acompañó a su esposa a recibir el premio Tlatoani en 2013, supuestamente por ser la mejor directora de los institutos de la Mujer en el país, una distinción calificada por otros funcionarios de “patito”.
Por ejemplo, el entonces alcalde Raúl Veyna Lomas, de Morelos, Zacatecas, reveló que el Instituto Mexicano de Evaluación (IMDE), que otorgaba esos premios, le pidió 17 mil 500 pesos para reconocerlo como “mejor alcalde del país”, razón por la que rechazó la propuesta.
Ese mismo año también recibió el premio Tlatoani la directora del Instituto Queretano de la Mujer del municipio de San Juan del Río, quien también fue distinguida como la “mejor directora de los institutos de la Mujer en México”.
Lourdes Alcántara dijo que su premio fue fruto del compromiso del entonces gobernador José Eduardo Calzada Rovirosa y su esposa, Sandra Albarrán.
-Dos presuntos asaltantes son asesinados por un pasajero en Tlalnepantla, Estado de México
Dos presuntos asaltantes fueron asesinados al parecer por un pasajero de una unidad de transporte público en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México.
De acuerdo con reportes de medios locales, dos jóvenes que presuntamente habían asaltado una unidad de transporte público que se dirigía al Metro Cuatro Caminos, fueron baleados por un supuesto pasajero al descender de la unidad.
Los hechos ocurrieron la noche este jueves en los límites de Naucalpan y Tlalnepantla, cuando la unidad circulaba sobre Periférico Norte a la altura de la colonia Santa Mónica.
Los cuerpos de los supuestos asaltantes quedaron sin vida sobre la avenida, a donde arribaron elementos de seguridad y de emergencias.
Según las versiones de los pasajeros, se escucharon las detonaciones sin embargo no alcanzaron a ver quién fue la persona que disparó, pues se dio a la fuga.
-Javier Sicilia visita a Nestora Salgado; la activista anuncia ayuno por Ayotzinapa
Nestora Salgado, líder de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, anunció que desde el jueves 26 de agosto comenzó un ayuno que durará 43 días, en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa.
Salgado entregó una carta que le entregó al poeta Javier Sicilia, quien la visitó esta mañana en la torre médica del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan.
“Estoy segura que pronto obtendré mi libertad, pues hay muchas organizaciones y personas que me han brindado su apoyo, que han luchado incansablemente por la libertad de las y los presos políticos”, dice el extracto de la misiva compartida por Sicilia con el diario La Jornada.
“Es una lucha por la justicia y por el respeto a las policías comunitarias que no han hecho otra labor más que hacer el trabajo que el Estado no ha sido capaz de garantizar: nuestra seguridad”, afirmó Salgado en la carta que entregó a uno de los fundadores del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
El ayuno de Salgado será durante desayuno y comida y sólo consumirá verduras por las noches, como muestra de solidaridad con los familiares de los normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Presa desde agosto de 2013 y trasladada a la cárcel de Tepepan el 29 de mayo, Nestora Salgado convocó a la ciudadanía a sumarse a la causa por la libertad de los presos políticos y por la presentación con vida de los desaparecidos.
-Explosión de polvorín deja 16 heridos en Edomex
TOLUCA, Edomex. (apro).- Al menos 16 personas lesionadas, entre las que se contabilizan cuatro menores, resultaron lesionadas tras la explosión de un polvorín en la fiesta patronal de Santa Rosa de Lima, municipio del Oro.
Los Servicios de Emergencia confirmaron que uno de los menores, de 8 años de edad, fue trasladado por el equipo Relámpagos en helicóptero hasta el Hospital Nicolás San Juan de Toluca, debido a que sufrió lesiones de primero y segundo grado en la cabeza.
Otro menor de 13 años presenta quemaduras en el brazo derecho, cuello y espalda; una niña de tres años tuvo contusiones en la cara y tórax. Una mujer resultó con quemaduras de primer grado en la cara y un hombre en la espalda.
En total, seis lesionados fueron canalizados a hospitales de El Oro en ambulancia, a siete se les atendió en el lugar, dos fueron llevados por la Cruz Roja y en los demás casos aún no se precisa la gravedad de las heridas.
Los primeros reportes refieren que la explosión ocurrió al momento en que la pirotecnia era trasladada a bordo de una camioneta; una mala maniobra del conductor ocasionó que al menos cuatro ristras explotaran.
El incidente ocurrió la tarde de este jueves tras la celebración de la fiesta del pueblo, hasta donde arribaron ambulancias del Servicio de Urgencias del Estado de México (Suem) y Protección Civil de El Oro para la atención de los heridos.
-Envía PGR a Austria prendas de los 43 normalistas de Ayotzinapa
La procuradora general de la República, Arely Gómez González, hizo anuncios sobre dos de los temas que ocupan la agenda nacional e, incluso, más allá de nuestras fronteras: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán.
En el primer caso, dijo que giró instrucciones para que las muestras recabadas de diversas prendas y objetos, pertenecientes a los jóvenes desaparecidos, sean remitidas al Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck, en Austria.
“Hasta que el último responsable sea consignado, se seguirá investigando. Mi llegada a la institución coincidió con el inicio de los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con quienes mi compromiso ha sido trabajar de la mano, con plena apertura y transparencia”, aseguró.
La funcionaria explicó que en estos casi seis meses la PGR ha sostenido con ellos 45 reuniones de trabajo, en las cuales se han establecido intercambios valiosos para el desarrollo de la investigación.
“Cabe comentar que nos han realizado 152 peticiones, de las cuales se ha cumplido un 80% y estamos trabajando en el desahogo de las restantes, mismas que requieren de la colaboración de otras instancias y autoridades”, aseguró.
Por ejemplo, ordenó que se acumularan todas las causas penales en un mismo juzgado, como ellos lo solicitaron.
Además, instruyó a que las muestras recabadas de diversas prendas y objetos, pertenecientes a los normalistas, sean remitidas al Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck.
La diligencia de entrega, para el análisis correspondiente, se realizará en las próximas 72 horas por el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR.
Durante la Séptima Sesión Plenaria del PRI-PVEM en el Senado de la República, la titular de la PGR confirmó que se ha detenido a ocho personas, cuya participación fue clave en estos hechos.
Además, que el expediente del caso creció 38 tomos, para llegar a 123, con 14 anexos, en total.
Sobre el expediente, adelantó que la PGR está elaborando una versión pública que está siendo revisada por el INAI y que muy pronto se dará acceso a los solicitantes de información.
“Soy consciente de que estos hechos han lastimado a la sociedad. Por ello me he reunido con los familiares y he abierto las puertas de la institución para que puedan conocer en todo momento el curso de la investigación”, sostuvo la procuradora.
“Estos delitos deben ser castigados con todo el peso de la ley, el Estado Mexicano no tolera la impunidad y está obligado a llegar a las últimas consecuencias”, ofreció.
En el caso de la evasión de Guzmán Loera, justificó: “Les puedo comentar que a partir de ese mismo día, 11 de julio, hemos trabajado arduamente y he estado personalmente revisando el tema”.
Cada día, abundó, sostiene reuniones con su equipo de trabajo para evaluar los avances de las investigaciones.
De igual manera, se estableció una coordinación general para la investigación, que está divida en dos líneas de investigación: una relacionada con los hechos ocurridos al interior del penal, y otra, los que comprenden el exterior del mismo.
Luego anticipó que en los próximos días dará a conocer avances de la investigación.
-Imposible dimensionar el fenómeno de los desaparecidos: CNDH
Pese a la conmoción que ha causado la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, no es posible “dimensionar el fenómeno (de los desaparecidos en México) debido a la carencia de bases de datos confiables y actualizados”, advirtió Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Durante su participación en la ceremonia conmemorativa del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y en la inauguración de un foro sobre el tema, el ombudsman nacional recordó que la CNDH visibilizó el problema en la recomendación 26/2001, en la que se analizaron casos ocurridos en la década de los setenta y principios de los ochenta, en la llamada ‘guerra sucia’.
Tras señalar que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa revivió el tema, González Pérez admitió que actualmente no hay registros confiables “para determinar con certeza el número de casos que serían imputados a autoridades del Estado y distinguirlos de aquellos en que la desaparición sería responsabilidad de particulares, de la delincuencia organizada o atribuidos a alguna otra causa”.
Además de esos problemas, el presidente de la CNDH enumeró como otros obstáculos las inconsistencias jurídicas, la falta de una ley nacional, la escasa coordinación nacional para la búsqueda de desaparecidos, la falta de registros confiables sobre las detenciones y puestas a disposición, así como la carencia de equipos necesarios para la realización de bases de datos en genética.
Resaltó que el caso de Iguala no sólo permitió visibilizar el problema de la desaparición forzada, sino la existencia de fosas clandestinas, de manera que en los últimos ocho años la Procuraduría General de la República (PGR) ha localizado 149 de esas fosas con un número no determinado de restos de personas que habían sido reportadas como desaparecidas.
González Pérez aseguró que “la existencia de un solo caso de desaparición forzada es inaceptable” y que la investigación debe priorizar la localización de las víctimas antes que la de los culpables.
En el evento, el representante ajunto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Jesús Peña, destacó que pese a los esfuerzos del gobierno de Enrique Peña Nieto por legislar en materia de desaparición forzada, así como el ofrecimiento de cifras vedadas en el sexenio pasado sobre esta tragedia, además de la creación de una Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y de protocolos de búsqueda, “las acciones aún son insuficientes ante las graves violaciones a derechos humanos”.
Y agregó que ante la “insuficiente actuación del Estado, las familias son quienes se han convertido en las protagonistas de las búsquedas”, por lo que recomendó al gobierno mexicano tomar medidas para emprender acciones de localización urgente y “dar pasos en México para generar confianza en las autoridades”.
De acuerdo con Jesús Peña, siguen pendientes recomendaciones formuladas en 2011 por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, así como las del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, emitidas este año.
Si bien reconoció la importancia de legislar en materia de desaparición forzada, sostuvo que “mientras las familias de los desaparecidos no sepan qué ha pasado con sus familiares, no será posible acabar con el dolor inaceptable que causa la desaparición”.
En su oportunidad, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, se refirió al proceso de legislación sobre desaparición forzada, ley que “llega tarde y que se ha agudizado en los últimos nueve años”, dijo.
Al insistir que en los últimos años se “recrudeció el problema”, De la Peña señaló que mientras no haya un diagnóstico serio y se reconozca el problema, “no será posible acabar con este monstruo”.
El foro sobre desaparición forzada concluirá el próximo domingo 30, día fijado por la ONU para recordar a las víctimas de desaparición forzada.
-Donald Trump terminará recogiendo fresas: Vicente Fox
MONTERREY, N.L. (apro).- El aspirante republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, es un ignorante que desconoce el impacto negativo que traería a la economía de su país la pretendida expulsión de los mexicanos indocumentados, sostuvo el expresidente Vicente Fox Quesada.
“El pez por la boca muere. Es ignorante decir una estupidez, como que va a poner un impuesto de 35% a los automóviles que van de México. El sonso no ha leído el Acuerdo de Libre Comercio, no ha leído los compromisos que tiene Estados Unidos con México”, apuntó.
De visita en esta capital, el exmandatario dijo que Trump “no se da cuenta, el sonso, de lo que aportan los mexicanos a la economía americana, que nunca sería lo que es si no fuera por los mexicanos que trabajan, que son eficaces. Ese sonso va a terminar recogiendo fresas en los campos agrícolas, si cree que puede patear a todos los mexicanos pa’fuera”.
El guanajuatense destacó que la fuerza de los compatriotas en la Unión Americana es parte fundamental para echar a andar todo el país, con trabajos específicos a los que se dedica una gran parte de los migrantes mexicanos.
“¿Quién va a recoger las fresas, las manzanas en el estado de Washington? ¿Quién va a tener la atención a los enfermos en Estados Unidos? ¿Quién va a atender a los retirados, a los viejos, a los de edad mayor, si no son las enfermeras mexicanas?”, cuestionó.
Irónico, Fox Quesada manifestó que “este cuate” tendrá que construir su propio muro, “vestir su bata de enfermera” y atender a su familia y a sus abuelos.
Acompañado de su esposa Marta Sahagún, acusó al magnate inmobiliario de xenófobo y auguró que su discurso anti-latino terminará por aniquilar sus aspiraciones presidenciales, pues ha basado su propuesta buscando apantallar a sus compatriotas.
“No es Hitler, es un Herr Trump. Está sonso todo lo que está diciendo. No puede llegar muy lejos. Repito: el pez muere por la boca, y a este cuate hay que dejarlo que hable, que se tropiece. Con tonterías como la que dijo a Univisión, como la que le dijo a los Bush, se va a llenar el hocico y se va a terminar cayendo de donde pretende llegar”, resaltó a su paso por esta capital para promover el Foro Citek, que se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre en Guanajuato.
El exmandatario se explayó en el tema del magnate estadunidense, pero fue parco al hablar de política mexicana. Simplemente se limitó a señalar que en el caso de Nuevo León, el gobernador electo, Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, tiene la encomienda inmediata de mantener la economía en crecimiento, una tarea que –dijo– no debe ser complicada.
“No estoy para recomendar a nadie, y él ya no lo necesita. Ganó y ganó a pulso. Él ahora tiene el reto de gobernar. No es sólo ganar, sino ahí empieza el verdadero reto: gobernar y gobernar bien. Y eso, hoy en día en el mundo, no tiene ciencia. Quiere decir, respeto absoluto a la democracia, a la libertad y a los derechos humanos”.
Cuando se le preguntó si creía que Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León, integraría al gabinete de Enrique Peña Nieto (antes de que se dieran a conocer los nuevos nombramientos), Fox rechazó responder y soltó: “Estoy muy tentado en agarrar todas las preguntas, pero aquí la señora Marta me pellizca y me pellizca”.
-Procuraduría de Puebla indaga desaparición de joven embarazada
PUEBLA, Pue. (apro).- La Procuraduría estatal investiga la desaparición de Paulina Camargo Limón, joven de 19 años y con un embarazo de 18 semanas, quien fue vista por última vez el martes 25 cuando supuestamente abordó un taxi.
El procurador Víctor Carrancá Bourget informó que el novio de la joven, José María Sosa Álvarez, también de 19 años, se encuentra desde ayer en las instalaciones de la dependencia rindiendo su declaración, luego de que fue la última persona que estuvo con Camargo Limón.
Entrevistado en el Centro Expositor, el titular de la PGJE aclaró que hasta ahora el novio de la joven no está detenido, pero reconoció que existe una línea de investigación que podría involucrarlo.
De acuerdo con fuentes de la Procuraduría, también fue llamado a declarar un amigo de la pareja, quien es señalado por el novio, pues aseguró que está “obsesionado” con la joven ahora desaparecida.
Según los familiares, la versión que ha dado hasta ahora Sosa Álvarez es que acompañó el martes a la joven a una consulta con el obstetra en una plaza comercial que se encuentra en la colonia San Manuel en esta ciudad.
El novio afirmó que salieron de la consulta desde las seis de la tarde y que mantuvieron una conversación en esa plaza comercial por alrededor de dos horas, hasta que acompañó a la joven a tomar un taxi alrededor de las ocho de la noche.
De acuerdo con Sosa Álvarez, en la calle Circuito Juan Pablo II y la 14 Sur, su novia abordó un taxi tipo Jetta, el cual supuestamente era conducido por un hombre moreno y robusto, pero Paulina nunca llegó a su casa.
Desde el miércoles 26, sus familiares y amigos empezaron a hacer circular su fotografía en las redes sociales para pedir ayuda en su localización.
Recientemente, en Puebla se han presentado dos casos de mujeres embarazadas desaparecidas y que después fueron localizadas muertas. En ambos casos los homicidas resultaron ser sus parejas sentimentales.
En febrero de 2014, Karla López Albert, de 31 años y quien tenía cinco meses de embarazo, fue localizada muerta en el Distrito Federal.
Como responsable de su homicidio fue identificado su novio Manuel Forcelledo Nader, quien se molestó con la mujer porque se negó a abortar.
Mientras que en octubre de ese mismo año también fue asesinada Iraís Ortega Pérez, de 23 años y estudiante de la Facultad de Cultura Física, quien tenía seis meses de embarazo.
Su cuerpo fue localizado en estado de descomposición dentro de una maleta de viaje que fue abandonada en las inmediaciones de un basurero municipal. El novio de la víctima, Juan Carlos Sánchez Pérez, fue detenido como responsable de este asesinato, así como otra joven, Jimena Ramírez.
-“Verdad histórica” se diluyó bajo los pies de las madres de los 43
Cristina, Joaquina, Nestora y María Elena, por nombrar sólo a algunas de las madres de los 43 normalistas desaparecidos forzadamente y de los cuatro asesinados el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, marcharon ayer una vez más –con un paso cansado, pero que nunca se doblegó– sobre el Paseo de la Reforma, en esta capital, para exigir al gobierno federal que les diga, sin mentiras, dónde están sus hijos.
El mismo calzado sencillo que se vio por vez primera por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa (huaraches, zapatos de plástico y tenis) marchó ayer en la ciudad más grande del país para exigir que Enrique Peña Nieto y toda su administración dejen de ocultar la información que –aseguraron– tienen sobre los hechos.
A 11 meses de la desaparición forzada, lo único que tienen las familias –que desde el primer momento dejaron sus casas, sus trabajos y sus tierras– es la supuesta “verdad histórica” que enunció el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, según la cual los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula y arrojados al río San Juan horas después de enfrentarse con la policía municipal de Iguala, quienes los entregaron a la banda criminal “Guerreros Unidos”.
Una “verdad” refutada por las mismas madres y sus pisadas fuertes que no tuvieron miedo de ensuciarse, que caminaron sobre tierra y montes para destapar fosas clandestinas, y que se irguieron en los basureros de Iguala para demostrar que esa trágica noche llovió en Cocula, por lo que era poco probable que los cuerpos de los jóvenes hubieran sido incinerados esa misma madrugada.
Una versión oficial desvirtuada también por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) –enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)–, ya que el Estado mexicano se niega a que se entreviste directamente a los integrantes del Batallón 27 de Infantería en Iguala –por su posible participación en los hechos–, y porque durante los seis meses que llevan en México el gobierno federal no ha hecho ni la mitad de las diligencias que le recomendaron para esclarecer el crimen.
Andar que no se cansa
Como todos los días 26 de cada mes, la tarde de ayer la exigencia sostenida por las madres de pies hinchados y adoloridos –como ellas mismas se quejan– se escuchó muy fuerte y por más de tres horas desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino.
Su andar desgastado tras recorrer el país y varias naciones se unió al paso joven de cientos de normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (que integra a 16 normales rurales y una indígena), y quienes acompañaron la exigencia de justicia.
Esta vez María de Jesús Tlatempa, madre del desaparecido Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, iba a la vanguardia de la marcha y al caminar enlistó con micrófono en mano uno de los reclamos centrales: que el Estado permita al GIEI que entreviste directamente al Ejército en Iguala, por su probable participación en la desaparición forzada.
La mujer también reprochó que las autoridades judiciales de Iguala –según revelaron las y los expertos de la CIDH– ocultaron la ropa de los normalistas y destruyeron los videos del enfrentamiento entre policías y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, sin que la PGR hubiera informado al respecto.
La madre de Jesús –que insiste en que no tiene ninguna intención de abandonar la lucha hasta ver a su hijo de vuelta– turnó el micrófono a tres mujeres normalistas del estado de Morelos que llamaron a las y los jóvenes a no permitir que el gobierno limite sus oportunidades de educación, y que no se queden callados frente a las agresiones de las autoridades.
Durante la marcha –en la que participaron unas 2 mil personas– se extendieron pancartas de desprecio a Peña Nieto y se hizo un llamado para que la sociedad no deje de movilizarse. “¿Miedo?, sólo al maldito silencio”, se leía en varias mantas.
Las familias pasaron sin detenerse frente a la PGR, donde la nueva titular, Arely Gómez, sólo las ha recibido en dos ocasiones y, aunque ha hecho compromisos, no les ha dado ninguna noticia.
Los pasos del contingente se detuvieron en el “Antimemorial+43” (una estructura metálica de color rojo de casi dos metros de altura que pusieron activistas en abril pasado frente a la escultura del Caballito, sobre Paseo de la Reforma), donde se pasó lista a cada uno de los normalistas desaparecidos, y se recordó a los alumnos asesinados.
Atrás de las familias y los normalistas marcharon decenas de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes unieron sus consignas con los machetes de San Salvador Atenco, integrantes del sindicato de telefonistas, y los cubre-bocas de las enfermeras del IMSS e ISSSTE.
Durante el recorrido también se acercaron otras personas solidarias para dar agua a las familias. Los pies –también cansados– de otras madres que buscan a sus hijos se sumaron al camino de las y los manifestantes.
En el trayecto, Margarita Zacarías, madre del normalista desaparecido Miguel Ángel Mendoza Zacarías –que igual que las demás mujeres se queja de un dolor casi insoportable en los pies–, reprochó que hoy sepan prácticamente lo mismo que el día en que desaparecieron a sus hijos, que no haya avance en las investigaciones, y que a pesar de “tantas marchas no le hemos ablandado el corazón (a Peña Nieto)”.
Sus ojos repasaron los murosde los edificios de la gran ciudad, sobre los que se trazaron pintas nuevas sobre las viejas que condenaron desde 2014 la desaparición de los 43 normalistas.
También marchó Rafael López Catarino, quien ya ha contado a los medios de comunicación que los zapatos que trae puestos (“rotitos” como él dice) es el par que su hijo Julio César López le compró antes de que lo desaparecieran. Con ese calzado lo anda buscando para que cuando lo encuentre se los vea puestos, según ha dicho el hombre que llora al recordar la anécdota.
“Estoy encabronada”
Al llegar a las inmediaciones de la Plaza de la Constitución, resultó que el cuerpo de granaderos y de policías capitalinos era más grande que el contingente de la marcha.
Los uniformados, con botas altas y gruesas, impidieron que las familias llegaran al Zócalo y las obligaron a rodear la plancha y hacer su mitin sobre el paso vehicular frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ubicada en contra-esquina de Palacio Nacional.
Emiliano Navarrete, padre del desaparecido José Ángel Navarrete, también reclamó que no haya claridad sobre si el grupo de especialistas de la CIDH podrá prolongar su estancia por seis meses más en México, a fin de concluir sus investigaciones.
Sobre el templete del mitin también se plantó la madre de Jorge Álvarez Nava, Blanca Luz Nava Vélez. Su ceño fruncido se marcó sobre unos lentes oscuros que no dejaban ver sus ojos. La larga manta blanca con la foto de su hijo le cubrió el calzado.
En representación de las otras madres, ella tomó el micrófono y gritó que estaba “encabronada”. Y dijo: “Esta rabia que traigo encima nadie me la va a quitar (…). Exijo a Enrique Peña Nieto que nos diga toda la verdad porque no andamos luchando por aguinaldos, estamos luchando por vidas”.
-Exigen cancelar órdenes de aprehensión contra 14 opositores a minera en Oaxaca
OAXACA, Oax. (apro).- El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios demandó a las autoridades cancelar las órdenes de aprehensión giradas contra 14 opositores a la minera Plata Real, en la comunidad zapoteca Magdalena Teitipac, y liberar de inmediato al defensor comunitario Pedro Aguilar Aguilar.
De acuerdo con los inconformes, la fabricación de delitos ha sido una práctica sistemática de la empresa minera para imponer su proyecto, que ha generado conflictos sociales y ambientales desde hace seis años.
En un comunicado, el Colectivo Oaxaqueño, integrado por seis organizaciones, destacó que pese a la exigencia de la comunidad y las pruebas aportadas por la asamblea general sobre la inocencia de 14 activistas, el pasado 30 de julio se libraron las órdenes de aprehensión en su contra y ese mismo día fue detenido Pedro Aguilar, quien se encuentra recluido en el penal de Santa María Ixcotel.
Aguilar y su esposa, Cresencia García Gómez, ya habían sido detenidos en agosto de 2014, y antes, el 30 de julio de 2012 y el 30 de mayo del siguiente año, respectivamente, fueron capturados Fernando Martínez Molina e Hipólito Alvarado Ignacio.
Desde julio de 2013, los pobladores de Magdalena Teitipac exigieron la cancelación de órdenes de aprehensión contra habitantes de la comunidad, pero al no obtener respuesta, el pasado sábado 8 realizaron una asamblea general donde responsabilizaron a la empresa minera “Plata Real” por la fabricación de delitos.
En presencia de varios funcionarios, entre ellos el comisariado de Bienes Comunales, el alcalde, el síndico y el regidor de Hacienda, alrededor de 400 pobladores respaldaron el trabajo realizado por Aguilar Aguilar y demandaron su libertad.
Denunciaron que la labor de defensa comunitaria que realizan los representantes agrarios e integrantes de la comunidad, por mandato de su asamblea, ha sido objeto de una campaña permanente de hostigamiento y amenazas, utilizando el sistema de justicia penal para inhibir sus acciones por la defensa de sus derechos territoriales y humanos.
En ese sentido, hicieron un llamado al sistema judicial a no criminalizar la defensa del territorio a partir de la fabricación de delitos contra defensoras y defensores comunitarios.
En febrero de 2013 la asamblea general determinó expulsar a la compañía minera, que retiró su maquinaria en julio de 2013. Sin embargo, el conflicto en la comunidad continúa, toda vez que existen procesos penales en contra de los defensores, fabricados por la propia minera.
Ante tal situación, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios demandó a las autoridades involucradas que se garanticen los derechos de la comunidad de Magdalena Teitipac en la defensa de su territorio y se respete su decisión de declararlo prohibido para la minería.
Asimismo, que se garantice en todo momento el debido proceso a los defensores y defensoras que enfrentan una causa penal; se desista de la persecución y acusación penal de personas contra las cuales no hay sustento probatorio respecto de la comisión de supuestos delitos, en un marco de criminalización; se libere de inmediato a Pedro Aguilar, y se cancelen todas las averiguaciones previas y órdenes de aprehensión que se han librado en contra de los defensores de Magdalena Teititpac.
El documento está firmado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Servicios del Pueblo Mixe, Servicios Para Una Educación Alternativa, Tequio Jurídico y la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca.
-Mineros exigen garantías de seguridad para el retorno de Gómez Urrutia
Con plena certeza de que su líder Napoleón Gómez Urrutia regresará al país, el sindicato minero envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto con copia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que piden garantías plenas para él y su familia después de ocho años de exilio en Vancouver, Canadá.
En un comunicado, el gremio señala que el líder minero lleva un año intentando regresar y los fondos del Sindicato Nacional de Mineros siguen sin ser restituidos a la organización.
Desde el año pasado, recuerda, fue reconocida la falsedad de las acusaciones contra el dirigente minero respecto al fraude en un fideicomiso minero, “pero no se le dan seguridades para un regreso sin contratiempos junto a su familia”, subrayó.
“Urge que el gobierno le ofrezca garantías plenas de seguridad para su retorno al país, junto con su familia”, señala en su misiva.
El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, fue quien resolvió en forma unánime el amparo que exoneró a Gómez Urrutia, después de un proceso de ocho años, “de todas las falsas e inconstitucionales acusaciones que le hicieron tres personas manipuladas por Germán Feliciano Larrea Mota Velasco y Grupo México durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.
“Con tal exoneración jurídica, el compañero Gómez Urrutia reafirmó a plenitud sus derechos políticos como ciudadano mexicano”, sostiene el sindicato minero.
En estos años, el tribunal revió los agravios cometidos contra los mineros, como los trabajadores asesinados en Lázaro Cárdenas, Michoacán, Nacozari, Sonora, y Fresnillo, Zacatecas; los 65 y 63 sin sepultar de Pasta de Conchos, Coahuila, desde febrero de 2006 y las huelgas de Cananea, Sonora, Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas, vigentes desde julio de 2007.
-Fracaso tras fracaso en la Comisión Nacional de Seguridad
Como reflejo de la crisis de violencia e inseguridad que vive el país, el área encargada de la seguridad en el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha convertido en la más inestable de su sexenio. Por tercera vez en tres años, el presidente designa a un nuevo titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
Renato Sales Heredia, un abogado con experiencia en la investigación policial y la procuración de justicia estatal y nacional, es, a partir de este día, el responsable de operar la pesada estructura de la CNS, que no es otra cosa que la Secretaría de Seguridad Pública de los gobiernos panistas insertada en la Secretaría de Gobernación.
El primer comisionado nacional de seguridad de Peña Nieto fue Manuel Mondragón y Kalb, exjefe de la policía del Distrito Federal, que además de sorprender al perredismo cuando se sumó al gabinete presidencial, fue incapaz de echar a andar una de las promesas de campaña de Peña Nieto: la creación de una Gendarmería Nacional.
Mondragón y Kalb, a quien se le recuerda por las decenas de escoltas de la Policía Federal (PF) que ocupaba, no pasó de la etapa de reclutamiento de quienes estaban llamados a reemplazar a los militares en las funciones de seguridad pública.
Tampoco pudo articular una nueva estrategia de seguridad. A lo más que llegó fue a anunciar la división territorial del país en cinco regiones. Pero esa era una idea que había salido del gabinete de seguridad, por lo que la propuesta no era de su entera exclusividad.
Peña apenas lo mantuvo poco más de un año, aunque en octubre pasado lo nombró encargado de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Mondragón salió de la CNS en marzo de 2014, reemplazado por el experimentado Monte Alejando Rubido García, un hombre hecho en los servicios de inteligencia civil y de espionaje. Inició su carrera a principios de los años ochenta en la desaparecida y temida Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Rubido vio nacer al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), donde hizo su trayectoria y fincó las relaciones que lo mantuvieron hasta ahora al frente de la CNS. Las más importantes, las que tejió en el sexenio pasado con el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Aunque terminó por darle forma a un menguado cuerpo de Gendarmería como un apéndice de la PF, muy lejos de lo propuesto por Peña Nieto, su salida de la CNS era esperada desde el 11 de julio pasado. Su destino burocrático quedó marcado ese día, cuando el narcotraficante sinaloense Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, se escapó del penal de máxima seguridad del Altiplano.
Peña tardó mes y medio en reemplazarlo, a pesar de que la responsabilidad de la fuga cayó directamente en Rubido, como responsable del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, encargado de la administración y vigilancia de los penales federales, y por su cercanía con Ramón Pequeño, el entonces responsable de la División de Inteligencia de la Policía Federal y quien tenía la tarea de monitorear las celdas de los penales federales.
Por su experiencia, y sobre todo por la información, no sería raro que Rubido se mantuviera en el servicio público. No faltará un gobernador, como el poblano Rafael Moreno Valle, que lo quiera tener a su lado, como lo ha hecho con otros exfuncionarios cercanos a García Luna.
Renato Sales Heredia, hasta ayer el titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro, otro de los órganos desconcentrados de la secretaría de Gobernación, tiene por principio la tarea de desmontar la estructura de control policial que viene desde el sexenio pasado y que el gobierno de Peña Nieto ha mantenido hasta ahora.
De lo que su jefe, el inamovible secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lo deje hacer, dependerá su permanencia en la CNS; además, claro, de sus propias acciones y omisiones.
-Denuncian campesinos intento privatizador de presa en Edomex
TOLUCA, Edomex. (apro).- Integrantes de la Comisión Ciudadana Organizada para la Defensa de la Presa de Danxho, localizada en el municipio de Jilotepec, denunciaron complicidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para privatizar el afluente en favor de la empresa VALSI.
“Rechazamos rotundamente la aplicación de este proyecto de tecnificación que pretende otorgar una concesión a una empresa privada para que ésta se encargue del manejo, distribución, administración y cobro del servicio de riego para siembra, que hasta hoy administra la mesa directiva”, destacaron los campesinos.
Pedro y Ricardo Luna, Marcelino y Emeterio Alcántara, Alejandro Vázquez y Francisco Oporto, integrantes de la comisión, denunciaron que nunca fueron convocados a asamblea general, como lo dictan los estatutos, para tomar la decisión de concesionar el afluente a 30 años, como ahora se pretende.
“La empresa VALSI actuó por órdenes de Conagua, sin autorización de nuestra comunidad ejidal; en meses pasados se dedicó a hacer un levantamiento topográfico que afecta predios ejidales, sin autorización de los propietarios”, señalaron.
Cuando se ha solicitado información a Conagua y VALSI, refirieron, sólo proporcionan datos opacos y versiones contradictorias.
Por esta razón, advirtieron su negativa a cualquier negociación sin que antes se realice la renovación de la mesa directiva del distrito de riego 044, cuyos integrantes se mantienen en el cargo desde hace siete años –a pesar de que debe renovarse cada trienio–, quienes “de manera disfrazada buscan despojarnos de nuestra agua y canalizarla a las industrias, ya que este proyecto no está enfocado al campo” y toman decisiones unilaterales sin el consentimiento de los ejidatarios.
Los afectados acusaron falsificación de firmas para respaldar la aprobación del proyecto, pues ningún asociado manifestó testimonialmente su acuerdo.
Francisco Oporto Pedraza indicó que existen tres hipótesis en la intención de privatización, que no han podido constatarse por la ausencia de transparencia de las autoridades y empresa involucradas.
La primera versión refiere que pretenden vender el agua al estado de Hidalgo, la segunda dice que la quieren llevar a una ciudad modelo, y la tercera que la van a dirigir a la construcción de una fábrica Trupper.
En todos los casos, expuso, afectan 7 mil hectáreas de los agricultores y ganaderos de la demarcación, quienes se verían obligados a costear hasta 20% del proyecto, a través de cuotas de riego.
“Los campesinos de Jilotepec estamos en contra de dicha privatización, pues no hemos tenido respuesta de ninguna dependencia a nuestro reclamo. Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para evitar el daño ambiental y social irreversible e inminente, ser escuchados y tratados como iguales en este tema. Solicitamos se reconozca el valor de la fuerza de las mayorías”, dijeron.
En lugar de este “atropello”, solicitaron el revistimiento de canales, medidas para evitar la contaminación de la presa por las industrias y aguas negras, frenar la importación de semillas transgénicas, y mayores, mejores y más eficientes subsidios para el campo.
Las negociaciones para la concesión ocurren cuando ni siquiera se ha aprobado la Ley de Agua a escala nacional para permitir la participación de la iniciativa privada en el servicio de dotación del vital líquido.
-Pintan rostros de 3 mujeres en una barda para visibilizar feminicidios
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Los integrantes del Colectivo Náhuatl, en colaboración con la Galería-Taller Caleidoscopio, durante cuatro días pintaron en una barda de esta capital los rostros de Nadia Vera, Kimberly Albores y Tatiana Trujillo, con el objetivo de visibilizar los feminicidios en el país.
Los creadores también dedicaron un tiempo para contar la historia de cada una de esas mujeres. Nadia, dijeron, “es una activista comiteca que fue víctima de feminicidio hace unas semanas, junto con otras tres mujeres y un fotógrafo (Rubén Espinosa). Los mataron en el Distrito Federal por su activismo en Veracruz”.
Sobre la pequeña Kimberly, destacaron que murió en una guardería de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) el año pasado, sin que hasta ahora se haya esclarecido su muerte.
Y Tatiana Trujillo, apuntaron, fue víctima de feminicidio en Ocosingo, a manos de su esposo Elmar Darinel Díaz Solórzano, exdiputado federal por el PRI, actualmente prófugo.
De acuerdo con los pintores, el mural con la leyenda “No basta con voltear a ver” es una invitación a la ciudadanía para que realice acciones en contra de la violencia hacia las mujeres.
“No basta con voltear a ver es el nombre que le otorgamos al mural, por el hecho de que estamos conscientes que no basta con ir a marchar, no basta con publicar en Facebook inconformidades, no basta con voltear a ver el mural que acabamos de pintar. Sabemos que todas esas acciones implican al espectador a adentrase en la cuestión: ¿qué es lo que está pasando aquí? Pensamos que por medio del arte hay que difundir estos sucesos y hacer que nuestra sociedad vea qué es lo que pasa”, comentó Daniel Castillo, uno de los artistas participantes.
El mural fue concluido el domingo 23 y participaron, además de Castillo, Mariana Secas, Carolina Selvas, Daniel Albores, Amauri Pérez y Luis Ángel.
Las personas pueden admirar la obra en la Séptima Sur, entre Cuarta y Quinta poniente, en el centro de esta capital.
-Reprueban agencias del MP en Edomex: México Unido Contra la Delincuencia
TOLUCA, Edomex. (apro).- La calificación promedio que reciben las agencias del Ministerio Público en la entidad es reprobatoria, pues va de 5.8 a 6.5 en una escala del 0 al 10, advirtió la organización México Unido Contra la Delincuencia, al realizar el primer balance sobre la calidad del servicio en los centros de justicia estatales.
Entre las agencias examinadas, la de Ciudad Cuauhtémoc, ubicada en Ecatepec, obtuvo en el mes de marzo pasado una calificación de 4.1 y en agosto concluyó con 5.1 como la peor evaluada; Coacalco se mantuvo en 5.2 y Xalostoc, también localizada en Ecatepec, comenzó en marzo con 5.7 y concluyó con 6.2.
En contraste, la de San Juan Teotihuacán resultó la mejor evaluada, con una calificación inicial (en marzo) de 5.9 y final (en agosto) de 7.7; la de Ecatepec comenzó el ejercicio con 5.3 y lo culminó con 7.3, y la de Otumba inició con 6.7 y concluyó con 7.2.
Juan Francisco Torres Landa, secretario general de esta organización, indicó que el resolutivo parte de una muestra levantada entre marzo y agosto en 11 de las 12 agencias del MP de la Fiscalía Regional de Ecatepec.
También explicó que el ejercicio se realizó en esta zona por el alto problema de inseguridad que padece y por su complejidad, pero consideró que puede servir como muestra de la realidad del resto de los municipios mexiquenses.
Esta primera encuesta se aplicó a 2 mil 416 usuarios del servicio, quienes enlistaron como principales deficiencias el tiempo de espera -generalmente superior a las dos horas-, y la ausencia de personal ministerial en barandilla o módulo de atención al público.
Los usuarios del servicio de procuración de justicia encuestados también denunciaron que el policía ministerial no informa a las víctimas sobre los derechos que les asisten, y hay ausencia de letreros informativos sobre las obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos.
De estos resultados, indicó, se desprende que las personas no denuncian por la percepción del tiempo que perderán y porque el trato que recibirán será malo.
“Las fallas en las agencias del MP son una muestra de la cultura de la legalidad, es una pirámide en la procuración de justicia, la parte más baja es la del MP, no sirve y genera su derrumbe”, advirtió.
La evaluación se concentró en cuatro ejes: Calidad en la atención, que incluyó la disponibilidad del personal ministerial en el módulo, la explicación de los pasos a seguir a los usuarios, el tiempo de espera y atención, el respeto del personal y el grado de satisfacción durante el proceso.
También se midieron los actos de ilegalidad e irregularidades: identificación plena del personal ministerial, la información a la víctima sobre sus derechos, la revisión de la declaración por la víctima antes de suscribirla, la información a la víctima sobre el número de la carpeta de investigación, la solicitud material o dinero a cambio del servicio y la observación de otras irregularidades.
Además, se evaluaron las condiciones internas: si hay letreros visibles con información sobre los derechos de la población, los servicios ofrecidos, las responsabilidades del personal ministerial, el directorio de servidores públicos y sus turnos, el teléfono rojo de la Contraloría, si existen folletos informativos y formatos para realizar quejas.
Asimismo, se analizaron condiciones externas: mantenimiento, iluminación, seguridad, señalización e instalaciones.
El ejercicio se realizó en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), con la intención de mejorar el servicio.
-Pide HRW a gobiernos condenar inhabilitación de candidatos en Venezuela
La organización Human Rights Watch (HRW) pidió a los gobiernos latinoamericanos condenar la inhabilitación de cinco candidatos de la oposición para las elecciones parlamentarias que se realizarán el próximo 6 de diciembre en Venezuela.
“Es crucial que las próximas elecciones en Venezuela se celebren de manera libre y justa, y que todas las opciones sean tenidas en cuenta”, afirmó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en un comunicado difundido este jueves.
HRW reconoció que si bien las inhabilitaciones entran en el marco de la ley venezolana, afirmó que “es inconsistente con los estándares regionales, que plantean que ninguno debería verse impedido de competir por un cargo hasta ser condenado por un delito”.
Los candidatos inhabilitados por el gobierno de Nicolás Maduro son: Daniel Ceballos y Vicencio Scarano, ambos alcaldes de oposición; María Corina Machado, exlegisladora destituida por la Asamblea Nacional; César Pérez Vivas, del estado de Táchira, y Pablo Pérez, del estado de Zulia, ambos exgobernadores.
Las primeras protestas en Venezuela iniciaron en febrero de 2014 en el municipio San Cristóbal, en el estado de Táchira, donde Daniel Ceballos fue electo como alcalde en abril de 2013. Ocho días después las manifestaciones se extendieron al resto del país y alcanzaron Caracas, la capital.
El 19 de marzo de 2014, agentes del Servicio de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a Ceballos durante una protesta en San Cristóbal –en la que fallecieron tres personas– y lo inculparon por los delitos de rebelión y asociación criminal.
El ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, justificó la captura al aseverar que “no solamente dejó de cumplir con las obligaciones que le impone la Constitución, sino que facilitó y apoyó la violencia irracional que se desató en la ciudad de San Cristóbal”.
Tres días después, Maduro calificó a Ceballos de “jefe de los terroristas de San Cristóbal” por no haber frenado las protestas “neofascistas” en su municipio.
El pasado 3 de julio la Contraloría General de la República (CGR) venezolana confirmó la inhabilitación del alcalde electo para postularse a cualquier cargo público durante un año, y reafirmó que el candidato no había presentado su declaración patrimonial.
El mismo día de la detención de Ceballos, Vicencio Scarano, alcalde del municipio de San Diego en el estado de Carabobo, fue condenado a 10 meses de cárcel por no acatar una sentencia que lo obligaba a impedir la colocación de barricadas.
El 24 de marzo de 2014, la diputada de oposición María Corina Machado fue suspendida de su cargo legislativo por participar, tres días antes, en una reunión de embajadores en la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que asistió como invitada de Panamá.
En una conferencia de prensa que dio en esa ocasión junto al embajador panameño, Machado aseveró que la represión de las protestas que sacudían entonces a Venezuela demostraba que el gobierno de Nicolás Maduro es “una dictadura”.
En diciembre pasado, la legisladora fue acusada de urdir un supuesto complot para asesinar a Maduro, “aunque el documento oficial del caso, al que HRW tuvo acceso, indica que no existe evidencia creíble para sustanciar dicha alegación”.
Los pasados 14 y 15 de julio, la Contraloría general de la república (CGR) declaró la inhabilitación de Scarano y Machado, respectivamente, para asumir cualquier cargo público durante un año, lo que generó reacciones adversas en la oposición, reunida en la Mesa de la Unión Democrática (MUD).
La CGR también inhabilitó por varios años a los exgobernadores César Pérez Vivas y Pablo Pérez por las investigaciones abiertas en su contra ante supuestos actos de corrupción.
-Caso Ayotzinapa: responderá Peña sobre ampliación del GIEI antes del 15 de septiembre
El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, confirmó que antes del 15 de septiembre el gobierno de Enrique Peña Nieto dará respuesta formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la ampliación del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida hace un año en Iguala, Guerrero.
En su último informe preliminar, integrantes del GIEI dieron a conocer que si bien su mandato concluye el 2 de septiembre, tenían plena disposición a ampliar su estancia en México para continuar con las investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes, toda vez que había temas pendientes de explorar, entre ellos interrogar a 26 soldados del 27 Batallón de Infantería de Iguala.
Entrevistado antes de participar en la ceremonia de conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada de Personas, organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Campa Cifrián dijo que será hasta después de que los expertos den a conocer su informe final, el próximo 6 de septiembre, cuando el gobierno de Peña Nieto apruebe o niegue la permanencia del GIEI.
Ante el cuestionamiento de representantes de medios de comunicación de qué obstáculos había para permitir que el GIEI continué operando, el funcionario respondió que “es importante tener la información para saber cuáles son las condiciones para su ampliación”.
También dijo que los mismos expertos han considerado “que no podrían ser los mismos seis meses, porque ellos prácticamente han dedicado todo su tiempo al trabajo en México”, por lo que se estaría “analizando un esquema de características distintas”.
Según el funcionario, la misma CIDH planteó “la conveniencia de que se pueda dar a conocer la posición final alrededor del día 15 de septiembre, eso es lo que ha planteado la misma Comisión”.
Sobre la facultad de la CIDH de decidir la ampliación del plazo del GIEI para realizar su trabajo, independientemente de la opinión del gobierno mexicano, Campa Cifrián consideró que “la asistencia técnica es resultado de un acuerdo, y seguramente lo que tiene que ver con la ampliación será resultado de un acuerdo”.
El subsecretario de Gobernación calificó el trabajo del GIEI como una “enorme ayuda en distintos frentes, que mejora en la investigación y en la ayuda con la atención de las víctimas, cada vez más cercana a los familiares, gracias al trabajo del grupo”.
Sin definir si es factible que el gobierno de Peña Nieto acepte la ampliación del mandato del GIEI, Campa Cifrián confió en que se tengan “todos los elementos y valoraciones” para dar la respuesta final.
Por otra parte, con respecto a la ley general sobre desapariciones forzadas, Campa Cifrián informó que, en atención a las organizaciones y familiares de víctimas, la iniciativa que presentará el gobierno federal no tendrá el carácter de preferente, sino que será agotada la consulta para su elaboración y puesta a disposición en el Congreso de la Unión para su discusión.
Durante su intervención en el evento, Campa Cifrián informó que para la elaboración del proyecto de ley el gobierno federal ha contado con la colaboración del Comité de la Cruz Roja Internacional (CRI), con la participación en línea de familiares de víctimas impedidas a acudir al Distrito Federal, además de que la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) realiza consultas en las entidades sobre búsqueda de personas, tipos penales, sanciones y reparación de daño.
En tanto, abundó, se mantiene abierta la consulta con organizaciones sociales y familiares en diversas regiones del país, donde se han llevado a cabo foros de discusión, además de que el gobierno federal ha contado con el apoyo de la CNDH y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
-“Veracruz es una fábrica de desaparecidos y de criminales”: Solalinde
XALAPA, Ver. (apro).- Para el defensor de los derechos humanos de los migrantes e integrante de la Pastoral Social de Movilidad Humana, Alejandro Solalinde Guerra, la entidad se ha convertido en una “fábrica de desaparecidos”, donde predominan los “centros de sicariato” y un “Estado criminal” que atenta contra los periodistas.
De visita por el puerto de Veracruz para participar en jornadas de vocación religiosa (Semana Mercedaría), el padre Solalinde expuso que el territorio veracruzano ha sido y es tierra fértil para que organizaciones delincuenciales como Los Zetas hagan “reclutamiento forzado” de inmigrantes, “sobre todo hondureños” y de jóvenes mexicanos que son obligados a participar en actividades delictivas, sin que las autoridades estatales o federales hagan algo por impedirlo.
También sostuvo que en cárceles de México, principalmente en veracruzanas, hay miles de centroamericanos presos por delitos de extorsión o secuestro, sin embargo, Alejandro Solalinde reparó en que muchos de ellos fueron obligados por “células delincuenciales” que operaban con total permisividad u omisión de autoridades municipales, estatales y federales.
“Están (en la cárcel) por extorsión, uno que otro por secuestro, pero recuerden que en el apogeo de Los Zetas los obligaron, los arrastraron a un sicariato forzado (sic), y ellos tuvieron que participar contra sus mismos compañeros migrantes y algunas veces contra la misma población”.
En Veracruz, Alejandro Solalinde no pudo ser ajeno al reciente asesinato del fotoperiodista de Proceso y Cuartoscuro, Rubén Espinosa, así como de la activista del Movimiento 132, Nadia Vera, caso en el que enfatizó que la corrupción y la impunidad han permitido que hoy la entidad cuente a 15 comunicadores asesinados, luego de ejercer el oficio en territorio veracruzano.
“Pareciera que en Veracruz hay una total impunidad hacia la persecución y asesinato de periodistas, ni autoridades federales ni estatales vemos que hayan hecho algo (por detener los homicidios de comunicadores), tal pareciera que nadie va a poner un alto. El gobierno de Peña Nieto es cómplice del de Javier Duarte, un gobierno criminal”, acusó.
Las declaraciones de Solalinde Guerra no fueron bien tomadas por la arquidiócesis de Veracruz, cuyo vocero Víctor Díaz Mendoza se negó en diversas ocasiones a comentar lo dicho por el defensor de migrantes.
Entrevistado por separado, el secretario de Gobierno y exdiputado local del PRI, Flavino Ríos, sólo negó que Veracruz sea “permisivo” con las desapariciones forzadas de connacionales y de inmigrantes, incluso pidió –a través de la prensa– que el padre Alejandro Soalinde le mostrase los puntos de conflictos donde “desaparecen” inmigrantes y “lugares” donde son obligados a trabajar.
“Él puede venir y expresar lo que quiera, sin que nadie lo moleste, ni que nadie lo interrumpa, pero es muy fácil hablar en términos genérales, debería de decirnos hechos concretos”, reviró el colaborador de Duarte de Ochoa.
-Vulneró MVS derechos de audiencias en caso Aristegui: Sosa Plata
Grupo MVS vulneró dos derechos de las audiencias previstos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el caso de la salida de la periodista Carmen Aristegui y su equipo, pero la empresa “no respondió a las recomendaciones”, advirtió el ombudsman del grupo, Gabriel Sosa Plata, al exponer los resultados de su gestión 2013-2015.
En el documento, elaborado por Sosa Plata, se asienta que fueron vulnerados los derechos a “recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural de la nación”, y a “recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad”.
En su análisis final de la gestión, Sosa Plata advierte que “cuando un medio de comunicación no toma en consideración a sus audiencias –su razón de ser– en algunas de sus decisiones en materia de contenidos, ni toma en consideración las resoluciones de su propia figura de autorregulación, no sólo viola la función social a la que le obliga la legislación y su título de concesión, sino que vulnera derechos de radioescuchas y televidentes y los principios éticos del periodismo”.
El ombudsman de MVS señala también que su función culmina el próximo 31 de agosto y que la propia empresa desaparecerá esta figura para que los radioescuchas y televidentes presenten sus quejas ante el defensor de la audiencia que designará la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), el organismo cúpula que agrupa a todos los concesionarios.
Sosa Plata también enumera otros casos donde no hubo respuesta a sus recomendaciones, como “la cobertura informativa de supuestas actividades de corrupción de Alstom y paralelamente la transmisión de spots pagados en contra de dicha empresa; el tratamiento informativo-editorial de la vida privada del periodista Pedro Ferriz de Con, y un supuesto acoso sexual del entrenador de un equipo de futbol, así como el despido del periodista Jorge Armando Rocha, entre otros”.
El despido de Aristegui y de los periodistas Irving Huerta y Daniel Lizárraga, así como la imposición de lineamientos editoriales y la imposibilidad de que la conductora de la Primera Emisión informativa de MVS regresara al aire, ocupó un papel central en la actividad del ombudsman.
En su informe, Sosa Plata recuerda dos posicionamientos públicos: uno en contra de la campaña mediática de la propia empresa MVS en contra de Aristegui por el lanzamiento de Mexicoleaks (12 de marzo pasado) y otro sobre los lineamientos editoriales que impuso MVS Radio a sus conductores (15 de marzo anterior).
También la defensoría emitió dos recomendaciones: la primera fue por la salida del aire de las cápsulas Niñonautas (19 de marzo), sugiriendo a la empresa que avisara con oportunidad y ofreciera explicaciones a la audiencia; la segunda recomendación fue a partir de 380 mensajes recibidos por el ombudsman a raíz de la salida de Aristegui y de su equipo.
Sosa Plata detalla que recibió 389 firmas autógrafas en apoyo a la petición de que Aristegui se quedara al frente de la emisión, y consideró igual de relevantes “las más de 217 mil firmas de apoyo a la petición #CarmenSeQueda”, que se recibieron de manos de los impulsores el 16 de marzo durante la protesta pública a las afueras de las instalaciones de MVS.
Pese a que MVS no respondió a estas recomendaciones, el juez Fernando Silva García requirió al ombudsman en diferentes ocasiones durante el juicio de amparo.
-Desaparición de los 43 normalistas es “un tema de percepción”: Osorio Chong
“No existirá grupo o interés particular alguno que impida que estos cambios de fondo sigan su curso”, advirtió Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, al inaugurar la séptima plenaria de los senadores del PRI y del Partido Verde.
Poco antes de que se conocieran los cambios en el gabinete presidencial, el responsable de la política interior también advirtió que en los próximos tres años irán “más allá de cualquier discurso fácil que pretenda desacreditar con soluciones fáciles, lo mucho que con diálogo hemos construido juntos” en la primera mitad del sexenio.
Sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace casi un año en Iguala, Guerrero, Osorio Chong consideró que es “un tema de percepción” que “nos lastimó a todas y todos los mexicanos y por supuesto a nivel internacional. Ahí, entonces, la percepción de inmediato tuvo un alza importante”.
Sin mencionarlo por su nombre, Osorio Chong se refirió a la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán porque “nos lastima la corrupción, la colusión de algunos, que permiten la fuga de un delincuente, que en sólo un año y medio había sido logrado detener por las instituciones mexicanas, en este gobierno, como lo había logrado de 92 delincuentes, los más buscados por muchos años en todo el país”.
Ambos casos, agregó el secretario de Gobernación, “ameritan una respuesta de fondo y en ello estamos trabajando” y se comprometió a “asegurar el castigo para los que fueron parte de estas acciones de corrupción, de colusión con el crimen organizado”.
Osorio Chong se explayó en los logros en materia de seguridad, advirtiendo que “la seguridad no es un tema de momentos, sino de generar condiciones y de concretar cambios de fondo para que esas condiciones perduren”.
El titular de Gobernación presumió que se han reducido “casi en un 27 por ciento” los homicidios dolosos en el país al pasar de 22 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2012 a prácticamente 16 por cada 100 mil habitantes en 2015, según datos del INEGI.
Osorio Chong también mencionó que el delito de la extorsión ha disminuido “a una tasa superior de 20 por ciento desde el 2012” y decrece este año. Mencionó el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia en los municipios de más de 100 mil habitantes.
Admitió que sólo el 50 por ciento de las policías estatales y municipales se han capacitado en el nuevo programa de capacitación y convocó a que se fortalezcan las instituciones de seguridad.
-PAN y PRD reprueban cambios en el gabinete
Los cambios anunciados por el presidente Enrique Peña Nieto en siete secretarías, dos órganos descentralizados y la jefatura de la Oficina de la Presidencia fueron cuestionados por el PRD y el PAN en la Cámara de Diputados.
Jesús Zambrano, integrante de la nueva fracción perredista, calificó la acción de “gatopardismo”, pues la sustitución de personajes, dijo, no es suficiente para cambiar el rumbo del país. Lo que debe hacerse, agregó, es un cambio en el modelo económico, porque el actual ha llevado al estancamiento del sector y ha ahondado los niveles de pobreza.
Marko Cortés, coordinador de los panistas en San Lázaro, destacó que los cambios llegan tarde, y coincidió con el perredista en que no sólo deben darse modificaciones en el gabinete, sino también empezar por sustituir la reforma fiscal impulsada por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
En contraparte, en voz de su coordinador, Jesús Sesma, el PVEM, aliado formal del PRI en San Lázaro, consideró que los nuevos nombramientos fortalecerán “el camino que ha venido estableciendo el presidente Peña”.
-Boleto del Metro celebra 70 años de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía
El Sistema de Transporte Colectivo presentó la edición conmemorativa del boleto unitario por el 70 aniversario de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA), que a partir de este día está a la venta en todas las taquillas del Metro.
Jorge Gaviño Ambriz, director del organismo, destacó que se trata de un homenaje a la trayectoria educativa de la escuela, que tiene como objetivo salvaguardar la memoria, historia, individual y colectiva; de la cual, el sistema forma parte en estos 46 años de existencia.
Por su parte, José Orozco Tenorio, director de la ENBA, dijo que, “aún en 2015 existen personas que desconocen la existencia de estas carreras, tal vez, porque en México solo hay 9 universidades que ofrecen licenciatura en Biblioteconomía y 2 de Archivonomía”.
De ahí, el déficit de profesionales en estas especialidades, “por lo que es necesario implementar una campaña de difusión a nivel nacional, donde se destaque el desarrollo profesional de los egresados” abundó el académico.
Mencionó que, “sin archivos no hay memoria, sin archivos no hay rendición de cuentas, y no se puede construir una democracia, simplemente, sin archivos no hay información”.
-Se suma agrupación a resistencia por obras en Mixcoac y Chapultepec
La agrupación civil Tú Mandas se sumó a la resistencia que los vecinos de las zonas afectadas por las obras que se llevan a cabo en Mixcoac y las que se prevén realizar en la Avenida Chapultepec, al tiempo que anunciaron que colaborarán con todas las agrupaciones ciudadanas para conformar un frente ciudadano que defienda la calidad de vida en la ciudad de México.
Indicaron que lejos de dar prioridad al peatón y recuperar los espacios públicos para obtener una mejor calidad de vida, sustentable y con ventajas para los residentes de las zonas afectadas, con estos proyectos se privilegia a los empresarios inmobiliarios que sólo mercantilizan la actividad de la construcción de vivienda.
Por otro lado se da prioridad a rescatar espacios en beneficio de automóviles arrasando con áreas verdes tan necesarias en esta importante urbe y se desplaza a residentes de zonas residenciales para convertirlas en corredores comerciales para ciertos grupos privados, añadió la agrupación.
-Mancera se pronuncia por modificar reforma fiscal
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, se pronunció por modificar la reforma fiscal, pues ante la volatilidad económica que se vive el país, tener fuga de capitales es lo menos conveniente.
Entrevistado luego de inaugurar la Fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios de la ciudad de México, dijo que es un buen momento para ver qué es lo que funcionó y que no, para retomar un camino conveniente a México.
Por ello, el mandatario capitalino exhortó a revisar dicha reforma, en un ejercicio en el que es necesario convocar a los empresarios y dar pasos seguros hacía adelante.
"Todas las leyes son perfectibles y modificables. Nosotros hemos sobre la marcha –en muchas ocasiones– rectificado o reformado ordenamientos y yo creo que todas, absolutamente todas son revisables", manifestó.
A tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto, Mancera Espinosa señaló que aún quedan pendientes varios temas con las autoridades federales como aprobar una ley sobre armas de fuego y homologar los protocolos para la defensa y cumplimiento de los derechos humanos.
-Avanzan en Cancún acuerdos para controlar compraventa de armas
CANCÚN, Q. Roo (apro).- La Primera Convención de Países Parte del Tratado sobre Comercio de Armas (ATT, por sus siglas en inglés) celebrada en este destino turístico, concluyó con la definición de los primeros pasos para implementar mecanismos de control para la venta de armamento, pero las operaciones no serán públicas.
En el cuarto y último día de la convención, que se llevó a cabo en un hotel entre Cancún y Puerto Morelos, también se eligió a la ciudad de Ginebra, Suiza, como sede permanente del Secretariado para el Tratado sobre Comercio de Armas y se eligió como secretario ejecutivo al sudafricano Simeon Dumisani Dladla.
En su opinión, se dieron los primeros pasos firmes para que la transferencia de armas sea regulada “y asegurarnos que no caigan las armas en las manos incorrectas”.
El siguiente reto es, dijo, que todos los países implementen mecanismos para no haya transferencia irregular de armas.
“Los países que están aquí están comprometidos para asegurarse que tiene que haber una prevención en la transferencia de armas, aunque cada país tiene que hacer su trabajo estableciendo reglas en casa para prevenir la trasferencia irregular de armas”, dijo.
Sin embargo, quedó pendiente una de las principales exigencias de organizaciones de la sociedad civil, que también se dieron cita en esta convención: hacer público el reporte de compra-venta de armas de los países.
Para Jorge Lomónaco, embajador de México ante organismos internacionales en Ginebra, y presidente de esta primera convención de países parte del ATT, los resultados de este foro estuvieron “muy por encima de las expectativas”, pues se definió una base de organización e implementación para el tratado del comercio de armas.
Pero reconoció que “falta reafirmar” el tema de los reportes de la venta de armas, que por lo pronto nos serán públicos.
“Se aplica el tratado como está y se deja abierta la posibilidad para que todos presentemos nuestros reportes de manera transparente”, dijo, pero eso no será obligatorio.
Por lo pronto, los países signados deberán presentar un reporte inicial en lo que resta de 2015, y a partir de mayo de 2016, un reporte anual.
Al respecto, Ana Macdonald, directora de la coalición “Armas Bajo Control” comentó que los representantes de la sociedad civil están “decepcionados” porque los países no acordaron publicar su reporte de venta de armas.
“Nos preocupan las plantillas de reportes de los Estados, no hay el compromiso de que sean públicos”, lamentó.
Cada estado, enfatizó, tendrá la prerrogativa de publicar o no los reportes que entregue a la Secretaria Ejecutiva de la Conferencia del ATT por lo que, advirtió, “pugnaremos para que los reportes sean públicos”.
Macdonald consideró “muy positivo”, que dentro de este primer foro se permitió el acceso a sociedad civil y se acordaron las reglas del encuentro, que las votaciones fueran por mayoría y no por consenso.
-Política económica no puede cambiarse por pánico: Camacho
En su primer encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) como dirigente de la bancada priísta en la 63 legislatura que arranca el próximo martes, César Camacho Quiroz defendió la política económica al advertir que no puede cambiarse a cada rato como producto de una reacción desmesurada o de pánico para mejorar la situación.
También sostuvo que la disciplina fiscal "ha ayudado a contener o amainar los embates de una situación económica adversa" pero mostró voluntad por revisar las propuestas del CCE en el tema, el cual ha insistido en que se requieren cambios fiscales.
Si bien acordó trabajar en una agenda legislativa con el organismo cúpula del sector privado para impulsar la economía así como para discutir el presupuesto base cero, el príista dejó claro frente a Gerardo Gutiérrez Candiani, dirigente del CCE, que "el empresariado ha sido escuchado y muchos de sus planteamientos serán incorporados, pero el PRI nunca hará o tendrá posiciones demagógicas para ganar aplausos fáciles o acuerdos aparentes en los que se comprometa a aquello que no cumplirá. El PRI se ha comprometido en aquello que está en condiciones de cumplir y ha honrado sus compromisos".
No obstante, reconoció que como la vida en sociedad cambia todos los días, "ha habido necesidad de replantear, hacer precisiones, matices, determinaciones y nuevas prioridades que es para lo que nos hemos reunido".
El presupuesto para 2016, advirtió, será mucho más complejo que otros años porque obliga a la racionalidad y precisión sobre el destino de los recursos. El CCE, que aglutina a 12 confederaciones, cámaras y asociaciones de los sectores bancario, industrial, comercial, de seguros o agroindustrial, entre otros, diseña su propia agenda de reformas en las cuales Gutiérrez Candiani dijo que se lleva un un avance del 52 por ciento en general y que abarca desde incentivos fiscales hasta leyes de seguridad social, salarios mínimos, asociaciones públicas privadas y sobre las leyes secundarias para combatir la corrupción.
-Entorno económico no afectará sistema financiero, asegura CNBV
El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé, descartó que el actual entorno económico afecte al sistema bancario y financiero del país. Aseguró que "no hay preocupación" al respecto pero la CNBV "vigila" que los movimientos en las variables económicas "no tengan un impacto" en el sistema compuesto por 5 mil instituciones distintas que van desde los bancos hasta cooperativas, sociedades de inversión, emisoras bursátiles o sociedades financieras.
"El sistema financiero, en general, y el sistema bancario, en los particular, es muy fuerte y tiene por encima del capital regulatorio varios puntos porcentuales. Entonces eso no nos preocupa, pero por supuesto que estamos vigilando que las variables económicas no tengan un impacto.
El comportamiento de esas variables no corresponde a la CNBV pero supervisamos que bancos y demás intermediarios lleven a cabo las actividades que tienen que hacer conforme lo señala la norma, a efecto de que no tengan ningún impacto", dijo el funcionario, entrevistado tras participar en la inauguración del Quinto Congreso de Investigación Financiera del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), realizado en la Universidad Panamericana.
Durante su participación, González Aguadé dijo que México es uno de los pocos países en cumplir con los requerimientos de capitalización fijados por Basilea 3, como se conoce a la regulación bancaria internacional.
En contraste, el rector de la Universidad Panamericana, José Antonio Lozano, sostuvo que "hoy nos enfrentamos a un entorno cada vez más complejo, que vemos signos complicados en el ambiente y entorno internacional y en la economía internacional se notan ciertos nubarrones que amenazan de distinta manera a las finanzas, tanto públicas como privadas, se vuelve importantísimo entender, primero, y tener diagnóstico adecuado de la situación y, segundo, tener el nudo de solución de la mejor manera para enfrentar la situación".
A su vez, Nelly Molina Peralta, presidenta del IMEF, resaltó que hay un "escenario atípico" en el país por la volatiblidad de los mercados y "la incertidumbre cobra fuerza", por lo que es necesario que se cuente con los conocimientos sólidos para los responsables de las políticas públicas tengan la mejor lectura al respecto y tomen decisiones congruentes.
Se pronunció porque se invierta en investigación y desarrollo porque así México contará con recursos que beneficien a la economía, además de que insistió en la vinculación entre academia, empresas y gobierno. González Agudé reconoció en su discurso que la investigación jugó un papel fundamental para llevar a cabo la reforma financiera y dijo que espera las conclusiones del confreso del IMEF.
Por otro lado, cuestionado sobre el caso Ficrea, González Aguadé aclaró que dado que tal sociedad financiera popular (sofipo) se encuentra en proceso de liquidación dejó de ser regulada por la CNBV. "Cuando el juez resolvió sobre el concurso mercantil pedía diferentes cosas que no necesariamente estábamos de acuerdo que suspendiéramos y ahora estamos esperando que resuelva", puntualizó.
-Ediles electos se oponen a privatizar alumbrado público en Morelos
Cuernavaca, Mor. Presidentes municipales electos, encabezados por la próxima presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota Ocampo, manifestaron su oposición a que los diputados de la LII legislatura aprueben el decreto por el que se autorizará a los ayuntamientos morelenses concesionar el servicio de alumbrado público, lo cual afectará sus participaciones federales.
Ante esta situación los alcaldes electos que participaron esta mañana en el Foro: Las tecnologías de luminarias y su impacto en las finanzas municipales, que se celebró en el zócalo de esta ciudad, anunciaron que mañana, cuando citaron a sesión extraordinaria los legisladores de la LII legislatura (porque acaban sus funciones el 31 de agosto), se manifestarán afuera del Congreso local para evitar que les entreguen las administraciones municipales con el servicio privatizado de la energía eléctrica por 20 años.
Los alcaldes electos que estuvieron presentes en este foro fueron: la de Temixco, Gisela Mota; el de Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez; el de Huitzilac, Antonio Cruz García; el de Miacatlán, Francisco León y Veléz; el de Mazatepec, Jorge Toledo Bustamante; y el de Zacatepec, Francisco Salinas. En tanto que los ayuntamientos de Tepalcingo, de Emiliano Zapata enviaron sólo a un representante. También participaron los diputados electos del PRD, Hortensia Figueroa Peralta y Eder Rodríguez Casilla.
Allí la alcaldesa electa de Temixco, Gisela Mota Ocampo, manifestó su preocupación “ante la posibilidad de que en el último periodo extraordinario del Congreso local, pueda aprobarse el proyecto de decreto por el que se autoriza a diversos ayuntamientos de Morelos, a suscribir convenios para concesionar el servicio de Alumbrado Público con la empresa NL Technologies por un periodo hasta de 20 años”.
En este acto la alcaldesa de Temixco se manifestó en contra de dicho proyecto, pues argumentó que existen otras opciones viables para los municipios que pretenden reducir sus costos de alumbrado público y reorientar estos recursos hacia la obra pública y otras prioridades.
Por eso, la alcaldesa electa del PRD de Temixco, Gisela Mota, demandó a los legisladores que ese decreto que pretenden aprobar este viernes, “sea desechado; además de que se inicie con el proceso de análisis, estudio y en su caso licitación en donde todas las opciones se presenten a fin de tomar la mejor decisión; que quienes decidan, opinen y en su caso aprueben o no cualquier tipo de proyecto, sean los cabildos que tomarán protesta a partir de 2016 y los diputados que han resuelto electos y que integrarán la LIII legislatura”.
Según la alcaldesa electa de Temixco, si se aprobara la privatización del servicio de energía eléctrica en su municipio (con la empresa NL Technologies), como pretenden los legisladores e integrantes del actual cabildo, el municipio estaría obligado a pagar cada mes un millón de pesos mensuales; cuando aseguró la alcaldesa electa que con otras empresas por un convenio de menos años pagarían mucho menos. La alcaldesa electa perredista acusó que existe un interés económico de parte de los integrantes de la LII legislatura para aprobar la privatización del alumbrado público, y se refirió concretamente al diputado panista, Javier Bolaños Aguilar.
Además, hoy la asociación civil, Gustavo Salgado Delgado, se manifestó en frente del Congreso local, y frente al palacio estatal, en contra de la privatización del alumbrado público y en contra de que se privatice la basura, como también han manifestado que los harán en esta sesión extraordinaria (que celebran este viernes) los diputados locales.
A principios de julio pasado, el alcalde de Cuernavaca, Jorge Morales Barud, dio a conocer que el ayuntamiento solicitó al Congreso local que permita concesionar el alumbrado público a una empresa privada. Además de la capital, por lo menos otros 15 de las 33 localidades del estado solicitaron a la legislatura que apruebe privatizar el alumbrado público.
Al igual que Cuernavaca, presentaron sus solicitudes de privatización los municipios de Temixco, Puente de Ixtla, Tlaltizapán, Yecapixtla, Amacuzac, Atlatlahucan, Jantetelco, Jojutla, Mazatepec, Xochitepec, Zacatepec, Miacatlán, Coatlán del Río, Tetecala, Cuautla y Tetela del Volcán. Aunque algunos alcaldes actuales ya han manifestado públicamente en contra de la privatización del alumbrado público por la presión social que han hecho los habitantes de sus municipios.
-Fallecen seis personas en Sonora por altas temperaturas
Hermosillo. La Secretaría de Salud en Sonora informó hoy que seis personas fallecieron durante la última semana en la entidad a consecuencia de las altas temperaturas, con las cuales aumentan a nueve las defunciones por calor este año.
El director de Epidemiología de la dependencia estatal, Sergio Olvera Alba, mencionó que tres personas murieron a consecuencia de golpe de calor y las tres restantes fallecieron por deshidratación.
Las víctimas fueron, indicó, seis personas del sexo masculino cuyas edades oscilan entre los 30 y 70 años de edad; tres decesos ocurrieron en el municipio de Caborca, dos en Hermosillo y uno en Empalme.
Refirió que a la fecha se tiene un acumulado de nueve defunciones relacionadas con las altas temperaturas en Sonora, cifra menor a la registrada a la misma semana de la temporada de calor del año pasado, donde ya se tenían 11 decesos.
Asimismo, abundó, se presentaron 35 nuevos casos de padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica de la temporada de calor, de los cuales 32 fueron en Hermosillo, dos en San Luis Río Colorado y uno en Guaymas.
Los casos se registraron en 28 hombres y siete mujeres y corresponden a 28 deshidrataciones, seis golpes de calor y una insolación, añadió.
Explicó que en lo que va del año se han presentado 275 casos de padecimientos asociados a las altas temperaturas, de los cuales 25 son golpe de calor, 239 deshidrataciones y 11 insolaciones.
-Investigan al ayuntamiento de Chamula por desvío de recursos
San Cristóbal de Las Casas, Chis. Autoridades estatales iniciaron una investigación al ayuntamiento de Chamula por la presunta malversación de 100 millones de pesos, informó el secretario de la Función Pública, Miguel Agustín López Camacho.
Mediante un comunicado, agregó que el Programa de verificación del ejercicio de los recursos federales que la dependencia lleva a cabo en todos los municipios “se detectó que en el ayuntamiento de Chamula, existen observaciones por aplicación irregular de recursos”.
A través del Órgano Superior de Fiscalización, el Congreso local “también realiza auditorías al municipio mencionado por posible desvío de recursos, lo que podría llevar al desafuero de las autoridades municipales involucradas”.
El gobierno de Chiapas dio a conocer el comunicado luego de que cientos de indígenas de Chamula, encabezados por el alcalde priísta, Sebastián Collazo Díaz y otros funcionarios municipales, pretendieron realizar una protesta ayer en Tuxtla Gutiérrez para exigir la entrega de 50 millones de pesos extraordinarios al cabildo, pero fueron contenidos por la policía.
El secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda advirtió que “ante las constantes denuncias por parte de habitantes de Chamula, por el incumplimiento en el pago de proyectos y la presunta malversación de recursos por más de 100 millones de pesos”, el gobierno estatal “no cederá a presiones para resolver asuntos que tienen su cauce a través de las instituciones”.
Señaló que “en los últimos días el gobierno de Chiapas ha escuchado las diversas protestas que han presentado pobladores de este municipio en la capital del estado, bajo la tutela del alcalde Collazo Díaz, lo cual tiene como trasfondo la asignación de recursos extraordinarios no presupuestados al ayuntamiento para subsanar sus finanzas”.
Manifestó que “el alcalde Collazo Díaz ha insistido a la autoridad estatal en que se le otorguen 50 millones de pesos de recursos extraordinarios y fuera de su presupuesto, para cubrir distintos adeudos contraídos con contratistas para la realización de obras y otros proveedores”.
Gómez Aranda informó que la Procuraduría General de Justicia del Estado “integró averiguaciones previas por diversos delitos cometidos durante las manifestaciones ocurridas en días pasados, relacionadas con las exigencias encabezadas por las autoridades municipales”.
En diciembre del año pasado, cientos de indígenas de Chamula encabezados por el alcalde que se manifestaron en la capital del estado para demandar la entrega de recursos públicos para el pago de salarios y aguinaldos, destruyeron un escáner para detectar drogas, migrantes y armas que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tenía en un retén a la entrada de la capital, y luego ocasionaron daños en la Torre Chiapas, en la que funcionan diversas dependencias federales, estatales y municipales.
-Se gradúan cuatro mujeres en el Colegio del Aire
Zapopan, Jal.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fuerza Aérea Mexicana se constituyen en un ejemplo palpable de que México avanza con paso firme hacia la plena igualdad de género, aseguró el director del Colegio del Aire, José Gerardo Vega Rivera, al señalar que entre los oficiales que concluyeron sus estudios, se encuentran una oficial piloto aviador, licenciada en Ciencias Militares, dos controladoras de vuelo y una aerologista.
Indicó que de la escuela Militar de Aviación se graduaron 40 cadetes y 4 becarios de la República de Guatemala. “De la escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea hoy se gradúan para el servicio de la patria a dos jefes y 111 oficiales de fuerza aérea, de los cuales, 39 son pilotos aviadores licenciados en ciencias militares, 15 meteorólogos, 12 controladores de vuelo, 5 aerologistas, 20 especialistas en electrónica de aviación, 11 abastecedores de material aéreo y tres becarios de la Secretaría de Marina.
Manifestó que estos nuevos jefes y oficiales encontraron ardua experiencia cotidiana disciplina y tenaz esfuerzo para dignificar el honor de sus respectivas Fuerza Armadas con base en un denotado trabajo por servir a la patria.
En compañía del titular de la Sedena, general Salvador Cienfuego Zepeda, quien entregó certificados, alas, gafetes y pistolas a los egresados, el subsecretario de Marina, Conrado Aparicio Blanco y el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, Vega Rivera manifestó que el proceso de formación de pilotos aviadores de esta escuela militar a lo largo de cuatro años, así como de las diversas especialidades comprendió más de 11 mil 400 horas de clase teóricas en aulas y casi 6 mil horas prácticas en la línea de vuelo, torre de control, estación meteorológica y laboratorios.
Por la mañana, el general Cienfuegos Zepeda encabezó en la ciudad de México la ceremonia de graduación a 30 subtenientes de enfermería de la Escuela Militar de Enfermeras.
Asimismo, al medio día se dirigió a Zapopan, Jalisco, para asistir a la Escuela Militar de Clases de Transmisiones donde egresaron 187 efectivos, de ellos 9 mujeres, 169 hombres del ejército y 10 de la Armada de México.
Los militares con mejor aprovechamiento académico recibieron obsequios especiales por parte de coroneles agregados de defensa de embajadas de España, Uruguay, Perú, Venezuela, Brasil, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Francia por mencionar algunos.
-Surgen nuevas dudas sobre casa de descanso de Videgaray
Durante casi un año, el cheque con el que Luis Videgaray Caso, actual secretario de Hacienda, pagó parte de su casa de descanso al contratista del gobierno Juan Armando Hinojosa, no fue cobrado por el empresario.
El documento fue hecho efectivo apenas unos días antes de que el diario The Wall Street Journal revelara, en diciembre de 2014, la compra de una casa en el Club de Golf Malinalco, publicó este jueves el servicio de noticias Bloomberg.
A lo largo de varios meses, los mexicanos han exigido más detalles sobre la compra, por parte del secretario Videgaray, de una casa de descanso en un lujoso desarrollo en el estado de México, arranca la historia de Bloomberg.
“Ahora, nuevas evidencias sugieren que Luis Videgaray completó la compra de su casa de descanso después de tomar posesión de su actual cargo al frente de la Secretaría de Hacienda, en un acuerdo inusual con un constructor que tiene fuertes lazos con el gobierno federal”, dice.
La Jornada solicitó a la Secretaría de Hacienda una respuesta a los señalamientos publicados por Bloomberg, pero hasta el momento no ha sido recibida.
Videgaray, un ex directivo de banca de inversión, “pagó la casa con tres obras de arte y un cheque personal fechado el 31 de enero de 2014. Pero el cheque de 6.6 millones de pesos no fue cobrado hasta casi un año después, justo unos días antes de que un reportaje (el de The Wall Street Journal) cuestionara las relaciones comerciales del Secretario de Hacienda con el contratista del gobierno”, abunda Bloomberg.
Estas revelaciones, incluidas en miles de documentos liberados la semana pasada como parte de una investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la compra de las casas por parte del Secretario de Hacienda, el Presidente de la República y su esposa, la cual los exoneró de irregularidades, “podrían dar un nuevo giro a la telenovela política que ha dominado los titulares por meses, y que ha ayudado a debilitar la aprobación presidencial de Enrique Peña Nieto”, consideró.
“Esto no pasa la prueba de la risa”, dijo Arturo Pueblita, un experto en derecho constitucional en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. “Esto es completamente irregular y genera muchas sospechas”, abundó, respecto de los documentos sobre la forma en que Videgaray Caso pagó la casa de Malinalco a una empresa propiedad del contratista Juan Armando Hinojosa, que recibió decenas de contratos del gobierno del estado de México (donde Videgaray fue funcionario cuando el presidente Peña Nieto era gobernador).
El 11 de diciembre de 2014, el Journal publicó que dos meses antes de convertirse en secretario de Hacienda, Videgaray Caso compró una propiedad en el Club de Golf Malinalco, en el estado de México, al empresario Juan Armando Hinojosa, el mismo contratista del gobierno federal que financió la Casa Blanca, la mansión de 7 millones de dólares en las Lomas de Chapultepec que fue adquirida por Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto.
La casa de Videgaray en el Club de Golf Malinalco tiene 850 metros cuadrados. Fue comprada en 7.5 millones de pesos –581 mil dólares al tipo de cambio de entonces– por el actual secretario de Hacienda en octubre de 2012, dos meses antes de iniciar el gobierno de Peña Nieto, con un crédito hipotecario otorgado por el empresario Hinojosa, a pagar en 18 años. El secretario de Hacienda aseguró en esa ocasión que, por razones “estrictamente financieras”, había decidido pagar la casa en su totalidad en enero de 2014.
Según el reporte de Bloomberg publicado ayer, Videgaray pagó la casa de Malinalco con el cheque y tres obras de arte. El título y autor de cada una de ellas aparecen borrados en la documentación divulgada por la SFP del sitio electrónico en que fue publicado el resultado de la investigación sobre posible conflicto de interés en la venta de propiedades de Hinojosa a Videgaray y Angélica Rivera, así como por la casa de descanso que el presidente Peña Nieto compró al empresario Roberto San Román, también contratista del gobierno mexiquense, en Ixtapan de la Sal.
Videgaray dijo que las obras de arte con las que pagó parte de la casa de Malinalco las “recibió como regalo”, según Bloomberg.
La investigación sobre posible conflicto de interés en la compra que hizo Videgaray concluyó que el secretario de Hacienda compró la propiedad antes de ocupar el puesto en el gabinete del presidente Peña Nieto y que, personalmente, no estuvo involucrado en la asignación de contratos al empresario Juan Armando Hinojosa. “Esa conclusión se hace eco de una carta del propio Videgaray en diciembre pasado, en la cual dijo que adquirió la propiedad antes de convertirse en el secretario de Hacienda”, añade Bloomberg.
“Los documentos publicados como parte de la investigación de la SFP muestran que Videgaray no cerró la compra de la propiedad sino hasta noviembre de 2013, prácticamente un año después de haberse convertido en secretario de Hacienda. El cheque de 6.6 millones de pesos está fechado dos meses después de esa fecha”, agrega. Y fue cobrado por Juan Armando Hinojosa 11 meses después, días antes de la revelación del Journal.
En el año que transcurrió entre que Videgaray dijo que acordó comprar la casa de descanso y el momento en que el trato fue cerrado, “las compañías de Hinojosa obtuvieron contratos de cuatro instituciones de la banca de desarrollo, donde Videgaray funge como presidente de sus juntas de gobierno, incluido uno para un servicio de vuelos a directivos de alto nivel, como el propio Videgaray, en viajes oficiales”, añadió Bloomberg.
Los bancos de desarrollo que operan en el país son: Nacional Financiera (Nafin), Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjército). Los consejos directivos de esas instituciones son presididos por el titular de Hacienda. Bloomberg no menciona cuáles de estos bancos otorgaron los contratos al empresario Juan Armando Hinojosa.
-Proponen hacer públicos proyectos de aspirantes a rectoría de la UNAM
Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) propusieron a la Junta de Gobierno (JG) que, en la forma en que estime conveniente, organice la presentación pública de los proyectos de trabajo de los aspirantes a la rectoría.
Asimismo, solicitaron a los 15 integrantes de ese órgano colegiado que las comparecencias de los candidatos a rector se transmitan en vivo por medios electrónicos y que la comunidad universitaria pueda conocer las deliberaciones de la JG en torno a este proceso.
Esta tarde, 32 profesores e investigadores, entre ellos tres representantes ante el Consejo Universitario, entregaron una carta dirigida a los 15 “notables” de la JG en la que señalan que el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas son derechos establecidos en las normas fundamentales del país, por lo que contribuyen a enriquecer la dinámica política mexicana y el ejercicio de la democracia.
“La cultura política del mundo y del país se ha venido transformando. Hoy existe un sano reclamo social en torno al conocimiento y la participación en los procesos de toma de decisiones que atañen directa o indirectamente a los ciudadanos. La Universidad no puede estar ajena y debe tener sensibilidad a estas tendencias de cambio”, señalaron.
Resaltaron que desde 1945, cuando se publicó la ley orgánica de la UNAM donde se otorga a la JG la facultad para elegir a los cuerpos directivos de la institución, entre ellos al rector, ésta sólo ha hecho pública la decisión final, es decir, quien es designado.
En ese sentido, estas propuestas “en ningún sentido contravienen las disposiciones establecidas en la ley orgánica”, enfatizaron.
Firman los consejeros universitarios de la Facultad de Química, Carlos Amador y Rafael Moreno, y del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Armando Alcántara; así como de las facultades de Filosofía y Letras, Marcela Gómez; Economía, Alejandro Álvarez Bejar; Psicología, Gloria Careaga; Ciencias Políticas, Mónica Guitián; y de los institutos de investigaciones Jurídicas, Jaime Cárdenas y John Ackerman; Económicas, Imanol Ordorika; Sociales, Irma Eréndira Sandoval, Roberto Rodríguez y Sergio Zermeño; Fisiología Celular, Francisco Torres, Luis Lemus Sandoval; Irene Casique y Roberto Castro, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, y Hotensia Moreno, del Programa Universitario de Estudios de Género, entre otros.
“La UNAM ha sido un modelo para el enriquecimiento y la democratización de diversos procesos sociales y políticos en México. El (proceso para el) próximo nombramiento de rector es una oportunidad para seguir siendo un ejemplo y estar a la vanguardia de las transformaciones que requiere nuestro país”.
