-Twitcam de Gerardo Fernández Noroña: Visita de Obama 19 Febrero 2014
-Piden en Nayarit suspensión total y definitiva del proyecto hidroeléctrico Las Cruces de la CFE
-Tras cinco años “en la banca” gana juicio laboral y el Ayuntamiento de Guadalajara le paga un millón 200 mil pesos
Gildardo González Orozco tiene un trabajo envidiable: todos los días llega puntualmente a la Presidencia Municipal de Guadalajara, se instala en alguna de las bancas del patio central y contempla cómo pasa el tiempo. Cada quincena cobra siete mil 500 pesos. Ayer, el Ayuntamiento le depositó un millón 200 mil pesos, tras perder un juicio laboral. En junio de 2004 Gildardo entró a trabajar al Ayuntamiento en el área jurídica como “secretario A”, pero asegura que realizaba labores propias de un perfil de abogado. En noviembre de 2005 consiguió plaza sindicalizada. Dos años después amagó con demandar laboralmente al Ayuntamiento por no pagarle las actividades que realizaba. Le prometieron compensación pero ésta nunca llegó.
Desde 2008, ante un tribunal de arbitraje y escalafón, se fue hinchando una demanda laboral presentada por el abogado. Cada semana caminaba el proceso, cuya compensación iba aumentando quincena a quincena. Finalmente, ayer el Ayuntamiento tuvo que cumplir con una sentencia favorable al funcionario público: pagar un millón 200 mil pesos, menos impuestos. Lo que para el director jurídico de lo contencioso, Javier Salas Mejía, se equipara a un fraude contra la comuna, para Gildardo es justicia pura. En febrero de 2013 le ofreció al municipio retirar la demanda si le daban la mitad de lo que pedía. No se concretó. Ayer, sin pena ni gloria, estaba sentado en una banca del Ayuntamiento tapatío.
No lo podían correr porque no había dado motivos. Hasta el mediodía de ayer, Gildardo no había revisado su cuenta bancaria porque no podía salir de su lugar de trabajo. No es que no quiera trabajar, sólo que desde marzo del año pasado le dijeron que estorbaba. Lo sentaron en una banca y él ha seguido órdenes. Los recursos desembolsados por el Ayuntamiento se suman a los 46 millones de pesos que la comuna repartió por el concepto de laudos laborales durante 2013.
-Slim pagaría 325 millones de dólares por Dish México
-Peña, sólo un invitado más en su propia casa
-Muertes por influenza en EU, ‘a niveles endémicos’; en México, ‘a la baja’
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Más de 8 mil Náyeris (coras) y mestizos pertenecientes a las comunidades de los municipios de Ruiz, Rosamorada, el Nayar y Acaponeta del estado de Nayarit, han pedido la suspensión total y definitiva del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, y reclaman la falta de consulta y autorización conforme a sus usos y costumbres, así lo alertaron el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro, el Consejo Indígena Náyeri, Nuiwari, SuMar, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
El rechazo de las comunidades al proyecto promovido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se debe al riesgo que éste supone, pues inundaría 4 mil hectáreas de sus tierras, incluyendo 14 sitios sagrados y centros ceremoniales: pilar principal de la cultura Cora.
Las comunidades reclaman también que la información respecto de la hidroeléctrica no les fue presentada en su lengua indígena, y que les hicieron firmar documentos elaborados en términos que estaban fuera de su comprensión total.
De acuerdo con un comunicado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), esta negativa se da en el contexto de la reunión pública de información promovida y organizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que se realiza este jueves en San Pedro Ixcatán, Nayarit, una de las comunidades afectadas por el proyecto Las Cruces.
En este evento, la CFE deberá exponer las características de la hidroeléctrica, la cual pretende construir un sistema de represas en la cuenca del río San Pedro Mezquital, última corriente fluvial del océano Pacífico con recorrido libre hasta el mar desde la Sierra Madre Occidental.
Las organizaciones señalaron que la CFE vulneró el derecho de acceso a la información al no haber realizado la consulta previa e informada a los pueblos y comunidades indígenas en términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -un tratado internacional que protege a los pueblos indígenas y tribales-, antes de efectuar en su territorio los estudios y análisis técnicos del proyecto mismos que tuvieron impactos negativos sobre sus recursos naturales, sitios sagrados y ceremoniales.
Es importante señalar que Las Cruces estaría sin operar el 66 por ciento de su vida útil. Esto significa que sólo operará regularmente cuatro de los 12 meses al año y cubrirá apenas el 0.9 por ciento de la demanda energética del Centro Occidente de México, y únicamente el 0.28 por ciento de la demanda total del país . Además de afectar gravemente al bosque de manglar de la reserva de la biosfera Marismas Nacionales, humedales de importancia internacional reconocidos por la Convención Ramsar.
Gildardo González Orozco tiene un trabajo envidiable: todos los días llega puntualmente a la Presidencia Municipal de Guadalajara, se instala en alguna de las bancas del patio central y contempla cómo pasa el tiempo. Cada quincena cobra siete mil 500 pesos. Ayer, el Ayuntamiento le depositó un millón 200 mil pesos, tras perder un juicio laboral. En junio de 2004 Gildardo entró a trabajar al Ayuntamiento en el área jurídica como “secretario A”, pero asegura que realizaba labores propias de un perfil de abogado. En noviembre de 2005 consiguió plaza sindicalizada. Dos años después amagó con demandar laboralmente al Ayuntamiento por no pagarle las actividades que realizaba. Le prometieron compensación pero ésta nunca llegó.
Desde 2008, ante un tribunal de arbitraje y escalafón, se fue hinchando una demanda laboral presentada por el abogado. Cada semana caminaba el proceso, cuya compensación iba aumentando quincena a quincena. Finalmente, ayer el Ayuntamiento tuvo que cumplir con una sentencia favorable al funcionario público: pagar un millón 200 mil pesos, menos impuestos. Lo que para el director jurídico de lo contencioso, Javier Salas Mejía, se equipara a un fraude contra la comuna, para Gildardo es justicia pura. En febrero de 2013 le ofreció al municipio retirar la demanda si le daban la mitad de lo que pedía. No se concretó. Ayer, sin pena ni gloria, estaba sentado en una banca del Ayuntamiento tapatío.
No lo podían correr porque no había dado motivos. Hasta el mediodía de ayer, Gildardo no había revisado su cuenta bancaria porque no podía salir de su lugar de trabajo. No es que no quiera trabajar, sólo que desde marzo del año pasado le dijeron que estorbaba. Lo sentaron en una banca y él ha seguido órdenes. Los recursos desembolsados por el Ayuntamiento se suman a los 46 millones de pesos que la comuna repartió por el concepto de laudos laborales durante 2013.
-Slim pagaría 325 millones de dólares por Dish México
Tengo en mi poder lo que habría sido el documento maestro que resume los acuerdos por los cuales Teléfonos de México, de Carlos Slim, tendría una opción de compra por 325 millones de dólares para adquirir a Dish México, S. de R. L. La fuente es confiable. El documento, fechado en febrero de 2012, habría salido de los archivos de Forastieri Abogados y está dirigido a José Luis Woodhouse Andrade, Carlos Cárdenas Castro y Adrián Ortega Navarrete, de Dish. Estos son los párrafos sustantivos que probarían la alianza entre Telmex y Dish:
“(a) Teninver Call: DM otorga en favor de Teninver una opción incondicional e irrevocable para que ésta suscriba 51% del capital social de DM. (b) DM Put: Teninver otorga en favor de DM una opción incondicional e irrevocable para obligar a Teninver a suscribir 51% del capital social de DM.” (Nota: DM es Dish México, y Teninver es la empresa de Carlos Slim dedicada a los temas satelitales).
El documento es muy específico: “Precio de la opción: el precio de la opción (el “Precio de Ejercicio de la Opción”) es originalmente de US$325,000,000.00 y el mismo será ajustado conforme lo siguiente:
1. Intereses: devengará intereses a razón del 5% anual; 2. Se verá reducido por aportaciones no realizadas por Grupo MVS o EchoStar conforme al Transaction Agreement, cantidades que devengarán intereses a razón del 5% anual a partir de la fecha en que dichas aportaciones tuvieron que ser efectuadas; 3. Se verá reducido por dividendos pagados a los accionistas de DM, considerando la porción del dividendo que le hubiera correspondido a Telmex de haber sido ya propietario del 51% de DM.
Se habrían fijado fechas de largo alcance: “Plazo: el contrato estará vigente hasta el 23 de noviembre de 2018”.
De manera remedial, se habría establecido en los contratos que Dish Mexico Holdings podría “obligar a Telmex a comprarle el total de su participación en DM” bajo ciertos supuestos, uno de ellos, por ejemplo, que “durante 2 trimestres consecutivos, 30% o más de los suscriptores de servicios de televisión restringida de Telmex (incluyendo para dichos fines a los de DM) correspondieran a plataformas diferentes a DM”.
También se habría establecido que si la opción “se ejerce después del 1 de enero de 2014, será el valor de mercado de DM” lo que determinará el precio. Asimismo, se impondría un castigo a Telmex de US $ 50 millones en caso de que no se ejerza la opción de venta y se tengan menos de un millón de suscriptores activos en la plataforma.
Los contratos (9 en total) habrían establecido que si “no se hubiera ejercido ninguna opción de venta y por tanto Telmex no fuere aún socio de DM, el 1º de enero de 2014, Telmex deberá propiciar y asegurarse que un banco de su elección, otorgue un crédito en condiciones de mercado, por una cantidad total de US$325,000,000.00”.
TOLUCA, Edomex. (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto fue el anfitrión. México, representado por esta capital del Estado de México, la sede de la Cumbre de Líderes de América del Norte.
Pero el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se llevó los reflectores y la “nota”. En menor medida, el primer ministro Stephen Harper.
El mexicano quedó borrado en la sesión final de la Cumbre, que fue un “mensaje a medios” y que se convirtió en una sesión de preguntas y respuestas, en la que Peña Nieto ni apareció, salvo al principio, para hacer el recuento de los logros de la Cumbre que, como en todos las cumbres y encuentros de este tipo, resulta un catálogo de buenos deseos.
Poco podía hacer Peña Nieto. Un encendido Obama increpaba con virulencia a los gobiernos de Ucrania, de Siria, de Venezuela… y aun de Rusia.
Harper lo apoyaba. Y Peña Nieto, mudo.
Quizá escudado en la doctrina Estrada –por su impulsor Genaro Estrada, canciller durante la presidencia de Pascual Ortiz Rubio–, que señala que cada país tiene derecho de autodeterminación, y que ningún gobierno extranjero debe juzgar, en cualquier sentido, a gobiernos de otras naciones.
Pero más bien el presidente Peña parecía un verdadero convidado de piedra. O no conoce a fondo, como sus pares, la situación de aquellos países… o se escudó en aquella doctrina.
Nadie le preguntó ni él quiso intervenir en los temas calientes de aquellas naciones. El grueso de las preguntas fueron dirigidas a Obama y a Harper, y ellos, por su parte, intervenían para aportar su opinión.
Peña Nieto, al margen. Nunca arriesgó una opinión.
Y eso que durante la campaña presidencial, y con énfasis en la toma de posesión, decía que en materia exterior México buscaría ser un “actor global”.
Sólo habló al principio, para anunciar los acuerdos, y al final para hablar, muy en lo general, del “gran espacio” que se quiere sea América del Norte.
Un periodista mexicano preguntó a Obama y a Harper su opinión sobre los 13 meses de gobierno del presidente mexicano. No hubo palabras empalagosas y sólo resaltaron la gran hospitalidad y cordialidad del mexicano y su pueblo.
Y aun en esta oportunidad, Obama demostró que conoce a la perfección la situación interna de México. “Enrique ha emprendido reformas extraordinarias. Pero viene un debate fuerte” por las leyes secundarias de esas reformas.
Harper, quizá con menos información que el estadunidense, sólo acertó a decir que en los 20 años del Tratado de Libre Comercio entre los tres países, “México ha tenido un impresionante crecimiento económico y social”.
Desentonó de plano el presidente Peña Nieto. Se le veía abrumado, como temiendo que alguna pregunta le moviera el piso y lo sacara del guión. En ningún momento se le vio solvente, con ideas propias, o una opinión claramente sustentada.
Obama se enciende con Siria, Ucrania, Venezuela…
Fue mucho lo que dijo Obama, de manera encendida, sobre aquellos países en conflicto. Una muestra:
“Con respecto a Siria y a Ucrania, yo considero que vale la pena señalar que en esta situación hay un país que claramente ha sido un estado clientelar de Rusia (Ucrania), y otro cuyo gobierno ha sido claramente apoyado por Rusia (Siria).
“Obviamente, la gente tiene una visión muy diferente, una perspectiva muy diferente. Y hemos visto mucho descontento que se ha dado de manera orgánica por motivo de esta relación.
“No creo que esto sea en contra de Rusia, sencillamente es una expresión de las esperanzas y aspiraciones de la gente dentro de Siria y dentro de Ucrania, que reconocen que las libertades fundamentales: libertad de prensa, de expresión, de asamblea, elecciones libres y abiertas, el poder tener una empresa sin tener que pagar sobornos, de no sufrir discriminación en la religión, o por su fe, son derechos fundamentales que todo mundo quiere tener, de los que todo mundo quiere gozar”.
Obama, sin ambages:
“El presidente (Vladimir) Putin tiene una perspectiva diferente sobre estos temas y creo que eso no es secreto. Nuestro enfoque desde Estados Unidos no es ver esto como un juego de ajedrez mundial, en donde estamos jugando en contra de Rusia.
“Nuestra meta es cerciorarnos que la gente de Ucrania pueda tomar decisiones por sí mismos acerca del futuro que tendrán, que la gente de Siria pueda tomar decisiones sin que estallen bombas que asesinan a niños y a mujeres o que haya armas químicas o que gente sufra de hambre o muera de hambre porque un déspota o un tirano quiere aferrarse al poder.”
Podrá decirse que es el tradicional lenguaje de los presidentes de Estados Unidos, con todos los calificativos que históricamente se le han endilgado.
Pero es, a final de cuentas, una posición concreta, definida, ante el mundo.
Muy menor se vio el presidente Peña en el encuentro con los medios. Sus silencios, su falta de convicción y de ideas no obraron en su favor.
Y de pena ajena cuando bromeó sobre la calidez –dijo– en que se desarrollaron los trabajos de la cumbre.
“Puedo estar seguro que el espacio de calidez que aquí hemos tenido, es muy distinto al que ahora tienen seguramente los equipos, tanto de mujeres como de hombres, que representan a Estados Unidos y a Canadá en Sochi, en Rusia, (que) están teniendo, con mayor disputa y en medio de mayor frío. Este es un lugar mucho más cálido. Sean bienvenidos ambos”… cuando ya era la despedida de la cumbre.
Ni una sonrisa mereció.
A diferencia del optimismo mostrado por la Secretaría de Salud (Ssa) por el supuesto descenso de fallecimientos y contagios por influenza, el gobierno de Estados Unidos alertó que dicho virus ha provocado en su país “muertes a niveles epidémicos desde mediados de enero”.
De acuerdo con el reporte de este miércoles, la dependencia a cargo de Mercedes Juan informó que el número de fallecimientos a causa del virus de influenza AH1N1 en el país ascendió a 573, mientras que la cifra de contagios se elevó a 5 mil 239.
Según la Ssa, este miércoles se registró la muerte de 17 personas más que ayer, cuando se contabilizaron 556 decesos.
En cuanto al número de contagios, se reportaron 104 más que la víspera, cuando hubo 5 mil 135 casos confirmados.
El pasado lunes 17, Mercedes Juan informó que la tendencia de contagios “ya está bajando”.
En contraparte, en Estados Unidos el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) alertó que “la influenza AH1N1 ha provocado muertes a niveles epidémicos desde mediados de enero”.
En una nota publicada por el diario The Washington Post, el Centro precisó que las muertes reportadas están lejos de las registradas en 2009, pero son significativamente más altas que las del año pasado.
En la primera semana de febrero, según el reporte, la influenza fue la causa de muerte de 8.4% de las personas que fallecieron en 122 ciudades estudiadas. Para ser considerada una epidemia, la influenza y la neumonía deben provocar al menos 7.3% de las muertes. La influenza, predominantemente AH1N1, ha sido más frecuente en menores de 65 años.
En Estados Unidos el brote ha sido especialmente grave en California, donde se registraron 243 muertes de residentes menores de 65 años en lo que va del año. En la temporada de influenza del año pasado se registraron sólo 26 en el mismo periodo, y nueve en la de 2010-2011. En el periodo de 2009-2010, cuando estalló el virus, hubo 527.
Carolina del Norte también tiene un repunte de casos, con 64 muertes registradas hasta ahora. El año pasado tuvo 59 y nueve en 2012. En Washington DC también se registró un alza de casos de influenza el mes pasado: 90% fue por H1N1, según el reporte del centro de investigación.
CANCÚN, Q. Roo.- La Comisión de Derechos Humanos del estado (Cedhqroo) dio entrada a la queja que ayer presentó Martha Ruiz, secretaria del ayuntamiento de Tulum, contra el sexto regidor de ese municipio, el priista Gonzalo Uh Dzib, por la comisión del delito de acoso sexual.
“La Comisión tiene el compromiso de hacer la indagatoria correspondiente de deslindar la responsabilidad y realizar los trámites”, puntualizó este miércoles el visitador adjunto en Tulum, Francisco Javier Xiu Manzanero, y aseguró que ya recibió instrucciones de la presidenta interina de la Cedhqroo, Diana Isla, para atender la queja.
Indicó que el órgano electoral solicitará la información respectiva a las instancias correspondientes y, con base en las evidencias, emitirá su resolución.
De acuerdo con la queja de Martha Ruiz, el funcionario municipal le ofreció un aumento salarial si aceptaba tener relaciones sexuales con él.
Sobre el tema, la contralora municipal, Marisol Canto Celis, señaló que está a la espera de que la secretaria del Ayuntamiento presente la denuncia ante esa instancia.
“Por lo que leí (en los medios de comunicación), está haciendo una denuncia algo fuerte”, dijo, y ofreció actuar con imparcialidad en caso de que la queja sea presentada en esa dependencia.
“No se va a solapar a nadie”, subrayó Canto Celis.
VANCOUVER.- El 20 de diciembre de 2013, bajo custodia de la Canada Border Services Agency (CBSA), unas horas antes de subir al avión que la deportaría a México, la connacional Lucía Vega Jiménez fue encontrada colgada del tubo de una regadera en las instalaciones del Centro de Migración del Aeropuerto Internacional de Vancouver.
Su cuerpo pendía del tubo, pero las autoridades migratorias que la tenían bajo su resguardo aún la hallaron con vida. Inconsciente, fue llevada al hospital Mount St. Joseph, donde, diagnosticada con muerte cerebral, ocho días después fue desconectada del respirador artificial.
El 1 diciembre Lucía fue detenida en el metro de Vancouver por no contar con el boleto de viaje y fue llevada a las instalaciones de la policía, en Maple Reich, a una hora de Vancouver. Lucía no contaba con documentos que acreditaran su situación migratoria, por lo que fue llevada a las celdas de detención de la CBSA, y finalmente al centro de detención del Aeropuerto Internacional de Vancouver, instalaciones bajo la custodia de la compañía de seguridad privada Génesis. De acuerdo con las autoridades de este centro, desde el principio el consulado mexicano fue enterado de la deportación.
Lucía había llegado a Canadá en busca de refugio y aunque todo le era ajeno, su necesidad de resguardarse en un lugar seguro la hizo aferrarse a este país donde trabajaba y enviaba dinero a su madre enferma en México. Al momento de su deportación Lucía se comunicó con su pareja sentimental para que recogiera sus pertenencias en su domicilio, entre las que se encontraban 4 mil dólares canadienses. Sin embargo, su pareja tomó el dinero y desde ese día no se sabe nada de él.
Lucía estaba en proceso de apelación a la negativa de su petición de refugio y tenía siete meses de haber reingresado al país. Era una muchacha alegre y tenía muchos amigos.
Tras su muerte, primero se dijo públicamente que ella intentó suicidarse. Sin embargo, el pasado 29 de enero, el Servicio de Medicina Forense en la provincia de Columbia Británica informó que abrió una investigación para determinar las circunstancias de su muerte.
El caso de Lucía ha tomado en Canadá un revuelo inusitado debido a las circunstancias “extrañas” en las que ocurrió su muerte y por la ola de reclamos y cuestionamientos contra las autoridades migratorias canadienses y las del consulado mexicano que ocultaron el hecho durante más de un mes.
Las primeras manifestaciones fueron iniciadas por organizaciones no gubernamentales con destacado prestigio en el ámbito legal y en la lucha por los derechos humanos en este país, como Nadie es Ilegal, el Comité Latinoamericano para Refugiados y Justicia del migrante), la Asociación Canadienses de Abogados Refugiados, El Consejo Canadiense para los Refugiados y la Asociación de Libertades Civiles de Columbia Británica.
El pasado 5 de febrero estas organizaciones entregaron a la CBSA una carta con más de 7 mil 500 firmas de ciudadanos canadienses donde éstos exigen que haya una investigación civil independiente a la del Servicio de Medicina Forense en la Columbia Británica y que indague no sólo la situación de detención y muerte de Lucía, sino también las condiciones que enfrentan los deportados en las celdas de migración.
Previamente, el pasado 31 de enero, Nadie es Ilegal organizó una vigilia frente a las instalaciones de CBSA. Allí unas 200 personas gritaron la consigna: “Ni una muerte más, ni una detención más, ni una deportación más”. Reprocharon además la actuación de las autoridades migratorias canadienses y de los funcionarios del consulado mexicano en Vancouver
Byron Cruz, uno de los promotores de las acciones por el esclarecimiento de la muerte de Lucía, comenta que el centro de detención del aeropuerto, a donde la mexicana fue llevada, “es tierra de nadie, por eso urge una investigación independiente”.
Cruz, fundador en Canadá de Santuario de la Salud –que tiene entre sus actividades atender a indocumentados con problemas de salud–, explica que los centros de detención de migración del gobierno canadiense son lugares herméticos, donde no se tiene acceso. Comenta que debido a ello no se conoce con claridad las condiciones de estos lugares y de los detenidos. El único organismo que tiene acceso es la Cruz Roja de Canadá.
“Cuando pregunté a la Cruz Roja sobre las condiciones que allí enfrentan los detenidos durante el proceso de su deportación, me dijeron que no hablara de este tema porque es muy difícil”, declara Cruz.
Y es que la muerte de Lucía Vega no es la primera que provoca reclamos contra las autoridades de migración. En diciembre de 2009, por ejemplo, Jan Szamko, un refugiado de la República Checa, murió mientras se encontraba en custodia de CBSA dos días antes de ser transferido del Centro de Migración de Toronto hacia el centro de detención para su deportación.
Reclamos
La manera en que el consulado de México en Vancouver manejó la información sobre la muerte de Lucía, provocó enojo e indignación entre miembros de la comunidad de mexicanos en esta ciudad, pues el 30 de diciembre, dos días después de la desconexión del respirador y declarada la muerte de Lucía, se dio a conocer que Martha, quien recién había llegado a Canadá para encontrar a su hermana, tenía problemas financieros. Martha esperaba ayuda del consulado, que hasta ese momento no había mandado un representante. Ella tenía que pagar 3 mil 500 dólares o el cuerpo de su hermana se quedaría en la morgue del hospital.
Para ayudar a pagar los gastos y el boleto de regreso a México, se abrió una cuenta temporal para donaciones en el banco TD Canada Trust. El número de esa cuenta fue dado a conocer a través de redes sociales y del popular programa radiofónico Latino Soy. La comunidad latina reaccionó de inmediato y aportó 900 dólares que fueron entregados a Martha. Pero esto también sirvió para que se hablara por primera vez en los medios de comunicación de la muerte de Lucía, lo que derivó en cuestionamientos sobre el papel de las autoridades consulares en el apoyo a la familia de la mexicana.
Rocco Trigueros, uno de los promotores de la colecta, asegura: “El consulado no pagó el boleto de Martha. Que quede claro: nosotros le compramos el boleto de regreso a México y una amiga de Lucía le compró el de llegada a Vancouver. El consulado no ayudó en los pasajes ni apoyó en los trámites de ingreso a Canadá. Son las informaciones que yo tengo directamente de la amiga de la familia (Jazmín Trejo), quien esperó a Martha en el aeropuerto para ayudarla”.
Trigueros explica otra de las razones que generaron molestia en la comunidad mexicana hacia el consulado: “Cuando la familia en México de Lucía habló inicialmente con el consulado, sus funcionarios le dijeron que para qué venía, que era más fácil que desconectaran a Lucía y se ahorraba todo el gasto”
La declaración de Trigueros pone en entredicho el comunicado que el consulado mexicano envió el 31 de enero a Global News y las declaraciones que ese mismo día hizo la cónsul Claudia Franco al noticiario radiofónico de Joaquín López Dóriga, en el sentido de que la familia Vega había recibido apoyo consular para el viaje a Canadá.
La hermana Karina, monja carmelita de la iglesia Nuestra Señora de Dolores, de Vancouver, también contradice la versión del consulado. La monja permaneció en el hospital junto con Lucía y su hermana. En entrevista, la religiosa explica que Martha llegó a Canadá un día antes de la desconexión de su hermana, y que viajó sin ayuda económica del consulado. “Ella se movilizó para venir acá por sus propios medios. Hasta donde yo sé, el consulado (mexicano) no ayudó a Martha para que viniera. Después sí la apoyó; se encargó del traslado de Lucía que es como lo más normal que podría hacer un consulado… No lo sé”.
En respuesta a una petición de entrevista con la cónsul Claudia Franco, para hablar sobre el caso y sobre las versiones que contradicen la del consulado, la vocera Patricia de la Maza respondió, mediante comunicado, que “en el caso de la nacional mexicana Lucía Vega Jiménez, el Consulado General en Vancouver desarrolló acciones a favor de la familia para que pudieran viajar a esa ciudad y acompañar a la connacional, así como para realizar las gestiones correspondientes ante su situación médica. Posteriormente se apoyó con la repatriación de los restos”.
Ante el hecho de que hasta pasados 42 días de que encontraran colgada a Lucía, mientras estaba en custodia para su deportación, la cónsul declaró a la cadena CBS News y al diario Lethbridge Herald de Canadá que el gobierno mexicano haría una enérgica petición a las autoridades canadienses para que éstas ofrezcan respuestas sobre lo sucedido a Lucía en las instalaciones de migración.
El pasado 18 de febrero grupos de mexicanos radicados en Vancouver, entregaron una petición de información a Franco para que, con fundamento en la Ley del Servicio Exterior de México, detalle el contacto que el consulado realizó con Lucía, su familia y el apoyo que presuntamente les brindó. Más aún, le piden que realice “foros de discusión y análisis de la problemática que viven los mexicanos que trabajan en el campo y en la construcción y los que se viven en este país”, así como una reunión “urgente y pública” para que de respuesta a las demandas expuestas en dicha carta.
Deportaciones
Del año 2005 al 2012 México se encontraba en entre los principales países generadores de peticionarios de refugio a Canadá, seguido de 16 países, entre ellos China, Hungría, Haití y Colombia.
Las cifras récord en materia de mexicanos peticionarios de refugio en este país se registraron durante 2007 a 20012, periodo que coincide con la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado que implemento el gobierno de Felipe Calderón.
A partir de 2009 la política exterior de Canadá cambió drásticamente para los mexicanos. Primero impuso una visa que se asigna o no en función de unas condiciones aún más minuciosas que las requeridas para el visado estadounidense. Y después, en febrero de 2013, se incluyó a México en la lista de países cuyos ciudadanos no son considerados sujetos de refugio.
Lucía Vega había solicitado refugio a Canadá en 2010. Argumentó que había sufrido violencia doméstica. La petición le fue negada. Fue a partir de ese año, después de las Olimpiadas de Invierno, que también comenzó a darse en la Columbia Británica una oleada de deportaciones de mexicanos.
No se cuenta con cifras oficiales del número de deportados mexicanos, pero Byron Cruz explica que en Santuario de la Salud contabilizó unas 5 mil personas que trabajaban en la construcción de la Villa Olímpica, la mayoría mexicanas. Comenta que después de las Olimpiadas el número de esos mexicanos se redujo unos 2 mil 500, los cuales no tenían estatus migratorio. Refiere que entre ellos había familias con menores de edad.
La población mexicana indocumentada en la Columbia Británica está integrada por muchos extrabajadores de la construcción de la Villa Olímpica, así como por turistas y estudiantes que entraron cuando a los mexicanos no se le pedía visa. Buena parte de esta población intentó cambiar su estatus migratorio. Para ello solicitaron refugio. En la mayoría de los casos les fue negado. Las dificultades para obtener refugio se acrecentaron a partir de febrero de 2013, cuando Canadá otorgó a México el status de “país seguro”.
Muchos de los mexicanos a quienes les fue negado el estatus de refugiado no acataron la “invitación” para salir de Canadá. Ahora tienen orden de deportación. De esta forma pueden ser más de 2 mil 500 las personas mexicanas indocumentadas en Columbia Británica.
Canadá asignó a México el status de “país seguro” porque considera que en él se respetan los derechos humanos, existe democracia y el Estado es capaz de ofrecer protección a sus ciudadanos; es decir, que es poco probable que una persona sea objeto de persecución. Así, esta categoría inhibe las solicitudes de refugio por parte de los mexicanos.
En Canadá el caso de Lucmigratoria a indocumentadasSanctuary Health, n eso nos enfocaremos en el futuro.sado, la comunidad china y la ía ha sido tomado como un ejemplo paradigmático de la vulnerabilidad de latinoamericanos indocumentados en este país. Organizaciones como Ninguno es Ilegal promoverán un cambio en la política migratoria para que en Columbia Británica inicie un proceso de regularización de las personas que viven sin status migratorio. En Montreal la organización Mexicanos por la Regularización promueve una iniciativa similar.
Las ONG también promoverán una ley que declare a Vancouver “Ciudad Santuario”, tal como como en julio pasado se logró con Toronto y el 10 de febrero con Hamilton. El hecho de que una ciudad sea declarada oficialmente “Ciudad Santuario” significa que las instituciones que reciben recursos municipales están obligadas a brindad servicios, como el de la salud, sin preguntar el estatus migratorio de la persona.
PUEBLA, Pue.- La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informó de la captura de integrantes de una banda de secuestradores vinculada a Los Zetas y que se encuentran implicados en el plagio y asesinato de la subdelegada del IMSS en la entidad, Adriana Janette Campos Díaz.
Por el solo hecho de estar vinculados a Los Zetas, la indagatoria fue atraída por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), detalló el titular de la dependencia, Víctor Carrancá Bourget.
Según el funcionario estatal, los secuestradores eran buscados por la Marina y la SEIDO por su posible vinculación con al menos 10 secuestros cometidos en el estado de Veracruz, en los municipios de Cosamaloapan y Ricardo A. Carillo.
Los detenidos son: Williams Castro Sánchez, El Santero; Juan Carlos Cruz Tadeo y/o Arturo Cruz Romero; José de Jesús Cruz Tadeo, El Chucho; Víctor Antonio Soto Cruz, El Toño; Karen del Carmen Castro Consuegra; Alondra Gil Zarrabal y Anais Luna Gamboa.
Dichos sujetos habrían participado en la privación de la libertad de la subdelegada de la delegación norte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el pasado 10 de febrero.
La familia denunció el plagio al siguiente día, por lo que se inició la averiguación previa PGJP/DGICDS/AP/16/2014 por el delito de secuestro.
Tras labores de investigación, se logró ubicar el vehículo en el que los secuestradores privaron de la libertad a la víctima. La unidad era una camioneta Chrysler tipo Pacífica, con placas de circulación 420-SUG, del Distrito Federal.
Los tripulantes de la camioneta, al percatarse de la presencia policial, se introdujeron a un hotel ubicado en la colonia San Manuel de Puebla, lugar en el que fueron aseguradas ocho personas, entre ellos un menor del sexo masculino.
Ante la detención, y derivado de información obtenida por parte de los presuntos secuestradores, el cuerpo sin vida de la víctima fue hallado en un predio sobre la prolongación de la 14 sur entre el camino a Santa Cruz y el camino a San José Chapulco.
De acuerdo con las indagatorias, se sabe que los detenidos venían huyendo del municipio de Cosamaloapan, Veracruz, ya que eran buscados por la Marina, SEIDO y autoridades de la vecina entidad.
CAMPECHE, Camp.- El gobernador Fernando Ortega Bernés soslayó el incidente que se suscitó ayer en los trabajos de construcción del nuevo puente de La Unidad al colapsar una de las gigantescas trabes que soportarán la superficie de rodamiento de la estructura que conectará a Ciudad del Carmen con el macizo continental.
Dijo lamentar lo sucedido, pero pidió no “sobredimensionar” el accidente.
“El puente es una obra en la que Pemex está poniendo toda la disposición concentrada en materia financiera y desde luego de vigilancia técnica”, comentó.
Argumentó que la estructura tendrá “454 trabes, en esta etapa tengo entendido que hay alrededor de 50 trabes” y sostuvo que “toda trabe que se construye no solamente es vigilada, sino que tiene que ser sometida a estudios de laboratorio”.
Asimismo, defendió a la compañía veracruzana Grupo Tradeco, contratista que se adjudicó la construcción de la obra, que estaba programada para ser entregada en mayo próximo empero, por la presunta insolvencia de la constructora, lleva ya varias semanas de desfase.
“Yo personalmente conozco a la empresa que Pemex ha contratado para supervisar, porque también hay un supervisor de los que hacen la obra, y verdad es que es una empresa de las más serias en el país, de las más conocedoras en el tema de este tipo de proyectos”, dijo.
“Así que yo espero que este incidente sea eso, un incidente aislado, y naturalmente que ayer mismo que me reportaron me indicaron que se están haciendo todos los estudios correspondientes, porque esta es una obra de gran trascendencia y precisamente se edifica sobre la base y la aspiración de tener un puente, no solamente moderno sino seguro, y a la altura de lo que Carmen se merece”, acotó.
Ayer, la calidad de la obra quedó de nuevo en tela de juicio al fracturarse una de sus trabes cuando apenas estaba siendo instalada sobre los pilotes que cargarán la estructura.
La construcción del puente, que tendrá una longitud de 3.3 kilómetros, fue asignada por Pemex a Grupo Tradeco, en el sexenio calderonista, tendrá un costo de 850 millones de pesos e inició en octubre de 2012.
Con este nuevo puente se busca reemplazar el que está actualmente en uso, inaugurado en 1982 y que en su momento fue uno de los más largos en Latinoamérica, el cual desde hace varios años cumplió su ciclo de vida útil. Aun así, por esta estructura transitan cotidianamente cientos de vehículos hacia el resto de la península.
La nueva estructura fue proyectada para tener un ciclo de vida de 20 años, pero su seguridad se puso en duda desde antes de que se suscitará el percance de la trabe.
Las denuncias contra la constructora encargada de la obra han sido constantes en las últimas semanas por el incumplimiento en el pago de sus trabajadores, por la mala calidad de los materiales que utiliza en los trabajos y por incumplir con las normas de construcción.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Organizaciones sociales y civiles adherentes a la Otra Campaña salieron en defensa de las comunidades base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que son agredidas por grupos de choque tras la disputa por la posesión de tierras que los rebeldes recuperaron en enero de 1994.
Los adherentes y simpatizantes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona en San Cristóbal de las Casas expresaron su repudio a los ataques del pasado 30 de enero contra las bases de apoyo zapatista del Ejido 10 de Abril (municipio autónomo 17 de Noviembre), perteneciente al Caracol IV Morelia, y personal del Hospital San Carlos de Altamirano.
Luego de señalar que tras la embestida –en la que participaron miembros de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos-Democrática (CIOAC) y de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO)– se sumaron a la Semana Nacional e Internacional de Solidaridad ‘Si tocan a los zapatistas, nos tocan a todos’, narraron que en el Ejido 10 de abril, ubicado en tierras recuperadas entre las ciudades de Altamirano y Las Margaritas, se han presentado diversas agresiones desde 2007.
El ataque más reciente ocurrió el pasado 27 de enero, cuando miembros de la CIOAC-Democrática talaron y robaron árboles para su venta. El 30 del mismo mes regresaron más de 300 personas de la misma organización y agredieron a los zapatistas con piedras, palos y machetes, con saldo de seis heridos.
Personal del Hospital San Carlos de Altamirano también fue atacado cuando acudía al lugar para atender a los heridos. Mediante “golpes y ultrajes” impidieron a las enfermeras la realización de su labor, añadieron.
Las Bases de Apoyo Zapatistas identificaron como responsables directos de las agresiones a Miguel Vázquez Hernández y Jaime Luna González, líderes de la organización, así como a Arnulfo González Jiménez, Tranquilino González, José Lino Álvarez y Humberto López, originarios del Ejido 20 de Noviembre y pertenecientes a CIOAC-Democrática, además de Francisco Hernández Aguilar, líder de la ORCAO.
También responsabilizaron a “los tres niveles del mal gobierno” encabezados por Manuel Culebro Gordillo, presidente municipal de Las Margaritas; Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas, y Enrique Peña Nieto, presidente de México, “porque sabiendo de la situación no han intervenido o la han solapado”.
Alegaron que los hechos ocurridos no pueden ser vistos como un acontecimiento aislado, sino como una estrategia por parte del gobierno y los grandes grupos económicos para debilitar la lucha digna de los pueblos por su autonomía, es decir, el control de los territorios y sus recursos naturales.
“Esta lógica de contrainsurgencia es una práctica común en distintas regiones de Chiapas y el mundo, provocando deliberadamente la división al interior de las comunidades y el desplazamiento de sus habitantes, con la finalidad de readministrar los territorios en pro de la mayor acumulación de ganancias, beneficiando sólo a unas cuantas familias. Ejemplo de ello son los diferentes conflictos en San Sebastián Bachajón, Ejido Puebla, Comandante Abel, Banavil, Ejido Tila y el propio San Cristobál de Las Casas”, subrayaron en un comunicado los adherentes del zapatismo.
Incluso mencionaron que desde el extranjero han llegado diversos pronunciamientos para solidarizarse con las bases de apoyo zapatistas del Ejido 10 de abril, debido a las agresiones sufridas a manos de más de 300 integrantes de la CIOAC Democrática, “quienes bajo el amparo de los gobiernos federal, estatal y municipal actuaron en total impunidad en contra de la integridad física de nuestros compañeros y sus tierras recuperadas desde 1994”.
Recordaron que en el marco de la Escuela Zapatista, las maestras y maestros encapuchados les explicaron la importancia de las tierras recuperadas en la construcción de su autonomía, y “este atentado refleja el odio y la saña que el mal gobierno y sus lacayos partidistas tienen a la dignidad y rebeldía zapatista”.
Añadieron:
“Nos unimos a los llamamientos de solidaridad y acompañamiento que se hacen desde distintas latitudes, haciendo de manifiesto que si nos tocan a uno nos tocan a todos”.
Como adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y alumnas de la Escuelita Zapatista, advirtieron, seguiremos denunciando y señalando a los responsables de los ataques de los que son objeto nuestro/as compas”.
El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que embajadores latinoamericanos comulgan con la idea de someter a consulta la reforma energética.
Luego de sostener un encuentro privado con embajadores del Grupo de América Latina y el Caribe ante las Naciones Unidas (Grulac), Zambrano Grijalva informó que en la reunión presentó los resultados de una encuesta que muestra que el 70% de los mexicanos está en contra de la reforma energética porque es privatizadora.
“Algunos representantes diplomáticos de dicho grupo coincidieron en señalar que la consulta popular sobre el particular se tiene que efectuar ‘sí o sí’”, dijo.
Asimismo, respecto al Pacto por México, el dirigente perredista explicó que dicho documento es un instrumento que quedó superado debido a las claras diferencias entre los partidos respecto al tema energético, pero dejó claro que ello no implica que el PRD dejará de participar en las discusiones sobre las leyes reglamentarias en materia energética y en la elaboración de la legislación secundarias sobre otros ámbitos.
Al encuentro asistieron los embajadores Patricia Vaca Narvaja, de Argentina; Marcos Domic Ruíz, de Bolivia; Marcos Leal Raposo Lopes, de Brasil; Adolfo Carafí Melero, de Chile; Gabriela Jiménez Cruz, de la Costa Rica; Dagoberto Rodríguez Barrera, de Cuba; Carlos Antonio Ascencio, de El Salvador; Guy Lamothe, de Haití; José Mariano Castillo Mercado, de Honduras.
Asimismo, Tamara Hawkins de Brenes, de Nicaragua; Francisco Troya Aguirre, de Panamá; Carlos Heriberto Riveros Salcedo, de Paraguay; Elizabeth González, de Perú; Fernando Antonio Pérez Memen, de República Dominicana; Oliver Darien del Cid, de Belice.
Así como Luiz Filipe de Macedo Soares, secretario general del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (Opanal).
CHILPANCINGO, Gro.- El diputado local panista, Jorge Camacho Peñaloza, interpuso una queja ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG) en contra del dirigente estatal del PRI, Cuauhtémoc Salgado Romero, de senadores y diputados federales del PRD, así como del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, por incurrir en presuntos actos anticipados de precampaña.
El legislador aseguró que dichas personas están “posicionando su imagen” con recursos públicos y fuera de tiempo.
Todos ellos, dijo, han desplegado propaganda en espacios y unidades de transporte público donde tratan de disfrazar su actividad proselitista, destacando obras públicas y gestiones hacia sectores sociales marginados.
Y lo más grave, prosiguió, es que la legislación local no prevé sanción alguna para los actores políticos que incurran en esta modalidad de proselitismo anticipado.
Por ello, apeló al sentido de responsabilidad de los consejeros electorales para que intervengan y frenen esta situación irregular que pone en riesgo la equidad y la transparencia del proceso electoral que arranca este año para renovar la gubernatura, el congreso estatal, las alcaldías y los distritos federales.
“Sé que hay muchos consejeros que le deben su puesto a los partidos políticos, por eso mi llamado al Instituto es a alejarse de la chichi que les da de mamar para que la política prospere más allá de sus compromisos que tienen con los partidos políticos”, expresó Camacho Peñaloza.
El legislador panista acudió esta mañana a la sede del IEEG para interponer su recurso legal en contra del dirigente estatal del PRI, el rector de la UAG, así como del senador perredista y diputado federal del mismo partido, Socorro Sofío Ramírez Hernández y Sebastián de la Rosa Peláez, respectivamente.
Desde el Congreso estatal, PRI y PRD se repartieron posiciones en el órgano electoral de Guerrero que fue conformado por trabajadores de los partidos políticos como el caso del consejero electoral Jehová Méndez Olea, quien ha sido señalado públicamente como un “mapache perredista”.
El panista confió que el órgano electoral, a pesar del perfil partidista de sus integrantes, analice y emita una postura “congruente” ante el escenario de campañas anticipadas que se vive en la entidad.
El mexicano Carlos Marín y las canadienses Fallon Rouiller y Amélie Pelletier fueron declarados formalmente presos por los presuntos delitos de daño en propiedad ajena y ataques a la paz pública.
Los cargos que les imputa la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no son nada comparados con los que pretendía atribuir inicialmente la Procuraduría General de la República (PGR): terrorismo y delincuencia organizada.
Marín fue remitido el pasado lunes 17 al Reclusorio Preventivo Oriente y las dos extranjeras al penal femenil de Santa Martha Acatitla, según se informa en el portal Fuego a las Cárceles creado por el comité de solidaridad con los indiciados.
Los tres jóvenes fueron detenidos el pasado 5 de enero en esta ciudad, acusados de lanzar bombas molotov contra una oficina de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y una distribuidora automotriz ubicados en la esquina de Insurgentes Sur y calle Detroit, colonia Nochebuena.
De acuerdo con la información que aparece en el portal, desde entonces permanecieron arraigados, bajo la custodia de la PGR que intentó sin éxito construir una acusación por terrorismo y delincuencia organizada.
Al fracasar en su intento, la PGR liberó a los tres jóvenes, pero personal ministerial de la PGJDF los volvió a detener y el pasado lunes 17 los consignó finalmente por delitos del fuero común que les permiten legalmente enfrentar el proceso en libertad.
“Los delitos de que se les acusa son no graves, por lo que alcanzarían fianza, pero recordemos que en esa misma situación está el compañero Mario González (sentenciado por los mismos delitos, tras los disturbios del 2 de octubre de 2013), a quien se le ha negado sistemáticamente la (libertad bajo) fianza, argumentando que es un peligro social”, dice el comunicado del comité de solidaridad.
CHILPANCINGO, Gro.- Armados con machetes, palos y algunas escopetas, un grupo de personas encapuchadas, encabezadas por el exalcalde priista Pedro Pablo Uriostegui Salgado, prófugo de la justicia, bloqueó la carretera Iguala-Ciudad Altamirano a la altura del municipio de Teloloapan y anunció la conformación de un grupo de autodefensa.
Los manifestantes que exigen seguridad en la zona norte de la entidad, anunciaron que confrontarán directamente al grupo delictivo La Familia.
El movimiento de autodefensa es encabezado por el exalcalde priista de Teloloapan, Pedro Pablo Urioestegui Salgado, quien es compadre del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer y es considerado como prófugo de la justicia, acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de diversos delitos federales.
Al respecto, Uriostegui Salgado responsabilizó al alcalde perredista de Teloloapan, Ignacio Valladares Salgado, así como al diputado local del mismo partido, Roger Arellano y el empresario melonero y presunto narcotraficante, Santana Ríos Bahena del secuestro de su hijo Tomás Urioestegui García, quien fue levantado desde finales del año pasado y hasta el momento sigue desaparecido.
Por ello, el polémico exedil advirtió que no se van a retirar de la cabecera hasta que se restablezca el orden en este lugar de la zona norte considerado como bastión del grupo delictivo La Familia y donde de acuerdo a la versión de habitantes, se han registrado al menos 80 secuestros de diciembre a la fecha y los familiares de las víctimas no han presentado denuncias por temor y desconfianza a las autoridades.
Según reportes oficiales, desde las 10:00 horas, cerca de 500 hombres encapuchados y armados, que arribaron a bordo de dos camiones provenientes de las comunidades de Coatepec Costales y Tlacuitlapa, marcharon y bloquearon la carretera que conecta la zona norte con la Tierra Caliente de la entidad.
El grupo armado prácticamente sitió la cabecera municipal de Teloloapan y anunció la conformación de una guardia comunitaria para confrontar a la delincuencia que opera impunemente a pesar de la presencia de marinos, soldados y policías de los tres niveles.
La ausencia de autoridad en este municipio administrado por el PRD, provocó el cierre de negocios, planteles educativos, centros de salud y oficinas públicas como el propio ayuntamiento.
Hasta las 22:00 horas, los ciudadanos permanecían encerrados en sus hogares y las calles lucían vacías, mientras policías estatales y militares permanecían en el lugar como espectadores, según pobladores.
Las autoridades municipales, según los mismos testimonios, prácticamente han desaparecido del lugar.
Apenas este lunes 17 el diputado federal perredista, Marino Miranda Salgado, afirmó que el movimiento de autodefensa que se gesta en la zona norte de la entidad está infiltrado por la banda denominada Guerreros Unidos, grupo delincuencial antagónico a La Familia, que mantiene una disputa por el control de esta franja de la entidad.
En respuesta, Efraín Penaloza Damacio, alcalde perredista de Apaxtla, lugar donde surgió la autodefensa de la zona norte con el apoyo de autoridades municipales, estatales y federales, deslindó a la guardia comunitaria del narco y exigió pruebas al diputado federal de su propio partido.
La confrontación verbal entre políticos perredistas de la zona norte se registra en el contexto de la batalla entre delincuentes que ha exhibido los nexos de autoridades de los tres niveles de gobierno con el narco, principalmente de políticos perredistas de la zona que forman parte de la corriente que encabeza el presidente estatal del PRD, Carlos Reyes Torres y el exsenador, David Jiménez Rumbo.
COLIMA, Col.- Un campesino de 63 años falleció en la banqueta del centro de salud del municipio de Coquimatlán, tras haber tocado la puerta del lugar durante 20 minutos sin ser atendido, denunció en la tribuna del Congreso del Estado el diputado local Orlando Lino Castellanos.
De acuerdo con el legislador, de extracción panista, el suceso ocurrió la tarde del pasado sábado 15, cuando Gregorio Mancilla González, padre de siete hijos, acudió a la institución médica a pedir ayuda luego de presentar síntomas de intoxicación por haber realizado labores de fumigado con productos químicos.
Sin embargo, cuando fue abierto el centro de salud –en el que sólo se encontraba de guardia una pasante de medicina–, el hombre ya había muerto.
El diputado Lino Castellanos hizo notar que desde hace dos años y medio la cabecera municipal de Coquimatlán, con una población de más de 20 mil habitantes, carece de médico de base de la Secretaría de Salud y Bienestar Social en el turno vespertino.
Esta situación, dijo, pudo haber sido causa de la muerte de al menos otras dos personas: una mujer proveniente de la localidad de Pueblo Juárez, quien llegó con problemas en las vías respiratorias, y un bebé de un mes de nacido, fallecidos en diferentes fechas del último mes después de ser atendidos por médicos pasantes en ese mismo centro de salud.
El representante popular señaló que la pérdida de vidas ha sido causada por “la irresponsabilidad de nuestras autoridades de salud en el estado de Colima”, pues según aseveró, no se trata sólo del caso de Coquimatlán, sino que la misma situación se repite en muchas localidades y municipios del estado.
“No es tolerable tener instalaciones de salud sin médicos, sin medicamentos, sólo con equipo demasiado básico y que no se otorgue una atención de salud adecuada a nuestra gente”, señaló.
Asimismo, demandó que el secretario de Salud, Agustín Lara Esqueda, explique por qué no hay médicos de base al menos en los centros de salud de las cabeceras municipales durante las 24 horas.
“No les pido la luna, ni se les pide algo del otro mundo, se les pide que haya un médico y que no dejen indefensos, frente a situaciones que no pueden enfrentar, a unos pasantes que están estudiando y que merecen todo mi respeto”, comentó el diputado.
Tras calificar como gravísima la pérdida de vidas humanas que “pudieron haberse salvado con la intervención oportuna de personas especializadas y con experiencia en el tema”, Orlando Lino solicitó al gobernador Mario Anguiano Moreno y al titular de Salud resolver esa situación a la brevedad posible.
Dirigiéndose a sus compañeros legisladores, concluyó: “Creo que es un tema de conciencia, hoy gracias a Dios nosotros estamos en este lugar, somos funcionarios, pero después estaremos de aquel lado, del lado de los ciudadanos, de lado de la gente de a pie y creo que es ahí en donde nos tenemos que empatizar nosotros con los problemas de la gente y tenemos que hacer algo para que esto no siga sucediendo”.
SS estatal: campesino tenía antecedentes cardiacos
La noche de este miércoles la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado emitió un comunicado en el que aseguró que el campesino llegó al centro de salud con paro cardiorrespiratorio y “el personal de salud que atendía en ese momento a otros pacientes, al percatarse de la presencia de esta persona, acudió de inmediato a hacer la detección de signos vitales y realizar maniobras de reanimación”.
La dependencia gubernamental prácticamente responsabilizó a la víctima de su propia muerte: “La causa del deceso de esta persona no afiliada al Seguro Popular, que no ocurrió en el Centro de Salud, resultó por edema agudo pulmonar e infarto agudo al miocardio por hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus con cinco años de evolución. Contaba con antecedentes de infartos previos y no tenía control adecuado de sus padecimientos”.
En relación con la muerte de la mujer de Pueblo Juárez, de 74 años, la SSBS expuso que “el reporte médico puntualiza que fue trasladada por familiares en vehículo particular a dicha unidad de salud, a la cual llegó sin signos vitales y contaba con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus, ambas con larga evolución; contaba con recomendación de hemodiálisis por parte de un centro hospitalario, sin que se aceptara dicho procedimiento por parte de los familiares”.
Y sobre el recién nacido, apuntó el comunicado, no se cuenta con registro alguno de solicitud de atención en la mencionada unidad médica.
El Centro de Salud de Coquimatlán, indicó, cuenta con atención médica continua todos los días, cubierta por siete médicos, entre ellos dos pasantes, quienes “cuentan con el entrenamiento y conocimientos especializados” adquiridos durante su etapa de internado en hospitales, además de su respaldo académico por más de cinco años en las universidades de prestigio que los forman.
Sobre las acusaciones del diputado panista, reviró:
“La comunicación directa y con fundamento es un valor de los colimenses que coadyuva a la mejora de todos los servicios que se ofrecen a la población; y en este caso, el diputado Lino, al momento no ha tenido el acercamiento ni ha presentado queja formal ante los Servicios de Salud por la supuesta falta de atención en dicha unidad”, concluyó.
A pesar de las acusaciones que pesan en su contra por su pasado ligado al cártel de Los Valencia, el Concejo de Autodefensas de Michoacán defendió a Juan José Farías Álvarez, El Abuelo, y a su hermano Uriel, exedil de Tepalcatepec.
Estanislao Beltrán, vocero único de las autodefensas, advirtió que mientras el pueblo de ese municipio los respalde, el movimiento –integrado para sacar a Los Caballeros Templarios de Michoacán– los apoyará.
“Este es un movimiento del pueblo y si el pueblo de Tepalcatepec los apoya nosotros no somos culpables de nada, nosotros apoyamos a aquellos que ponga el pueblo”, dijo el líder de autodefensas apodado Papá Pitufo.
Beltrán rechazó las acusaciones del actual alcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, en el sentido de que el movimiento de autodefensas ha sido un “montaje” orquestado desde el gobierno federal.
“Lo que pasa es que él tiene problemas con su pueblo, esa es la realidad. Nosotros no podemos (intervenir), siempre hemos sido respetuosos en cuanto a las decisiones de su gobierno.
“Cada municipio tiene la autonomía y cada morador del municipio tiene la autonomía para definir si quiere o no a sus alcaldes. Nuestras acciones han sido contra la delincuencia organizada y no contra ningún gobierno”, sostuvo.
Guillermo Valencia, el edil de Tepalcatepc que despacha desde la capital de Morelia, luego de que las autodefensas tomaron el control, acusó a El Abuelo, en una entrevista con Reforma, de asesinato y narcotráfico.
Denunció que el gobierno federal acordó con el presunto capo de Los Valencia, la creación de los grupos de autodefensa en esa entidad y por ello, dijo, éstos siempre se han jactado de ser avalados por el gobierno federal.
“Aplican una ley selectiva en Michoacán donde se persigue a los delincuentes malos con el apoyo de delincuentes buenos, buenos para el gobierno”, dijo Valencia, quien es señalado a su vez de ser parte del principal grupo criminal de Los Caballeros Templarios.
Según Valencia, El Abuelo está relacionado con los homicidios del exedil Anastasio Gómez, asesinado en 2006; el periodista Benjamín González, en 2010, y Gilberto Valencia Vargas, en 2009.
“Todo mundo señalaba a El Abuelo como jefe de plaza del municipio y de la región. No quiero ser irresponsable y no soy autoridad para hacer ese tipo de señalamientos. Quien ha osado estar en contra de su voluntad no ha vivido para contarlo”, denunció Valencia, quien actualmente atiende en Morelia, ante amenazas contra su persona.
Estanislao Beltrán admitió que los Farías han apoyado al movimiento, pero insistió en que tienen el respaldo de sus pobladores.
Por otra parte, negó que las autodefensas hayan interferido ante el cabildo de Tepalcatepec para que rechazaran la licencia que solicitó Valencia para ausentarse del cargo por dos meses.
“La situación no es así, el pueblo es el que determina. Nosotros como autodefensas somos respetuosos, no tenemos que interferir en ningún sentido en cuanto al gobierno.
“Nosotros siempre hemos manifestado que no vamos a poner ni a quitar a nadie. Nuestro objetivo principal es (combatir a) la delincuencia organizada”, subrayó.
El martes pasado, el vicario de la Diócesis de Apatzingán, Gregorio López, exigió la destitución del alcalde de ese municipio, Uriel Chávez, al considerar que existen pruebas “indiscutibles” de sus vínculos con el crimen organizado.
Según el prelado, los nexos del funcionario municipal con Los Caballeros Templarios comenzaron desde la campaña y “hay testimonios fehacientes de sus reuniones, de sus pactos, de sus órdenes, de sus ataques; impunidad ante un secuestro, ante una muerte”, aseguró.
El párroco Goyo, como lo conocen en el municipio considerado como el bastión de los Caballeros Templarios, consideró que el Congreso de Michoacán debe pronunciarse a favor de un presidente municipal interino. Incluso dijo que enviará por escrito su petición al Congreso de la Unión.
El sacerdote Nicolás Aguilar Rivera –señalado como uno de los clérigos mexicanos que más violaciones ha cometido y que no ha sido juzgado gracias a la protección de la jerarquía de la Iglesia católica en México, encabezada por Norberto Rivera– abusó de al menos 26 menores durante su estancia de 10 meses en Los Ángeles, California, Estados Unidos.
Así lo revelan el archivo confidencial de la arquidiócesis y registros de la Policía de Los Ángeles dados a conocer este miércoles por los abogados de las presuntas víctimas, 25 de las cuales eran monaguillos cuando se cometió el abuso y una más se preparaba para ser sacerdote, precisó Anthony DeMarco, defensor de los demandantes.
De acuerdo con los documentos, cuando la Policía de Los Ángeles investigaba las acusaciones de abuso sexual por parte de Aguilar en 1988, solicitaron una lista de monaguillos de la última parroquia en la que el cura había oficiado.
No obstante, el entonces arzobispo de Los Ángeles, Roger Mahony, dijo a un ayudante que no entregara la lista bajo el argumento de que no quería que los chicos fueran alterados por la investigación, y además creía que los monaguillos eran demasiado mayores de edad para ser víctimas potenciales.
La declaración de Mahony fue obtenida por la agencia The Associated Press y es parte de la evidencia incluida en un acuerdo extrajudicial por la acusaciones de abuso sexual contra Aguilar Rivera y otros cuatro sacerdotes.
Archivos internos de la Iglesia sobre los sacerdotes acusados fueron dados a conocer el año pasado por órdenes de la Corte. En ellos se demuestra que Mahony, quien fue ordenado cardinal y se retiró en 2011, maniobró en las sombras junto con su principal asistente, monseñor Thomas Curry, para proteger a los violadores, controlar los daños y mantener a los parroquianos en la oscuridad.
Cuando los archivos se dieron a conocer, fiscales dijeron que los casos estaban fuera del estatuto de las limitaciones para proceso criminal que se aplican a autoridades de la Iglesia.
DeMarco señaló que el testimonio jurado de Mahony en el caso de Aguilar Rivera es significativo, porque es la primera ocasión en que se le interroga bajo juramento acerca de los abusos sexuales de clérigos desde que se dieron a conocer los archivos de la iglesia. Durante otras declaraciones los fiscales carecían de documentos para respaldar sus preguntas, añadió.
“En esta ocasión, cuando trate de usar la rutina de ‘no recuerdo’, pondré el documento frente a sus ojos y le diré: ‘usted escribió esto, ¿no es así?’”, señaló.
El abogado de la arquidiócesis, J. Michael Hennigan, dijo que Mahony no dio a conocer la lista de monaguillos porque no creía que ninguna de las presuntas víctimas estuviera entre ellos. Mahony se encontraba en Roma el miércoles y no estaba disponible para hacer comentarios, dijo Hennigan.
“Lo que recuerdo es que en el momento en que se escribió ese memorando no había indicación de que los monaguillos estuvieran involucrados”, dijo el abogado, quien agregó que Mahony trató “vigorosamente” de que Aguilar Rivera fuera llevado a Estados Unidos, para ser procesado luego de su huida.
“Lo que sé es que hubo un momento en que le dábamos a la policía cualquier cosa que nos pidiera y fue poco después de esto, pero no sé si la policía volvió a hacer la petición”, dijo acerca de la lista.
En enero de 1988 Aguilar Rivera fue acusado por dos familias, quienes dijeron que había hecho tocamientos inadecuados a los niños, y en un caso se metió a la cama de un niño tras beber demasiado en una fiesta navideña en la casa de la familia.
El sacerdote se enteró de las quejas por conducto de Curry y escapó a México antes de que la policía fuera avisada y hasta la fecha sigue en condición de fugitivo.
De acuerdo con la cifra que organizaciones civiles llevaron ante el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y que en abril próximo presentarán ante el Comité de Tortura, Aguilar Rivera abusó de al menos 120 menores.
Los mexicanos que firmaron el informe Pederastia Clerical de mexicanos en México y en otros países. 1944-2013 señalaron que los crímenes cometidos por Aguilar han quedado impunes porque “en México el pederasta ha gozado siempre de total protección y encubrimiento de la Iglesia, de su propio obispo, Norberto Rivera, cuando era párroco en la diócesis de Tehuacán, posteriormente del arzobispo de Puebla, Rosendo Huesca Pacheco, y finalmente del arzobispo primado, Norberto Rivera, cuando (Aguilar) regresó a la Ciudad de México”.
Según el registro que llevan organizaciones civiles, entre ellas Católicas por el Derecho a Decidir, de las acciones de Nicolás Aguilar, en 1987 –11 años después de que se convirtió en párroco de la Parroquia de San Sebastián en Cuacnopalan, Puebla– fue la primera vez que se habló de posibles violaciones por parte del sacerdote, cuando fue encontrado rodeado en un charco de sangre luego de ser golpeado por jóvenes con los que se presume sostenía relaciones sexuales.
En ese mismo año, el clérigo fue enviado a la Arquidiócesis de Los Ángeles tras una orden del obispo de Tehuacán, en ese entonces Norberto Rivera Carrera.
Ya como cardenal, Rivera Carrera reconoció que no pidió investigar al sacerdote Nicolás Aguilar, según fragmentos de un video inédito presentado el 26 de febrero de 2013 en CNN en Español.
En la declaración, grabada el 8 de agosto de 2007 en México y que forma parte de una investigación realizada por autoridades de Estados Unidos, el arzobispo afirma que funcionarios eclesiásticos no le pidieron su intervención en la acusación contra Aguilar.
En el video, presentado por la periodista Carmen Aristegui, Rivera apunta que el excardenal de Los Ángeles, Roger Mahony, le llamó para intercambiar información sobre el sacerdote, y le envió una carta el 4 de marzo de 1988.
“A grandes rasgos me recuerdo que me dijo que el padre tenía acusaciones de la parroquia donde, no me recuerdo el nombre de la parroquia donde servía, que había salido de Los Ángeles, y que le mandara información sobre sus familiares y sobre los lugares donde podría ser localizado”, respondió Rivera.
“¿Le pidió (Mahony) que usted investigara el paradero del padre Nicolás Aguilar Rivera?”, cuestiona el empleado judicial a Rivera. “No me pidió que investigara”, responde el cardenal.
Enseguida, las autoridades preguntan a Rivera si mandó a hacer una investigación después de la conversación telefónica con Mahony. El cardenal respondió que no.
“¿En algún momento, a partir del momento en que el padre Nicolás Aguilar viajó hacia la arquidiócesis de Los Ángeles, en el 87, y hasta la fecha, usted ha hecho una investigación de su paradero?”, le insisten. Rivera dice que no.
El cardenal explica que no pidió investigar el paradero de Aguilar, porque ya lo estaba haciendo la policía. “Así me lo informa el cardenal Mahony”, dice.
Según Rivera, Mahony dijo que tenía la intención de llevar al sacerdote ante la justicia, pero que éste ya había dejado Estados Unidos.
“Sabemos que él ha regresado a México, y nosotros queremos cooperar totalmente con la policía de Los Ángeles, para buscarlo y arrestarlo. Es necesario que este sacerdote esté detenido y regrese aquí a Los Ángeles. Es un trabajo que ya se está haciendo por eso”, dijo Rivera, al citar una carta firmada por Mahony el 4 de marzo de 1988.
OAXACA, Oax.- La Defensoría de los Derechos Humanos inició una queja en contra del presidente municipal de Villa de Mitla, Jaciel García Ruiz, por despedir y generar una campaña de linchamiento en contra del psicólogo Ignacio Bautista Martínez a causa de sus preferencias sexuales.
Según el trabajador de la Secretaría de Salud, el edil panista vulneró sus derechos a vivir sin discriminación, a un trato digno y de respeto y lo expuso a cualquier agresión física y emocional por el sólo hecho de que los gays le provocan “repulsión”.
No conforme con eso, el funcionario municipal ha utilizado su estación de radio “La Mitleñita” para difamarlo y a través de una página internet se ha dedicado a hostigar al psicólogo del DIF estatal, amén de que le rompieron el medallón de su camioneta y lo obligaron a cerrar dos negocios, una cafetería y una discoteca.
El psicólogo, quien acumula una experiencia laboral de 25 años, explicó que en agosto de 2010 fue contratado por los Servicios de Salud y fue adscrito a la Unidad Básica de Rehabilitación de la Villa de Mitla.
Sin embargo, con el cambio de autoridad municipal, a partir del 1 de enero de 2014, por órdenes del edil Jaciel García Ruiz, “no se me permitió el acceso a mi centro laboral y se me pidió que me retirara y me presentara a la siguiente quincena del mes para ver si el presidente pudiese hacer alguna reconsideración respecto a la orden de no permitirme la entrada a esa unidad”.
El quejoso manifestó que “con la orden vertida por el médico Orlando Santiago Luis, opté de inmediato por reportarme con la doctora Lilibeth Santiago Pérez, directora de Atención a Personas con Discapacidad del DIF estatal al considerar que dicha orden carecía de sustento al no ser empleado municipal”.
Por su parte, la directora le ordenó que se presentara a cubrir su horario con actividades que le asignarían en el DIF estatal, sin embargo, el médico Orlando Santiago Luis, le dijo que por decisión del Edil Jaciel García Ruiz terminaba su relación laboral con la Unidad Básica de Rehabilitación, con el argumento de que “mi persona y mi familia eran indeseables para el pueblo, por ser hermano del expresidente municipal (y) porque “le causa repulsión por ser gay”.
El psicólogo considera que “los argumentos del actual presidente municipal han sido de carácter homofóbico al proferir insultos hacia persona con calificativos como ‘pinche puto’, ‘maricón’ y ‘de mi cuenta correrá que en donde quiera que llegues te corran, hijo de la chingada’”.
Debido al linchamiento contra su persona, el trabajador del DIF estatal responsabiliza al actual presidente municipal de la Villa de Mitla, Jaciel García Ruiz, de cualquier agresión física o emocional en su contra.
La Miss Turismo Caraboba 2013, Génesis Carmona, quien había resultado herida durante las protestas estudiantiles en Venezuela fue hoy declarada muerta.
Génesis Carmona, de 22 años, recibió el martes un balazo en la cabeza durante una manifestación en la localidad de Valencia. Tras el impacto de bala, Carmona ingresó a la clínica Méndez Guerra, donde fue sometida a una intervención quirúrgica de urgencia para drenar un edema cerebral.
De acuerdo con agencias informativas, el presidente del hospital, Jorge Olaizola y el director de la Unidad de Cuidados Intensivos, Carlos Rosales, el proyectil no pudo ser extraído del cráneo de la joven, quien ya presentaba daño encefálico importante.
Carmona es la cuarta persona que fallece en Venezuela desde el 12 de febrero, cuando una marcha estudiantil pacífica fue atacada por grupos violentos que generaron dos fallecidos. Posterior a ese hecho irregular, las protestas en Chacao también ocasionaron la muerte de otro joven.
Los manifestantes acusan al presidente Nicolás Maduro de los altos índices de criminalidad, de la galopante inflación y la escasez de bienes y servicios de primera necesidad.
Una nueva jornada de protestas sacudió hoy a Venezuela, con un saldo de al menos un muerto y cuatro heridos en Bolívar y Altamira.
Además, la joven Génesis Carmona, Miss Turismo 2013, quien recibió un impacto de bala en la cabeza durante la marcha realizada en Valencia, murió al mediodía de este miércoles, con lo que la cifra de muertos desde la movilización del pasado miércoles 12 se elevó a seis.
En medio de la convulsión social, el presidente Nicolás Maduro insistió que en Venezuela “se está aplicando un formato de golpe de Estado continuado, para generar una espiral de odio y justificar una intervención extranjera militar y llevar al país al caos económico y militar”. Asimismo, señaló que el líder opositor Leopoldo López y sus “cómplices deben responder por este golpe de Estado”.
En Altamira se dio una reunión y “un alto dirigente de la oposición dijo que tenía los grupos de motorizados que podían hacerlo”, apuntó el mandatario en referencia a los grupos de gatilleros que han asesinado y herido a opositores y seguidores del oficialismo durante las distintas manifestaciones.
“Están buscando un hecho que conmocione a la sociedad y enfrente a pueblo contra pueblo”, advirtió Maduro.
Los medios internacionales, apuntó, tienen una “versión distorsionada” de lo que ocurre en Venezuela. Se refirió en particular a CNN en Español que “no ha dicho la verdad y habla de una insurrección”.
Luego llamó a la Sociedad Interamericana de Prensa y al Colegio Nacional de Periodistas a condenar el ataque contra la sede de Venezolana de Televisión (VTV) que, aseguró, ha sido asediada todas las madrugadas.
Falsa propuesta de diálogo: Capriles
Por su parte, el gobernador de Miranda, el opositor Henrique Capriles Radonski, cuestionó la voluntad de entendimiento y diálogo del presidente Maduro.
Reiteró que si el país mantiene este camino, “estamos en vía a un colapso económico”. Por eso, explicó, “es claro que el gobierno no quiere protesta pacífica sino infiltrarla y mostrarla violenta”.
A través de su cuenta en Twitter @hcapriles, expresó que Maduro demora en llamar al diálogo porque no luce interesado en ello. “¿Cuándo vas a escuchar @NicolasMaduro las peticiones de quienes están protestando pacíficamente? ¿Cuándo los llamaras a dialogar?”, cuestionó.
“Este país necesita tranquilidad, es obvio que siguen promoviendo violencia para tapar el colapso económico. Retira los grupos paramilitares que están atacando a personas en distintos puntos del país, la responsabilidad es tuya”, escribió directamente en la cuenta del presidente venezolano @NicolasMaduro.
Para el gobernador de Miranda, lo que hace el presidente venezolano es estar “hablando en Miraflores como si no pasara nada. Lo que deberías es ocuparte de buscar que cese la violencia”, le sugirió.
Leopoldo López permanece en prisión militar
En tanto, el líder del opositor partido Voluntad Popular, Leopoldo López, quien se entregó el martes pasado a las autoridades venezolanas que lo acusan de estar detrás de los disturbios registrados en la marcha del 12 de febrero, tuvo su primera audiencia en el Centro de Procesados Militares, en Ramo Verde, Los Teques.
Al respecto, la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) pidió al gobierno venezolano la excarcelación “inmediata e incondicional” del dirigente opositor.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, sostuvo que la detención del líder opositor venezolano fue “arbitraria” y sin que se haya presentado evidencia que justifique su privación de libertad.
“Hasta ahora ninguna autoridad del país se ha molestado en exhibir una causa probable que justifique esa detención”, señaló en un foro organizado por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS) de Washington.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó al gobierno de Venezuela a dialogar con la oposición.
Al finalizar la Cumbre de Líderes de América del Norte, donde sesionó con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, Obama apuntó: “El gobierno de Venezuela, en lugar de desviar la atención a sus carencias expulsando (diplomáticos), debiera concentrarse en atender los reclamos de sus ciudadanos”.
El mandatario estadunidense pidió liberar a los manifestantes detenidos y establecer un diálogo con la oposición para “restaurar la tranquilidad”.
La decisión de trasladar a Leopoldo López al Centro de Procesados Militares fue tomada por la jueza 16 de Control de Caracas, Ralenis Tovar Guillén, debido a los hechos que se suscitaron este miércoles frente al Palacio de Justicia, donde un grupo de estudiantes se presentó para apoyar al líder opositor y fueron atacados por afectos al gobierno.
El grupo de estudiantes opositores fue atacado por funcionarios públicos y miembros de colectivos simpatizantes del oficialismo, cuando se desplazaban por la esquina El Chorro y la plaza Diego Ibarra, hacia La Hoyada. Aunque los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana estaban allí, no pudieron evitar el enfrentamiento.
“Los enfrentamos porque debemos defender nuestro territorio. El municipio bolivariano Libertador es territorio de paz y no vamos a permitir que ellos vengan con su violencia”, justificaron los seguidores de Maduro.
Siguen manifestaciones y ataques
Otras movilizaciones se registraron también este miércoles en los estados de Bolívar y Altamira.
En el primero, el gobernador del estado, Francisco Rangel Gómez, denunció que un “pequeño grupo fascista” disparó contra una marcha chavista en la entidad que dejó un saldo de cinco heridos de bala, uno de los cuales murió más tarde.
El gobernador denunció que los ataques ocurrieron cuando la marcha ya había concluido y se estaban retirando los protestantes. Tras los hechos, dijo, fueron detenidas 16 personas, y se identificó un edificio en el que hay dos apartamentos que están llenos de armamento y desde los que se disparó a la multitud.
En tanto, en el municipio Chacao, estado de Altamira, el alcalde Ramón Muchacho reportó la intensa actuación de los cuerpos de seguridad, y agregó que los vecinos denunciaron detonaciones en Bello Campo, Altamira, el casco de Chacao y en Los Palos Grandes.
“8:10pm mucho gas y detonaciones en Altamira, Los Palos Grandes y Casco de Chacao. @Chacao en el sitio”, publicó el alcalde en su cuenta de Twitter.
Previamente había informado que manifestantes en la Plaza Francia de Altamira habían sido bombardeados con gas lacrimógeno.
Desde el pasado miércoles 12, las manifestaciones contra la inseguridad, la corrupción y la crisis económica que denuncia la oposición venezolana, han muerto seis personas.
La más reciente fue la de Génesis Carmona, Miss Turismo 2013, quien no resistió la operación que le practicaron el martes pasado por un disparo en la cabeza y murió al mediodía de este miércoles.
La joven fue herida cuando participaba en la marcha que se dirigía desde la avenida Cedeño de Valencia, hacia la Plaza de Toros Monumental en el sur de esa ciudad, que culminó en enfrentamientos.
Además de Génesis, siete personas más resultaron heridas, cuatro de ellas permanecen bajo cuidados médicos y tres fueron dados de alta.
El lunes 17, José Ernesto Méndez, de 17 años, murió tras ser arrollado durante una concentración estudiantil en Carúpano, estado Sucre.
El 12 de febrero, con la marcha del Día de La Juventud, fueron asesinados Bassil Dacosta, de 23 años, Juan Montoya de 40, y Roberto Redman, de 31.
Seis playas del país iniciaron el proceso para obtener la certificación Blue Flag, que reconoce a las playas y puertos que cumplen una serie de condiciones ambientales e instalaciones, informó este miércoles la secretaría de Turismo (Sectur).
Las playas son Palmillas, en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur; El Palmar II, en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero; Icacos, en Acapulco de Juárez, Guerrero; Palmares, en Puerto Vallarta, Jalisco; Chac Mool, en Benito Juárez -Cancún-, Quintana Roo, y Perlas, también en Cancún.
El subsecretario de Calidad y Regulación de la Sectur, Francisco Maass Peña, indicó que la certificación Blue Flag “es una importante herramienta para elevar los niveles de calidad de la oferta turística en México”.
En Acapulco, se instaló el jurado nacional que otorga la certificación internacional.
Pronatura México, operadora de Blue Flag en el país, ratificó sus esfuerzos para trabajar a favor del desarrollo sustentable del país y promover el aprovechamiento sustentable de las playas y marinas.
Una playa obtiene la certificación si acredita el cumplimiento de 33 criterios relativos a calidad del agua, educación e información ambiental, gestión ambiental, seguridad y otros servicios, indicó la Sectur en un comunicado.
Morelia, Mich. El gobernador Fausto Vallejo se reunió este mediodía con Estanislao Beltrán e Hipólito Mora, coordinadores de grupos de autodefensa de la región de Tierra Caliente. A decir de los líderes comunitarios se construirá una industria procesadora de cítrico y habrá obras en materia de educación, salud e infraestructura hidráulica para riego.
La reunión se llevó a cabo en la tenencia Felipe Carrillo Puerto, conocida como la Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán, allí la gente de esta región solicitó al mandatario estatal la liberación de 37 guardias comunitarias que fueron detenidos y encarcelados a principio de marzo, dos semanas después de que se levantaron en armas.
Vallejo Figueroa reconoció la labor de los comunitarios por haber “limpiado” esta región de integrantes de la delincuencia organizada. “El comisionado federal de seguridad Alfredo Castillo y yo haremos las gestiones necesarias para que se analice caso por caso y sean liberados quienes no tengan cuentas pendientes con la justicia”.
Hipólito Mora manifestó que fue una reunión positiva en la que hubo compromiso de los gobiernos federal y estatal para mejorar las condiciones de vida de esta región que fue gravemente afectada por la organización criminal Los Caballeros Templarios, que no sólo extorsionaron, secuestraron y asesinaron a productores y sus familias, sino que la población más pobre, los cortadores de limón, de manera indirecta pagaron cuotas cuando los comerciantes subieron los productos de primera necesidad, para sobrevivir por los cobros de piso.
Jalapa, Ver. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, designó a Luis Ángel Bravo Contreras como Encargado de Despacho de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del Estado luego de la renuncia del procurador Felipe Amadeo Flores.
Luis Ángel Bravo Contreras, se desempeñaba como titular del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), desde hace dos años y medio, hasta que este martes 18 de febrero, presentara ante la Diputación Permanente del Congreso Local, su renuncia al cargo.
Después de su nombramiento como interino, que tuvo lugar en un acto privado, el gobernador Javier Duarte de Ochoa informó, a través de un comunicado, que enviará al Congreso de Veracruz, la propuesta de Luis Ángel Bravo Contreras como nuevo Procurador General de Justicia, para su análisis y aprobación.
De ser aprobado, Luis ángel Bravo se convertiría en el tercer procurador de la administración de Javier Duarte, que se encuentra en la mitad de su periodo constitucional de gobierno.
El primer fiscal estatal de la administración estatal, fue Reynaldo Escobar Pérez, quien renunció al cargo, luego de que 35 cadáveres fueran abandonados por un comando armado frente a la plaza comercial Las Américas, un día antes del inicio del 11 Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores y Procuradores Generales de Justicia.
Escobar Pérez fue relevado en el cargo por Amadeo Flores Espinosa, quien pidió licencia a su cargo como diputado federal (7 de octubre), y tomó protesta como fiscal estatal el 18 de octubre del 2011.
En su paso por la Procuraduría de Justicia, Flores Espinosa le tocó conocer de las investigaciones de los asesinatos de los periodistas Gabriel Huge, reportero de Notiver (mayo de 2012); Guillermo Luna, de la agencia Veracruznews (mayo de 2012); Esteban Rodríguez, del diario AZ (mayo de 2012); Víctor Báez, de Milenio (junio de 2012); Regina Martínez, corresponsal de Proceso (abril de 2012).
Durante su tiempo como fiscal, Flores Espinosa, sufrió un revés por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cuando el juez Edel Álvarez Peña, dejó en libertad al único detenido por el homicidio de la corresponsal de Proceso Regina Martínez, por considerar que el caso no estaba bien sustentado, ya que la culpabilidad del detenido se sustentaba en un testimonio obtenido bajo tortura.
El último caso que llevó el fiscal estatal, en relación a homicios de periodistas, fue el de Gregorio Jiménez de la Cruz, secuestrado y asesinado por un grupo delictivo en la región de Coatzacoalcos.
En este mismo miércoles, que se da el cambio en la titularidad de la Procuraduría, el juez tercero de primera instancia con sede en Coatzacoalcos, confirmó la sentencia contra los inculpados en el caso.
Yautepec, Mor. Once menores de entre 13 y 17 años de edad, aparentemente explotados en labores agrícolas, fueron rescatados este martes en Morelos, informó la policía local, que añadió que un hombre fue detenido por estos hechos.
"Once menores que comprenden (edades) de entre 13 a 17 años, originarios del estado de Puebla (centro), fueron resguardados" por las autoridades cuando se los halló trabajando en un campo de caña del vecino estado de Morelos, indica un parte de la Secretaría de Seguridad Pública.
Por estos hechos se arrestó a un hombre de 69 años de edad, "quien refirió ser uno de los encargados del lugar, así como de contratar a los trabajadores para cortar caña", añadió el parte.
En tanto, las autoridades investigan si los menores fueron robados y drogados para mantenerlos bajo el poder de algún grupo criminal y hacerlos trabajar en el campo agrícola.
El rescate fue posible gracias a la denuncia de una mujer, cuyo hijo de 14 años había desaparecido el fin de semana pasado y se encontraba entre el grupo de menores rescatados, dijo un policía local.
La UNICEF estima que en México unos 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años trabajan, lo que representa el 12.5 por ciento de la población infantil de este mismo rango de edad. Por su parte, el oficial Instituto Nacional de Estadística y Geografía estima que más del 44 por ciento de los niños que trabajan en México no perciben ingresos.
La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU establece que los menores deben estar protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud.
Los precios del café en la bolsa de Nueva York aumentaron en 60 por ciento en lo que va del año, las 100 libras se cotizan en 170 dólares, ello debido ante una baja producción del grano en Brasil,afectado por la sequía, así como en México y países centroamericanos,cuyas huertas están afectadas por la presencia del hongo de la roya. “Es un vuelco inesperado, pues hasta el año pasado la perspectiva era de cotizaciones bajas”, dijo Fernando Celis Calleja, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC).
Esto ha generado que en las regiones cafetaleras los precios al productor tengan un repunte, en regiones como Coatepec donde el precio de kilo de café cereza era de cuatro pesos y mil 200 pesos el quintal (sacos de 60 kilos) de pergamino, actualmente es de nueve pesos y de 2 mil 350 pesos, respectivamente. El repunte de los precios llega al término de la cosecha del grano y con un problema de roya en los cafetos que en Chiapas provocó una baja en la producción de 60 por ciento.
Incluso, agregó el asesor de la CNOC, por la expansión de la plaga hay incertidumbre en torno al volumen de producción. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) estima que será de 3.8 millones de sacos y la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (Amecafé) calcula será de 2.4 millones de sacos, la cual es equivalente al nivel de consumo interno. “Estos datos dispares están provocando mayor especulación en el mercado interno, para detenerlo se requiere información precisa”, apuntó.
De confirmarse los datos de Amecafé, esta será la cosecha más baja en 40 años y traerá consigo un aumento de importaciones. El asesor de CNOC también demandó que se investiguen las importaciones que hace Nestlé ya que en el Puerto de Veracruz, según denuncias de productores, están llegando contenedores para dicha empresa y “los trabajadores sólo les cambian el costal y lo venden como café mexicano”.
Demandó se convoque a una reunión del sector cafetalero para revisar la política de importaciones, ya que la Secretaría de Economía no consulta al sistema producto café.
Ante la Comisión Especial del Café de la Cámara de Diputados, Belisario Domínguez Méndez, director general de Productividad y Desarrollo Tecnológico de Sagarpa, aseguró se están tomando las medidas de control para atender el problema de la roya de los cafetos. El presupuesto asignado para el sector cafetalero es de 700 millones de pesos.
Canadá y Francia manifestaron ayer su interés y optimismo de invertir en el sector energético de México, además de que ensalzaron la reforma constitucional realizada recientemente en la materia, que calificaron de "increíble, histórica, ambiciosa y amplia".
El primer ministro canadiense, Stephen Harper, quien se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional, reconoció el desarrollo y la disposición económica de México en materia energética, así como su desarrollo en otros temas que tienen que ver con el crecimiento del mercado.
"Usted está reformando de manera increíble su país, entre ellos la política energética. Y para Canadá es un gran placer ser testigo de los grandes avances que se están realizando", expresó el mandatario extranjero, quien resaltó el interés de su nación en el tema energético.
"Será un placer para nosotros seguir tratando temas en común y abordar temas con el presidente (Barack) Obama también, para ver cómo podemos profundizar nuestra relación comercial", dijo Harper a Peña Nieto, al hacer referencia a la reunión que sostendrán hoy en Toluca los mandatarios de Norteamérica.
Por separado, en el Senado, el embajador Phillipe Faure, representante especial para México del Ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Francia, expresó el interés de empresarios de esa nación de participar en los procesos de exploración y producción de energéticos en el país, y calificó la reforma constitucional de "histórica, ambiciosa y amplia".
Faure, quien estuvo acompañado por empresarios franceses del sector energético, añadió que han puesto "profunda atención" a las modificaciones constitucionales en la materia y que estarán atentos a las leyes reglamentarias.
Durante el encuentro con los legisladores, los empresarios franceses manifestaron que la reforma energética puede tener "un éxito fenomenal" y sugirieron a los senadores que en la discusión y aprobación de las leyes secundarias exista un marco regulatorio que brinde tranquilidad a los inversionistas.
El empresario Ladislas Paskiewicz, director del área internacional de Grupo Total, dijo que ya están pensando en alianzas con Pemex o cooperación en distintos rubros petroleros, pero pidió estabilidad en la legislación.
"Decirles que vemos un éxito fenomenal sin duda, lo que parece crítico ahora es cumplir con las leyes secundarias, que nos parece un desafío importante, y el mensaje es que para nosotros lo que importa más tal vez en estas leyes es tener un marco fiscal estable, para que inversionistas se puedan sentir tranquilos a largo plazo y hablaremos seguramente de una alianza, cooperación a largo plazo".
Fauré, también coordinador del Consejo Estratégico Franco-Mexicano, explicó que las empresas galas han seguido muy de cerca esta reforma y "existe un interés colectivo. Creemos en México y en esta reforma".
Los empresarios fueron recibidos por senadores de distintos partidos encabezados por el presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna, quien informó que a mediados de marzo, una vez que el Ejecutivo envíe la legislación secundaria en materia energética, los integrantes del órgano legislativo que preside viajarán a Francia para aprender de las experiencias de la industria energética de ese país.
Trámites migratorios
En otro tema, Enrique Peña Nieto y Stephen Harper acordaron que se abra el diálogo para la discusión del tema de las visas canadienses.
El presidente mexicano, quien fue el único que aludió el tema, celebró la disposición del gobernante canadiense y confió que en un futuro próximo se siga el diálogo y se encuentren los mecanismos que permitan eliminar las visas impuestas a visitantes mexicanos hacia Canadá.
"Hemos tocado este tema con apertura, y entendiendo las varias razones que llevaron a esta determinación, también, asumiendo la gran disposición que ha mostrado el primer ministro, para mantener un clima de diálogo y de acuerdo que nos permita superar este tema y tener un tránsito mucho más fluido entre visitantes de Canadá a México, como de México a Canadá", dijo el jefe del Ejecutivo al término de la reunión que sostuvieron los mandatarios junto con sus comitivas.
Por más integración
Las reformas aprobadas en México, así como el crecimiento económico de Estados Unidos en los últimos meses, representan la mejor oportunidad de integración económica que impulse la competitividad de la región, dijo el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Bob Menéndez.
En el contexto de la Cumbre de Líderes de América del Norte, el legislador aseguró que el encuentro debe ser el comienzo de un plan a largo plazo, en el que la integración vaya más allá de los acuerdos de libre comercio y en donde se integre a toda América Latina y el Caribe.
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La Comisión Nacional Organizadora de la Elección del Presidente e integrantes del CEN del PAN se comprometió a ser escrupulosa en el origen y fiscalización de los recursos; detalló que el tope de gastos de campaña se estimará en aproximadamente 12 millones de pesos para cada candidato.
Las tres formas de financiamiento a las que tendrán derecho los candidatos serán: a través de recursos propios, donativos de militantes o de simpatizantes.
El presidente de la Comisión Organizadora, Francisco Gárate, aclaró que el partido no les otorgará capital para sus campañas.
“Todos estarán sujetos a fiscalización por parte del Instituto Federal Electoral y deberán ser escrupulosos al observar las reglas de financiamiento y fiscalización”, señaló.
Gárate explicó que los candidatos deberán abrir cuentas a nombre del PAN, en donde ingresen todos los donativos y de ahí podrán hacer sus respectivas erogaciones.
La elección del Dirigente del Partido Acción Nacional se realizará el próximo domingo 18 de mayo, fecha que se formalizará con la emisión de la convocatoria a más tardar el 25 de febrero.
De esta manera, entre el 11 y el 17 de marzo se realizarán los registros de los aspirantes a contender por la Dirigencia Nacional, para que así las campañas inicien de manera formal el 19 de marzo y concluyan el sábado 17 de mayo.
Según Gárate el próximo dirigente nacional del PAN podrá tomar posesión el siguiente fin de semana de la elección, ya sea sábado 24 o domingo 25 de mayo.
-Zambrano alista su salida del CEN
Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, refrendó que está listo para dejar el cargo el 21 de marzo, pero con él deberán salir también unos 30 dirigentes que integran la Comisión Política Nacional CPN y del Secretariado Nacional de ese partido, quienes también concluyen su gestión.
El Consejo Nacional del PRD podría tomar en las próximas semanas una decisión respecto a la eventual prórroga de mandatos o eventual proceso de relevo, anticipó.
Pero de cualquier forma exigió al Instituto Federal Electoral IFE validar ya la reforma estatutaria del PRD realizada en noviembre.
Incluso, corresponsabilizó a ese organismo de lo que ocurra con el PRD si sus documentos básicos no están a tiempo para su relevo.
Los consejeros del IFE -dijo- en este sentido son también responsables ante el país de lo que pueda pasar en lo que corresponde a este tema de los documentos básicos con el PRD.
Pero en previsión de que el IFE no resuelva pronto y de que no haya candidatura de unidad a la dirigencia, la mayor parte de las corrientes de ese partido acercaron posturas para que, dado el caso, a fines de marzo entre un interinato de presidente y de secretario general.
En ese escenario, la Comisión Política y el Secretariado Nacional mantendrían su actual composición.
Sin embargo, aún no hay acuerdos definitivos sobre la eventual duración de esa dirigencia temporal, ni quién la encabezaría, según fuentes del PRD integradas en el bloque mayoritario, conocido ahora como Grupo Cocoyoc por haberse aliado para la toma de acuerdos en el Congreso del PRD, realizado en noviembre en Morelos.
Ese grupo está integrado por Nueva Izquierda NI a la que pertenece Zambrano, Alternativa Democrática Nacional ADN, Patria Digna, Foro Nuevo Sol y Vanguardia Progresista.
De los acuerdos está fuera la corriente bejaranista Izquierda Democrática Nacional IDN, que hoy encabeza la secretaria general, con Alejandro Sánchez Camacho.
Zambrano insistió en que de no realizarse el proceso de relevo a tiempo, estoy listo para entregar la responsabilidad de la presidencia el 21 de marzo, si es que así lo decide el Consejo Nacional de nuestro partido.
Sin embargo vence el plazo para todos los órganos de dirección con diferencia de algunos días y entonces la resolución tiene que darse contemplando presidencia, secretaria general, Comisión Política y Secretariado Nacional.
El perredista dijo que de cualquier forma se irá de la dirigencia del PRD en cuanto así lo decidan las instancias de su partido.
